agosto 25, 2014 | Industria
(Pulso) En el sector eléctrico hay coincidencia en que el proyecto de ley presentado la semana pasada que introduce cambios a los mecanismos de licitaciones eléctricas era necesario y que, en general, las políticas incorporadas en la iniciativa van por buen camino.
No obstante, han surgido algunas discrepancias, las que tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos: el rol de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad que liderará los futuros procesos, y la modalidad escogida para regular los suministros sin contrato, esto es, cuando las demandas proyectadas superan las cantidades de energía asignadas entre generadoras y distribuidoras.
Un reporte de la consultora Systep plantea que para evitar la exposición al ciclo político y mantener la independencia de grupos de interés, es importante que la agencia licitante sea independiente del gobierno. “En particular, sería difícil separar el rol de regulador y operador del mercado. En cualquier caso, si finalmente el gobierno resultase estar a cargo como un comprador único de las licitaciones, es indispensable que los instrumentos, atribuciones y flexibilidades estuviesen claramente establecidos por ley, para reducir la incertidumbre futura y el riesgo regulatorio”, se señala.
Entre las empresas distribuidoras la sensación es más bien que el proyecto de ley -así lo planteo recientemente el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo- supone el fin de una era en la que el Estado se mantenía neutro a las decisiones al menos en teoría, para pasar a adoptar una posición y a incorporarla en las determinaciones de política pública, lo que a su juicio es correcto.
La semana pasada, durante la presentación de la propuesta de reforma, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que en su visión, “el Estado está adoptando un nuevo rol en este proceso con el fin de convertir a las licitaciones en un instrumento de política pública que efectivamente cumpla con los objetivos de contar con una electricidad más segura, eficiente, barata, sustentable y que opere con mayor competencia, tal como se ha comprometido en la Agenda de Energía”.
Entre las generadoras, no obstante, existen dudas sobre el mecanismo escogido para suministrar aquellas demandas sin contrato, el que será repartido a prorrata entre todos los actores que inyecten al sistema en el período, y remunerado de acuerdo a una fórmula que incorpora el precio del contrato y el costo marginal al momento de la inyección.
Este punto ha generado cierto debate y se espera que las empresas del sector, así como también las distribuidoras e incluso organizaciones de consumidores, expongan sus argumentos en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que ya se encuentra tramitando este proyecto de ley.
Competencia
Para Pacheco, es clave incorporar más competencia e incluso el ministerio apunta a buscar fórmulas que premien el hecho de que el suministrador de un acuerdo sea un actor que no esté dentro de los que actualmente participan en el sistema.
“Definitivamente, nosotros queremos traer nuevos actores, nueva competencia, nuevos oferentes. Queremos asegurar nuevos proyectos. Queremos que este país enfrente un tema que es muy sensible, y que es el déficit que tenemos en generación y transmisión. Las razones por la que los precios de la energía en Chile son altos son básicamente dos: la existencia de escasa competencia y el déficit de infraestructura que tenemos”, dijo Pacheco en el Congreso la semana pasada.
Hugh Rudnik: Fortalezas y debilidades del proyecto de licitaciones
El proyecto de ley sobre licitaciones eléctricas apunta a resolver temas centrales que hoy limitan la contratación de las empresas distribuidoras. Destacan los siguientes aportes:
Varios productos contratables (corto, mediano, largo plazo), permitiendo mejores ajustes a necesidades de las distribuidoras y condiciones de mercado.
- Esquemas para acotar riesgo de nuevos generadores.
- Nuevos esquemas de evaluación de las ofertas.
- Estímulo a distribuidores a hacer bien su labor.
- Tratamiento adecuado de las restricciones de transmisión.
- Definición de un precio oculto, exitosa práctica internacional.
- Panel de expertos para divergencias.
Sin embargo, hay dos temas centrales del proyecto cuestionables, que agregan incertidumbre a futuros inversionistas que buscan minimizar riesgos en un entorno de competencia entre tecnologías más eficientes: agencia licitante y suministro sin contrato.
Son reconocidas a nivel internacional las bondades de contar con una instancia independiente del gobierno para liderar el proceso de licitaciones de las distribuidoras. Independiza el proceso de intereses políticos de corto plazo o presiones de grupos de interés. El proyecto asigna a la CNE toda la responsabilidad, aunque con funciones acotadas a objetivos que define la ley. Las tentaciones igual existirán que un futuro gobierno privilegie soluciones políticamente atractivas y populares, limitando la necesaria inversión en generación económica que tanto necesitamos. No es claro en esta solución cómo lograr separar adecuadamente la función del regulador y la del operador de mercado.
