marzo 18, 2016 | Industria
La empresa japonesa Mitsui & Co. Ltd. es uno de los más recientes actores que ingresó en el segmento de la generación eléctrica luego de firmar un acuerdo con Enap para el desarrollo de los proyectos de ciclo combinado en base a gas natural Luz Minera, de 760 MW y Nueva Era, de 510 MW, que se instalarán en Mejillones y en Concón, respectivamente.
Una de las oportunidades que se abre para la empresa extranjera es participar en las licitaciones de suministro para clientes regulados entre 2016 y 2018, marcando otro hito en la historia que Mitsui registra en Chile, donde tiene presencia desde 1957, cuando inició sus actividades comerciales para después consolidarlas con el establecimiento de la subsidiaria Mitsui Chile Ltda., en 1969.
Durante todo este periodo la compañía ha invertido alrededor de US$4 billones en Chile hasta la fecha, especialmente en el sector minero.
El ingreso al segmento de la generación eléctrica marcará un antes y después en la participación de actores en el mercado nacional, pues Mitsui tiene una larga experiencia mundial en la industria energética, toda vez que actualmente cuenta con un total de 9,8 GW de activos de generación repartidos por el mundo, particularmente en proyectos de ciclos combinados de gas natural.
En esta línea la empresa japonesa tiene nueve proyectos de suministro de GNL en operación y está desarrollando tres nuevos proyectos en Estados Unidos, Mozambique y Australia para mejorar la flexibilidad y fiabilidad del suministro de GNL.
También resalta la participación de la compañía en el sector energético de Asia y Oceanía, donde operan centrales con GNL, petróleo y shale gas en Australia, Nueva Zelandia, Indonesia, Tailandia, Omán y Qatar, mientras que también participa en proyectos energéticos en Rusia (GNL), Estados Unidos (shale gas), Reino Unido e Italia (petróleo).
En América Latina, Mitsui también es un actor relevante puesto que, a través de Mitsui Power Americas, es el segundo mayor operador privado de generación eléctrica en México, con una potencia instalada de 2.233 MW. En el país azteca tiene cinco plantas de generación eléctrica de ciclo combinado: Saltillo, Altamira, Río Bravo II, III y IV.
En Brasil, en tanto, la empresa, a través de Mitsui Gas e Energia do Brasil Ltda., en octubre pasado compró a Petrobras el 49% de participación en la unidad de distribución de gas natural (Gaspetro) por un total de US$490 millones.
De acuerdo a la información pública entregada por la empresa, su foco está en desarrollar negocios en generación eléctrica “mediante alianzas con compañías constructoras, fabricantes e industrias, garantizando a nuestros inversionistas, prestamistas y socios los más altos niveles de rentabilidad y la menor exposición a los riesgos de desarrollo durante la construcción y el periodo de operación y mantenimiento”.
Los proyectos que emprende la multinacional se realizan a través de la red global que tiene en los 65 países en los que opera, desarrollando esquemas de financiamiento para la construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas, los cuales consideran las figuras del BOT (Build, Operate and Transfer); BOO (Build, Operate and Own); PPP (Public Private Partnership), y FTK (Full Turn Key contact).
Otra actividad importante de Mitsui es el shale gas, donde participa en la explotación del recurso a través de la iniciativa Marcellus Shale Project, que desarrolla junto a la empresa Anadarko Petroleum en el noreste de Estados Unidos. En este mercado la empresa japonesa también participa en el mercado del gas natural y del carbón.
Recuadro
La presencia en el sector minero
La minería es el sector donde Mitsui tiene una presencia consolidada en el mercado chileno, a través de su participación en tres operaciones mineras. En 2012 formó con Codelco la sociedad Acrux SpA (donde tiene una participación de 16,9%) para adquirir el 29,5% de Anglo American Sur (AA Sur) mediante dos transacciones: una por el 24,5% de la propiedad por un total neto de US$1.700 millones, y otra por el 5% por un total neto de US$1.100 millones.
