agosto 20, 2020 | Industria
(Emol) Desde la segunda semana de marzo que las bencinas no registraban alzas en Chile. Así, después de 23 semanas, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que a partir de este jueves 20 de agosto, el precio de las gasolinas subirá.
De acuerdo al informe semanal de la estatal, la bencina de 93 octanos subirá $6 por litro, mientras que la de 97 lo hará en $0,4. 12 de marzofue el inicio de la racha récord de caídas Por su parte, el gas licuado para uso vehicular aumentará $6 por litro, mientras que el petróleo diésel bajará $1,1 por litro.
Considerando las 23 semanas de bajas, la variación acumulada de los combustibles hasta el 20 de agosto fue de una caída de $149,2 para el litro de 93 octanos; una baja de $150,1 en el caso del litro de la gasolina de 97; y un descenso de $139,1 para el diésel.
De acuerdo a la empresa, estos precios resultan de «la regla Precio Paridad de Impotración, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y los mecanismos establecidos por la autoridad».
Asimismo, la ENAP enfatizó en su informe que «no regula ni fija los precios de los combutibles en el mercado chileno», sino que su rol es «únicamente de comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, las que atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta».
agosto 13, 2020
La distribución está cambiando radicalmente debido a la penetración de nuevos recursos distribuidos, la electrificación del transporte, la descarbonización de la matriz, la oportunidad de hacer nuevos negocios y la necesidad por aumentar los niveles de calidad de suministro de las redes eléctricas.
La eficiencia de estos cambios, no obstante, dependerá de la regulación del sector, por lo que se espera que se modernice de forma significativa, contrarrestando las casi cuatro décadas de inmovilidad regulatoria en el segmento.
En este contexto, expuse mi visión de futuro para la distribución en un evento de EBP Chile, coorganizado con Fundación Chile y Empresas Eléctricas A.G., donde enumeré los cinco pilares de mi visión:
- Evolucionar hacia un sistema de remuneración más transparente, justo y eficiente, más acorde a los nuevos tiempos. Se propone que este nuevo sistema informe más al consumidor acerca de los costos y rentabilidades reales del negocio, y que entregue las señales adecuadas a los inversionistas para que puedan implementar aquellas decisiones que se alinean con la política pública de la manera más eficiente posible. Esto, debido a que el actual sistema de remuneración por empresa modelo no hace de forma adecuada (ni razonable) ninguna de estas dos tareas.
- Aplicar un sistema de tarificación más costo reflectivo y con una mayor granularidad espacial y temporal, que dé las señales más adecuadas a los usuarios de red quienes se vuelven más responsivos a las señales de precio. Esto será importante cuando exista un mayor nivel de penetración de recursos energéticos distribuidos (DER), incluyendo, por ejemplo, estaciones de carga de vehículos eléctricos.
- Que los usuarios puedan tener acceso a una comercialización competitiva, permitiendo que pequeños usuarios opten a precios más competitivos, como lo hacen grandes consumidores, fue el motivo original, internacionalmente hablando, para implementar un sector competitivo de comercialización. Así, crear una barrera en el acceso para pequeños consumidores (como se ha planteado en algunas oportunidades) sería un error.
- Permitir acceso abierto para DER, quienes además puedan proveer sus servicios en igualdad de condiciones que otros medios energéticos. Se vislumbra que, por ejemplo, la generación conectada en distribución (y otros medios distribuidos) pueda competir en igualdad de condiciones con medios conectados en transmisión, tanto en energía y potencia, como en otros servicios complementarios, lo que se reflejaría, ciertamente, en los precios de distintos servicios eléctricos.
- Dar acceso oportuno e igualitario a la información para operadores, comercializadores y agregadores, resguardando la privacidad en los casos pertinentes. Esto requerirá la formación de una institución o compañía regulada de datos, la cual, en conjunto con los operadores de redes de distribución (empresa 100% regulada), se distribuyan las distintas tareas reguladas asociadas a la gestión de datos, buscando minimizar la duplicidad de tareas.
agosto 12, 2020 | Industria
La necesidad de que la regulación de la industria eléctrica se mueve hacia un modelo que cuente con una agencia regulatoria independiente, que sea especializada y técnica para dirimir los conflictos con el fiscalizador, planteó Arturo Le Blanc, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Legales de Transelec, en el marco de las XX Jornadas de Derecho de la Energía de la Universidad Católica, que organiza el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Casa de Estudios.
El ejecutivo, en su calidad de abogado y profesor LLM de la Universidad Católica, expuso sobre la necesidad de cambios en la institucionalidad de la industria, donde advirtió que el sector necesita de una regulación flexible, que sea capaz de enfrentar los cambios y avances tecnológicos.
Le Blanc puso de ejemplo lo que ocurre en Gran Bretaña, donde la autoridad regulatoria es independiente, con un gobierno colegiado de diez miembros, señalando que para el caso chileno se puede tener el modelo de la Comisión para el Mercado Financiero o el Banco Central.