La propuesta además introduce una obligación contractual administrativa de tiempo indefinido para suministros sin contrato, que obliga a las generadoras a vender energía no contratada a un precio fijado por la autoridad. Esto se constituye en una incertidumbre para nuevos entrantes y en un riesgo de buscar resolver permanentemente el problema por esa vía. Esta propuesta es contradictoria con uno de los objetivos de diseño del mecanismo que establece que se deben evitar pérdidas operacionales para los generadores. El hacerla permanente también es contradictorio con su definición como medida de carácter excepcional. Esto reducirá las necesarias ofertas de energía abundante y económica. Reconociendo que hay una situación de desadaptación del mercado, poca oferta económica para creciente demanda, se esperaría que este mecanismo se planteara como una medida transitoria, por un número acotado de años.
julio 28, 2014 | Industria, Sustentabilidad
Este martes, en el auditorio del edificio de la Sofofa, se realizará el seminario “Políticas energéticas para el corto y mediano plazo: Desafíos de la energía”, organizado por el comité chileno del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas Mundiales (Cigré), donde se analizará las leyes cortas I y II, que rigen al sector eléctrico, además de los efectos de las políticas públicas en la industria de la energía en el corto, mediano y largo plazo.
El encuentro se efectuará desde las 8:30 a las 13:30 horas y contará con la participación de autoridades, especialistas y empresarios del sector eléctrico, quienes expondrán en tres bloques de discusión, donde se abordarán los efectos de la regulación y los desafíos que se plantean en el futuro, incluyendo las medidas de la Agenda de Energía.
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Intervenciones
Entre los expositores estarán los directores del Panel de Expertos, Rodrigo Iglesias y Enrique Sepúlveda, junto con Andrea Butelmann, directora del Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas (MAPE), de la Universidad Alberto Hurtado, quienes se referirán al diagnóstico y análisis del sector eléctrico en Chile y a las políticas públicas de la última década, con los efectos de las leyes corta I y II.
El segundo bloque tendrá a Rene Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile AG; Eric Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Transelec; Rodrigo Miranda, gerente de Regulación, Grupo Saesa; Jorge Rodríguez O., gerente general del Grupo Isa Interchile, y José Miguel Hernández, socio director de Cubillos Evans Abogados, quienes abordarán los efectos de las políticas públicas en la industria eléctrica.
El último bloque será sobre políticas públicas para el sector eléctrico, mediano y largo plazo, donde participarán Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); Jaime Orpis, integrante de la Comisión de Minería y Energía del Senado; Sebastián Bernstein, socio director de Synex Consultores; Rodrigo Quinteros, presidente del directorio CDEC – SING, y Claudio Iglesis, presidente del directorio del CDEC–SIC.
julio 14, 2014 | Industria
(Diario Financiero) Una completa reingeniería al Ministerio de Energía llevará a cabo el Ejecutivo, y para ello creará nuevas divisiones y aumentará su dotación de personal, entre otras cosas.
El cambio busca preparar a la cartera para enfrentar mejor el trabajo que demandará en los próximos cuatro años aplicar y cumplir las metas de la Agenda de Energía.
El cambio en la estructura del ministerio es el primero de los proyectos que contiene el plan que el gobierno reveló en mayo, que entra a trámite parlamentario.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 30 de junio para su primer trámite constitucional, y la semana pasada se le dio suma urgencia. Actualmente se encuentra en las comisiones de Energía y Minería y Hacienda.
En líneas gruesas, el proyecto de ley busca reforzar la estructura institucional del ministerio, creando secretarias regionales ministeriales (seremis) en nueve regiones, lo que le permitirá abarcar todo el territorio; aumentar la dotación de personal y crear nuevas unidades y divisiones dentro del organismo, que tendrán tareas específicas ya consideradas en el diseño de la agenda energética.
Fuentes de gobierno señalan que el Ejecutivo espera un trámite legislativo rápido para la iniciativa -el ministro Máximo Pacheco ya ha acudido al congreso para explicar su contenido a los parlamentarios-, y que éste estaría listo para convertirse en ley a fines de agosto.