En la actualidad, a través de la sociedad Oriente Copper Netherlands, Mitsui controla el 9,5% de la propiedad de Los Bronces.
Además, a través del consorcio japonés Japan Collahuasi Resources, la compañía es dueña del 7,42% de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. También tiene el 22,63% de la propiedad de SCM Minera Lumina Copper Chile, propietaria de Caserones y en Minera Los Pelambres (AMSA) tiene una participación del 1,25% a través de su participación en el consorcio Nippon LP Resources.
[M. Harris: “Con las dificultades en transmisión será difícil financiar más proyectos ERNC en el norte”]
marzo 18, 2016 | Industria
(Pulso) Veinte indicaciones para la ley que modifica el marco legal de los sistemas de transmisión y crea un organismo independiente del sistema eléctrico nacional ingresará el Ministerio de Energía durante las próximas semanas al Senado.
Según indicó el ministro del ramo, Máximo Pacheco, estas recogerían parte de las preocupaciones que la industria ha expresado durante las próximas semanas en medio de la segunda instancia legislativa.
“Lo que se está haciendo es escuchar propuestas. Nosotros le hemos señalado a la Comisión de Energía y Minería del Senado que tenemos 20 nuevas indicaciones que van a seguir recogiendo lo que son las buenas ideas que se puedan dar para este proyecto”, dijo.
“Tenemos 20 propuestas de indicaciones que van a abordar varios de los temas que se han señalado en la discusión de la Comisión de Energía y Minería del Senado y las vamos a presentar la semana subsiguiente”, afirmó.
Según fuentes de la industria, estas se relacionarían con los artículos relativos a las compensaciones por cortes de suministro, ya que el proyecto de ley incluye severos pagos a clientes por incumplimiento de los estándares de indisponibilidad de suministro.
Según un estudio solicitado por Transelec a la consultora Systep, la indisponibilidad de suministro implicaría incrementar el valor de las compensaciones en 16 veces -80 veces el valor que el cliente paga por la energía- lo cual podría incluso provocar la quiebra de las empresas sancionadas.
Este a su vez fue uno de los temas más debatidos durante la sesión de la comisión de Energía y Minería del Senado de esta semana. En ella, el gerente general de Transelec, Andrés Kuhlmann, aseguró que la indisponibilidad de instalaciones implicaría el pago por daños que según los principios generales del derecho no se indemnizan.
Parte de las críticas también se han dirigido a la composición del Comité de Nominaciones del organismo coordinador.
De acuerdo al proyecto de ley, los miembros del consejo directivo serán elegidos, en un proceso público y abierto, por un Comité Especial de Nominaciones que estará compuesto por un representante del Ministerio de Energía, uno de la Comisión Nacional de Energía, uno del Consejo de Alta Dirección Pública, uno del Panel de Expertos, un decano de una facultad de ciencias o ingeniería de una Universidad del Consejo de Rectores y uno del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Otro de los temas que podrían tocar las nuevas indicaciones sería una simplificación de los ingresos tarifarios y a una distribución del pago con un mecanismo de transición más claro, que evite dobles pagos y desequilibrios.
marzo 18, 2016 | Industria
(Diario Financiero) La irrupción de nuevas tecnologías en el segmento de la distribución de electricidad para los hogares, como los medidores inteligentes, que Chilectra comenzó a instalar en el marco de un plan piloto, tiene al gobierno evaluando la modificación de algunos de los denominados servicios asociados a la distribución.
Entre los cambios en estudio está rebajar o eliminar el cobro por el corte y reposición del suministro eléctrico, que se cobra como un ítem aparte del consumo de energía y de la remuneración que las concesionarias reciben por prestar el servicio de distribución.
Hoy, el cobro por este ítem, uno de las 23 prestaciones anexas, está regulado por ley y tiene un costo aproximado de $12.000, monto que considera el gasto que las distribuidoras realizan para efectuarlo, como la utilización de cuadrillas de trabajadores, herramientas y camionetas, entre otros.
