agosto 23, 2019 | Electromov
Con el objetivo de resguardar la continuidad operacional de los patrimoniales trolebuses de Valparaíso, el Gobierno comenzó a trabajar en una mesa conformada por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y Cultura, además de la Municipalidad de Valparaíso y representantes de la empresa operadora.
El trabajo conjunto apunta a encontrar una solución para que el servicio de estos vehículos eléctricos patrimoniales continúe entregándose. Con este fin, se requirió información contable, laboral y tributaria a la empresa de trolebuses para elaborar una radiografía de compañía.
Asimismo, se analizará la situación de cada uno de los vehículos, debido a que parte de ellos, además de las catenarias y subestación eléctrica, han sido declarados bienes patrimoniales.
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La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, aclaró que es necesario diferenciar entre un subsidio de tarifa, que es un beneficio que la ley establece para los pasajeros, de los requerimientos financieros de la empresa privada que provee la operación.
La autoridad indicó que los recursos de subsidios no pueden destinarse a cubrir necesidades financieras de particulares, junto con manifestar que la compensación de $266 millones anuales se mantendrá en valor actualizado, por los siguientes 18 meses, según se publicó a comienzos de julio en el Diario Oficial.
Opciones
La secretaria de Estado aclaró que el acuerdo de octubre de 2018 es un documento efectivamente suscrito entre el operador y el seremi, que para ser aprobado requiere etapas posteriores de aprobación del Panel de Expertos, Ministerio de Hacienda y Contraloría.
En este caso, la condición patrimonial del sistema hizo que el Panel de Expertos no aprobara, con la información disponible, la entrega de un nuevo subsidio. Este proceso es de público conocimiento y forma parte de la Ley 20.378.
Asimismo, señaló que la participación relativa de los trolebuses en el sistema local alcanza a menos del 2% y una necesidad importante es incrementar el número de pasajeros. Hizo presente además que la empresa operadora, si bien ha planteado proyectos de mejoramiento, no lo ha hecho acompañando presupuestos formales, lo que impide un análisis mejor sustentado del caso.
Respecto a caminos alternativos, planteó que la participación del Ministerio de Cultura abre una posibilidad, que se analiza junto con la opción de recursos regionales o la creación de una corporación privada de preservación que pudiera hacerse cargo.
Bien patrimonial y electromovilidad
Desde el Ministerio señalaron que si bien la empresa operadora ha planteado la necesidad de recursos, al hacerlo en términos de requerimientos para cubrir sus compromisos financieros y no para financiar una mejora operacional, impide que se le asignen fondos fiscales.
También aclaró que la introducción de buses eléctricos en el Gran Valparaíso, a través del plan de transportes Red, es independiente de la operación de los trolebuses.
“Todos estamos interesados en la electromovilidad en distintas formas, en los troles y también en los buses nuevos. Una cosa no impide ni reemplaza a la otra. De lo que tenemos que preocuparnos ahora es cómo conservar el funcionamiento de este bien patrimonial”, afirmó la ministra, corroborando que la preservación de los trolebuses debería abordarse de manera independiente de la estabilidad financiera de la empresa operadora.
agosto 7, 2019 | Industria
(Diario El Sur) Sin necesidad de votación, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó ayer la solicitud de 68 diputados para crear una comisión investigadora que indague la presencia de asbesto y de contaminación en general que afecta a la comuna de Coronel.
Con la aprobación de la comisión solo restará definir a los 13 miembros que la compondrán, para dar cumplimiento a las acciones que buscarán dilucidar si son o no verídicas las denuncias que hay sobre la existencia de asbesto debajo de Bocamina II, que estarían contaminando las napas de agua que están en la zona.
El diputado del Partido Ecologista Verde (PEV), Félix González, contó que si bien el foco principal está radicado en esa situación, el mandato que se entrega es más amplio, por lo que también se verá la contaminación atmosférica por metales pesados, las posibles irregularidades en la instalación y la ampliación del vertedero de cenizas de Enel Generación, entre otras materias.
«Yo espero que en el mes de octubre esta comisión esté funcionando», sostuvo el parlamentario, quien quiere presidir la comisión.
