julio 30, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera-Pulso) Mayor certidumbre y una línea de acción mucho más definida tendrán las empresas que quieran invertir en Chile. Por lo menos eso es lo que persigue el proyecto de ley que modifica la norma 19.300 y que busca modernizar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa en la que ha estado trabajado el Ministerio de Medio Ambiente y cuyo proyecto de ley ya está listo.
El documento de 20 páginas hoy está en manos de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para unos ajustes que, según conocedores del proceso, serán menores. Por eso se espera que la iniciativa ingrese esta semana al Congreso para iniciar una discusión que se espera será larga e intensa.
Y según se detalla en el proyecto de ley, al que tuvo acceso PULSO, uno de los elementos novedosos es la participación ciudadana anticipada, diálogo que será la antesala del proceso de conversación social que está reglado en la tramitación ambiental de los proyectos de inversión, que es conocida como PAC.
Este proceso de conversación anticipado tendrá una vigencia de hasta 18 meses previo al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental y tendrá como objeto “generar un proceso de diálogo temprano entre comunidad y proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos como resultado de dicha participación, todo lo cual deberá ser incorporado en un documento denominado Términos de Referencia Ambiental”.
Añade el texto que “una vez expresada por el proponente la decisión de sometimiento a la etapa de participación ciudadana anticipada, la realización será obligatoria”. Y que la forma en que se ejecutará será explicada a través de unas guías por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).
Lo importante de esto es que el acta que se obtenga de la participación debe ser protocolizada y además debe ser elevada en consulta al tribunal ambiental correspondiente para su autorización. “Una vez autorizado, el documento protocolizado y la copia autorizada de la resolución del tribunal ambiental deberán ser presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su registro y conocimiento, el cual se publicará en el Diario Oficial”, dice el documento.
Además se destaca que una vez realizados esos pasos, la empresa o “proponente” tiene un plazo máximo de dos años para ingresar el estudio de impacto ambiental a tramitación ambiental.
Para la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, estos cambios permitirán corregir las asimetrías con las que hoy se relacionan las comunidades y los privados al momento de invertir en un lugar determinado.
“El Presidente Piñera nos pidió elaborar un proyecto de modernización del SEIA que tenga como uno de sus ejes fundamentales el fortalecimiento de la participación ciudadana. Incorporar un diálogo temprano previo al ingreso al SEIA permitirá empezar a corregir la asimetría con que hoy se relacionan las comunidades con los titulares de los proyectos”, explica.
Detalla, además, que si el proceso de participación temprana es bien realizado, “se facilitará mucho la Participación Ciudadana (PAC) que se realiza dentro de sistema” y también aclara que las conversaciones relacionadas con la comunidad indígena y que están dentro del acuerdo de la OIT “siguen exactamente igual”.
Las dudas de los privados
El mundo privado celebra la iniciativa y pese a no conocer el documento final, valoran los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo para perfeccionar la forma en que se tramitan los grandes proyectos de inversión. “Una buena reforma al SEIA debería generar mayor certidumbre a los inversionistas, lo cual es positivo y muy necesario en estos momentos”, destaca el director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval.
Añade que “la reforma al SEIA es una iniciativa fundamental y cuyos cambios se encuentran pendientes desde hace mucho tiempo”.
Para la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), “si la ley resultante revierte las debilidades del actual sistema, efectivamente debería generar mayor certidumbre”, señala su gerente de estudios, Javier Hurtado.
Una visión más crítica tiene el Consejo Minero. El presidente ejecutivo del gremio que reúne a las grandes mineras que operan en el país, Joaquín Villarino, señala que “la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente va en línea correcta al hacerse cargo de la necesidad de una mayor participación ciudadana, pero nos parece que la fórmula prevista requiere revisión y es necesario profundizar en alguna solución”.
