noviembre 27, 2020 | Industria
María Isabel González, gerenta general de Energética, destacó el anuncio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la realización de un estudio sobre el mercado del gas y la evolución competitiva en el país, considerando el actual proceso de descarbonización de la matriz energética, por lo que este combustible adquirirá una mayor relevancia a nivel local.
A juicio de la consultora, la situación actual en este sector está marcada por la concentración del mercado y por distorsiones, por lo que señala a ELECTRICIDAD la necesidad de avanzar a una mayor regulación para enfrentar las barreras que advierte en este ámbito y que afectan a otros actores del mercado nacional.
Análisis
¿Qué le parece el estudio que quiere realizar la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas?
Me parece muy bien, es un tema que está pendiente hace años. Me acuerdo que en 2014 se presentó un estudio del Banco Mundial que indicaba las distorsiones que había en este mercado y que requería más regulación, pero el cambio se ha ido postergando y lamentablemente no se ha concretado.
¿Qué podría dilucidar este estudio de la FNE?
El mercado del gas natural en Chile no partió regulado fundamentalmente, porque se estaba iniciando en los años noventa. En un primer momento se hizo así porque se quería que hubiese inversiones en los terminales de gas, en las redes de distribución y que se aprovechasen los beneficios ambientales que tiene el uso de gas, en vez de otros combustibles. Sin embargo, más de 20 años después es un mercado consolidado, por lo que actualmente se requiere una regulación, ya que no basta con un chequeo de rentabilidad.
¿Cómo ve la situación actual del mercado del gas?
Yo diría que el mercado del gas está bastante concentrado, con bastantes distorsiones, lo que incluso afecta a la generación eléctrica. Con esto de los contratos de gas inflexible, el Coordinador Eléctrico Nacional está obligado a despachar esas centrales, lo que provoca una distorsión muy seria que afecta principalmente a las empresas de energías renovables. Entonces, hay que ponerle normas, pues el gas inflexible también es súper discutible, pues si bien es cierto que el gas no se puede almacenar fácilmente, los barcos que lo transportan sí se pueden desviar.
¿Advierte otras barreras a la competencia en el mercado?
También se ven en los terminales de gas, que debiesen tener una regulación, más allá de lo que han hecho por sí mismas las empresas en este sector. Ahí también hay una falencia para la competencia, por lo que es necesario que otros actores puedan acceder a los terminales. Esto es un tema relevante y solo se puede hacer cuando hay open season, lo que no tiene ninguna regulación.
¿Existe competencia entre los nichos del gas natural y el GLP?
En primer lugar, hay sectores importantes como el residencial. Hay departamentos que no tienen la posibilidad de cambiar de gas natural a GLP. También habría que ver cómo compiten las tres empresas que distribuyen gas licuado y si es que compiten realmente.
¿Cómo ve a futuro la interacción entre el gas y las energías renovables?
El gas va a ser un elemento súper importante en la generación eléctrica en el futuro, si es que no han bajado de precio las baterías o alguna otra forma de almacenamiento de energía, por lo que creo que es relevante disminuir o eliminar las distorsiones que hay hoy en día. Las centrales a gas tienen más flexibilidad que las carboneras, entonces se adaptan mejor a la variabilidad de las energías renovables. La combinación entre centrales renovables y el gas debiera ser mucho más fácil que con las carboneras.
diciembre 17, 2019 | Industria
(El Mercurio) Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de acuerdo, en que piden al Presidente de la República impulsar iniciativas que garanticen mayor competencia en el mercado del gas residencial en la Región del Biobío, por la ventaja que tiene CGE en la zona.
Ellos exigen que la SEC elabore un informe sobre el cumplimiento del sistema de acceso abierto a nuevos actores, en circunstancias de que es CGE la controladora del Gasoducto del Pacífico -instalación a través de la que se exporta gas-, y que opera en los otros segmentos del mercado como GasSur.
Según el proyecto, las cuentas de gas de esta zona son hasta 30% mayores que en la Región Metropolitana, y las diferencias se profundizan producto de las dificultades que han existido para que nuevos oferentes se sumen al mercado local.
[Siga leyendo esta noticia en El Mercurio]
junio 30, 2016 | Industria
(Pulso) El mercado del gas está bajo la lupa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ayer, a través de una resolución, la entidad presidida por Enrique Vergara ofició a privados y a distintos órganos del Estado para conocer más detalles sobre la integración vertical y horizontal de mercado del gas en Chile.
En su resolución, el tribunal solicitó al Ministerio de Energía informar “cuántas plantas regasificadoras móviles existen y cuántas de entre ellas se encuentran disponibles para operar, indicando sus montos de inversión, costos de operación, la capacidad, la propiedad y ubicación de las mismas”.
Además, pidió acompañar el informe de LeFort Economía y Finanzas, denominado “Informe Final Metodología y Estimación de la Tasa de Costo de Capital de una Empresa de Distribución de Gas de Red en Chile”, que data de 2014.
