(La Tercera) A toda máquina trabajan en el gobierno para tener listo en los próximos meses el proyecto de ley que modificará el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para los hogares, que busca reducir los precios de las mismas en 20%, según lo plantea la agenda de energía.
Fuentes del Ministerio de Energía señalan que los expertos convocados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), entre los que se encuentran el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo; el académico y consultor Hugh Rudnick; la consultora y ex CNE, María Isabel González; los consultores Claudio Gambardella, Pedro Maldonado y Ramón Galaz, y el director de Systep, Sebastián Mocarquer, ya están trabajando en las propuestas, y que lo más probable es que el proyecto de ley ingrese al Congreso para su discusión en agosto.
A este grupo se unirá también el economista y académico de la Universidad de Chile, Ronald Fischer, recientemente fichado por la cartera.
La idea del gobierno es bajar los precios que se obtuvieron en las últimas licitaciones de suministro de 2013 (en las que de paso no se adjudicó el total de la energía ofertada), de US$ 128 por megawatt, los que fueron 40% más altos que los registrados en el proceso en 2007. Por esta vía se busca reducir el impacto en las tarifas para los clientes regulados en los próximos años.
Los ejes del proyecto
Los expertos están trabajando para hacer más atractivas las licitaciones y lograr que ingresen nuevos actores al sistema, para lo cual la ampliación de plazos y licitaciones diferenciadas podrían ser el camino.
En este sentido, la CNE lanzará una licitación de largo plazo -que involucra una capacidad estimada de unos 5.000 megawatts-, en distintos bloques y plazos. El llamado se haría en 2015, la adjudicación en marzo de 2016 y el suministro partiría en 2021.
Las fuentes señalan que entre los puntos principales que hoy discuten los expertos está la regulación de los suministros sin contrato, para evitar que casos como la quiebra de la central Campanario terminen impactando a todo el sistema. Este tema, por su complejidad técnica, es visto por la autoridad y los actores del sistema como una fuerte barrera de entrada a nuevos operadores, por lo que se buscará una solución de largo plazo.
Asimismo, otro de los puntos que se analizan es que un sólo actor -ya sea el gobierno o las distribuidoras- tome la responsabilidad completa de los procesos de licitación. Hoy, las empresas elaboran las bases de los procesos, las que luego son visadas por la CNE.
Quizás el mayor cambio que podría contener el proyecto de ley sería el de terminar con la “neutralidad” de las licitaciones respecto de las fuentes de generación que se utilizan para cumplir con los contratos, por ejemplo, las Energías Renovables No Convencionales. Acá hay posiciones diversas, pero a lo que se apunta es que converjan con los objetivos de la política energética de largo plazo, dicen las fuentes.