agosto 6, 2018 | Industria
(El Mercurio de Valparaíso) A un mes de haber sido ingresada la respuesta de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) a tramitación ambiental para reactivar el proyecto termoeléctrico «Nueva Era», que se pretende construir en Concónen dependencias de la Refinería Aconcagua, los servicios públicos que participan del proceso dieron respuesta a la iniciativa que ingresó su segunda adenda para poder conseguir el permiso ambiental para la edificación de la central.
Enap incluyó las respuestas a las 76 observaciones pendientes y un estudio de salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) que asegura -según la empresa-, que la central no significaría un daño para la salud de las personas.
De los 20 servicios públicos que participan en el proceso, quince dieron a conocer sus respectivos informes: diez de ellos no realizan observaciones a la iniciativa y se declaran conformes a la información presentada por la estatal, pero cinco entidades públicas, hicieron reparos, aclaraciones y rectificaciones respecto a lo presentado por la empresa.
Conformidad
La Seremi de Energía, El Servicio Nacional de Turismo, la Seremi de Agricultura, el Sernageomin, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola Ganadero, la Dirección General de Aguas, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y la Seremi de Obras Públicas, son los servicios que dieron conformidad a la iniciativa que pretende ser puente para suministrar de energía al Sistema Interconectado Central (SIC).
Entre los informes, que son de carácter público en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Seremi de Energía dio a conocer que «en atención a los solicitado en el Oficio Ordinario de Antecedentes, se informa que se revisó la adenda del proyecto «Central Nueva ERA», presentado por el señor Cristián Nuñes Riveros, en representación de Enap Refinerías S.A. En base a la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme sobre la adenda antes mencionada».
Todos los servicios que se declaran bajo conformidad lo hacen con este tipo de documento y sólo realiza un pequeño reparo el Servicio Agrícola Ganadero, que estipula que «debe quedar establecido que la medida de perturbación para fauna propuesta por el titular debe repetirse ante periodos prolongados de inactividad en la etapa de construcción por la potencia recolonización de las especies identificadas».
[VEA TAMBIÉN: Core de Valparaíso vota en contra de proyecto de termoeléctrica de Enap en Concón]
Críticas a estudio UC
El primer servicio que realiza observaciones al proceso de tramitación ambiental es la Seremi de Medio Ambiente, que cuestiona los datos presentados por la estatal en relación al cumplimiento de la Norma de Termoeléctrica y las compensaciones que ofrece la empresa por pretender emplazar la central en una zona que es considerada saturada.
La entidad desacredita el estudio de salud pública realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya que -según indican-, la Seremi de Salud no certifica el diagnóstico, por lo que no podría asegurar que la termoeléctrica no daña a la salud de las personas.
En el informe presentado por Medio Ambiente se da a conocer que «el estudio presentado por el titular en el EIA (autoridad competente) durante el proceso de evaluación del presente proyecto. En consecuencia, la inexistencia de de riesgo no está acreditada».
Además, según el servicio, existe incertidumbre respecto de los cálculos de las emisiones que presenta el titular en Óxidos de Nitrógeno (NOX) y Material Particulado (MP), en los impactos al medio ambiente que están presentados en la segunda adenda respecto de datos anteriores existentes en la tramitación ambiental y en la falta de la inclusión de todas las zonas de influencias o declaradas saturadas.
Desestiman estudio
Por su parte, la Seremi de Salud realiza las observaciones desde el punto de vista de influencia de la entidad y da a conocer que no hay precisión, y que no se corrobora que el emplazamiento de la central genere un daño a la salud de las personas en una zona que es considerada saturada y latente. Además, hace reparos en torno a la línea base del proyecto, las emisiones, la utilización del agua y el estudio UC.
«El Estudio de la Pontifica Universidad Católica de Chile, presentado por el titular, fue desestimado por esta Seremi de Salud durante el proceso de evaluación del presente proyecto», dice Salud.
Por lo tanto, argumentan, «en lo que respecta a esta evaluación, aún no se responde en forma satisfactoria a las consultas relacionadas con reconocer el riesgo a la población y por consiguiente valorar la significancia del riesgo de ésta en el área de influencia, mediante una correcta aplicación metodológica, análisis y ponderación, utilizando un modelo de exposición que relacione y considere de manera proporcionalmente correcta la realidad de la zona, el aporte real de todas las emisiones».
Municipios en contra
Mientras, las municipalidades de Concón, Quintero y Quillota dieron a conocer sus reparos y plantean firmemente que el proyecto carece de establecer mitigaciones y/o compensaciones.
El municipio de Quintero pone énfasis en que la empresa no acoge la solicitud de las vías de acceso y transporte, no existe claridad en la extracción de agua, falta detalle de la línea base e informa que la línea de transmisión que plantea Enap pasa por el humedal del Río Aconcagua, que es un área verde. En esta misma línea, el municipio de Quillota plantea disconformidad respecto al terreno y la poca claridad de dónde será emplazada la subestación seccionadora.
