Fernando Abara, abogado socio de Abara y Cía., se refirió a las pautas que se han presentado hasta el momento en el proyecto que cambia la ley de transmisión, indicando que la mayor competencia es uno de los elementos principales que contiene la iniciativa.
El especialista participó en el último módulo del ForoSic 2015, organizado por el Grupo Editec en el Hotel Sonesta de Concepción, donde se abordó el tema de legislación y regulación del sector, específicamente en transmisión, asociatividad, servicios complementarios y reforma al Código de Aguas.
Abara mencionó que en el trazado de líneas se contemplaría la participación del Estado en proyectos de alto riesgo, mientras que la creación de un nuevo ente coordinador nacional le daría mayor independencia a este organismo, aunque advirtió la necesidad de que no quede sujeto a modificaciones de sus procedimientos técnicos por parte de las autoridades administrativas de turno, especialmente después del pronunciamiento del Panel de Expertos del sector eléctrico.
Según el jurista, la creación de un organismo coordinador debe considerar el nombramiento de sus miembros de forma más equilibrada, «de manera que no quede este órgano capturado».
Por su lado, Carola Venegas, seremi de Energía de la región del Biobío, indicó que los distintos actores sociales de la zona, en el estudio de cuencas hidrográficas, han planteado necesidades de conservación del medio ambiente, además de tener actividades productivas en torno a los proyectos energéticos que buscan instalarse en la región.
Tambien expuso Daniel Gutiérrez, abogado de BGS Energy Law se refirió a los servicios complementarios, proponiendo que el nuevo operador del sistema nacional interconectado que vendrá a futuro pueda hacer contratos con servicios complementarios a través de licitaciones.
Además expuso Carolina Seeger, abogada de Fontaine & Cía., quien planteó que los cambios al Código de Aguas supone que el Estado puede reservar agua disponible para consumo humano, los cuales caducan en su derecho si se usan para otros fines.
Según la jurista, los nuevos derechos de agua son de ocho años para utilizar los derechos no consuntivos y de cuatro para los consuntivos.
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