Los usuarios, a su vez, deben pagar esta tarifa a las empresas cada vez que su servicio es suspendido por no pago y luego repuesto. Con la utilización de los medidores inteligentes, este proceso será realizado a distancia por las compañías, por lo que su costo bajaría ostensiblemente.
Conocedores del trabajo que está haciendo la autoridad comentaron que la Comisión Nacional de Energía (CNE) está evaluando esta y otras modificaciones que podrían ser incluidas en la fijación tarifaria que está en curso y que cubrirá el periodo 2016-2020, proceso que considera la definición del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los servicios asociados, para todas las distribuidoras, entre las que figuran firmas como Chilectra, Chilquinta, CGE o Saesa, que son las mayores en términos del número de clientes.
El VAD representa aproximadamente el 20% del total de la boleta que reciben los usuarios residenciales o regulados, mientras que la energía varía entre el 50% a 60%. El resto lo componen los cobros por transmisión troncal y subtroncal, y el IVA.
La factibilidad jurídica de incluir estos cambios en el actual proceso de fijación tarifaria está siendo analizado por la autoridad, señalan las fuentes.
Por el momento, la CNE ya abrió la licitación internacional para contratar al consultor que realizará el estudio tarifario, donde se establece la operación de una empresa modelo, el que a su vez debe ser contrastado con los que presenten las empresas. El proceso finalizará en diciembre próximo.
Gestión del consumo
El marco para éste y otros cambios estaría en la idea del gobierno de introducir de forma masiva los denominados “medidores inteligentes”, para permitir por un lado una mejor gestión del consumo de los hogares, para que los usuarios sepan con certeza qué y cuanto consumen, y también el control de las empresas sobre las pérdidas de energía.
Hace dos semanas, Chilectra -controlada por Enersis, filial de Enel- lanzó un plan piloto para dotar de estos medidores a unos 50 mil clientes y el en futuro espera llegar a unos 500 mil. La primera etapa se aplicará en medidores que son de propiedad de la distribuidora, que es un 25% del total que gestionan.
En el grupo señalan que para avanzar y cubrir la totalidad de los clientes, que alcanzan a 1,7 millón en 33 comunas de la Región Metropolitana, su zona de concesión, se deberá reconocer la inversión que la firma realice y el cobro que se aplicará a los clientes que son dueños de los marcadores.
La idea de la autoridad sería obligar al resto de las distribuidoras a implementar estos aparatos, aunque en el gobierno primero están monitoreando los resultados de la experiencia de Chilectra y las posibles contingencias a las que se puede ver expuesta la iniciativa, proceso para lo cual la autoridad se habría dado un periodo de tres meses.
marzo 17, 2016 | Industria
(Diario Financiero) Transelec, el principal actor del negocio de transmisión eléctrica en el país, sacó ayer la voz para criticar públicamente el proyecto de ley que impulsa el gobierno, iniciativa que es seguida de cerca por la industria.
Ante la comisión de Energía y Minería del Senado, el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann, dijo que varias de la normas que se contemplan, entre ellas el cambio en la tasa de rentabilidad y el alza en las multas, tendrían fuertes efectos en las empresas y en particular sobre la compañía que dirige, la que es controlada por un grupo de fondos de pensiones encabezado por el canadiense Brookfield Asset Management.
Respecto del primer punto, el ejecutivo precisó que al fijar una tasa de rentabilidad variable, de entre 7% y 10% después de impuestos, que reemplazaría al monto fijo actual de 10%, el impacto sobre la rentabilidad sería de unos US$ 500 millones. Esto se explica porque habría menores retornos sobre los activos, al momento de realizarse la fijación de sus tarifas, lo que en términos simples equivale a reconocer menos ingresos en el largo plazo.