A la Comisión Nacional de Energía, en tanto, le solicitó informar sobre las capacidades disponibles de almacenamiento y regasificación en los terminales de gas natural licuado de Quintero y Mejillones.
Mientras que al Sernac le pidió detallar las encuestas de precio de gas licuado en las distintas ciudades del país, desde el año 2007 a la fecha, por diferentes zonas geográficas.
Por su parte a ENAP y a Metrogas se les exigió datos sobre la capacidad de almacenamiento y regasificación contratada en el Terminal de Quintero y el porcentaje de utilización respectivo desde el comienzo de su operación a la fecha.
El órgano también ofició a Colbún y a AES Gener. A ambas compañías les solicitó copia de los contratos de compra o suministro de gas natural que utilizaban para la generación en sus plantas generadoras de ciclo combinado o para otra finalidad, durante los últimos diez años. El TDLC busca conocer quién les provee de gas y cuál es el costo por millón de BTU al cual adquieren el gas natural puesto en Santiago, desde 2007 al 2016.
Igualmente, el tribunal oficio a Metrogas para que informe sobre el costo al cual adquieren el gas natural puesto en Santiago en los últimos 10 años.
“Acompañe los contratos de compra del gas natural puesto en Santiago (…) informe sobre la evolución de los clientes residenciales y comerciales por comuna en la Región Metropolitana desde el año 2007 a la fecha; e informe sobre sus proyecciones de clientes residenciales”, detalla el escrito.
El plazo para contestar es de 20 días hábiles.
Oficio. En otra arista, el TDLC pidió detalles sobre la reestructuración societaria que efectuara la española Gas Natural Fenosa (GNF) en Gasco. Además, el tribunal ordenó a Gasco presentar “antecedentes relativos a su proceso de reorganización societaria que resultaría en la división de los negocios de gas licuado de petróleo y de gas natural en dos sociedades distintas”.
Cabe recordar que el presidente del TDLC, Enrique Vergara acogió la recusación que presentara Conadecus, y ahora preside la sala el ministro Eduardo Saavedra quien se ha dedicado como académico al tema del gas. Desde Conadecus se criticó la actitud de ENAP. “Cuando el TDLC le solicitó a ENAP acompañar antecedentes a esta consulta, la empresa señaló que no estaba obligada a entregar la información solicitada por Conadecus. Por suerte el tribunal rechazó la negativa de la estatal”, recordó el abogado Mario Bravo de la asociación de consumidores.
enero 8, 2016 | Industria
(Pulso) Tras casi dos años como secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero está conforme. Y no es para menos, luego de la caída en los precios en las licitaciones para clientes regulados, la incorporación de nuevos actores y los avances del “tren legislativo”.
Sin embargo, desde el organismo no se quedan de brazos cruzados. Este año tienen una intensa agenda que incluye el avance en la interconexión del sistema eléctrico, la configuración de un organismo coordinador a nivel nacional y una nueva licitación para clientes regulados, esta vez doce veces mayor que la de octubre de 2015.
El cronograma para este año también incluye sacar adelante un proyecto que introduce cambios al mercado de distribución de gas de redes, que ha generado controversias ya que reduce la rentabilidad de las empresas. Si bien la ley ha estado paralizada durante los últimos meses, desde la CNE advierten que esta se reactivará y estará lista a mediados de año.
Para el 2016, ¿cuáles son los hitos que se vienen?
Para 2016, en el ámbito regulatorio nosotros vamos a tener tres nuevas leyes en el sector que son bastante impactantes: la ley de transmisión, que probablemente por abril la tengamos fuera del Congreso; la ley de equidad tarifaria, que la vamos a tener probablemente en marzo; y la ley de gas, que probablemente va a estar afuera por julio-agosto. Por otro lado está la licitación de abril, que la están todos esperando, y como muchos actores dicen, será una competencia muy dura, y nosotros estamos muy claro de aquello. Por otra parte, creo que con el inicio del desarrollo de Polpaico-Cardones junto con un avance más sustancial de la interconexión habrá harto movimiento en el ámbito de la transmisión. Yo me atrevería a decir que esos son los elementos sustanciales. El otro tema que será noticia en 2016 es que es altamente probable que nosotros exportemos energía eléctrica a Argentina, y como ya lo ha señalado tanto el gobierno argentino como el Gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros tenemos una vocación de integración energética, por lo tanto vamos a iniciar las conversaciones con los equipos del nuevo gobierno argentino para ver qué alternativas reales hay de generar intercambios no solo eléctricos sino también gasíferos.
¿Qué se requería para hacer realidad la exportación de gas?