González sostuvo que primero, las bancadas deben nominar a sus integrantes, lo que tarda alrededor de un mes, para que luego estos sean aprobados en sala. «Tras eso se hace la sesión constitutiva, se elige la presidencia y comienzan a correr los 120 días que vamos a tener para poder investigar», declaro el diputado.
Cuando termina ese trabajo se elabora un informe, el que es presentado en la Cámara.
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En terreno
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, expresó su satisfacción por lo resuelto por la Cámara de Diputados, ya que se hará cargo de todas las denuncias respecto a la vulneración en materia medioambiental.
«Vendrán a Coronel a revisar estos antecedentes que se han entregado y esperamos que se realice una peritaje exhaustivo en el territorio en virtud de la denuncia que se ha desarrollado por la sociedad civil», enfatizó el jefe comunal.
La comisión investigadora, como parte de las indagatorias, podrá citar a funcionarios públicos a que expongan sobre la problemática que afecta a la comuna, pero también se puede invitar a vecinos que entreguen testimonios sobre situaciones anómalas.
Félix González mencionó que además de tener material testimonial o documental, también existirían peritajes de la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI).
«También se pueden pedir informes a determinados servicios públicos, que entre esos estará la Bidema», sostuvo el parlamentario.
González recordó que los resultados que se obtienen de estas comisiones se entregan al Ministerio Público, en caso de detectarse delitos, ya que por ser una instancia política, la comisión no tiene facultades para aplicar sanciones.
El alcalde Chamorro espera que la información que se levante por el órgano pueda ayudar a adelantar el cierre de las termoeléctricas que se encuentran en la comuna. Bocamina I debería cerrar el 2023, mientras que Bocamina II y Santa María de Colbún lo harán en 2040.
Empresa
Sobre la constitución de la comisión, la empresa Enel Generación no se quiso referir y solo expresó que no se utilizó asbesto en la construcción de Bocamina II.
«Atendida la normativa vigente en 2008 cuando se comenzó a construir Bocamina 2, el asbesto no fue usado en ninguna de las etapas de su construcción. En Bocamina 1 (construida en 1970) la remoción de asbesto fue posterior a la construcción de Bocamina 2 y se hizo de acuerdo a la normativa vigente hasta su disposición final», informaron desde Enel.
junio 10, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) El pasado martes, la ministra de Energía, Susana Jiménez, acompañada de su par de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y de Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó el lanzamiento de un proyecto en el que trabajó durante ocho meses: un plan gradual de retiro de 28 de las centrales a carbón existentes en el país a 2040, ocho de ellas en los próximos cinco años.
Fue un verdadero giro en la agenda sectorial, que por largas semanas estuvo dominada por una polémica que por momentos se le escapó de las manos al gobierno: los medidores inteligentes. Al respecto, la ministra de Energía asegura que la crisis ya quedó atrás y que lo que viene es avanzar en la modernización del sector distribución y otros temas.
De paso, dice que, pese a lo duro de la crisis, en todo momento se sintió respaldada por el Presidente.
¿Cuál es su evaluación del plan Energía Zero Carbón?
—Para cualquier persona que ve esto en Chile o en el extranjero es un hito súper importante. Es una situación inédita para un país emergente y nos pone al nivel de países como Reino Unido, Canadá y Alemania, pero con una base mucho más exigente. Otro hito que lo hace inédito, es que es basado en un acuerdo voluntario con las empresas y con un cronograma concreto para los primeros cinco años.
Tenemos una evaluación súper positiva, entendemos que hay críticas del mundo ambiental, porque hubiesen querido que fuese más rápido. Todos hubiésemos querido que fuese más rápido si se pudiera, pero como autoridad tenemos que conciliar las distintas aristas, no solo un objetivo ambiental, sino también compatibilizarlo con la seguridad de suministro, los costos de la energía, los efectos laborales y locales. Esa combinación nos permite proponer este plan de forma responsable.
Una de las críticas es que las centrales que salen en la primera fase es porque se acaba su vida útil. ¿Es así?
