El alcance jurídico y técnico de las modificaciones legislativas que se busca realizar al Código de Aguas concentró el debate en el seminario “Desafíos de las aguas en Chile: ¿Hacia dónde vamos?”, que fue organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Clapes UC.
En la instancia, Felipe Larraín, director de Clapes UC, criticó el hecho que en el debate legislativo que se ha realizado hasta ahora en torno a las modificaciones normativas que se impulsan no se haya dado mayor cabida a las visiones técnicas que existen en torno al tema, como por ejemplo el informe realizado en 2011 por el Banco Mundial en el ámbito hídrico, en el que se proponen una serie de mejoras que no implican cambios legislativos.
En ese contexto, el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga expresó que la legislación del 81 se hizo en un contexto de abundancia hídrica, una realidad distinta a la actual, debido al cambio climático y una mayor demanda, y manifestó que los “derechos de aprovechamiento de agua son para aprovecharlos”, criticando la especulación y el acaparamiento que se observa.
La autoridad se refirió a los principales puntos que considera el proyecto de reforma al Código de Aguas, destacando que se establece un régimen de extinción y caducidad de los derechos de aprovechamiento que no son utilizados, junto con destacar que “no hay una expropiación de derechos, ni encubierta ni de ningún tipo”.
[Las inquietudes de los gremios ante el proyecto de reforma al Código de Aguas]
En contraposición, Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), consideró como positivo que la reforma encarezca el no uso y facilite la cobranza de patente, aunque también consideró que la iniciativa presenta vicios de constitucionalidad, señalando que de aprobarse dicho proyecto, tanto los derechos actuales como los nuevos se transformarán en concesiones.
Es así como la autoridad gremial expresó que la iniciativa busca reemplazar un patrimonio privado por una concesión pública, y advirtió sobre el daño que implicaría la imposición de un caudal ecológico mínimo y diferenciado, impactando en la disponibilidad del recurso.
Asociatividad y mercado
En el marco del evento, el abogado José Antonio Ramírez se refirió a la función social de la propiedad, explicó que “la irracionalidad es inconstitucional, no la discrecionalidad”, señalando que con miras a la función social de la propiedad se consideran aspectos como la caducidad y extinción.
El profesional expresó además que en la reforma al Código se considera que todas las aguas son de uso público, con miras a incluir la de mar y los glaciares; y resaltó la importancia de fortalecer la asociación público privada con miras al desarrollo de infraestructura.
Mientras que Jorge Quiroz, economista y socio de Quiroz & Asociados, resaltó la importancia del sistema de precios como regulador del ámbito hídrico, cuestionando las interferencias que introduciría la reforma al Código de Aguas.
Complementando lo anterior, expresó que el sistema del mercado del agua se encarga que los derechos de aprovechamiento sean utilizados, por lo que no es necesario que haya un tercero fiscalizando, y afirmó que “la temporalidad del derecho no es una buena idea”, expresando de paso su rechazo a que se proponga la caducidad por no uso.