noviembre 23, 2015 | Industria
(El Mercurio) Las próximas horas son claves en el destino de la operación Carter II, la polémica reestructuración de Enersis. En las próximas horas los directorios del holding eléctrico y de sus filiales Endesa y Chilectra deben responder el ultimátum de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El regulador les preguntó, derechamente, qué les parece la operación; si hay riesgos y cómo se deben enfrentar estos; y si hay un número clave en la relación de canje de las acciones de las distintas sociedades, entre otras materias.
Así las cosas, estas últimas horas han sido de frenéticas reuniones, en especial en Enersis y Endesa, pues Enel, controlador del grupo, necesita 66,6% de apoyo de los accionistas para lograr sacar la operación adelante. ¿Qué aspectos están jugando un rol clave en ella?
Joint venture entre Endesa Chile y Enel Green Power. Un aspecto que los minoritarios de Enersis y Endesa han planteado con fuerza es por qué Endesa no ingresa al negocio de las energías renovables no convencionales (ERNC), hoy en boga en Chile y el mundo.
Enel ya tiene una filial mundial dedicada al negocio, que es Enel Green Power, hoy en proceso de integración plena a Enel. Por eso mismo, donde se vislumbra un acuerdo es entre la generadora chilena (no en Enersis) y el brazo verde de la italiana, para ir juntas a proyectos concretos. En ellos Endesa podría tener hasta el 49% de la propiedad.
En una reciente entrevista con «El Mercurio», Francesco Starace, CEO de Enel, ya adelantó que iban a analizar «cómo la experiencia de Enel Green Power puede ser puesta al servicio de Endesa Chile».
Mientras en Chile Endesa tiene en construcción Los Cóndores, de 150 MW, Enel Green Power tiene obras por 600 MW y otros 600 MW ya instalados.
Rol de los ADR. Para sacar adelante la reestructuración, Enel ha centrado sus esfuerzos en los ADR (American Depositary Receipt) o títulos accionarios que se transan en Estados Unidos. En Enersis, Enel tiene el 60,62% y los ADR, el 10,63%. En Endesa, en tanto, Enersis controla con el 59,98% y los ADR tienen el 3,97%.
Como el voto de los ADR puede ser disperso, los cálculos de la italiana apuntan a que con un grupo de ADR que los apoye más los votos de alguna AFP podría conseguir el quórum necesario para aprobar la operación.
Un dato revelante es que los ADR que no den una directriz precisa o voten en blanco traspasan al controlador el poder de esas acciones.
Hasta ahora solo Provida se ha manifestado a favor con ciertas condiciones.
Según conocedores del proceso, a los ADR les interesa la estrategia de inversión de Enersis, Endesa y Chilectra en el mediano plazo y a nivel regional: si es sostenible el Ebitda (flujo de caja) para los próximos años o qué hará con el negocio de la distribución, un negocio estable, de rentabilidades atractivas en Chile y en varios países latinoamericanos. Asimismo, los representantes de los ADR preguntan mucho qué hará el grupo en mercados grandes y complejos, como Argentina y Brasil.
«En general, Carter II les parece atractiva», sostiene un conocedor de las tratativas, pues a diferencia de los accionistas minoritarios chilenos, los ADR miran Chile, pero también los otros países de América Latina.
Esa parece ser la razón por la cual Francesco Starace, dijo esta semana en el Día de Enel en la Bolsa de Londres que «puede ser que alguien esté en desacuerdo, pero vamos a ir adelante igual» con la operación.
El valor de canje. La SVS les pidió a los directorios «casarse» con un valor de canje de acciones o con un rango. Esto es el porcentaje exacto con el cual se quedarían los accionistas de la generadora Endesa en la nueva sociedad Enersis Américas que se crea con la operación. El directorio de Enersis definió un rango y la mesa directiva de Endesa fijó otro, y ambas propuestas se traslapan en una relación que va entre 15,7% y 15,9% de acciones que les correspondería a los minoritarios de Endesa Chile en la nueva firma Enersis Américas. Hasta el cierre de esta edición ese era el espacio para buscar un acuerdo, sostienen conocedores del proceso.
Directorios divididos en italianos y chilenos. Aunque Enel tiene una abrumadora presencia en la propiedad de las firmas chilenas, en la práctica los directorios se han escindido por nacionalidad, especialmente en Endesa. En Enersis, el único director que está en contra de la operación es Rafael Fernández Morandé, elegido con los votos de los minoritarios.
En Endesa han mostrado sus objeciones a la reestructuración los directores Isabel Marshall, Felipe Lamarca, Enrique Cibié y en menor medida Jorge Atton. Eso, pese a que Marshall y Lamarca salieron con votos de Enel.
