agosto 23, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) Luego del informe de Cochilco que reveló el fuerte impacto que tendría la implementación de uno de los proyectos que buscan proteger glaciares que se encuentran cercanos a faenas mineras, la estatal Codelco llamó a regular de manera equilibrada. Es decir, armonizando el desarrollo de la actividad con el cuidado de este tipo de depósitos.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Patricio Chávez, explicó que «a juicio de la Corporación, Chile necesita una legislación que regule la protección de los glaciares, pero a la vez requiere que la actividad minera se desarrolle de manera responsable con su entorno. Esto hace altamente necesaria una legislación equilibrada, basada en antecedentes técnicos y científicos robustos y objetivos».
Desde la estatal agregaron que ellos han optado por no intervenir glaciares con su actividad minera, lo que implicó el rediseño de su mina a rajo abierto y los depósitos de lastre que se ubican en la División Andina. Esto, de modo de alejarse de la zona de glaciares, propuesta que fue presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental a comienzos de año.
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«Asimismo, la planificación de los futuros proyectos de la Corporación, incluyendo Desarrollo Futuro Andina, considera como condición básica la no afectación de glaciares», explicó Chávez.
Según estimaciones de Cochilco, restringir la actividad minera en las cercanías de los glaciares podría reducir en un promedio de 11% la producción a 2030 entre las faenas que se encuentran en un radio de 6 km de este tipo de cuerpos.
En tanto, la comisión de Medio Ambiente del Senado citó a una sesión para el 3 de septiembre, en la que se discutirán temas que tienen que ver con cambio climático, y con la protección de glaciares, donde se encuentran citados la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; y el ministro de Minería, Baldo Prokurica.
agosto 7, 2018 | Industria
(La Tercera-Pulso) Ante la Comisión de Agricultura del Senado el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, expuso los planteamientos del gremio para buscar incidir en la Reforma al Código de Aguas que actualmente se tramita en el Congreso.
Desde la agrupación apuntaron a que esta es “una oportunidad para resolver el único problema real y verdadero, que es el de la administración del agua” y cuestionaron que el proyecto actual se ha caracterizado por “una falta de rigurosidad en el diagnóstico; desconocer la realidad del agua y su gestión; y estar fundamentado en mitos y objetivos ideológicos”.
En esta línea, insistió “en el carácter inconstitucional al querer eliminar en forma retroactiva la propiedad de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA); instalar un régimen de mercedes administrativas temporales, caducas y extinguibles; imponer facultades a funcionarios para adoptar decisiones discrecionales sobre estos derechos y confiscarlos sin indemnización”.
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En el ámbito operacional y de gestión, Ariztía cuestionó que la iniciativa actual establece “una excesiva injerencia y poder de la Dirección General de Aguas en decisiones que corresponden a las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), además de otorgar exorbitantes facultades a este organismo para intervenir los cauces naturales y establecer prorratas”.
Ariztía instó a los parlamentarios a aprovechar esta oportunidad para exponer y debatir aspectos esenciales sobre la gestión del agua y rescató que la iniciativa priorice el uso y consumo humano, añadiendo que ello debe profundizarse en el ámbito rural. También destacó que en el debate se recoja la consideración del medioambiente como objeto de protección.
agosto 6, 2018 | Proveedores
ABB está introduciendo un nuevo enfoque en la protección y el control en redes de distribución, incorporado en el control de las llamadas subestaciones eléctricas inteligentes y en la protección para sistemas eléctricos. Se trata del modelo SSC600 que se inserta en los equipos de protección y control Relion que posee la compañía.
«SSC600 se ha diseñado para complementar la oferta de soluciones digitales de ABB Ability, ayudando a las empresas de servicios públicos (utilities), informó la compañía mediante un comunicado.
De acuerdo a la empresa, esta solución se combina con otros productos de ABB, ofreciendo «una nueva forma de ver la administración del ciclo de vida de las subestaciones eléctricas», pues las capacidades de conectividad del SSC600 «permiten la integración con servicios adicionales, como diagnósticos remotos, administración de activos y servicios de actualización».