En tanto, Concón realiza observaciones respecto a la zona de influencia de la iniciativa, las mitigaciones, la condición de saturación, la reducción de las emisiones, los valores que hay de éstas y cuál es el real impacto que generan.
Desde el municipio de Concón son tajantes en su informe, pues reiteran que en su informe, «firme su rechazo al proyecto, debido a que no logra demostrar que no existe riesgo a la salud de la población y a los recursos naturales de la comuna».
Especificaciones técnicas del proyecto
De acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central Nueva Era «considera un conjunto una central de ciclo combinado a gas natural, una línea de transmisión de doble circuito de 500 kV y una subestación seccionadora para la conexión e inyección de energía al Sistema Interconectado Central (SIC)». Enap postula que «el desarrollo y construcción de una central de generación eléctrica de tipo de ciclo combinado, se justifica dada la necesidad de satisfacer el constante aumento en el consumo de agua que se registra a nivel nacional».
agosto 6, 2018 | Industria
(El Mercurio) Una propia y particular sequía enfrenta el fisco de Chile en materia de derechos de aprovechamiento de agua. Por ley, desde 2006 quienes poseen estos títulos pero no utilizan el caudal que se les asignó, deben pagar una patente anual. Y si bien desde entonces el Estado ha recaudado US$ 417 millones por este concepto, cada vez menos empresas y personas están cumpliendo con el impuesto, que fue creado para desincentivar la especulación de precios.
Datos de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) muestran que el número de patentes pagadas oportunamente (durante marzo de cada año) ha ido cayendo de manera consecutiva en los últimos diez años.
Mientras en 2007 se llegó a un récord de 67% de patentes pagadas (1.110 de un universo de 1.651), por US$ 21 millones, de US$ 31 millones posibles, una década después solo cumplieron con esa obligación 1.078 patentes de un total de 5.320. Es decir, el 80% de quienes debían pagar está en situación de morosidad, una cifra récord desde que existe esta patente. La recaudación, en tanto, fue de apenas 21%, US$ 26 millones de un total esperado de US$ 124 millones.
«Lamentablemente, la tasa de morosidad es alta», reconoce Óscar Cristi, asesor de la DGA. «Hasta julio se han recaudado solo US$ 26 millones de los US$ 124 millones que la Tesorería General de la República debe cobrar», confirma.
Así, los primeros 11 años de vigencia de este tributo acumulan una morosidad de US$ 317 millones, dineros que de haber sido enterados habrían robustecido las cuentas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (65%), de los municipios (10%) y del presupuesto general de la nación (25%).
Detallada en la resolución 3430 de la DGA, la nómina de las patentes morosas del año pasado incluye a la mayoría de las actividades productivas del país, desde empresas eléctricas y mineras, hasta agrícolas y ganaderas, pasando además por viñas, sanitarias, salmoneras, inmobiliarias y alimenticias.
También hay compañías estatales. Codelco, por ejemplo, exhibe la deuda más cuantiosa en esa categoría: un millón de dólares por 20 patentes de Antofagasta, Calama, Los Andes y San Felipe y un caudal total de 2.723 litros por segundo.
La lista incluye a otras dos empresas públicas (Enami, con $50,4 millones, y a Enap, con $5,5 millones), a seis municipalidades (Camiña, Tierra Amarilla, Nogales, Ranquil, Lanco y La Unión) y hasta a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.
Entre los privados, la nómina de la DGA identifica a las eléctricas Colbún, AES Gener y Endesa, y a mineras como Quebrada Blanca, SQM, Collahuasi, Zaldívar, Escondida, Spence, Antofagasta Minerals, Casale y Mantos de Oro.
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Plan de cuatro pilares
Enfrentar este problema es una de las prioridades que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció recientemente al Congreso, al exponer su agenda de recursos hídricos ante la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados.
En tiempos de escasez hídrica, el secretario de Estado explica a «El Mercurio» que «como Gobierno buscamos garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en zonas urbanas y rurales y potenciar el buen funcionamiento del mercado de agua».
La estrategia para alcanzar ese objetivo se basa en cuatro pilares: certeza jurídica de la duración y transferibilidad de los derechos de agua; certeza hídrica de los mismos, para que sean consistentes con la real disponibilidad en las cuencas y acuíferos; mayor transparencia y menores costos de transacción en el mercado, y fiscalización efectiva por parte de la DGA.
Fontaine avizora cambios regulatorios y de gestión, entre ellos terminar con el sobreotorgamiento de derechos de agua, reducir las extracciones ilegales y monitorear el nivel de los acuíferos.