—Evidentemente salen primero las más antiguas. Decir que se acaba la vida útil es bien curioso, cuando nunca jamás se ha sacado una central a carbón en este país. Uno puede hablar de vida útil contable, pero lo cierto es que todas las centrales en el mundo son refaccionadas, actualizadas y eso les permite seguir trabajando por décadas Acá lo que es indudable es que hay un punto de inflexión en el cual se establece el cese de operaciones. Por lo tanto, creo que es una crítica un poco injusta, porque evidentemente tenían que salir primero las antiguas, y segundo, podrían haber seguido funcionando.
¿Se evaluó calendarizar el cierre de las 28 centrales a carbón? Y si fue así, ¿por qué no se hizo?
—Este es un ejercicio responsable de sostenibilidad. Si uno piensa en acelerar o postergar este proceso, depende mucho de ciertas condiciones, por ejemplo, de infraestructura de transmisión. Si alguien quiere hacer este proceso más rápido, ¿cómo se asegura que se va a tener las condiciones para reemplazar esa energía que se está sacando? Aunque todos queramos que sea más rápido, hay que hacerlo en un plazo gradual y evaluar cada cinco años si las condiciones están dadas para definir el ritmo.
En otro tema, en el Congreso se está discutiendo el proyecto que reduce la rentabilidad de las distribuidoras. Cuando eso se apruebe, ¿se verá reflejado en un cambio en la tarifa de los clientes?
—Lo que se está proponiendo es una revisión a la baja de la rentabilidad del segmento de distribución. Hoy estaba rezagado, porque es una ley que no se ha actualizado, a diferencia de otros segmentos (…). Evidentemente, al hacerle una revisión a la baja a la rentabilidad, tiene un impacto en el país. Estamos de alguna manera adelantando buena parte de la regulación e introduciéndola en este proyecto.
¿Por qué se decidió adelantar este proyecto, que iba en la reforma a la distribución? ¿Fue una respuesta a la polémica por los medidores?
—Es en respuesta a que ya iniciamos el proceso tarifario que entra en vigencia en noviembre de 2020. Esos son procesos largos. Por lo tanto, esperar toda la ley larga no nos iba a dar el tiempo para corregir esos elementos que son básicos.
¿Qué otro elemento pretenden introducir en la ley larga?
—Hay varios elementos. Uno d ellos es la introducción de los comercializadores, otro es el manejo de información y cómo poder hacer que desde el consumidor, que es protagonista de la transformación, pueda acceder a nuevos servicios. Queremos también avanzar hacia un desacople entre los ingresos que percibe la distribuidora y lo que realmente vende, por que si siempre están asociados sus ingresos a lo que vende, poco incentivo va a haber para promover en los hogares que haya autogeneración y medidas de eficiencia energética.
¿Los medidores inteligentes caben dentro de ese proyecto de ley?
—Los medidores inteligentes van a ir masificándose precisamente en la medida en que los hogares vayan viendo en ello un beneficio directo, y ese beneficio tiene relación con todo lo anterior.
¿Cómo vivió toda la polémica de los medidores inteligentes?
—Fue, sin lugar a dudas, muy complejo comunicacionalmente. Complejo, porque era muy difícil transmitir que el cambio tecnológico a la larga va a ser importante y beneficioso, pero que de alguna manera nos habíamos encontrado con algo que se había zanjado durante la administración anterior sin la debida comunicación. Yo digo que se había zanjado, porque había una norma técnica que obligaba el recambio, se había hecho un proceso tarifario interperiodo y no se había dado a conocer suficientemente por qué y para qué eran estos cambios. Lo importante fue llegar a una solución, que fue un acuerdo que nos permite no solo eliminar el cobro de los medidores, sino que volver hacia atrás esos cobros sin tener que hacer un nuevo proceso tarifario. Creo que salimos hacia adelante con una solución que era beneficiosa para las personas, que era lo que nos importaba.
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En este periodo, ¿sintió mala intención o desinformación de parte de algunos sectores?
