(Pulso) Si se mira en términos globales, el resultado que arroja para Chile el estudio de Heritage Foundation sobre libertad económica no es malo en absoluto. Al contrario, señala el académico de la Universidad Católica Ricardo Paredes, el séptimo lugar que alcanza nuestro país a nivel mundial es meritorio.
Sin embargo, advierte sobre la desfocalización de las políticas sociales y su consecuente impacto en el tamaño del Estado.
El séptimo lugar en el que aparece Chile en el ranking, ¿es adecuado al nivel de desarrollo de la economía local?
-Es un lugar que es meritorio, por el tipo de economías con las que se comparte ese lugar. El indicador dice relación con buenas intervenciones estatales, como reglas del juego estable, y eso es causa del progreso económico que ha tenido Chile.
¿Es poco o mucho avanzar al séptimo lugar en 20 años que lleva el estudio?
-Los cambios que ha experimentado Chile son positivos desde la perspectiva de afianzar instituciones, cambios que en general son lentos de hacer. Mi visión es que la recuperación de la democracia no obstó para el deterioro de «libertades económicas» y que por el contrario, las afianzó. Eso es el cambio más positivo, lo que por cierto no se refleja en la evolución del índice que comienza después.
En los resultados positivos, el país está bien ubicado en respeto a la ley y en derechos de propiedad (por sobre el promedio) y aumenta en libertad de invertir (en apertura de mercado también está sobre el promedio). ¿Cuál es su evaluación al respecto?
-Son libertades que tienen consecuencias muy positivas para el desarrollo económico y social. Mi altísima valoración de ellas es en parte de convicción ideológica, pero fundamentalmente de aprendizaje de cómo deben hacer los países para superar otros problemas, como la pobreza y la marginalidad.
En los resultados negativos, existen observaciones respecto del tamaño del Estado, hay un deterioro en la evaluación fiscal (estamos bajo el promedio en el lugar 113), aunque mejora el ritmo de gasto. ¿A qué se debe eso?
-El Estado de Chile y el gobierno del Presidente Piñera ha estado aumentando el tamaño del Estado, con mayor gasto y relajando las exigencias de focalización. Ello es en parte consecuencia de una visión más social-demócrata del gobierno, y de las presiones sociales, particularmente en las áreas de salud y educación.
Otro de los puntos al debe es el área de eficiencia regulatoria, ahí empeoramos en todos los ítems. ¿Es preocupante?
-Hay una visión consensuada a nivel técnico y empresarial que hay un déficit enorme en institucionalidad energética y ambiental. Mi visión es que el tema institucional es muy apremiante, en particular, en relación con el lobby, y la canalización de las demandas ambientales.
¿Qué reformas estructurales deberían abordarse o impulsarse para mejorar en esos ítems en particular?
-El gran desafío que viene es hacer una reforma que concilie las demandas sectoriales, las compensaciones a los afectados por proyectos tipo NIMBY (Not in my back yard), y en general, las demandas específicas, sin que ello pase por detener la inversión y que sobrejudicialice los procesos, incluso deteniéndolos. Contextos en los cuales se adquiere consciencia de los más vulnerables y de sus derechos, incluyendo minorías étnicas, sectores postergados, afectados por contaminantes y proyectos, son tierra fértil para que surjan verdaderas industrias de aprovechadores que sin demandar abiertamente, allegan recursos para ellos. Aquí entonces surge el debate sobre si debemos generar reglas estrictas, o movernos por el mundo de flexibilidad e interpretación. El justo medio es lo clave aquí.