(El Mercurio) El aumento en las tasas de inversión y las mejores cifras de expansión de la economía que se observaron en 2018, tuvieron un impacto positivo en los montos y en la cantidad de proyectos aprobados por la autoridad ambiental durante el año pasado.
De este modo, según un reporte realizado de forma conjunta por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), basado en datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los montos de inversión aprobados por la autoridad ambiental en 2018 aumentaron un 6,4% respecto de 2017, llegando a US$ 25.326 millones.
De esta cifra, US$ 11.219 millones corresponden a proyectos que pasaron por una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), marcando una caída de 35,7%, respecto de 2017, y US$ 14.106 millones a iniciativas aprobadas que se sometieron a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -proyectos de gran envergadura-, marcando un crecimiento de 122%, en comparación con igual período anterior.
En cuanto a los rubros de las iniciativas aprobadas, minería lleva la delantera con un monto de US$ 12.216 millones, seguido por energía (US$ 5.694 millones) y más atrás, el sector inmobiliario (US$ 2.555 millones).
Para el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado, estas cifras representan un cambio de tendencia, respecto de lo que venía ocurriendo en los años previos. «Hubo un problema de baja inversión en Chile en el gobierno anterior, que tiene mucho que ver con las reformas que se hicieron. Según mi análisis, una de las que más impactó fue la tributaria en su momento», explica.
En número de proyectos aprobados por los sistemas de evaluación también se observó un alza, pasando de 352 en 2017, a 381 proyectos en 2018, marcando un crecimiento de 8,2% (ver infografía).
«Luego de seis años de caídas consecutivas en cuanto a proyectos aprobados, es posible observar una leve recuperación. Sin embargo, aún es una cifra lejana del promedio histórico anual desde 2009 (669 proyectos)», señala el reporte elaborado por los gremios empresariales.
En 2018, 607 iniciativas fueron presentadas para su evaluación en alguno de los procesos. El director de políticas públicas de la CPC, Javier Irarrázabal, puntualiza que de esta cantidad, 484 fueron aceptadas a trámite para su evaluación, marcando un alza de 25,7% respecto de lo ocurrido en 2017.
Dichos proyectos representan US$ 24.185 millones, un 37,2% menos que el ejercicio anterior. Por otro lado, 123 proyectos fueron desistidos, abandonados, terminados anticipadamente o no admitidos a tramitación.
Leve baja en plazos de tramitación
Otra medición realizada en el estudio es sobre los tiempos que se demoran los proyectos en ser evaluados. Así, las iniciativas aprobadas en 2018 demoraron en su estudio 15,1 meses hábiles en promedio (22 días), representando una caída de 1,3% respecto de 2017. Con este resultado, se cortó una «racha de alzas consecutivas», según el informe.
Por tipo de instrumento, los plazos de EIA muestran un alza de 28,6 meses hábiles el 2017, a 34,5 meses el 2018. Mientras, el tiempo para una evaluación en las DIA pasó de 14,4 a 13,7 meses hábiles.
Javier Hurtado comenta que ha habido en los últimos años una escala creciente en la demora de este tipo de trámites, «pero en el 2018 se ve una pequeña reducción de días en el plazo de tramitación de estos estudios de impacto ambiental en general, lo cual ya es una buena noticia en sí. Porque en realidad uno de los grandes temas de fondo es lo que se demoran también estos procesos», advierte el economista.
Por rubros, infraestructura portuaria (31 meses), forestal (20,5 meses) y agropecuario (18,6 meses) están entre los sectores que más tiempo se demoran en ser aprobados.
Con todo, el informe concluye que la evolución del nivel de aprobaciones en conjunto con los tiempos que toman estas iniciativas en ser aprobadas, «dan luces sobre las rigideces imperantes en la institucionalidad vigente. Esto podría generar incertidumbre en cuanto al marco regulatorio en ejercicio».