Añade que es una buena noticia que el gobierno tenga identificado el problema, caso que “ya lo habíamos tratado en profundidad en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA”, recuerda Villarino. “Sin embargo, no hay un acuerdo generalizado sobre las soluciones que hay en la mesa. Aquí, evidentemente, va a haber una discusión en el Congreso”, dice.
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Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, instancia que ha diseñado varios de los puntos que hoy están incluidos en el proyecto de ley, señala que si bien “la participación temprana es el principal cambio positivo que este proyecto trae”, existen dudas. Una de ellas es “¿quién asegurará que la participación temprana ocurra bajo condiciones que generen la confianza en todas las partes para que participen y honren los compromisos que de ellos surjan”, dice. Añade que “el SEIA ya parece sobrepasado por las actuales consultas ambientales, y la ciudadanía, con razón, estima que no existen condiciones simétricas para su participación respecto de los titulares del proyecto”.
En tanto, la Sonami valora la intención de la ministra Cubillos de hacer más eficientes los plazos de evaluación ambiental, pero, “de la misma forma, nos preocupan algunos temas que han trascendido, como es poner un plazo de 18 meses a la participación ciudadana anticipada, ya que ello iría contra el espíritu que se persigue, de hacer más eficiente la tramitación de los proyectos de inversión”, señala el gremio.
Pese a estas dudas, el sector inmobiliario mira con buenos ojos el que el gobierno este impulsando un diálogo previo con la ciudadanía, y de hecho, indican que “somos partidarios de una oportuna y efectiva participación ciudadana, pues por esta vía se mejoran y legitiman los proyectos”, señala Javier Hurtado.
Tema no menor, ya que en el caso de sus proyectos de inversión, los que ingresan al sistema como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proceso de participación ciudadana anticipada es voluntario, pero la industria estaría dispuesta a comenzar a implementarla para legitimar sus inversiones. “Si la experiencia es buena, lo que significa que se puedan llevar a cabo procesos de participación ciudadana reglados y que, además, concluyan con el respaldo del tribunal ambiental, efectivamente puede motivar a las industrias del sector a optar por este camino”, indica.
Ventanilla única
Otro de los temas relevantes es la designación del SEIA como ventanilla única en relación al otorgamiento de los llamados permisos mixtos, los más complejos de obtener por parte de los privados y que demoran mucho más tiempo en su tramitación, dificultando la ejecución de los proyectos de inversión.
Por eso el proyecto de ley, en su primera página hace mención al artículo 8, donde se señala que todos los permisos sectoriales serán otorgados por la Comisión de Evaluación Macrozonal, “mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, quedando exenta de tramitación posterior”.
Para el Consejo Minero, esta idea “robustece” el proyecto de ventanilla única medioambiental y debería contribuir a disminuir los plazos de tramitación de los proyectos. Sin embargo, en relación a los permisos mixtos, indica que la iniciativa generará un enorme desafío para que los servicios puedan cumplir esta indicación. “Respecto de los permisos anteriores que no solo tienen un componente medioambiental sino también técnico-sectorial (mixtos), significará un enorme desafío para las empresas y para los servicios involucrados el poder otorgarlos dentro de los plazos y el procedimiento de la evaluación ambiental”, detalla Joaquín Villarino.
Para Javier Irarrázaval, de la CPC, la ventanilla única para la tramitación de los permisos ambientales sectoriales en el marco del SEIA “parecer ser una buena apuesta”, y en ese sentido, indica, “es interesante reforzarla”.
“Se esperaría que ayude a descongestionar el sistema en la medida en que se trate de permisos cuyos contenidos sean compatibles con el conocimiento técnico del SEIA. El desafío que enfrentaría la implementación de esta ventanilla única es la modernización de los servicios sectoriales y su necesaria coordinación”, señala.
Macrozonas
El documento también detalla cómo estarán conformadas macrozonas, instancias que reemplazarán a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y también al Comité de Ministros.
