junio 26, 2014 | Industria
(El Mercurio) Prácticamente a cinco años de haberse comprometido a rebajar las emisiones de gases efecto invernadero en un 20% hacia 2020, las autoridades medioambientales están optimistas respecto de ese objetivo.
El subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, recordó que en 2009 -año en que se puso como objetivo la mencionada reducción, usando como referencia emisiones proyectadas desde 2007- «veíamos (hacia adelante) una carbonización muy profunda de la economía chilena y eso no ocurrió, definitivamente por la judicialización y la paralización de algunos proyectos energéticos». La autoridad hizo estas declaraciones en un seminario organizado por la Universidad de Chile, donde también expuso Alfredo Sfeir, economista y ex candidato presidencial, y Gonzalo Polanco, académico de esa casa de estudios.
Si bien la falta de realización de proyectos de energía es uno de los temas que preocupa al Gobierno, paradójicamente este factor podría incidir en menores niveles de emisiones contaminantes.
Respecto del impuesto verde propuesto en la reforma tributaria, Mena aseguró que se recaudarán US$ 230 millones anualmente con este tributo, de los cuales un 94% provendrá de la generación con carbón.
Agregó que estos impuestos reducirán emisiones de CO {-2} , equivalentes a instalar 2.500 MW de capacidad de energía fotovoltaica.
junio 26, 2014 | Medio Ambiente
(El Mercurio) «Cuando veo la forma como está puesto el impuesto a los cigarrillos y también los impuestos verdes, cuando veo que se consideran como parte importante de la recaudación y de la reforma tributaria, entonces pienso que se está pidiendo que dejen de fumar (o contaminar), pero no tanto, porque también podría afectar la recaudación». Esta es la visión de Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, frente a los impuestos ambientales propuestos por el Gobierno. El académico se refirió a este tema en el seminario «La Reforma Tributaria, una mirada medioambiental», organizado por esa universidad.
Manifestó que es relevante definir la vocación que van a tener los impuestos «a los males (en referencia al cigarro, alcohol y contaminación) en Chile».
A su vez, el experto explicó que teóricamente se espera que este tipo de tributos desincentive la conducta de manera que el nivel de recaudación vía estos gravámenes tienda a cero. «Para tener una discusión 2.0 deberíamos prever que estos impuestos, más otras medidas como campañas adecuadas de capacitación y discusión, sean tan efectivas que se deje de recaudar», aseguró el académico de la Universidad de Chile.
Por último, Polanco dijo que una eventual aplicación de impuestos verdes hace pensar que los precios de la energía tenderán a subir en el futuro cercano, aunque dijo que como el sector energía es un segmento regulado, eso dependerá de la normativa.
junio 25, 2014 | Industria
(El Mercurio) «El futuro de la red de transmisión y los cambios regulatorios que se requieren» es el nombre del taller al que se convocó este viernes a diversas personalidades de la industria eléctrica. Tanto empresarios como ONGs, académicos, técnicos y gobierno participarán de la primera reunión para discutir sobre los principales temas que preocupan en el segmento de la transmisión eléctrica.
La cita se realizará en el ex Congreso y fue convocada por el ministro de Energía, Máximo Pacheco; el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero; y el rector de la Universidad Católica (UC), Ignacio Sánchez. Esta última casa de estudios es la encargada de avanzar en el tema de transmisión, así como la Universidad de Chile en la eficiencia energética por encargo del Gobierno.
Para la elaboración de la Agenda de Energía también se generaron este tipo de instancias, las que ayudaron a crear un clima de consenso en torno a los objetivos, destacan fuentes de la industria. Al término, el grupo de la UC y la CNE hará llegar a los participantes un informe con conclusiones. Expondrán, entre otros, el ministro, Vivianne Blanlot, y Juan Cembrano (CDEC-SIC).
junio 24, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Si hay un debate que ha sido complejo en los últimos años es el reajuste del salario mínimo. No obstante, la discusión de este año ha estado desplazada por la reforma tributaria y la agenda educacional.
A este escenario, se suman diferencias al interior de la CUT respecto de la forma en que se ha planteado la demanda salarial ante el gobierno.
En la multisindical, de todos modos, admiten que esta semana es clave en términos de definiciones, ya que -recuerdan- el reajuste debe empezar a regir desde la primera semana de julio.
En ese sentido, tras la segunda cita realizada el viernes, la presidenta de la Central, Bárbara Figueroa, aseguró que el ministro Arenas se comprometió a dar dentro de las próximas 48 horas hábiles una respuesta respecto de la cifra en la que se fijará el sueldo básico, plazo que se cumple este martes.
“El gobierno sabe que no tiene espacio para concordar y está ganando tiempo, esperando que se acerque la fecha para poder tener pocas reuniones con nosotros y que no se sepa hasta última hora la propuesta”, dijo Arturo Martínez, secretario general de la CUT, quien confirmó que hoy a las 11:30 habrá una tercera reunión con la autoridad.
El dirigente sindical adelantó que “para la reunión de mañana (hoy) no espero mucho” en términos de guarismo.
Y añadió que “en esta negociación el gobierno ha esgrimido el bajo crecimiento, la desaceleración de los salarios y están enredando el tema del salario mínimo con las reformas laborales”.
Al respecto, Martínez precisó que “están tratando de amortiguar el monto, que no debe ser muy bueno en la propuesta, con el hecho de que va a haber reformas laborales importantes en las próximas semanas con la presentación de un proyecto”.
La CUT presentó a principios de junio su propuesta de reajuste salarial para elevar el mínimo desde los actuales $ 210 mil a $ 250 mil, que significaría un alza nominal de un 19%. Además, solicitó un aumento adicional para zonas extremas de un 20%. Desde el Ejecutivo, estarían evaluando un monto entre $ 220 mil y $ 228 mil para el reajuste.