«Deberíamos como país empezar a revisar para toda industria regulada con el fin de ir a movernos hacia un tipo de agencia reguladora independiente, con una autoridad sancionatoria especializada, además de que potencie la independencia de las autoridades de la industria eléctrica respecto de las autoridades gubernamentales elegidas por votación popular, y que revise y analice el esquema de incentivos para mejorar la calidad de servicio y los eventuales cambios regulatorios que esto implicaría», sostuvo el ejecutivo.
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Comercializador
En la conferencia también se presentó «el rol del comercializador en el mercado eléctrico», por parte de Valentina Vizcay, abogada de Claro & Cía., quien señaló que esta figura que se propone en uno de los proyecto de la Ley Larga de Distribución plantea más de una interrogante a futuro.
Según la especialista, se plantea la posibilidad de integración vertical entre distribuidores y comercializadores, si se toma en cuenta la resolución 176 de 2020, que permite la filiación de otras actividades ajenas al giro de distribución eléctrica. «Si estamos promoviendo una ley de competencia y queremos que ingresen nuevos actores, debemos preguntarnos si bastará con decir que se creará una nueva figura jurídica en esta actividad o vamos a tener que restringir la integración vertical entre estos segmentos».
agosto 11, 2020 | Industria
(El Mercurio) Una de las novedades de la reforma a la Ley de Distribución Eléctrica, tiene que ver con el Gobierno adelantó que se tratará de tres proyectos, lo que causó algo de ruido entre los miembros de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y fue uno de los ejes de la exposición ante esta instancia del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
La autoridad recalcó que la idea es comenzar por la discusión de la creación del comercializador de energía, que es lo que podría tener un mayor impacto en la reducción de las tarifas de las cuentas de la luz. Con todo, y de lograr un acuerdo para la división de la reforma con los diputados, los planes de los diputados apuntan a que el primer proyecto salga en enero de la Cámara y pase al Senado, para luego avanzar en el de calidad de servicio y de generación distribuida.
«Creemos que los tres proyectos como uno solo tienen una ambición, alcance y complejidad que podían dificultar que se tramitara completo en los plazos que se necesitan para que esto sea ley de aquí a fines de 2021», explicó Jobet.
julio 31, 2020 | Industria
La necesidad de que la Ley Larga de Distribución incorpore mecanismos que permita una participación más activa de la demanda es uno de los planteamientos realizados por Systep Ingeniería, al analizar el escenario del consumo eléctrico en el país, a partir del impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con el diagnóstico de la consultora, con la capacidad instalada disponible y los costos de operación, «el sistema eléctrico puede apoyar el aumento de la producción (comercial e industrial) y el consumo de manera efectiva y eficiente en la medida que se busquen mecanismos para que los bajos costos de operación sean percibidos (al menos en parte) por el cliente final (reaccionando a ellos en función de su propia elasticidad de demanda)».
«Estos mecanismos deberán ser analizados cuidadosamente en la Ley Larga de Distribución a través de la propuesta de introducción de la figura del comercializador o incluso a través de mecanismos que permitan una participación más activa de la demanda, por ejemplo retiros directamente del mercado spot por parte de grandes consumos», se precisa.
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Escenario
El análisis de la consultora advierte un escenario incierto en la demanda eléctrica a causa de la pandemia del Covid-19, señalando que la disminución del consumo impacta a los precios de la energía que se transan en el mercado mayorista.
«Los costos marginales inciden en los ingresos de los generadores, en particular en aquellos generadores más expuestos al mercado spot y aquellos merchant», señalando que sus proyecciones para el segundo semestre del año es que el costo marginal promedio para la barra Alto Jahuel sea de US$32,8 por MWh.
«A modo de comparación, Enel Distribución traspasa un precio de nudo promedio de la energía a sus clientes de 72,75 US$/MWh9 (a tipo de cambio de junio). Los contratos entre suministradores y clientes permiten a estos últimos obtener precios estables, evitando la volatilidad en los precios a los que se acogerían de participar directamente en el mercado spot», sostiene el informe.
Según Systep, el periodo de cuarentenas se incidido en la reducción del consumo comercial e industrial, impactando en los costos operacionales. «Cabe señalar que tanto clientes libres y regulados en su mayoría tienen contratos de suministros celebrados antes de la pandemia, y por tanto no tenían en consideración las condiciones económicas a las que se ve enfrentado el país actualmente. Por otro lado, la indexación pactada en estos contratos no logra reflejar del todo las variaciones en los precios transados en el mercado mayorista», se indica.
Es así como, con estas consideraciones, la consultora sostiene la necesidad de que la discusión de la Ley Larga de Distribución busquen mecanismos para que sean percibidos por los clientes finales del sistema eléctrico.