La idea ya había sido adelantada por la cartera, pero en el documento se indica que existirán tres macrozonas: Antofagasta, Santiago y Concepción, y detalla también que la instancia será presidida por el director macrozonal correspondiente e integrada por el intendente regional respectivo, el secretario regional ministerial de Medio Ambiente y también de Economía de la región donde se ejecutará el proyecto. Además, lo integrará un profesional del área de las ciencias y un abogado, ambos nombrados por Alta Dirección Pública, y también contará con un integrante nombrado por el Presidente de la República.
En el proyecto de ley, además, se especifica que cada miembro deberá “motivar adecuadamente su voto”, el que debe estar basado en “consideraciones técnicas y ambientales relacionadas con las causales establecidas en los artículos 16 y 19 de la ley, esto es relacionado con las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del Estudio de Impacto Ambiental que se estimen necesarias.
julio 25, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio de Valparaíso) El alcalde (s) de Quintero, Rubén Gutiérrez, confirmó que está a la espera de la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que fue emplazado por el Ministerio de Medio Ambiente– para ver si presentan acciones legales como municipio contra los eventuales responsables del vertimiento de residuos de petróleo al estero Santa Julia, el fin de semana recién pasado.
El hecho ocurrió cerca del lugar donde una empresa contratista de Enap desarrollaba trabajos de hundimiento de cañerías.
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«Necesitamos conocer en primera parte como fue la dinámica de los hechos y en el fondo quién provocó este vertimiento. Por ello estamos en contacto con el Ministerio del Medio Ambiente ya que dicha cartera fue la que solicitó al Consejo de Defensa del Estado el generar acciones»,explicó Gutiérrez.
En tanto, la senadora Isabel Allende, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, precisó que «hemos enviado oficios a la autoridad , pero principalmente a Enap -quien aparece preliminarmente como responsable de lo ocurrido-para que nos expliquen qué fue lo que pasó; qué medidas se adoptarán».
julio 9, 2018 | Industria
(La Tercera-Pulso) Destacar las potencialidades de la Región del Maule en materia energética. Ese fue uno de los objetivos del encuentro “Conversaciones que Conectan 2018: La energía del futuro, una región energética”, llevado a cabo en Talca y organizado por Transelec, con el apoyo de Congreso del Futuro y Pulso.
En el encuentro, que contó con la participación de representantes del sector público-privado, se analizaron también los desafíos de la región -que en la actualidad produce diez veces más energía de la que consume- estableciéndose como uno de los más importantes, la descontaminación. En esa línea, se destacó el rol que podrían tomar las Energías Renovables Variables (ERV), especialmente solar, a futuro y la idoneidad de la zona para su desarrollo. También el rol como fuente de respaldo, gracias a la gran presencia de embalses que hay en la zona.
“El Maule es una región absolutamente central y prioritaria para Transelec (…) Es absolutamente clave para el suministro energético y también porque en un futuro muy, muy cercano, vienen proyectos de infraestructura eléctrica en transmisión muy importantes”, destacó durante la jornada -que es la segunda que se realiza este año, tras una celebrada en Concepción- el gerente general de Transelec, Andrés Kulhmann.
“La energía eléctrica es mucho menos contaminante y afecta e impacta menos al planeta que otras energías más básicas como los combustibles fósiles, por ejemplo”, destacó el ejecutivo, añadiendo que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), están disponibles a costos hoy muy bajos, gracias a los desarrollos tecnológicos y que Transelec ha conectado el 65% de este tipo de generación a la red en los últimos cinco años.
El presidente ejecutivo de las Generadoras, Claudio Seebach, manifestó que en los últimos años se ha vivido una revolución en materia de generación. “El mayor desafío energético es la contaminación de nuestras ciudades, que genera mayores muertes prematuras (…) La gran pregunta es, ¿qué hacer? La electricidad es sólo el 20% de la energía que consumimos. Uno de los grandes cambios tiene que ver con el transporte”, dijo, añadiendo que “el futuro va a ser renovable”.