Según conocedores de las tratativas, el líder de la disidencia en Endesa es Cibié, que está más de acuerdo con una compañía generadora potente en Chile, con proyectos de inversión de envergadura, «al estilo desarrollista de la Endesa histórica», comenta un profesional. Jorge Atton ha tenido un rol más componedor y de buscar acuerdos dentro del directorio.
noviembre 23, 2015 | Agua
(El Mercurio) Movidas están las aguas a nivel de discusión hídrica en el país. A fines del año pasado, se reactivó en la Cámara de Diputados la discusión sobre el proyecto que fortalece el carácter de bien público de las aguas, la tutela del Estado y los principios de sustentabilidad de los acuíferos. Esta iniciativa -más conocida como la reforma al Código de Aguas- a inicios de este mes pasó a la Comisión de Agricultura, luego de que el Gobierno le aplicara urgencia legislativa para agilizar su trámite.
Este cambio legal tal como se debate hoy en el Congreso ya ha encendido las alarmas en algunos sectores empresariales, como por ejemplo en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sin embargo, la hoja de ruta definida por el Ejecutivo incorpora nuevas temáticas hídricas, desde indicaciones a la reforma al Código de Aguas hasta nuevos proyectos.
Actualmente, en el Congreso además de esta reforma se están discutiendo dos proyectos que guardan relación con el marco regulatorio del agua en Chile: el de protección de glaciares y el que fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para recoger información, fiscalizar y sancionar. Y durante el próximo año ingresarán tres más: el que crea una Subsecretaría del Agua; el que busca una gestión integrada de los recursos por cuencas y el que modifica las organizaciones de usuarios, según el cronograma definido por el Ejecutivo.
DGA buscaría participar en las juntas de vigilancia
Que el Estado cumpla un mayor rol en la administración y la distribución de las aguas es uno de los objetivos que busca el Gobierno, a través de indicaciones adicionales a la reforma del Código de Aguas.
«El Estado debiese, por ejemplo, estar presente en las juntas de vigilancia», indica Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los recursos hídricos.
La forma como este cambio se incorpore no está 100% resuelto. De hecho, el tema está siendo analizado por el comité de Ministros del Agua -instancia en la cual participa Ruiz, pero donde también están presentes los ministros de Obras Públicas (MOP), Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente-, pero una de las opciones que avanza con fuerza es la idea que la DGA tenga presencia en determinadas organizaciones de usuarios.
Una de estas son las juntas de vigilancia, que corresponden a organizaciones conformadas por los titulares de derechos de aguas. Su función pública es la administración de las aguas en una misma cuenca hidrográfica, y la DGA solo en situaciones muy específicas -como por ejemplo, un cuadro de sequía- puede intervenir, en caso que no haya acuerdo entre los particulares respecto de la repartición de las aguas. Esta es una de las situaciones que, de acuerdo a un diagnóstico mayoritario en el Gobierno, debiese revertirse para que el Estado pueda intervenir con o sin acuerdo de los particulares.
Diferencias impiden la coordinación entre los titulares de derechos de agua
Otro tema que se debe subsanar, señala una fuente cercana al MOP, a través de un mayor rol del Estado es la participación de los titulares de derechos no consuntivos en las juntas de vigilancia. Quienes poseen este tipo de derechos son los particulares que usan el agua como insumo intermedio, y luego la devuelven a los caudales, como es el caso de las empresas hidroeléctricas. El problema que se genera es que algunos de estos titulares se han negado a formar parte de las juntas de vigilancia y a sentarse en una misma mesa con los titulares de derechos consuntivos, que son quienes consumen totalmente las aguas en cualquier actividad, como por ejemplo los agricultores.
¿Y cómo se soluciona esto? A nivel privado hay dos posturas: Quienes señalan que los titulares de derechos consuntivos no deben sumarse a las juntas, porque ellos devuelven el agua que extraen. Y los que que argumentan que sí deben hacerlo, ya que muchas veces la continuidad en el caudal de un río se ve alterada. Un ejemplo: en teoría, las hidroeléctricas de pasada sacan agua del río, la ingresan a un tubo, luego a una turbina y la devuelven al río. Pero esta secuencia estilo bypass no siempre opera, advierten algunos privados. ¿Por qué? En determinadas situaciones, estas hidroeléctricas de pasada crean estanques de acumulación, y para que estos funcionen las empresas cortan el río, acumulan el agua y luego la devuelven al caudal. Esto muchas veces genera verdaderos golpes de agua, y tanto las sanitarias como los agricultores necesitan un caudal estable para poder capturar el agua.
A juicio de la mayoría de los privados, esto se resolvería estableciendo la obligatoriedad de los titulares de derechos de agua no consultivos de participar en las juntas de vigilancia, o a través de más fiscalización. Sin embargo, para varias personas en el Gobierno esto se resolvería si la DGA participa en las juntas cumpliendo un rol coordinador.
Dadas estas diferencias, se prevé que este tema encienda aún más el debate en torno a la reforma al Código de Aguas, pues para varios privados esta medida significaría una «intervención» del Estado en organizaciones privadas que administran derechos de particulares.
Subsecretaría del Agua tendría supremacía respecto de los otros organismos
Además de las indicaciones a la reforma al Código de Aguas, el Gobierno está preparando nuevos proyectos. El objetivo es abordar dos problemáticas centrales en materia hídrica y donde el Banco Mundial advirtió serias deficiencias: institucionalidad e información.