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La solución también posibilita una cobertura de aplicaciones con un solo dispositivo para tener una visibilidad en toda la estación, específicamente en ingeniería mínima, gestión de procesos y una gestión del ciclo de vida para la subestación digital. «Al combinar SSC600 con dispositivos merging units, que proporcionan las medidas y la interfaz física entre el equipo primario en el Switchgear y SSC600, se crea una solución de control y protección bajo el estándar IEC 61850», informó ABB.
Según Alessandro Palin, director general del negocio de Soluciones de Distribución de ABB, «las nuevas instalaciones solo necesitarán merging units a nivel de bahía, además de SSC600. Agregar un segundo dispositivo SSC600 creará una solución centralizada de protección y control con redundancia total».
agosto 3, 2018 | Industria
El Ministerio de Energía destacó a Revista ELECTRICIDAD los principales puntos que tiene el proyecto que modifica la Ley 20.571 sobre Generación Distribuida, el cual fue aprobado en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y que ahora deberá ser visto por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
Con esto la cartera también precisó varios puntos de la iniciativa ante versiones de prensa que han circulado hasta el momento.
Respecto a los límites de potencia el Ministerio encabezado por Susana Jiménez, indicó que el aumento de 100 kW a 300 kW, «es a la capacidad máxima de generación que pueden tener los clientes para poder acceder al derecho otorgado por esta Ley».
«El derecho otorgado por esta ley es a inyectar los excedentes de energía a la red de distribución y recibir una compensación económica por ello a través de un descuento en las cuentas de suministro eléctrico. La compensación económica o pago por la energía inyectada, es solo en caso que los excedentes no puedan ser descontados de las boletas y se da en tres circunstancias determinadas. Las propuestas de subir el límite a 500 kW no prosperaron en la Comisión», se señaló.
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Otro aspecto relevante del proyecto es que «esta ley obliga a las distribuidoras a compensar económicamente a sus clientes por los excedentes de energía que estos inyecten a la red, consistiendo dicha compensación en un descuento en las cuentas de suministro eléctrico. La compensación en forma de pago se puede dar en tres circunstancias, que se aclaran a continuación».
Según clarificaron desde el Ministerio, los límites de 20 kW y 50 kW para acceder a la posibilidad de pago «es a la potencia conectada del cliente», mientras que el límite de 300 kW «es a la capacidad del generador y es un límite para acceder al derecho a inyectar excedentes, no necesariamente significa que se puede acceder al pago».
Se precisó que «solo en el caso que las compensaciones económicas no puedan ser descontadas de las boletas (por exceder los cargos), los clientes podrán recibir una compensación económica en la forma de pago si se estos se encuentran en alguno de los siguientes casos»:
- En el caso que las inyecciones de energía provengan de equipamiento de generación asociado a clientes residenciales con potencia conectada de hasta 20 kW.
- En el caso que las inyecciones de energía provengan de equipamiento de generación asociado a personas jurídicas sin fines de lucro con potencia conectada de hasta 50 kW.
- Los clientes que no cumplan con las condiciones anteriores, para poder optar a un pago, deberán contar con sistemas diseñados para el autoconsumo, vale decir, para no generar excedentes que no puedan ser descontados. En forma posterior, si estos excedentes se generan, por ejemplo, por una reducción en la demanda del cliente, los excedentes que no puedan ser descontados podrán ser pagados por la empresa distribuidora.
Tramitación
Los próximos pasos del proyecto de Ley en el Congreso es su ingreso a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde donde deberá pasar a votación en la sala, para posteriormente ingresar a la
Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda del Senado y así ver votado en la sala de la Cámara Alta.
