La importancia central que tienen los medidores inteligentes para el avance de la portabilidad eléctrica, en la reforma a la distribución, fue uno de los puntos que destacó Macarena García, economista senior de LyD (Libertad y Desarrollo) durante su exposición sobre los alcances de este proyecto de ley, el cual sigue su análisis en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la especialista, estos aparatos «son un aspecto crítico en la recopilación, sistematización y
distribución de la información», afirmando que -desde la perspectiva del Centro de Estudios- «nos hubiera gustado medidas más directas para su fomento».
García indicó que este tipo de tecnologías forman parte de los potenciales beneficios del proyecto de portabilidad eléctrica, por cuanto «la lectura remota de medidores reduce costos y tarifas», además de que implican mayores exigencias en términos de seguridad y calidad del servicio.
También afirmó que la medición digital en el segmento de distribución supone un monitoreo permanente a distancia de la calidad de la red, «lo que posibilita la detección y reparación de las pérdidas por mal funcionamiento en menor tiempo, aumentando la calidad del servicio».
Agregó que la lectura del consumo cada 15 minutos que tienen estos aparatos, posibilita «la búsqueda de un patrón de consumo más económico, dando sentido a la existencia de tarifas diferenciadas intradía», añadiendo que también son fundamentales para el desarrollo de la a generación distribuida a pequeña y mediana escala, puesto que reducen cuentas del consumo y fomentan la eficiencia energética.
Ejes
García además señaló que los tres ejes centrales del proyecto de ley, como la creación del comercializador y del gestor de la información, junto a la flexibilización del mecanismo de licitaciones de suministro para clientes regulados, «son razonables, necesarios y coherentes en el contexto en que se ingresarán posteriormente los proyectos de calidad de servicio y generación distribuida».
A su juicio, otros beneficios que trae esta iniciativa es el derecho de elección de los usuarios de un suministrador y de la fuente de energía, alentando la competencia, además de introducir elementos de protección a los pequeños clientes, como el take or pay; los requisitos y obligaciones tanto del comercializador como del gestor de
información, y la exigencia de tarifas horarias comparables, fáciles de entender y de libre acceso.
Finalmente planteó que uno de los aspectos a revisar del proyecto de ley son el «respeto a los contratos de largo plazo vigentes con las generadoras».