En un informe de 2013, el Banco Mundial sostuvo que dentro de los principales déficits institucionales para una gestión adecuada del agua, figuraba la falta de coordinación y consolidación de la información, y la ausencia de una autoridad política superior que coordinara las funciones e instituciones que guardan relación con el agua.
Este segundo punto es el que el Ejecutivo busca resolver a través de una subsecretaría del Agua, la que dependería del MOP y tendría supremacía respecto de los otros organismos a cargo de temáticas relacionadas con el agua.
Humberto Peña, quien fue por 12 años titular de la DGA y quien ha participado en algunos estudios hídricos para Chile del Banco Mundial, explica que es el MOP la repartición que tiene la experiencia y el conocimiento del agua en el país. Por eso, la propuesta realizada por el Banco Mundial apuntó a radicar en dicha cartera la nueva subsecretaría y que el MOP pasara a ser el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.
La idea de avanzar en una subsecretaría tiene apoyo transversal. El presidente de la SNA, Patricio Crespo, sostiene que es «crucial» que exista una entidad que coordine a todos los organismos vinculados al agua y que esta tenga supremacía.
«Existen muchos organismos a cargo del agua, pero muchos se anulan entre sí y eso genera inmovilismo», señala Crespo.
«Es necesario coordinar a las entidades a cargo del agua y evitar duplicidad de funciones», agrega el presidente de la Confederación de Canalistas, Fernando Peralta.
La burocracia del agua: 102 funciones y 43 actores están involucrados en la gestión
Respecto de la información hídrica que existe en país, las principales deficiencias que enfrenta el país es la inexistencia de algunas mediciones y de una base donde se unifiquen los datos.
De hecho, el Banco Mundial en su informe de 2013 identificó 102 funciones y 43 actores (ver infografía) involucrados en la gestión de los recursos hídricos.
«Hay muy poca claridad sobre quién usa el agua y cómo se usa», advierte Reinaldo Ruiz.
«Vemos necesario desarrollar sistemas de información integrados por cuenca, que incorporen variables hidrológicas y ambientales que sean confiables, consistentes y transparentes (…) Un punto que debería reforzarse especialmente es el de las aguas subterráneas», dice Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.
La DGA mide los niveles de agua en los pozos y su calidad química, explica Javier Narbona, jefe de la unidad hídrica de la DGA. Sin embargo, el organismo no cuenta con datos como, por ejemplo, las extracciones que realizan los regantes.
Carlos Estévez, director de la DGA, señala que el proyecto que fortalece las atribuciones de la DGA establece medidas para precisamente exigir la entrega de información al respecto.
Humberto Peña menciona otra deficiencia: el Catastro Público de Aguas (CPA) que maneja la DGA no cuenta con información sobre las transacciones de derechos de agua.
Según Estévez este tema también se resolvería con el proyecto en trámite que da más atribuciones a la DGA, pues este establece la obligación de que los conservadores de bienes raíces informen en un plazo de 30 días este tipo de operaciones e incluso fija un procedimiento para que todos entreguen los datos bajo el mismo formato.
¿Quién centraliza toda la información hídrica que existe hoy en el país? Ningún organismo. Por eso, en la mesa de trabajo que integran la DGA y la Confederación de Canalistas de Chile, una de las alternativas que avanza con fuerza es la de crear una base de datos unificada para recoger toda la información que generan las entidades públicas y privadas, dicen fuentes de Gobierno.
Fernando Peralta explica que la idea es que sigan existiendo distintos organismos que produzcan la información, pero la propuesta de los canalistas es que el análisis y la difusión de los datos solo sea responsabilidad de la DGA.
noviembre 23, 2015 | Sustentabilidad
(El Mercurio) La tendencia hacia el cuidado y la protección del medio ambiente hoy en día es una realidad, y la industria automotriz ha seguido esa línea, desarrollando productos que cuentan con tecnologías más limpias. En este contexto, Chile desde 2006 cuenta con vehículos con tecnologías híbridas, que mezclan características eléctricas con combustible tradicional.
La venta de estos autos ha ido en aumento. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), su comercialización ha crecido 149% entre 2006 y 2014. Asimismo, en lo que va de 2015 se han vendido 157 vehículos híbridos, y hoy circulan cerca de 1.830 de estos modelos en el país.
Sin embargo, la participación de estos automóviles aún no es significativa: solo llega al 0,1% del mercado. El gerente general de Parque Automotriz SKberge, Matías Cáceres, señala que si bien el precio de estas unidades ha ido disminuyendo, aún es alto: el más económico tiene un valor de $17 millones. «El Estado debiese considerar la implementación de una política de incentivos para potenciar su compra», sostiene Cáceres.
Con todo, si Chile sigue las tendencias internacionales, para el año 2020 debería haber cerca de 70 mil vehículos 100% eléctricos e híbridos plug-in circulando por las calles, según Chilectra y el Ministerio del Medio Ambiente.