Agregó que “el Maule posee el 30% de la capacidad de los embalses” y ellos “son hoy la principal oportunidad de aprovechar el sol y, así, complementar las energías renovables variables”, explicando que en la zona existen 11 proyectos solares, “por lo que esta región, que ha sido pilar en energía, va a jugar un rol clave”.
La gerenta general de EBP Chile y directora de Espacio Público, Nicola Borregaard, destacó que no existe un plan energético para la región, a la cual caracterizó como una zona con un alto nivel de ruralidad (30%), con una gran biodiversidad, actividad agrícola y agroindustrial y un alto potencial turístico. “Esta región tiene la capacidad increíble de compatibilizar naturaleza con intervenciones”, señaló.
[VEA TAMBIÉN: Transelec ha conectado 65% de energía renovable a la red desde 2013]
Desafíos de Estado
En la oportunidad, los t emas país a nivel energético no se dejaron fuera del debate. El senador UDI, Juan Antonio Coloma, enfatizó en que “es necesario facilitar la inversión en materia energética”.
En ese sentido, Kulhmann manifestó que sería positivo un cambio en la lógica en cómo se adjudican los proyectos que se licitan. “La infraestructura de transmisión y distribución está pensada en que si un proyecto cumple. Lo que manda es la mínima inversión. Sin embargo, no hay una competencia por un proyecto que pueda ser mejor que otro. No hay incentivos para ganar un proyecto con una mejor solución ambiental”, indicó.
Mientras que Seebach afirmó que es necesario que el Estado se “la juegue” con la inversión que las empresas hacen a las comunidades, reconociéndolas como gastos. “Los gastos de las empresas de generación que invierten en la comunidad, son declarados como gastos rechazados por Impuestos Internos, lo que es un absurdo”, dijo, añadiendo que el Estado también debe establecer planes y espacios de diálogo entre los distintos actores.
Juan Antonio Coloma “indignado” por Central Los Cóndores
“La Central Los Cóndores en un atentado a la visual. Lo que se está haciendo con la megatorre… cruza de un lado para otro la carretera de forma violenta. Hay que tener cada vez más presente que los escenarios visuales tienen que tener consideración. Hay que tener sensibilidad”, indicó el senador UDI Juan Antonio Coloma. En esa línea, añadió que “lo que hizo Enel va a tener un impacto en lo turístico y en lo ambiental realmente chocante”.
“Estuve allá y no puedo entender que cuando hay una región con vocación turística importante, con un paso con una inversión importante del Estado y por donde pasaron casi 200 mil turistas el año pasado, ahora se le instale un tipo de barrera de esa naturaleza. Me parece que más allá de la norma debe haber un sentido común. Hay que ver cómo se legisla esa materia. Estoy indignado”, aseveró.
Los Cóndores en una central hidroeléctrica de pasada hoy en construcción que tendrá una capacidad de aproximadamente 150 MW de potencia instalada, que utilizará agua del embalse laguna del Maule y que se conectará a la red nacional en la subestación Ancoa (SIC), a través de una línea de transmisión de 87 km. Su inversión es cercana a los US$ 800 millones. Su construcción se inició en 2014, año en el que se esperaba que demandara US$ 660 millones de inversión
julio 5, 2018 | Industria
Desde 2013 Transelec ha conectado el 65% de la energía renovable a la red de transmisión, según indicó Andrés Kulhmann, gerente general de la empresa en el marco del ciclo “Conversaciones que Conectan 2018”, donde representantes del sector público-privado analizaron los desafíos para una región energética como el Maule en un contexto de cambios en materia de energía y sustentabilidad.
Kuhlmann señaló que “la mayor electrificación en Chile será con energías más baratas y limpias”, resaltando que Transelec “ha conectado el 65% de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional en los últimos 5 años, aportando con este objetivo país”.
