(La Tercera) La regulación de las tarifas al gas de redes, planteada en la Agenda de Energía del gobierno, está tomando forma. A la fecha, se han constituido dos mesas y se adjudicó un estudio para determinar si la rentabilidad de las empresas del sector se ajusta a la ley.
Todo lo anterior, con miras al proyecto de ley que presentará el gobierno sobre la materia al Congreso en el primer trimestre de 2015, proceso que incluso se podría adelantar, según el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.
“Creemos que este es un proyecto de ley que debería tener una tramitación de, aproximadamente, un año en el Parlamento, así es que debería entrar en vigencia en 2016”, precisó.
Romero detalló que el gobierno formó dos mesas de trabajo paralelas -una con las empresas del sector y otra con expertos y consumidores-, las que realizarán el trabajo “prelegislativo”.
“Las discusiones técnicas no las vamos a hacer entre cuatro paredes. Creemos que hay que hacerlas de cara a los distintos actores, no sólo de las empresas del sector, sino de los consumidores, expertos, académicos, organizaciones sociales. El desafío en todos los cambios regulatorios es que el trabajo prelegislativo sea con mucha participación”, dijo.
El gobierno convocó a expertos en libre competencia, como Juan Pablo Montero, Javier Veloso (ex secretario ejecutivo del TDLC) y Andrea Butelman (ex ministra del TDLC); a los ingenieros Gabriel Bitran y Alejandro Jadresic (ex titular del Panel de Expertos eléctricos), y a la Organización de Defensa de los Consumidores (Odecu), los que serán apoyados por el Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Asimismo, a fines de la semana pasada, adjudicó a las consultoras Valgesta Energía y Mercado Energético un estudio para determinar si la rentabilidad de las empresas se ajusta a la ley, el que estaría listo en octubre.
Romero dijo que la intención del gobierno es que las tarifas que pagan los usuarios residenciales y comerciales de gas natural sean “justas”. Hoy, Metrogas -el principal distribuidor de la Región Metropolitana- paga US$ 12 por millón de BTU por el GNL que llega al terminal de Quintero, y lo vende a los clientes a unos US$ 34 por millón de BTU.
Las empresas reciben una retribución compuesta por dos factores: la tasa de costo de capital y la rentabilidad, las que en conjunto no deben superar el 11%. El gobierno, dice Romero, está abierto a revisar ese mecanismo, aunque la idea es no afectar las inversiones. “Lo que queremos es una retribución justa (para las empresas), que tenga los incentivos necesarios para que las empresas inviertan, pero que tampoco signifique que los consumidores van a sobre-pagar, en una industria que tiene riesgos acotados”, dijo.