—No hablaría de intenciones, creo que fue una preocupación que creció, que se instaló y que finalmente había que resolver, porque si no, el proceso de cambio tecnológico no se iba a poder llevar a cabo. Si no se hacía un cambio, el proceso iba a ser inviable (…). No sé si hay un rechazo contra la tecnología, creo que el rechazo fue contra la sensación de que había un abuso. Resuelta esa sensación, la mejora tecnológica creo que nunca estuvo en cuestión, desde ningún sector. Por lo tanto, hay que darle tiempo, hay que visibilizar los beneficios y que las personas por su propia voluntad vayan migrando hacia este cambio tecnológico.
En el momento en que el decreto sale de Contraloría, ustedes tampoco lo informaron masivamente, ¿se pudo haber hecho distinto?
—Efectivamente, la gente se encontró con esto y obviamente ex post uno puede decir que todo pudo haberse hecho, desde todos los sectores, mejor. Pero lo cierto es que nosotros no teníamos otra alternativa que reingresar el decreto, porque la norma técnica había quedado amarrada en muchas exigencias que se les hacían a las distribuidoras que dependían del proceso tarifario.
¿En todo este proceso se sintió respaldada por el gobierno y su sector político?
—Creo que sí. Pienso que al menos yo siempre me he sentido totalmente apoyada por el Presidente, él siempre estuvo al tanto de lo que estábamos haciendo y siempre hesentido su respaldo.
¿Y por el sector político?
—En el sector político es de público conocimiento que hubo cuestionamientos. Creo que esto se tomó la agenda ciudadana de una manera tan fuerte, que inevitablemente para algunos la solución es buscar culpables donde no los hay. Una vez que lo solucionamos, también se apagaron esos pequeños focos de crítica, que la verdad es que fueron muy menores. En general, siento que tuve mucho apoyo de todos los partidos y, en general, del mundo parlamentario.
¿Se da por cerrado el impasse?
—Pienso que sí.
Contrato con El Campesino: “Si no se va a construir la central, hay que sincerarlo”
A fines de abril, Contraloría tomó razón del decreto de Precio de Nudo Promedio (PNP) que aumentó las tarifas de la energía en 12% en promedio en el país. Aunque la variación tarifaria se justifica principalmente por el alza del tipo de cambio, uno de los contratos de suministro eléctrico que incluyó fue polémico: el de la central El Campesino, unidad que no está construida, pero que de todas formas fue incluida en el PNP.
Desde la empresa a cargo de la central -cuya propiedad comparten AME y la francesa EDF-, aseguran que la obligación que exige su contrato es suministrar la energía comprometida y no necesariamente construir la central.
Pero el gobierno tiene una visión más crítica e incluso no descartan que esto termine en un arbitraje. La decisión, eso sí, está en manos de las distribuidoras, que son las titulares del contrato con El Campesino.
¿Cuál es su visión sobre el contrato de El Campesino?
—Efectivamente, la central El Campesino es una situación muy particular. Es una central que se adjudica una licitación de suministro a fines de 2014, en cuyo contrato aparece la construcción de una central a gas con hitos de construcción y que parte la obligación de suministro el 1 de enero de 2019 (…). Lo que nos pasa es que llegamos al 1 de enero, tenemos legalmente que reconocer ese contrato en el Precio Nudo Promedio y la central no está construida.
Esto ya lo veíamos venir, por lo que en septiembre del año pasado la CNE, en respuesta, además, de una consulta de una empresa distribuidora, envía un oficio. Eso gatilla toda esta serie de comunicaciones entre las partes y donde tengo la firme convicción de que la empresa hoy debe dar respuestas.
¿Qué le pareció la respuesta de la empresa a los oficios de la CNE
—La empresa presenta algunos proyectos, compró algunos activos, pero la CNE pide más antecedentes y diría que hoy está meridianamente clara cuál es la posición de la comisión y que yo respaldo, que es que acá, si no se va a construir la central, hay que sincerarlo, y hay que poner sobre la mesa proyectos equivalentes que respalden la obligación de suministro que tiene esta compañía con las empresa distribuidoras. Y eso no es así, cualquier modificación de contrato tiene que ser aprobada por la CNE, y es por eso que ante esa situación la CNE sugirió que dentro de las cláusulas del contrato puedan ir a arbitraje.