Mayores conflictos
Una de las motivaciones del gobierno para reformar la estructura de la cartera es la creciente “complejidad” del sector energético y la necesidad de que la institución se adecúe a la nueva realidad, y así lo hace ver en el mensaje del proyecto de ley.
“En los años transcurridos desde la creación del Ministerio de Energía, se ha observado un amplio desarrollo del sector, sumado a un significativo aumento en el número y complejidad de los conflictos asociados a materias energéticas (…) así como un creciente interés de las comunidades y empresas de participar en el desarrollo de las políticas del sector, entre otros desafíos”, señala.
Nuevas divisiones
Tal como se planteó en la agenda, la primera medida del gobierno para reforzar los equipos del ministerio será la creación de seremis en todas las regiones.
Hoy hay seis secretarios regionales ministeriales -los que se ocupan de “macrozonas”- y el proyecto propone aumentarlos a quince para cubrir cada una de las regiones del país. El argumento es que el diseño original del rol de los seremis -participación en evaluaciones ambientales y programas de eficiencia energética y electrificación rural- ha sido superado con creces por la realidad actual, y por la necesidad de que coordinen a nivel local las políticas sobre ordenamiento territorial.
El proyecto también se hace cargo del nuevo foco que ha intentado darle Pacheco a la cartera -la participación ciudadana y relación con las comunidades- y crea la División de Participación y Diálogo, la que se sumará a las otra siete existentes.
Hoy ésta unidad está a cargo de Javier Zulueta y depende directamente de Pacheco.
“Se busca consagrar en la ley del Ministerio la participación y diálogo ciudadano, así como generar la posibilidad de crear nuevas divisiones funcionales al interior de la organización del Ministerio, lo que permitirá abordar de manera adecuada las nuevas necesidades del sector”, señala el proyecto.
Asimismo también se crearán las unidades de coordinación regulatoria; de estadísticas energéticas y seguimiento de mercados; y de gestión de proyectos, y se autorizará a que funcionarios a contrata ejerzan cargos directivos en la entidad, cuestión que hoy no es posible.
La ampliación de facultades del ministerio también traerá aparejado un incremento en la planta de funcionarios. Según el informe económico enviado por la dirección de presupuestos, serán 60 las plazas extras consideradas en el nuevo diseño, la mayor parte de ellas relacionadas a la instalación de los nuevos seremis.
Esto demandará recursos por unos US$ 3 millones al erario nacional una vez en régimen.
La rebaja de sueldos a Panel de expertos
Uno de los últimos proyectos de ley ingresado al parlamento por la administración Piñera establecía una rebaja en los sueldos de los integrantes del Panel de Expertos, órgano que dirime las discrepancias entre las empresas del sector. El objetivo era equiparar la remuneración con los niveles de la administración pública. Hoy, los miembros de esta instancia reciben mensualmente 320 UTM, unos $ 13,4 millones, mientras que el secretario abogado del organismo 120 UTM ($ 5 millones).
Esta remuneración es parte del presupuesto de la entidad el cual es cubierto, a prorrata de su capacidad, por el cojunto de las empresas del sector. El proyecto fijaba que el presidente del panel recibiría 150 UTM ($ 6,3 millones) más 25 UTM por cada sesión, con un tope de 300 UTM ($ 12,6 millones). Los integrantes recibirían 100 UTM ($ 4,2 millones), con un tope de 200 UTM y el secretario 150 UTM. A fines de mayo el gobierno retiró el proyecto del Congreso, posponiendo la rebaja.
El trabajo con las comunidades
El trabajo de diálogo con las comunidades está cruzado por la conflictividad que ha alcanzado el sector energético por la oposición a los proyectos de generación y transmisión. Uno de los que enfrenta mayores problemas hoy es el proyecto para reforzar el tendido eléctrico entre Polpaico y Cardones. Con un costo de US$ 1.000 millones, la línea de la colombiana ISA, atraviesa 20 comunas en cuatro regiones, y ha desatado una fuerte oposición en el valle de Limache, donde acusan perjuicios a la actividad económica por la instalación de las torres. En este sentido, privados señalan que la autoridad no ha logrado avances en destrabar el proyecto, pese a la participación directa que el ministerio ha tenido en el tema.
junio 18, 2014 | Industria
(La Tercera) La regulación de las tarifas al gas de redes, planteada en la Agenda de Energía del gobierno, está tomando forma. A la fecha, se han constituido dos mesas y se adjudicó un estudio para determinar si la rentabilidad de las empresas del sector se ajusta a la ley.