Modelos híbridos rinden hasta 52 km/l
De acuerdo con datos de la ANAC, hoy en el país siete marcas comercializan las alternativas híbridas: Toyota, Honda, Kia, Mitsubishi, Lexus, Porsche y BMW.
Una de las principales ventajas de estos vehículos, según expertos, es que en general tienen un mejor rendimiento de combustible, además de ser más silenciosos y menos contaminantes que los autos tradicionales. Estos funcionan con dos o más motores que se alimentan de diferentes tipos de energía. Según Claudio Farías, docente de carrera Mecánica Automotriz Duoc UC Valparaíso, los conductores que optan por un híbrido pueden ahorrar mensualmente un 50% del gasto de combustible respecto de un automóvil convencional.
El sistema de los modelos de Toyota, por ejemplo, es una combinación de un motor a gasolina con dos eléctricos. «Desde la partida hasta alcanzar los 35 km/h, el auto funciona solo con el motor eléctrico. Luego se acopla el de combustible y así ambos pueden aportar a la potencia final del vehículo», explica Claudio Isgut, de Toyota.
Esta marca trae dos modelos en la categoría que van entre los $17 millones y los $31 millones y rinden 25,6 km/l en ciudad.
El modelo de Kia, en tanto, cuesta unos $20 millones y rinde 17 kilómetros por litro. Porsche se escapa un poco de los valores por el lujo en el diseño: el modelo híbrido tiene un valor superior a los $80 millones y rinde 32,3 km/l.
Asimismo, Mitsubishi se suma a la industria con el modelo híbrido Outlander PHEV, que cuesta $26 millones. Desde la marca explican que en ciudad el consumo de bencina puede llegar a ser cero si no se supera una distancia de recorrido de 50 kilómetros en el día. De lo contrario, puede rendir 52 kilómetros por litro de bencina.
Ignacio Bengoechea, gerente comercial de Mitsubishi Motors Chile, explica que la autonomía de los modelos híbridos en general es relativa, ya que depende del tipo de conducción y de cómo se realice la carga de las baterías. «Con el estanque lleno de combustible y la carga completa de las baterías se podría recorrer entre 700 y 800 kilómetros», dice.
Solo se han vendido 19 vehículos eléctricos en Chile
La participación de los modelos exclusivamente eléctricos es mucho menor en el país, algo que se explica también por los altos valores que alcanzan estos vehículos. Según la ANAC, a 2014 se habían vendido solo 19 modelos, con una participación del 0,002% del mercado y concentrados en solo cuatro marcas que los comercializan en el país: Renault, Mitsubishi, BMW y ByD .
En Chilectra explican que estos modelos cuentan con un rendimiento eléctrico aproximado de 5 km/kWh, teniendo un costo por kilómetro de $26, por concepto de uso de infraestructura y energía. «Recorrer 500 kilómetros en un auto eléctrico puede tener un valor de $13 mil, bastante menor que los $34 mil que costaría recorrer la misma cantidad en un vehículo convencional», calcula Jean Paul Zalaquett, gerente de Innovación de Chilectra.
El modelo i-MiEV, de Mitsubishi, por ejemplo, tiene un valor cercano a los $30 millones y puede recargarse desde un enchufe convencional, cargando por ocho horas. Tiene un rendimiento de hasta 160 kilómetros por carga.
Renault, por su parte, comercializa en Chile tres modelos eléctricos desde un valor de $25 millones.
En tanto, BMW a fines del año pasado escogió Chile para comenzar con la distribución y venta en Sudamérica del vehículo 100% eléctrico, BMW i3, y del BMW i8 (puede ser híbrido). Sus precios para agosto iban desde US$ 55.900, más de $39 millones.
157 vehículos híbridos se han comercializado en Chile en lo que va de 2015, según la ANAC. En tanto, al cierre del año pasado se habían vendido solo 19 modelos 100% eléctricos. Estos últimos son distribuidos por cuatro marcas en el país: Renault, Mitsubishi, BMW y ByD .
En Santiago hay 10 electrolineras para cargar vehículos eléctricos
Los expertos coinciden que Chile avanza cada día más en pro de la masificación de la movilidad eléctrica. En este escenario, Chilectra ha desarrollado soluciones a la medida de los consumidores, instalando cargadores privados, ya sea en casas, edificios residenciales u oficinas. Estos se suman a la red de cargadores públicos, que incluyen las principales estaciones de servicio y centros comerciales de la Región Metropolitana.
Hoy existen 10 «electrolineras» en Santiago. Las estaciones están ubicadas a no más de 10 kilómetros de distancia entre una y otra, lo que permite proveer a Santiago de una infraestructura de electrolineras que asegura la normal circulación de los vehículos eléctricos, considerando que sus autonomías fluctúan entre 100 y 300 kilómetros, dependiendo del modelo. Las comunas en que se encuentran estos puntos de carga son: Santiago, Vitacura, Las Condes y Huechuraba.
noviembre 23, 2015 | Industria
(La Tercera) En la primera quincena de diciembre próximo la reforma tributaria retornará al Parlamento -apenas 15 meses después de haberse convertido en ley- con cambios que si bien se anuncian como puntuales, anticipan una nueva batalla entre partidarios y detractores.