“Entendemos la necesidad de adecuación que se está haciendo, pero este es un cambio muy importante, al menos para la compañía que represento”, dijo.
El ejecutivo sostuvo que este cambio en el régimen de rentabilidad los afectaría más que a otros actores del sector, porque ellos ya recobraron sus inversiones y la nueva tasa de rentabilidad regirá recién una vez que el resto haya amortizado sus activos. De ahí que Kuhlmann planteó la necesidad de reponer en el proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, el carácter gradual en la aplicación de la nueva tasa variable. De lo contrario deberán realizar un reconocimiento contable por el efecto en la rentabilidad.
[Transelec se impone a rivales europeos y se adjudica obras para la interconexión]
Multas desproporcionadas
Aunque valoró en general el proyecto, pues permitirá un desarrollo más expedito de la transmisión, señaló que el monto de las multas por indisponibilidad o fallas ponen en riesgo la viabilidad de los operadores.
“El proyecto de ley tiene sanciones absolutamente desproporcionadas respecto de las mejores prácticas internacionales, y Chile es el único país del mundo que plantea compensaciones y multas sin límites”, dijo.
Según un estudio encargado por la firma, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos sería de hasta US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, habría sido de US$ 90 millones. “Esto es más que la utilidad anual de la compañía que represento y no quiero imaginar lo que significaría para un nuevo actor. Es la quiebra”, dijo.
Además, Kuhlmann abogó por el fin a la restricción de integración en el negocio eléctrico (generación, transmisión y distribución), pues a su juicio actualmente no se justifica y al levantarla viabilizaría que grandes actores, como Brookfield Asset Management y CPP (ambos accionistas de la firma), pudieran incursionar en los dos segmentos donde no están.
“Queremos las mismas reglas para todos, sin discriminación, y con estricto apego a la Ley Antimonopolios”, dijo.
El proyecto de transmisión es clave para la agenda energética del gobierno y es prioridad para el ministro de Energía, Máximo Pacheco, pues una vez aprobado se podrá continuar con la mayor licitación de suministro para clientes regulados hecha hasta ahora. La Comisión de Energía y Minería del Senado aprobó ayer la idea de legislar esta iniciativa.
Organizaciones exponen diferencias con proyecto del gobierno
En una maratónica sesión, donde solo la mitad de los expositores que estaban inscritos lograron hacer ver sus puntos a los senadores, representantes de los entes coordinadores de las empresas eléctricas, los CDECs del SIC y SING, ambientalistas y expertos expusieron sus reparos al proyecto de ley del gobierno.
El abogado y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, centró sus críticas en los efectos que tendrá en la institucionalidad del organismo encargado de resolver los conflictos en el sector eléctrico, señalando que las potestades que se le daba a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dejaban la puerta abierta para que estos organismo en el futuro no acataran los fallos del Panel, que es el que dirime las diferencias en esta industria.
Sostuvo que dados los cambios que introducía en el funcionamiento de Panel de Expertos, la iniciativa debía contar con un informe de la Corte Suprema, pues era el máximo tribunal el que tenía la potestad para controlar las acciones del organismo, cuestión que no había sido considerada.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que si bien el proyecto avanzaba en algunos ámbitos relativos a la planificación de largo plazo de la transmisión, establecía mecanismos de evaluación para los proyectos donde el Estado tenía un rol relevante en el inicio, pero que luego se restaba de participar del negocio, favoreciendo a las empresas privadas.
Señaló que el establecimiento de los denominados «polos de desarrollo» de proyectos de generación y transmisión finalmente se transformaría en «zonas de sacrificio» y que también se instauraría un subsidio «encubierto» para que los principales tenedores de derechos de agua, entre ellos Endesa, Colbún y AES Gener, desarrollen proyectos hidroeléctricos.