Según el titular del MOP, además, «vamos a reducir la especulación en los derechos de agua, haciendo un cobro efectivo de las patentes por no uso del agua, las cuales hoy muchas veces no se pagan».
Fuera de la fiscalización
De acuerdo con el Código de Aguas, el cobro de estas patentes se basa en un trabajo conjunto de la DGA y la Tesorería General de la República. La primera fiscaliza el no uso de los derechos de agua, informa a los deudores y cada último día hábil de diciembre envía la nómina de morosos a Tesorería.
Luego, esta última debe cobrar la patente y distribuir lo recaudado entre el FNDR, los municipios y el presupuesto general; y en caso de morosidad, enviar los antecedentes a los juzgados de letras competentes, para que estos realicen las subastas respectivas.
Hoy, la DGA y la Tesorería trabajan en un software de gestión de patentes, que permita interconectar sus sistemas de información para agilizar la cobranza y el eventual remate de los derechos morosos.
Un problema no resuelto es el desconocido número de derechos de agua que no han sido inscritos en el Catastro Público de Aguas y que están, por ende, al margen de la fiscalización.
julio 25, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio de Valparaíso) El alcalde (s) de Quintero, Rubén Gutiérrez, confirmó que está a la espera de la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que fue emplazado por el Ministerio de Medio Ambiente– para ver si presentan acciones legales como municipio contra los eventuales responsables del vertimiento de residuos de petróleo al estero Santa Julia, el fin de semana recién pasado.
El hecho ocurrió cerca del lugar donde una empresa contratista de Enap desarrollaba trabajos de hundimiento de cañerías.
[VEA TAMBIÉN: Ministerio de Medio Ambiente solicita al CDE interponer demanda por daño ambiental tras derrame en Quintero]
«Necesitamos conocer en primera parte como fue la dinámica de los hechos y en el fondo quién provocó este vertimiento. Por ello estamos en contacto con el Ministerio del Medio Ambiente ya que dicha cartera fue la que solicitó al Consejo de Defensa del Estado el generar acciones»,explicó Gutiérrez.
En tanto, la senadora Isabel Allende, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, precisó que «hemos enviado oficios a la autoridad , pero principalmente a Enap -quien aparece preliminarmente como responsable de lo ocurrido-para que nos expliquen qué fue lo que pasó; qué medidas se adoptarán».
julio 24, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera-Pulso) La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, junto al Subsecretario de la cartera, Felipe Riesco, llegaron hasta las oficinas del Consejo de Defensa del Estado para reunirse con el Presidente (s) del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney, para tratar el derrame de hidrocarburos que afectó a un estero de la zona de Santa Julia, en Quintero, este domingo.
En dicha reunión, las autoridades del Ministerio le solicitaron formalmente al CDE interponer una demanda por daño ambiental en contra de los responsables de la emergencia. Este organismo es el que tiene la legitimación activa para ejercer esta acción en contra de quien corresponda, con el objetivo de obtener la reparación íntegra del medio ambiente dañado.
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“Ante un hecho de esta naturaleza lo que corresponde es establecer responsabilidades, aplicar sanciones que corresponda y reparar el daño ambiental. La comunidad afectada no puede estar permanentemente expuesta a este tipo de emergencias” señaló la ministra Cubillos.
El domingo, luego de recibir la denuncia, autoridades de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso se hicieron presentes en el lugar, coordinando la realización de toma de muestras y entrega de información a los vecinos.
En el área afectada existe un sistema de Agua Potable Rural que abastece a 250 familias. La zona afectada se encuentra cercana a trabajos que realiza un contratista de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
julio 23, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio de Valparaíso) Un fuerte olor y evidentes manchas oleosas en el estero Mala Cara, del fundo Santa Julia de Quintero, alertaron a los residentes de la mencionada comunidad rural, quienes desde el jueves de la semana pasada aseguran haber comenzado a percibir una situación extraña en torno al cauce que los provee de agua potable.
La anomalía hizo presumir un nuevo derrame de petróleo y que esta vez se habría generado en torno a las obras de hundimiento de cañerías que la empresa Enap realiza en el lugar a través de una firma contratista. La situación movilizó a distintos servicios y equipos de emergencia durante la tarde de ayer, luego de que los vecinos denunciaran formalmente el hecho ante el municipio en horas de la mañana.
«El jueves en la tarde hubo unos comentarios de que había derrame, la gente fue a mirar, pero no lo vieron. Ayer (sábado) en la tarde vino un vecino y dijo ‘oigan, ¿ustedes no fueron a ver? Está lleno de petróleo, hay un olor a petróleo que no se soporta en el estero’; fuimos a ver y realmente era así», contó Nathalie Vásquez, residente del lugar.