El oficialismo, en todo caso, espera tener despachadas estas modificaciones en enero.
Aunque la letra chica de la indicación sustitutiva que modificará la Ley 20.780 aún está en redacción, las definiciones sobre los principales cambios a la reforma tributaria ya están casi zanjados y apuntan principalmente a establecer un régimen general de tributación para las empresas, distinguiendo el régimen de tributación que les corresponderá según el tipo o la naturaleza de la sociedad controladora o propietaria. Esto supone un cambio radical al modelo creado por la reforma promulgada el año pasado y que consideraba dos regímenes de tributación para sociedades y empresas de mayor tamaño, con un solo dueño o muy atomizadas: uno integrado sobre base devengada con renta atribuida y otro denominado parcialmente integrado. Ambos esquemas, a su vez, conviven con un sistema de tributación simplificada para las pymes y empresas de menor tamaño, conocido como 14 ter (ver definiciones claves).
La ley establece que en el régimen integrado con atribución de renta sobre base devengada, es decir, en dividendos o utilidades sobre los que se tiene título de derecho, aunque el pago no se haya hecho materialmente, las empresas pagarán un impuesto de primera categoría que este año es 22,5%, subirá a 24% en 2016 y hasta 25% en 2017. Con los cambios, dicho pago se seguirá usando como 100% de crédito para cuando los socios y accionistas paguen impuesto global complementario (que grava las rentas personales, con tasas de 0% a 35%) o el adicional (para no residentes en Chile, con tasa de 35%).
En el régimen semiintegrado se mantendrá la tributación sobre base percibida para socios o accionistas (sobre dividendos o utilidades que ingresan materialmente al patrimonio) y la tasa de primera categoría subirá a 25,5% en 2017 y a 27% en 2018. Aquí, los dueños o socios podrán descontar del pago del impuesto global complementario o adicional sólo un 65% de lo que su empresa pagó por primera categoría, según la tasa vigente a la fecha del retiro o distribución del dividendo. Esto permitirá que dos tercios de las utilidades reinvertidas en la empresa puedan ser usadas como crédito de las rentas personales.
Si bien ambos regímenes son optativos, hay requisitos para tomarlos: las sociedades de personas tendrán que tener acuerdo unánime de los socios y las sociedades anónimas dos tercios de las acciones con derecho a voto. La permanencia mínima en cada sistema será de cinco años y al pasar de uno a otro, el contribuyente deberá pagar por todo los impuestos que no haya cancelado.
Si el contribuyente no informa al SII en qué régimen tributará, se establece que al sistema integrado con atribución de rentas irán las empresas individuales, comunidades y sociedades de personas (personas naturales residentes en Chile). Las sociedades anónimas abiertas y filiales de firmas extranjeras que no elijan, tributarán en el modelo semiintegrado.
En el equipo económico precisan que ya está en el área chica la decisión de modificar la ley para establecer, primero, que las personas jurídicas tributen bajo el régimen tributario semiintegrado, con una tasa por impuesto de primera categoría del 27% desde el primer año y que, por otro lado, el de atribución de renta sea aplicable sólo a los socios personas naturales de esas empresas.
Consultados sobre este punto, en Hacienda explican que “el proyecto para precisar la reforma tributaria busca simplificar la interacción de los sistemas semiintegrado y atribuido. De esta forma, las empresas con estructuras societarias complejas, cuyos dueños sean personas jurídicas, sólo podrán optar por el semiintegrado (lo que mantendría un crédito de sólo 65% para cuando los dueños de esa persona jurídica paguen global complementario), mientras que las empresas que tengan socios personas naturales podrán optar entre el sistema de renta atribuida o el semiintegrado”.
Sin embargo, entre los abogados tributaristas también advierten que dado que las señales que ha dado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no son claras, no es posible prever si el limitar el sistema de renta atribuida a las empresas cuyos dueños o accionistas son personas naturales significa, como consecuencia, que tendrán derecho a un crédito de 100% por el pago del impuesto de primera categoría cuando tributen por su global complementario.
Aquí una alternativa que baraja Hacienda -señalan fuentes que ha participado en las tratativas- es postergar en un año la entrada en vigencia de los nuevos sistemas de tributación, la que debía comenzar en 2017. El cronograma original indica que en 2018 la reforma como un todo estará funcionando en régimen.
“La idea es que el próximo gobierno sea el que decida si hace efectivo o no este cambio, considerando que para esa fecha se arrastrarían casi tres años de estancamiento de la inversión”, sostienen los asesores consultados.
Convergencia con la norma
Los cambios que se presentarán al Congreso, en todo caso, deberán converger o, al menos sortear, una regla especial que la reforma contempló para la micro, pequeña y mediana empresa formadas exclusivamente por contribuyentes del impuesto global complementario, donde la tasa del 32% se reemplaza por una tasa equivalente promedio a las tasas marginales que afectaron a los socios durante los últimos tres años, aclaran expertos consultados.