El presidente del CDEC-SIC, Sergi Jordana, mostró su preocupación por la forma en que se designará en Comité de Nominaciones, que será el que a futuro designe los integrantes del coordinador eléctrico nacional, organismo que reemplazará a los actuales CDEC, y solicitó que estas nominaciones las realice exclusivamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El gobierno tiene preparadas al menos 20 indicaciones al proyecto en las cuales pretende solucionar las diferencias con los principales actores, las que serían ingresadas al Senado durante abril.
marzo 16, 2016 | Industria
Según publicó el sitio Web del Senado, en forma unánime, la Sala despachó a la Cámara Baja el proyecto –iniciado en mensaje- que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
Esto luego que los legisladores presentes en la sesión ordinaria, respaldaran el articulado de la norma que fue estudiado por las Comisiones de Minería y Energía, y Hacienda.
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro Guillier, Alejandro García Huidobro, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Rabindranath Quinteros, Jorge Pizarro, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Iván Moreira, Andrés Zaldívar, Isabel Allende, Carlos Montes, Eugenio Tuma, Víctor Pérez Varela, Alejandro Navarro, Alfonso De Urresti y Francisco Chahuán.
Asimismo, el senador Baldo Prokurica dejó constancia de inhabilitación para votar; mientras que el Ministro de Energía, Máximo Pacheco agradeció la aprobación del texto.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, señaló que con esta votación favorable del Senado, “hemos dado un nuevo paso en los cambios que hemos estado trabajando estos años para mejorar las condiciones de equidad en nuestro país y hacer más inclusiva la energía”.
Romero agregó que con esta iniciativa “más de 2,7 millones de clientes, es decir, unos 10 millones de chilenas y chilenos, verán reducidas sus tarifas, en algunos casos en más de 40%. Esto a través de un subsidio cruzado que haremos especialmente los santiaguinos con consumos mayores de 200 KWh/mes y que de todas formas seguiremos pagando las tarifas más bajas del país”.
En la actualidad, existe un cobro muy desigual en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo del país, que van desde $19.344 (en Santiago) hasta $36.159 (en Linares) (cálculo efectuado sobre cuenta tipo de 180 kWh, enero 2015), explicaron en la CNE.
PROYECTO
El proyecto de ley, iniciado en mensaje, tiene por objeto introducir en la normativa sobre fijación de tarifas eléctricas, mecanismos aplicados al cálculo de las mismas, que se traduzcan en un estrechamiento de la brecha existente entre los valores de este tipo de energía en las diferentes zonas del país.
Contenido del proyecto:
- Incorpora un mecanismo de reconocimiento de generación local, en virtud del cual se establece un descuento en las tarifas eléctricas (no solo las residenciales) de los clientes regulados de aquellas comunas que posean centrales de generación de esta energía.
- El descuento será de hasta un 50% en función del factor de intensidad de cada comuna, el cual será calculado por la Comisión Nacional de Energía, teniendo en cuenta la razón entre la capacidad de generación instalada en cada comuna y el número de clientes sometidos a regulación de precios.
- Define como “Factor de Intensidad” la razón entre la capacidad de generación instalada en cada comuna, expresada en kilowatts y el número de clientes sometidos a regulación de precios y como “Comuna Intensiva en Generación”, la comuna cuyo Factor de Intensidad es igual o mayor a 2,5 kW/N° Clientes.
- Introduce un mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial (ETR), aplicable en sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 1.500 kilowatts, en cuya virtud se modifica el componente «distribución» de las tarifas residenciales, para que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea superior al 10%.
- En aquellas comunas en que se emplacen centrales cuya energía eléctrica generable, en su conjunto, sea mayor al 5% de la energía eléctrica generable en todo el país, se aplicará un descuento adicional que será de hasta un 25% en función del porcentaje de aporte de cada comuna.
- Incrementa las dotaciones en el año 2015 para el Ministerio de Energía, para la Comisión Nacional de Energía y para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en 1, 4 y 3 cupos respectivamente.
Ver detalles del debate aquí
[Columna de Opinión: Las interrogantes frente a la equidad tarifaria]
