(Pulso) En el sector eléctrico hay coincidencia en que el proyecto de ley presentado la semana pasada que introduce cambios a los mecanismos de licitaciones eléctricas era necesario y que, en general, las políticas incorporadas en la iniciativa van por buen camino.
No obstante, han surgido algunas discrepancias, las que tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos: el rol de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad que liderará los futuros procesos, y la modalidad escogida para regular los suministros sin contrato, esto es, cuando las demandas proyectadas superan las cantidades de energía asignadas entre generadoras y distribuidoras.
Un reporte de la consultora Systep plantea que para evitar la exposición al ciclo político y mantener la independencia de grupos de interés, es importante que la agencia licitante sea independiente del gobierno. “En particular, sería difícil separar el rol de regulador y operador del mercado. En cualquier caso, si finalmente el gobierno resultase estar a cargo como un comprador único de las licitaciones, es indispensable que los instrumentos, atribuciones y flexibilidades estuviesen claramente establecidos por ley, para reducir la incertidumbre futura y el riesgo regulatorio”, se señala.
Entre las empresas distribuidoras la sensación es más bien que el proyecto de ley -así lo planteo recientemente el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo- supone el fin de una era en la que el Estado se mantenía neutro a las decisiones al menos en teoría, para pasar a adoptar una posición y a incorporarla en las determinaciones de política pública, lo que a su juicio es correcto.
La semana pasada, durante la presentación de la propuesta de reforma, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que en su visión, “el Estado está adoptando un nuevo rol en este proceso con el fin de convertir a las licitaciones en un instrumento de política pública que efectivamente cumpla con los objetivos de contar con una electricidad más segura, eficiente, barata, sustentable y que opere con mayor competencia, tal como se ha comprometido en la Agenda de Energía”.
Entre las generadoras, no obstante, existen dudas sobre el mecanismo escogido para suministrar aquellas demandas sin contrato, el que será repartido a prorrata entre todos los actores que inyecten al sistema en el período, y remunerado de acuerdo a una fórmula que incorpora el precio del contrato y el costo marginal al momento de la inyección.
Este punto ha generado cierto debate y se espera que las empresas del sector, así como también las distribuidoras e incluso organizaciones de consumidores, expongan sus argumentos en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que ya se encuentra tramitando este proyecto de ley.
Competencia
Para Pacheco, es clave incorporar más competencia e incluso el ministerio apunta a buscar fórmulas que premien el hecho de que el suministrador de un acuerdo sea un actor que no esté dentro de los que actualmente participan en el sistema.
“Definitivamente, nosotros queremos traer nuevos actores, nueva competencia, nuevos oferentes. Queremos asegurar nuevos proyectos. Queremos que este país enfrente un tema que es muy sensible, y que es el déficit que tenemos en generación y transmisión. Las razones por la que los precios de la energía en Chile son altos son básicamente dos: la existencia de escasa competencia y el déficit de infraestructura que tenemos”, dijo Pacheco en el Congreso la semana pasada.
Hugh Rudnik: Fortalezas y debilidades del proyecto de licitaciones
El proyecto de ley sobre licitaciones eléctricas apunta a resolver temas centrales que hoy limitan la contratación de las empresas distribuidoras. Destacan los siguientes aportes:
Varios productos contratables (corto, mediano, largo plazo), permitiendo mejores ajustes a necesidades de las distribuidoras y condiciones de mercado.
- Esquemas para acotar riesgo de nuevos generadores.
- Nuevos esquemas de evaluación de las ofertas.
- Estímulo a distribuidores a hacer bien su labor.
- Tratamiento adecuado de las restricciones de transmisión.
- Definición de un precio oculto, exitosa práctica internacional.
- Panel de expertos para divergencias.
Sin embargo, hay dos temas centrales del proyecto cuestionables, que agregan incertidumbre a futuros inversionistas que buscan minimizar riesgos en un entorno de competencia entre tecnologías más eficientes: agencia licitante y suministro sin contrato.
Son reconocidas a nivel internacional las bondades de contar con una instancia independiente del gobierno para liderar el proceso de licitaciones de las distribuidoras. Independiza el proceso de intereses políticos de corto plazo o presiones de grupos de interés. El proyecto asigna a la CNE toda la responsabilidad, aunque con funciones acotadas a objetivos que define la ley. Las tentaciones igual existirán que un futuro gobierno privilegie soluciones políticamente atractivas y populares, limitando la necesaria inversión en generación económica que tanto necesitamos. No es claro en esta solución cómo lograr separar adecuadamente la función del regulador y la del operador de mercado.
La propuesta además introduce una obligación contractual administrativa de tiempo indefinido para suministros sin contrato, que obliga a las generadoras a vender energía no contratada a un precio fijado por la autoridad. Esto se constituye en una incertidumbre para nuevos entrantes y en un riesgo de buscar resolver permanentemente el problema por esa vía. Esta propuesta es contradictoria con uno de los objetivos de diseño del mecanismo que establece que se deben evitar pérdidas operacionales para los generadores. El hacerla permanente también es contradictorio con su definición como medida de carácter excepcional. Esto reducirá las necesarias ofertas de energía abundante y económica. Reconociendo que hay una situación de desadaptación del mercado, poca oferta económica para creciente demanda, se esperaría que este mecanismo se planteara como una medida transitoria, por un número acotado de años.