De concretarse algo de ese tipo tendríamos que revisar la normativa, ajustarla, son elementosmás bien reglamentarios, no son elementos legales en principio. Aquí hay un desafío técnico-económico, el desafío técnico es que los gasoductos puedan funcionar binacionalmente, no todos cumplen con esa característica; y en segundo lugar que los acuerdos económicos satisfagan a las partes y sean cumplibles, etc. Hay aspectos técnicos, económicos jurídicos que ver, por eso no me gustaría dar una señal que esto es una realidad, pero es parte de los temas que probablemente sean interesantes en el desarrollo de la agenda el próximo año.
Proyectos como el de equidad tarifaria o las modificaciones a las licitaciones han generado consenso en el mercado, pero este no es el caso del proyecto que modifica el mercado de distribución de gas de redes. ¿Cuál es el status de esta iniciativa? Considerando que durante los últimos meses no ha avanzado en su tramitación.
La única razón por la cual no hemos avanzado es porque hay otros proyectos antes. No hemos tenido los espacios legislativos para poder tramitarlo antes. De todas maneras, cuando terminemos de tramitar el proyecto de transmisión, en abril aproximadamente, el próximo proyecto que entra a la tabla de la Comisión de Energía del Senado es gas. ¿Qué cosas vamos a ver? Creo que bastante de los temas quedaron bien resueltos en la Cámara, probablemente a lo que nos vamos a abocar es a discutir algunos detalles de cómo se valoriza el gas al ingreso del sistema de distribución en el caso que las empresas sean relacionadas, vamos a ver cómo generar incentivos para que se materialicen nuevas inversiones. Ya hay una señal desde la Cámara, nosotros estamos investigando si es el mejor mecanismo. (Además) se va a discutir la tasa de rentabilidad, el Gobierno ha señalado que cree que es necesario tener un piso mínimo y por nosotros vamos a reponer el piso mínimo que planteamos en el Cámara y se eliminó en la comisión. Ese tipo de discusión va a haber, nosotros creemos que en general la discusión está bastante acotada, no vamos a reinventar el proyecto, las grandes líneas que era regular el proceso de chequeo de rentabilidad, eliminar el TDLC dentro del proceso y regular el proceso de tarificación, son temas que no deberían cambiar en la etapa del Senado.
Respecto al chequeo de rentabilidad de 2014. ¿Este estudio se está realizando con las normas de la futura ley?
Sí y no, nosotros estamos aplicando los mismos criterios que hemos puesto en la ley en términos de que por ejemplo las conversiones las seguimos considerando como gastos (…) ahora la ley establece una serie de normas que no es posible aplicarlas para nosotros porque todavía no es ley vigente. Recuerda que la ley tiene una inclusión en el panel de expertos, por ello, lo que hemos hecho es sacar un informe preliminar que están en manos de las compañías, y una vez que tenemos las observaciones de las compañías haremos las correcciones. El plazo para emitir el informe definitivo es el 22 de enero.
mayo 7, 2015 | Industria
(La Tercera) “No puede ser que la regulación tarifaria dependa de una mera rentabilidad, porque eso atenta contra los principios básicos de un sistema de economía de mercado”. Con esas palabras, el presidente del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, esbozó ayer una de las principales críticas del organismo contra el proyecto de Ley del gobierno que busca regular el mercado del gas por cañería.
En su presentación ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el magistrado dijo que si bien la iniciativa legal es necesaria para completar el actual vacío legal, ésta no considera el análisis tendiente a determinar si el exceso de rentabilidad en el que puede incurrir una empresa es condenable o no. En ese sentido, explicó que se requiere un análisis para determinar si dicha rentabilidad responde a eficiencias o a un abuso de poder de mercado.
“Un error que tiene el proyecto es que se establece que va a haber una tarificación obligatoria por el sólo hecho de exceder un cierto margen de rentabilidad (…) Lo que había en la ley era más razonable que lo que se plantea en el sentido de exigir un análisis de competencia”, puntualizó.
Otro de los puntos que criticó tuvo que ver con los plazos para poner fin a la regulación tarifaria una vez aplicada. Eso, dado que la iniciativa legal los fija en cuatro años, lo que a su juicio es cuestionable puesto que una empresa podría seguir siendo tarificada aún si ya no hay motivos para ello.
Menchaca también puso en duda el uso de recursos de reclamación en estos procesos y llamó a reemplazarlos por recursos de ilegalidad. Asimismo, indicó que no todos los servicios asociados deberían ser tarificados.
La visión de la industria
El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés, por su lado, reiteró que en la ley actual existen vacíos legales. Sin embargo, señaló que el proyecto presenta incertidumbres, ya que se cambian las reglas del juego, lo que puede afectar la inversión.
En ese sentido, la Comisión acordó solicitar un informe para ver los eventuales efectos en ese ámbito.
La discusión sobre regulación del gas se da luego que el gobierno diera a conocer que Metrogas excedió los límites de rentabilidad establecidos durante dos años consecutivos y se constatara la inexistencia de un procedimiento para la fijación tarifaria o sanción, por falta de reglamentos.