Agregan que igual consideración deberá tener el gobierno en su diseño respecto de la eliminación de la institución del retiro en exceso que comenzó a regir en enero pasado y la aplicación del FUT devengado.
Se reducen los registros
Un segundo punto se refiere a los ocho registros que genera la convivencia de los tres regímenes de tributación, según la norma vigente: entre ellos, se encuentran el de Rentas Atribuidas Propias, Rentas Atribuidas de Terceros, Rentas Exentas e Ingresos No Renta, Diferencias Temporarias y Retiros o Distribución de Utilidades. Además, se conserva el FUT (Fondo de Utilidades Tributables) para llevar registro de los montos que ahí se tienen antes de la entrada en vigencia de la ley.
De acuerdo a altos funcionarios del gobierno, los cambios que introducirá la indicación sustitutiva disminuirán posiblemente a la mitad el número de registros.
“Se realizarán ajustes en los registros tributarios que deben llevar los contribuyentes, lo que implicará una reducción y simplificación de éstos”, admiten en Teatinos 120.
El corazón intacto
Tras varias semanas de conversaciones reservadas, en las que también participan técnicos asesores de la Nueva Mayoría, de la oposición y de gremios empresariales, el Ejecutivo ya está en el área chica del diseño de las modificaciones a la Ley 20.780.
Fuentes allegadas a Hacienda señalan que, al menos, el comité político estará en condiciones de asegurar a los partidos oficialistas que el denominado corazón de la reforma, anclado en una recaudación anual estimada de US$ 8.200 millones o 3% del PIB en régimen, no será alterado y tampoco el perfil distributivo de la iniciativa.
Pero no así los principales contenidos de la ley que fue enviada como proyecto al Congreso en marzo de 2014 y que en julio, tras una tensa y trasnochada negociación en el Senado, cambió drásticamente sus contenidos para su viabilidad política y que en octubre de ese año entró parcialmente en vigencia.
En el gobierno, de hecho, insisten en que los cambios puntuales que contendrá la indicación sustitutiva no afectarán el objetivo redistributivo de la reforma, asegurando que la premisa de gravar con más equidad las rentas del capital se mantiene firme.
La norma antielusión
Otro de los cambios que evalúa Hacienda o que está en una etapa de análisis más definitivo es una modificación y/o aclaración en la nueva norma antielusión que introdujo la reforma. Aquí, el cambio apuntaría a terminar con la contradicción jurídica -que puede afectar la interpretación de la norma en uno u otro sentido-, en cuanto a que, por un lado, se plantea la presunción de “simulación, abuso o elusión” y, por otro, se plantea le legitimidad de “la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria”.
Según los abogados tributaristas, ese es uno de los puntos más críticos de la norma y es un error de contradicción en la redacción que abre un flanco de interpretación que puede perjudicar o impedir la correcta aplicación de la libertad de opción del sistema tributario y su cumplimiento.
“Respecto de esta norma han surgido una serie de dudas y comentarios sobre su entrada en vigencia y, en particular, respecto de qué actos se pueden o no aplicar. Lo que hemos dicho es que el proyecto de simplificación de la reforma tributaria busca aclarar que la norma general antielusión no tiene efectos retroactivos. De esta manera, se quiere entregar más certeza a los contribuyentes”, responden en el gabinete de Hacienda.
En el informe financiero que preparó la Dirección de Presupuestos (Dipres) para acompañar el proyecto de reforma tributaria se estimó que desde 2018 la recaudación por efecto del plan para disminuir la evasión y elusión de impuestos sería de US$ 1.422 millones en régimen.
Participación de los gremios
Desde hace varios meses, pero sin dar señales claras, los técnicos de Hacienda se han reunido con los equipos de la Sofofa y otros gremios empresariales. También han tenido contactos con los asesores de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).
“Nosotros apuntamos al corazón de la reforma y no sólo a temas de implementación y de coexistencia de sistemas tributarios. Apuntamos a algunos criterios que son claves para incentivar el ahorro y la inversión, a tener tasas competitivas a nivel internacional (…). De hecho, un mecanismo que podría ayudar a la inversión es que exista un crédito efectivo para el impuesto de primera categoría cercano al 100%”, comentan en el gremio de los industriales.
Pero cuánto han permeado las ideas de esas entidades en el diseño de las propuestas que hará Hacienda en un misterio, admiten en esas entidades. Sus apuestas, en todo caso, son coincidentes en varios puntos.
En la misma dirección lo comentan en el equipo del ministro Valdés: “Como ha sido la tónica durante la elaboración de la reforma tributaria y el proyecto de simplificación, este ministerio se ha reunido permanentemente con distintos actores, especialistas y gremios empresariales para intercambiar ideas acerca de los cambios tributarios y todas las ideas han sido analizadas”.
Destacan el trabajo de difusión de la reforma mediante una serie de charlas y capacitaciones en todo el país, en las que también han escuchado una serie de planteamientos de micro, pequeños y medianos empresarios, “ideas que han sido analizadas como parte de este proyecto de simplificación”.