¿No sería complejo ir a un arbitraje?
—Para nada. A mí me parece que está dentro de los contratos, es una posibilidad. Ciertamente, esto hay que resolverlo por la vía institucional y legal que nos permite nuestra legislación.
“Certeza jurídica no significa mantener condiciones permanentes de por vida”
Otro tema que ha debido enfrentar la ministra Jiménez durante estos meses es la férrea oposición que algunas empresas generadoras renovables han levantado por la revisión, anunciada por el gobierno del mecanismo de precio estabilizado para los pequeños medios de generación distribuida (PMGD).
Los PMGD, que son centrales de tamaño menor, de hasta 9 MW, pueden optar a un precio estabilizado, lo que facilita el proceso de financiamiento de estas unidades, pues otorga estabilidad. El mecanismo ha posibilitado un verdadero boom de este tipo de centrales, pero también ha levantado críticas por un eventual mal uso de esta opción.
Según la ministra, esto se hace para cerrar espacios de incertidumbre que se están comenzando a incubar en el sector.
¿Por qué se decide cambiar el mecanismo de precio estabilizado?
—Cuando originalmente se estableció el sistema de precio estabilizado, lo que se buscaba era garantizarles a los desarrolladores que puedan vender ya sea al precio spot o al estabilizado, y a través de esto acceder a financiamiento para estos proyectos. En caso contrario, se les hacía muy difícil acudir a los bancos. Lo que se ha ido constatando con el tiempo es que eso ha funcionado en algunas cosas bien y en otras no tanto.
Algunos desarrolladores alertan que puede haber problemas de financiamiento con los bancos. ¿Teme que se frenen los proyectos?
—Ciertamente, hay una preocupación y eso lleva a trabajar esto bien y junto con los distintos actores, pero también con cierta premura para cerrar los espacios de incertidumbre. Hemos sido muy claros en ciertas señales, y particularmente una es que se van a respetar las condiciones para los proyectos existentes que se instalaron bajo una cierta condición. Y, además, va a haber un periodo de transición.
Las críticas apuntan a falta de certeza jurídica…
—Esa crítica no tiene relación a lo que se está proponiendo. Primero, porque se les está garantizando que las condiciones no cambian para aquellos que se han instalado. Además, la certeza jurídica no tiene relación con mantener condiciones permanentes y estables de por vida. Lo que se mantiene es el espíritu de lo que se buscó a través de los precios estabilizados y eso es lo que estamos proponiendo.
¿Hay mal uso del mecanismo?
—No del precio estabilizado, pero hay otros aspectos de los que obviamente hay que hacerse cargo. Yo no hablaría de mal uso, no. Diría que hay una necesidad de dar una señal de precio correcto.
junio 6, 2019 | Industria
El Tribunal Ambiental de Santiago acogió parcialmente, por dos votos contra uno, la reclamación presentada por Imelsa en contra de la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que mantuvo la calificación ambiental desfavorable del proyecto «Central de respaldo Doña Carmen», ubicado en La Ligua.
«Se resuelve acoger parcialmente la reclamación, interpuesta por Imelsa S.A. en el sentido de dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 967/2017 y ordenar retrotraer el procedimiento a sede de revisión administrativa del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, de manera que se corrijan los vicios señalados, pronunciándose como en derecho corresponda sobre el recurso interpuesto por la reclamante de autos», detalla la sentencia.
Según informó el Tribunal mediante un comunicado, la empresa acudió a esta institución «luego que el director ejecutivo (s) del SEA rechazara el recurso interpuesto con objeto de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable del proyecto y que se dictara una nueva RCA que aprobara la iniciativa».
Fauna
La sentencia analizó los descargos presentados por el SEA, constatando discrepancias entre el informe presentado por el Servicio ante el Tribunal Ambiental y los fundamentos mismos de la resolución que rechazó el recurso de reclamación.