Todo lo anterior, con miras al proyecto de ley que presentará el gobierno sobre la materia al Congreso en el primer trimestre de 2015, proceso que incluso se podría adelantar, según el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.
“Creemos que este es un proyecto de ley que debería tener una tramitación de, aproximadamente, un año en el Parlamento, así es que debería entrar en vigencia en 2016”, precisó.
Romero detalló que el gobierno formó dos mesas de trabajo paralelas -una con las empresas del sector y otra con expertos y consumidores-, las que realizarán el trabajo “prelegislativo”.
“Las discusiones técnicas no las vamos a hacer entre cuatro paredes. Creemos que hay que hacerlas de cara a los distintos actores, no sólo de las empresas del sector, sino de los consumidores, expertos, académicos, organizaciones sociales. El desafío en todos los cambios regulatorios es que el trabajo prelegislativo sea con mucha participación”, dijo.
El gobierno convocó a expertos en libre competencia, como Juan Pablo Montero, Javier Veloso (ex secretario ejecutivo del TDLC) y Andrea Butelman (ex ministra del TDLC); a los ingenieros Gabriel Bitran y Alejandro Jadresic (ex titular del Panel de Expertos eléctricos), y a la Organización de Defensa de los Consumidores (Odecu), los que serán apoyados por el Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Asimismo, a fines de la semana pasada, adjudicó a las consultoras Valgesta Energía y Mercado Energético un estudio para determinar si la rentabilidad de las empresas se ajusta a la ley, el que estaría listo en octubre.
Romero dijo que la intención del gobierno es que las tarifas que pagan los usuarios residenciales y comerciales de gas natural sean “justas”. Hoy, Metrogas -el principal distribuidor de la Región Metropolitana- paga US$ 12 por millón de BTU por el GNL que llega al terminal de Quintero, y lo vende a los clientes a unos US$ 34 por millón de BTU.
Las empresas reciben una retribución compuesta por dos factores: la tasa de costo de capital y la rentabilidad, las que en conjunto no deben superar el 11%. El gobierno, dice Romero, está abierto a revisar ese mecanismo, aunque la idea es no afectar las inversiones. “Lo que queremos es una retribución justa (para las empresas), que tenga los incentivos necesarios para que las empresas inviertan, pero que tampoco signifique que los consumidores van a sobre-pagar, en una industria que tiene riesgos acotados”, dijo.
mayo 16, 2014 | Industria
(Diario Financiero) “Contemplaremos en el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión troncal del período 2014-2015 la interconexión de los Sistemas SIC-SING”. Esa es
una de las metas que estableció el gobierno dentro de la Agenda Energética, según detalla el documento.
A renglón seguido, el documento dice que “sin perjuicio de lo señalado, de concretarse el desarrollo privado de una línea que interconecta los sistemas, se impulsará por el gobierno la más pronta materialización de dicha línea”.
La frase es un apoyo implícito al proyecto de interconexión que desarrolla la franco-belga GDF Suez, a través de su filial E-CL. Esto dista de lo que vivió la compañía europea con el gobierno anterior.
La firma terminó los trámites y avanzó con su línea que une Mejillones y Copiapó con un proyecto que funciona con corriente alterna, contrario a lo que buscaba la Comisión Nacional de Energía (CNE) que privilegió la tecnología continua. De esta forma, el proyecto de Suez quedaba fuera de lo que buscaba la administración Piñera.
La CNE y las generadoras -incluyendo a GDF Suez- se enfrentaron en el Panel de Expertos Eléctricos, quien terminó declarando que la propuesta de la Comisión estaba fuera de ley, pues no podía poner la interconexión dentro del plan de expansión.
Con el beneplácito del gobierno, Suez logra despejar otra incertidumbre de su proyecto: el financiamiento. Si es que la autoridad le diera a la línea al menos la condición de tendido troncal, ésta se tarificaría; es decir, se pagaría peaje por su uso corresponiendo el 80% de éste a las generadoras que operan en el sistema y el 20% restante a los consumidores de la energía.
El proyecto de Suez demandará una inversión de US$ 700 millones y está buscando un socio, por hasta un 50% de la propiedad.
