La necesidad de que la regulación de la industria eléctrica se mueve hacia un modelo que cuente con una agencia regulatoria independiente, que sea especializada y técnica para dirimir los conflictos con el fiscalizador, planteó Arturo Le Blanc, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Legales de Transelec, en el marco de las XX Jornadas de Derecho de la Energía de la Universidad Católica, que organiza el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Casa de Estudios.
El ejecutivo, en su calidad de abogado y profesor LLM de la Universidad Católica, expuso sobre la necesidad de cambios en la institucionalidad de la industria, donde advirtió que el sector necesita de una regulación flexible, que sea capaz de enfrentar los cambios y avances tecnológicos.
Le Blanc puso de ejemplo lo que ocurre en Gran Bretaña, donde la autoridad regulatoria es independiente, con un gobierno colegiado de diez miembros, señalando que para el caso chileno se puede tener el modelo de la Comisión para el Mercado Financiero o el Banco Central.
«Deberíamos como país empezar a revisar para toda industria regulada con el fin de ir a movernos hacia un tipo de agencia reguladora independiente, con una autoridad sancionatoria especializada, además de que potencie la independencia de las autoridades de la industria eléctrica respecto de las autoridades gubernamentales elegidas por votación popular, y que revise y analice el esquema de incentivos para mejorar la calidad de servicio y los eventuales cambios regulatorios que esto implicaría», sostuvo el ejecutivo.
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Comercializador
En la conferencia también se presentó «el rol del comercializador en el mercado eléctrico», por parte de Valentina Vizcay, abogada de Claro & Cía., quien señaló que esta figura que se propone en uno de los proyecto de la Ley Larga de Distribución plantea más de una interrogante a futuro.
Según la especialista, se plantea la posibilidad de integración vertical entre distribuidores y comercializadores, si se toma en cuenta la resolución 176 de 2020, que permite la filiación de otras actividades ajenas al giro de distribución eléctrica. «Si estamos promoviendo una ley de competencia y queremos que ingresen nuevos actores, debemos preguntarnos si bastará con decir que se creará una nueva figura jurídica en esta actividad o vamos a tener que restringir la integración vertical entre estos segmentos».