«Por tanto, el Tribunal debe hacer presente que, no obstante lo sostenido por la reclamada en su informe -referido a la falta de antecedentes para descartar los efectos del artículo 11 letra b) de la Ley N° 19.300- es menester aclarar que el acto administrativo impugnado ante este Tribunal es la Resolución Exenta N° 967/2017 -y no la RCA N° 31/2017 que contenía dicha afirmación- por lo que el Tribunal descartará todas las excepciones y defensas contenidas en el informe de la reclamada que vayan en contradicción con los fundamentos de la resolución cuya legalidad se impugna, tales como por ejemplo aquellos que versen sobre la falta de antecedentes para descartar los efectos del artículo 11 letra b) de la Ley N° 19.300 respecto del componente fauna», aclaró.
En relación con un posible impacto a determinados reptiles identificados en el sector, es necesario indicar que la empresa propuso durante la evaluación del proyecto la medida de ‘perturbación controlada’ mediante la modalidad de un compromiso voluntario, con la intención de hacerse cargo de los pronunciamientos del SAG a este respecto. Según el SEA esta medida no habría contado con la información suficiente, para su aprobación.
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Sin embargo, tras analizar los antecedentes presentados en la causa, el Tribunal concluyó que la «acusada falta de información de detalle de la medida de ‘perturbación controlada’ pudo haber sido subsanada mediante la imposición, por parte del Director Ejecutivo del SEA, de una condición o exigencia, ciñéndose para ello -en lo sustantivo- en los criterios estándares establecidos en la Guía Técnica del SAG, a los que IMELSA se remitió expresamente, y -en lo formal- en el artículo 19 letra d) del RSEIA. Por lo tanto, la afirmación en contrario que realiza la reclamada atenta contra el principio de razonabilidad y configura un vicio en la fundamentación de esta causal de rechazo, lo que llevará a estos sentenciadores a acoger la reclamación en este aspecto».
Emisiones
El Tribunal Ambiental de Santiago, también encontró vicios de legalidad en las causales de rechazo referidas a las emisiones atmosféricas del proyecto. Al respecto reiteró que la facultad del director ejecutivo del SEA para corregir eventuales errores de una RCA, no lo exime «de motivar debidamente sus actos, situación que no ocurrió en la fundamentación en la determinación de la causal de rechazo referida al riesgo a la salud de la población por emisiones atmosféricas. Ello se evidencia en la falta de fundamentos para desestimar los pronunciamientos de los organismos técnicos competentes, esto es, de las Seremis de Medio Ambiente y Salud y de la Subsecretaría del Medio Ambiente, que validaron las metodologías, los resultados, la no superación de la norma de calidad del aire y la no generación de riesgo a la salud de la población».
«Que, a juicio del Tribunal, es necesario hacer presente que no basta un argumento intuitivo -una aparente inconsistencia entre los resultados de las mediciones de diésel versus mezcla- para resolver en sentido opuesto a los pronunciamientos técnicos de los organismos sectoriales competentes, sin una debida fundamentación para descartarlos y sostener lo contrario. Por tanto la reclamada incurrió en un vicio de fundamentación y de razonabilidad por las consideraciones previamente expuestas. Tal vicio sólo puede ser enmendado mediante la nulidad del acto impugnado, por lo que la reclamación también será acogida en este aspecto», explica el fallo.
El Tribunal estuvo integrado por los ministros Alejandro Ruiz, presidente (s), Felipe Sabando y Ximena Insunza. La sentencia fue redactada por el ministro Ruiz y la disidencia por la ministra Insulza, quien estuvo por rechazar en todas sus partes la reclamación pues afirmó que si, luego de analizar los antecedentes de procedimiento, la autoridad ambiental aún tenía dudas respecto de la medida de perturbación controlada y de la emisión de material particulado, el rechazo del recurso administrativo era esperable.
De acuerdo a lo informado por el Tribunal Ambiental, el proyecto energético contempla una inversión aproximada de US$43 millones, y consiste en la instalación y operación de una central de generación eléctrica de respaldo, que operará en momentos de contingencia, compuesta por 32 motores generadores, que se encontrarán en contenedores insonorizados, totalizando una potencia de 48 MW instalados.