Ante ese panorama, para Martínez un reajuste en torno a los $ 225.000 sería adecuado, “porque o si no le va a quedar muy largo el tramo para llegar a los $ 250.000 a la mitad del período del gobierno”.
La principal organización sindical del país también espera que a partir de la reunión de hoy, se establezca una comisión donde se cambie la forma de debate de la política salarial en el país.
También existe el compromiso de parte de la autoridad de crear a mediano plazo una comisión tripartita y técnica, que calibre los parámetros con los cuales se va a zanjar el incremento del sueldo básico.
Visión del mercado
En términos técnicos, uno de los factores que ha sido gravitante en la discusión del reajuste es la inflación. A mayo, en doce meses, el IPC acumula un avance de 4,7% y a diciembre el Banco Central proyectó en el último IPoM que el indicador se situará en la parte alta de la meta: 4%.
Bajo ese marco, para la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Cecilia Cifuentes, un monto de $ 220.000 sería razonable para el alza del sueldo mínimo, “porque esa cifra estaría en línea con lo que es la inflación y el aumento de la productividad”, dijo.
La economista advirtió que “dado que la economía está en una fase de desaceleración subirlo más allá de los $ 220.000 podría generar más costos que beneficios, en términos de que podría desincentivar la contratación de jóvenes y complicaría la situación de la PYME”.
Cifuentes se mostró contraria a la meta del programa de gobierno de llevar el reajuste a $ 250.000 en 2016. “No me parece recomendable plantear reajustes plurianuales, o sea fijar metas que vayan más allá del período en curso, porque no se conoce exactamente cómo va a ser la evolución de la economía, en ese sentido sería riesgoso plantear metas nominales para períodos que abarquen plazos más largos”.
La experta también pidió avanzar hacia una institucionalización del debate con una comisión de técnicos para despolitizar el tema.
En tanto, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, planteó que “si se tuviera que hacer un cálculo para el reajuste sería la inflación más el aumento en la productividad del trabajo, e incluso se podría ir un poco más allá”. En ese contexto, Agosin advierte que un incremento más allá del 10% “sería bastante complicado, especialmente en un momento como el actual”.
El académico señaló que la discusión bajo los actuales parámetros “no tiene salida, a no ser que entendamos que la relación entre trabajadores y empleador es interdependiente y que ambos deberían hacer un esfuerzo conjunto”.
El presidente de Conapyme, Rafael Cumsille, informó que mañana el consejo de la multigremial tomará una definición respecto del alza del salario mínimo. De todas formas, indicó que un incremento a $ 250.000 tal como lo propone la CUT, afectaría la contratación en micro empresarios.
“Son legítimas las aspiraciones, pero el salto sería muy largo. Habría muchos microempresarios que no estarían en condiciones de pagar ese sueldo mínimo, sobre todo si además en el sector privado existen las gratificaciones de hasta 25%”, dijo Cumsille.
junio 23, 2014 | Industria
(La Tercera) A toda máquina trabajan en el gobierno para tener listo en los próximos meses el proyecto de ley que modificará el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para los hogares, que busca reducir los precios de las mismas en 20%, según lo plantea la agenda de energía.
Fuentes del Ministerio de Energía señalan que los expertos convocados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), entre los que se encuentran el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo; el académico y consultor Hugh Rudnick; la consultora y ex CNE, María Isabel González; los consultores Claudio Gambardella, Pedro Maldonado y Ramón Galaz, y el director de Systep, Sebastián Mocarquer, ya están trabajando en las propuestas, y que lo más probable es que el proyecto de ley ingrese al Congreso para su discusión en agosto.
A este grupo se unirá también el economista y académico de la Universidad de Chile, Ronald Fischer, recientemente fichado por la cartera.
La idea del gobierno es bajar los precios que se obtuvieron en las últimas licitaciones de suministro de 2013 (en las que de paso no se adjudicó el total de la energía ofertada), de US$ 128 por megawatt, los que fueron 40% más altos que los registrados en el proceso en 2007. Por esta vía se busca reducir el impacto en las tarifas para los clientes regulados en los próximos años.
Los ejes del proyecto
Los expertos están trabajando para hacer más atractivas las licitaciones y lograr que ingresen nuevos actores al sistema, para lo cual la ampliación de plazos y licitaciones diferenciadas podrían ser el camino.
En este sentido, la CNE lanzará una licitación de largo plazo -que involucra una capacidad estimada de unos 5.000 megawatts-, en distintos bloques y plazos. El llamado se haría en 2015, la adjudicación en marzo de 2016 y el suministro partiría en 2021.
Las fuentes señalan que entre los puntos principales que hoy discuten los expertos está la regulación de los suministros sin contrato, para evitar que casos como la quiebra de la central Campanario terminen impactando a todo el sistema. Este tema, por su complejidad técnica, es visto por la autoridad y los actores del sistema como una fuerte barrera de entrada a nuevos operadores, por lo que se buscará una solución de largo plazo.
Asimismo, otro de los puntos que se analizan es que un sólo actor -ya sea el gobierno o las distribuidoras- tome la responsabilidad completa de los procesos de licitación. Hoy, las empresas elaboran las bases de los procesos, las que luego son visadas por la CNE.
Quizás el mayor cambio que podría contener el proyecto de ley sería el de terminar con la “neutralidad” de las licitaciones respecto de las fuentes de generación que se utilizan para cumplir con los contratos, por ejemplo, las Energías Renovables No Convencionales. Acá hay posiciones diversas, pero a lo que se apunta es que converjan con los objetivos de la política energética de largo plazo, dicen las fuentes.