Los pasos que vienen
Mañana, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, se reunirá con el presidente del Senado, el DC Patricio Walker, para abordar el contenido de los cambios que están en preparación.
La cita no es menor: en junio pasado, el parlamentario fue el primer miembro en el oficialismo que planteó la necesidad de simplificar la reforma.
En la misma jornada de mañana, Micco también recibiría al asesor tributario de la Conapyme, Carlos Boada, y al equipo técnico de la CPC.
Durante la semana se concretarían también encuentros entre el personero y la Multigremial de Emprendedores, la Sofofa y la Abif.
Informe
Sin embargo, uno de los insumos más llamativos que ha sumado el equipo de Hacienda en esta etapa es un informe con 18 materias a modificar sugeridas por siete especialistas tributarios de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. El documento fue entregado al subsecretario Micco este mes.
La decisión de Teatinos 120 de pedir a los técnicos de la FEN su opinión y sugerencias en esta materia marca un giro respecto de la dinámica más hermética que marcó el proceso de diseño del proyecto original de reforma tributaria durante el primer gabinete de la administración Bachelet y que también marcó su conducción en la tramitación en el Congreso.
“El ministerio ha estado súper abierto y nos dijo que no nos limitáramos en las propuestas que entregamos. Qué van a sacar finalmente o si van a incorporar nuestras ideas, aún no lo sabemos. Pero el subsecretario Micco ha estado súper abierto”, comenta uno de los especialistas que han trabajado en propuestas para Hacienda.
A nivel parlamentario tampoco se han quedado cortos, aprovechando esta dinámica de mayor apertura del gobierno. Los parlamentarios DC, de hecho, pidieron a Micco que entre las modificaciones se incluya una distinción en la tasa máxima de global complementario según el ciclo económico.
Así, plantearon que en tiempos de crisis la tasa máxima de dicho gravamen aumente desde el actual 35% a 40% para recaudar más para el Fisco. También pidieron nuevas normas para las pymes. ¿Está eso en evaluación o entre los cambios que van a proponer? “Todas las propuestas recibidas son analizadas tanto desde un punto de vista técnico como en cuanto a sus efectos en relación con los objetivos esenciales de la reforma. Como hemos dicho, este proyecto mantendrá la recaudación tributaria proyectada por la reforma, resguardará la progresividad planteada en la iniciativa y reafirmará el decidido combate a la elusión y la evasión tributarias”, reiteran en el gabinete ministerial.
Y agregan un punto extra: “También es importante hacer notar que nuestra regla de balance estructural nos permite hacer frente a las fluctuaciones cíclicas de la economía”.
Acotar la norma antielusión
El subsecretario Alejandro Micco anticipó que el gobierno perfeccionará la norma antielusión “para que quede más claro desde cuándo es su aplicación” y dé “certezas respecto a qué se va a considerar una planificación tributaria agresiva o no”. El objetivo, agregó, es precisar qué se considerará “algo que no está conforme al espíritu de la ley y, por lo tanto, no se debe hacer”.
Asesores de gremios como la Confederación de la Producción y del Comercio han hecho ver al Ejecutivo que la definición de abuso vigente es muy amplia, lo que provoca inseguridad jurídica. Por eso, piden limitar expresamente la figura del abuso, especificando que para que califique como tal, los negocios utilizados deben ser notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. De hecho, algunos abogados comentan que la norma antielusión lleva casi una década de vigencia en países como España, donde recientemente se debió modificar justamente para reducir la ambigüedad y aclarar los supuestos que pueden ser sancionados.
No gravar el leasing con IVA
En agosto, al anunciar que la recién estrenada legislación tributaria sería objeto de nuevos cambios, el ministerio de Hacienda admitió que la interacción entre algunas disposiciones y la aplicación de ciertas normas podría producir efectos indeseados. Por ejemplo, que se graven operaciones no previstas inicialmente y se limite con ello el acceso a beneficios previstos en la reforma. Por eso, la cartera aseguró que el proyecto que presentará en diciembre al Congreso estipulará que las operaciones de leasing iniciadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 no serán gravadas con IVA. Sin embargo, para algunos especialistas esto no es suficiente. El tema genera especial preocupación en la banca. “Los bancos hacen mucho leasing. Por ejemplo, compran una propiedad a alguien y esa persona la va pagando mensualmente. Cuando termina de pagarla -lo que al final opera como un crédito-, el banco devuelve la propiedad. Pero el SII está interpretando que es una venta, eso encarecerá el instrumento”, comenta un especialista.
Limitar el alcance de las normas de fiscalización
Si una empresa no declara movimientos ni paga impuestos dentro de un año, afirman especialistas, el SII podrá forzar el término de giro y además cobrar el monto de tributo que estime adeudado. Esto último, explican asesores de entidades como la CPC, no ocurría antes. Y a eso se suma la nueva fiscalización electrónica, a través de la cual el organismo “podrá pedir acceso a todos los sistemas, incluso en el extranjero”. Tributaristas sostienen que si el gobierno no limita esta potestad, existe el riesgo de violar el secreto bancario. Además, si un banco se niega a dar acceso a la información, el SII podría sacar sus propios cálculos, estimar cuánto es lo que tiene que pagar y sancionar a la empresa impidiéndole usar los libros de contabilidad para demostrar cuánto es lo que realmente le corresponde pagar.