Encuentro
En el encuentro -el segundo de tres que se realizan en Concepción, Talca y Santiago- también participaron como expositores el senador de la Región del Maule, Juan Antonio Coloma; la gerenta general de EBP Chile y miembro del directorio de Espacio Público, Nicola Borregaard y el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach.
El Intendente del Maule, Pablo Milad, dio inicio al evento, llamando a “trabajar de la mano en temas energéticos en la región”, por lo que afirmó que “la zona está abierta a apoyar cualquier proyecto que sea un aporte para las personas”.
«Cabe señalar que en la Región del Maule se produce el 7,77% de la energía del país (1.849 MW de un total de 23.775 MW). Sin embargo, anualmente consume un promedio de 178 MW, es decir, produce 10 veces más de lo que consume», informó Transelec mediante un comunicado.
[Transelec alista puesta en servicio de obras para descongestionar el sur del sistema eléctrico]
Ese rol de región productora de energía para el país es el que destacó Kuhlmann, explicando que aquí nace el Sistema Interconectado Nacional. Por eso, el ejecutivo enfatizó en que “el Maule es una zona prioritaria y de gran importancia para Transelec”.
Por su parte, Claudio Seebach complementó esa visión de una mayor irrupción de energía limpia en el sistema, diciendo que «somos un país rico en energías renovables y tenemos que aprovecharlas».
Nicola Borregaard, por su lado, dijo que si bien «no hay un plan energético regional en el Maule”, esta zona “tiene la capacidad de combinar naturaleza con inversiones, donde energía y turismo es un eje central por desarrollar».
En tanto, el senador Juan Antonio Coloma, enfatizó en que «es necesario facilitar la inversión en materia energética”.
Los expositores coincidieron en que los proyectos energéticos, tanto en la Región del Maule como a nivel nacional, deben estar enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas con tecnología y un mínimo impacto socio ambiental.
junio 28, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera-Pulso) Una corta vida tuvo el proyecto de protección de glaciares, ya que el gobierno decidió retirar la iniciativa del trámite legislativo. Así lo informó la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuando ésta procedía a revisar el artículo referido a los gastos fiscales, ya que el texto había sido despachado y aprobado por la comisión ad hoc.
“Esta iniciativa no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo. Somos partidarios de pedir el retiro del proyecto”, indicó la secretaria de Estado a los parlamentarios señalando que no concuerdan con la idea de establecer normativas específicas para distintas zonas de conservación.
“La forma de proteger los glaciares es a través del impulso al proyecto que crea un sistema de áreas protegidas, no creemos que deba existir una protección específica para humedales o glaciares”, sostuvo. Informó que como Ejecutivo están interesados en impulsar el proyecto que crea el Sistema de Áreas Protegidas que está en primer trámite en el Senado, y que introducirán modificaciones a través de indicaciones en el segundo paso legislativo, es decir, cuando llegue a la Cámara.
[VEA TAMBIÉN: Diputados aprueban informe sobre fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares]
“Consideramos que dentro de las norma de este proyecto se crea un instrumentos de conservación de biodiversidad
donde se puede aprobar la protección de los glaciares mediante áreas protegidas como la calificación de ecosistemas,
o planes de manejo de áreas protegidas amenazadas”, acotó Cubillos.
Este proyecto que fue presentado por varios diputados en 2014 y complementado por una indicación sustitutiva en 2016, tenía por objeto preservar y conservar los glaciares y su entorno, considerándolos “bienes nacionales de uso público”.
La decisión de retirar el proyecto ha generado polémica. La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín lamentó el retiro del proyecto y criticó a la minería de destruir “en forma sostenida” los glaciares. A su vez el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, recordó que la reducción de éstos se debe al cambio climático y que los proyectos de inversión deben presentar su respectivo estudio de impacto.
En tanto, Francisco Cereceda, académico de la U. Santa María manifestó la urgencia de un proyecto que proteja estas masas de hielo.
