(Diario Financiero) El rayado de cancha que hizo la semana pasada el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el marco del debate de la reforma laboral en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, consideró el rechazo a la negociación por ramas y que las negociaciones colectivas partan sobre un piso base amarrado al IPC. Ese gesto fue interpretado como un guiño hacia el empresariado, que se ha mostrado crítico frente al proyecto.
Por la contraparte, actores del mundo sindical y parlamentarios de la Nueva Mayoría destacaron que Valdés confirmara el espacio para perfeccionamientos en el mecanismo de servicios mínimos que operará en las empresas en casos de huelgas legales. Ello significaría acercarse al estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia, haciéndolos más restrictivos para las compañías.
De hecho, el Ministerio del Trabajo pidió ayuda al organismo dependiente de la ONU para redactar la indicación que presentará en esa línea en los próximos días.
La señal del Ejecutivo de que no habría modificaciones profundas a la reforma y que los ajustes irían sólo por el lado de los servicios mínimos, hicieron aflorar una vez más las críticas de los gremios empresariales.
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, los cambios que haría el gobierno en turnos mínimos no buscarían el equilibrio en relaciones laborales.
«¿Es lícito que en una negociación entre dos partes una tenga la facultad de reventarte en términos productivos? Aquí los servicios mínimos van a quedar en manos de dirigentes (sindicales) y eso me parece de una arbitrariedad, de una inequidad elemental y esto tiene al mundo empresarial preocupado porque vemos que no hay racionalidad, se le está dando el gusto a un sector y no se está velando por los intereses de la sociedad», dijo.
Crespo espera que en el trámite en el Senado «con los parlamentarios de más experiencia y con el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, tengamos la posibilidad de tener más cordura y llegar a una legislación más equilibrada. De lo contrario, vamos a tener que asumir las consecuencias como país de un escenario de mayor conflictividad».
El timonel de Asimet, Juan Carlos Martínez, hubiera preferido que se mantuviera la facultad del empleador de reemplazar, aunque reconoce que si se avanza en servicios mínimos, estos deberían permitir el cuidado de los activos fundamentales de la empresa.
«Un horno para una siderúrgica es vital, si se le apaga el suministro eléctrico se pierde toda la producción, eso no lo tienen todas empresas, pero uno debe ponerse en esos casos», dice.
Martínez, de todos modos, valora que el gobierno quiera igualmente resguardar la atención a usuarios con los servicios mínimos. «Esperamos que eso sea así, porque la empresa se debe a sus clientes. Uno pierde posiciones en el mercado cuando no se puede atender a clientes, en la salud es clave que haya posibilidad de servicios mínimos, también en el Metro», sostiene el líder de Asimet.
Huelga: última instancia
Una visión distinta planteó el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, quien asegura que la huelga es la última instancia a la que se puede llegar en una negociación colectiva, por lo que cree que la balanza en ese ámbito debe estar hacia el lado de los trabajadores.
«El argumento que dan los dirigentes sindicales -y que en parte tienen razón- es que la huelga no tendría sentido sin la paralización, o sea, si se ponen servicios mínimos y la empresa sigue operando prácticamente igual, entonces para qué es la huelga», dice.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa a las principales ramas empresariales del país, ven con preocupación este punto y otros de la reforma laboral, por lo que su presidente, Alberto Salas, extendió una invitación a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, a un próximo comité ejecutivo para ver espacios de ajuste.