Otros también piden que se establezca nuevamente un plazo fatal de fiscalización. “Antes de la reforma, el plazo general era de nueve meses. Cualquier fiscalización pasada ese plazo no era válida. Ahora no”, agregan.
Aplicar ajustes pro pymes
Para evitar que las grandes empresas se disfracen de pequeñas, comentan especialistas, la reforma tributaria incorporó una serie de restricciones para acogerse al régimen de tributación simplificada para pymes, conocido como 14 ter. “Se amplió el concepto de relación y se hizo aplicable la ley de mercado de valores. Eso es una gran problema, porque es muy amplia. Es muy fácil que alguien salga de la categoría pequeña empresa por ese concepto”, aseguran abogados y asesores. Agregan que las hipótesis de relación “son tan genéricas como la letra que dice que se consideran relacionadas con una sociedad las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad. Por el solo hecho de ser de una familia de empresas”, critican. Desde la Conapyme también han transmitido a Hacienda lo costoso que será comenzar a efectuar retiros del FUT histórico y han pedido relajar el límite para acceder al 14 ter, ubicándolo en un promedio anual de ingresos de giro superior a las actuales 50.000 Unidades de Fomento (UF) en los últimos tres ejercicios.
Régimen general «amigable» con la inversión y el ahorro
Si hay algo que se ha encargado de dejar claro -y reiterar- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es que los cambios a la reforma tributaria no moverán tasas ni reacomodarán la carga tributaria. Sin embargo, desde gremios como la Sofofa han buscado alternativas para promover la inversión y proponer un crédito mayor al 65% -vigente en el régimen semiintegrado- a la hora de pagar el global complementario. Los industriales también han recalcado que las tasas deben ser competitivas tanto para chilenos como para extranjeros, sin generar distorsiones. Ante la definición del Ejecutivo de limitar la opción de renta atribuida a sociedades compuestas por personas naturales, algunos tributaristas proponen que finalmente accionistas y dueños de empresas puedan utilizar como crédito el 100% del impuesto de primera categoría. Si esto no ocurre, señalan que una persona exenta del pago de global complementario que tiene acciones en una empresa deberá pagar al recibir dividendos una diferencia de 9,45% sólo por no tener crédito total.
noviembre 23, 2015 | Industria
(Pulso) Al igual que en el resto del mundo, las energías renovables serán el foco de ENEL en Colombia.
Esto, principalmente por el tiempo que demoran las grandes generadoras en concretarse, sumado a las restricciones legislativas del país. Así lo indicó el consejero delegado de ENEL -controladora de Enersis-, Francesco Starace, durante el Capital Markets Day realizado en Londres.
La declaración se dio la misma semana que Emgesa -propiedad de Enersis y Endesa- inició la operación comercial de la hidroeléctrica de 400 MW El Quimbo en ese país.
Según el director de generación global de energía de ENEL, Enrico Viale, la hidroeléctrica “es uno de los proyectos globales más importantes construidos por la empresa en cinco años”.
La iniciativa requirió una inversión de US$1.200 millones -30% destinado a aspectos socio ambientales- y demoró diez años en concretarse.
Por ello, y en línea con los nuevos objetivos de la compañía que apuntan a proyectos de realización más acotada, ya no se construirán iniciativas de este tipo.
“Va a ser mucho más difícil en el futuro hacer este tipo de inversión. Recordemos que El Quimbo empezó hace cinco años y tuvo un curso de tramitación de 4 a 5 años. El total del esfuerzo fue de 10 años, que es un plazo verdaderamente muy largo. Por eso en nuestra nueva estrategia hemos decidido no incluir plantas de este tamaño, pero sí muchas más plantas pequeñas. Plantas de 100 MW está bien, pero no 1.000 WM o 500 MW y no solo en hídricas, sino también en térmicas”, dijo Starace en una entrevista al diario local El Tiempo.
A esto se suman las limitantes propias de la legislación colombiana, ya que los generadores no pueden poseer más de un 25% de interés en un distribuidor, o viceversa.
Emgesa, la unidad de generación de Enersis en Colombia- suma con El Quimbo 12 centrales de generación, 10 hídricas y dos térmicas, y una capacidad instalada de 3.459 MW.
En este escenario, desde el holding indican que el crecimiento vendrá por parte de las energías renovables.
“El problema que tenemos en Colombia es que el tamaño que tenemos tanto en distribución como en comercialización de generación es casi el máximo nivel que el marco regulatorio permite, entonces necesitamos otros espacios para crecer que podrían las renovables”, dijo el consejero delegado de Enel en Londres.
La italiana, que además tiene presencia en Colombia con la distribuidora Codensa, proyecta inversiones por €1.000 millones para los próximos cinco años en ese país.