En el Ministerio también se recordó que, actualmente, se han declarado en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) «más 3.000 sistemas de generación bajo esta ley, equivalente a más de 18 MW de potencia».
julio 31, 2018 | Industria
(La Segunda) Tras la victoria en el Tribunal Constitucional, donde logró sacar adelante el proyecto de ley que prohíbe las bolsas plásticas, derrotando a los gremios que producen este tipo de elementos, Marcela Cubillos, ministra del Medio Ambiente (MMA) ya alista las siguientes etapas de su agenda legislativa, revela sus plazos y promete un equilibrio político y técnico.
La secretaria de Estado está invitada este martes a exponer su proyecto más complejo: la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Pero eso no es todo en su agenda legislativa. Vinculado estrechamente a ese proyecto, la carta gantt de Cubillos tiene marcada la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, en primer trámite constitucional. Esta iniciativa es clave porque planteará el esperado rayado de cancha territorial para las inversiones.
También está en carpeta la ley Marco de Cambio Climático, que el Gobierno aspira a ingresar al Congreso el segundo semestre de 2019, y la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que potencia el reciclaje. Ahí actualmente se trabaja en la elaboración de la metas para dos productos prioritarios: Neumáticos y Envases y Embalajes.
En este caso se espera tener los decretos supremos firmados el próximo año.
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Mirada expectante por SEIA
La tarea de Cubillos no será fácil, deberá convencer a parlamentarios con background en el área, como Guido Girardi (PPD) o Isabel Allende (PS), quienes lideran la comisión Medio Ambiente en el Senado.
En cuanto a la reforma al SEIA, que entre otros elementos propone consagrar la participación anticipada de proyectos de inversión, Girardi sostiene que es fundamental una reinvención del sistema.
“El sistema es como un campo minado, ahora se duda tanto de los buenos, como de los malos proyectos (…) esperemos que ahora las definiciones sean mucho más técnicas.”, comenta Girardi.
Sobre la estructura del nuevo SEIA que entre otros cambios elimina el Comité de Ministros (que aprueba o rechaza proyectos) y la creación de tres macrozonas de evaluación en el país, Cubillos remarca que el proyecto “busca que lo técnico y lo político convivan de mejor manera que en el actual sistema. Debe existir un componente técnico, que queremos fortalecer, pero también debe existir la mirada política de la región y las autoridades”.
Una mirada similar tiene Alex Godoy, director Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD, quien asegura que a pesar de remover el Comité de Ministros, “el componente político siempre va a estar presente, dado que los distintos servicios y ministerios también responden a objetivos políticos.
Es más, la fijación de normas, el proceso de regulación al final es un proceso político”, comenta.
Mirada gremial y experta
Desde la Asociación de Generadoras, se espera que el nuevo SEIA identifique de manera temprana quiénes son los actores involucrados en el área de influencia de un proyecto y que se separen las medidas de compensación para comunidades de la evaluación de impactos ambientales.
“Esa separación evitaría las innecesarias confusiones entre lo que realmente se debe regular a nivel medioambiental y los otros temas”, comenta Claudio Seebach, presidente de la asociación.
En el caso del Consejo Minero, entidad que agrupa a las principales compañías extractivas del país, tiene especial interés en la agenda, incluyendo SBAP, ya que este consagra áreas donde no se pueden construir proyectos de inversión.
“El principal desafío es, a nuestro juicio, agilizar las evaluaciones, manteniendo las protecciones. En este sentido, se debe apuntar hacia una mejor calidad y eficiencia en la evaluación ambiental”, comenta Joaquín Villarino presidente del consejo, quien agrega que en el ítem glaciares, esperan que su protección esté radicada en el SEIA y en el SBAP.
Para el abogado y ex fiscal de MMA en el gobierno de Bachelet, Jorge Andrés Cash, una buena medida sería dividir el proyecto SEIA en dos: uno que “proponga mejoras al instrumento SEIA en el ámbito de la gestión y otro proyecto, que debería presentarse una vez aprobado el proyecto descrito, y que haga ajustes procedimentales en materia contencioso-administrativa y judicial”.