Aquella versión concordó con la entregada por Carla Ávila, también habitante del lugar, quien comentó que «hay una situación visual, odorífica, también el tema del gusto. El agua está diferente, tenemos una calidad óptima de agua y hoy no estamos recibiendo el agua como corresponde (…) Ojalá sea reparable porque nosotros dependemos de esta agua que sirve para abastecer a toda la comunidad, entonces es una situación crítica».
Tras el llamado de emergencia, una de las primeras medidas que se adoptó fue «la suspensión y la interrupción de las faenas que está haciendo Enap en el lugar», explicó la gobernadora provincial, María de los Ángeles de la Paz.
De igual forma se procedió a la contención de los productos químicos vertidos a las aguas del estero, instancia en la que la Capitanía de Puerto de Quintero activó sus protocolos para verificar que la sustancia no había llegado al mar. En segundo orden se procedió a colaborar en la situación ocurrida, a pesar que se había registrado en un área que no correspondía a la jurisdicción de la autoridad marítima.
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«Las mangas fueron coordinadas por nosotros. En la mañana, cuando tuvimos conocimiento de esto, se le informó a Enap que tenía que hacer este despliegue y nosotros cerramos el sector del puente, de manera que no tome el curso que va hacia el humedal de Mantagua que es un área sensible para todos», explicó el capitán de puerto de Quintero, comandante Dinson Baack.
El oficial naval agregó que también se colaboró con la toma de muestras: «fue en tres puntos distintos donde tenemos la certeza que alcanzó esta sustancia, hicimos un muestreo con los protocolos nuestros para estos casos y lo que hacemos es mantener las muestras refrigeradas, para que mañana (hoy) se entreguen de manera documental al Servicio de Salud».
Dominada -en parte- la situación, la seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, quien también se constituyó en el lugar, indicó que «claramente lo que ocurrió aquí es que hubo un mal manejo de residuos» y que «ha habido prácticas que no debieran haber ocurrido».
En ese sentido, la autoridad acotó que más antecedentes de aquello «tendrá que determinarlo la investigación y los procesos administrativos que tienen que realizarse a partir del lunes, que se van a gatillar con un operativo de toma de muestras, pero por el momento, lo más probable -no quiero adelantarme- es que sea un mal manejo de sustancia de residuos. La investigación determinará si fueron gatillados a tiempo o no y si eran las mejores acciones a realizar».
Por su parte, el gerente de Enap Refinería Aconcagua, Edmundo Piraino, aseguró que tras aplicar el plan de contingencia, y de acuerdo a los análisis preliminares, «se trataría de un inadecuado manejo de residuos en una batea por parte de la empresa contratista Cavco, a cargo de realizar trabajos en dicho lugar. Hemos aplicado medidas de control y mitigación, sin perjuicio de eventuales acciones que evaluemos en contra del contratista», agregando que la filtración fue muy menor y habría procedido desde dicha batea cuyas dimensiones son 1,50 metros por 1,0 metro y con una profundidad de un poco más de 30 centímetros, la cual «contenía una medida menor a su capacidad máxima, y lo que entendemos es que salió un volumen muy inferior», indicó el ejecutivo.
Por su parte, el seremi de Salud, Francisco Álvarez, sostuvo que personal a su cargo llegó al estero, «donde se pudo constatar el vertimiento de hidrocarburo a su cauce», ordenando la apertura de dos sumarios administrativos.
«Se determinó iniciar un sumario sanitario en contra de una empresa contratista de Enap, que realiza labores de mantenimiento en oleoductos del sector cercano al estero, y también se determinó cursar un sumario a Enap, por sus eventuales responsabilidades en este vertimiento».
La autoridad sanitaria agregó que se determinó la prohibición de labores a la empresa contratista hasta que certifiquen la implementación de medidas de control en el trabajo con los hidrocarburos y «también se procedió a la prohibición de funcionamiento a la estación de Agua Potable Rural (APR), que existe en el lugar, hasta que se pueda certificar que el agua que contiene es potable, por lo que funcionarios de nuestra Seremi tomarán muestras en el lugar para certificar aquello».
Ante este corte preventivo de suministro de agua potable proveniente del estanque de APR, el municipio de Quintero dispuso de camiones aljibe que abastecerán del vital elemento a los cerca de 400 habitantes de la localidad rural de Santa Julia que se verán afectados por la situación.
«La Municipalidad va a entregar a través de camiones aljibe el agua potable a la comunidad en virtud de que en este estero están las punteras de lo que es el agua potable rural o el APR; por lo tanto, mientras el seremi de Salud no garantice que el agua es potable, vamos a tomar esa medida», señaló el alcalde (S) de Quintero, Rubén Gutiérrez.
Asimismo, desde la estatal informaron que «respecto del suministro de agua, y como medida preventiva, además se ha activado la entrega de agua potable ante cualquier requerimiento en la zona, pues como parte de los trabajos del contratista se consideró abastecimiento de agua potable al APR ante cualquier contingencia».
El evento ocurrido ayer fue duramente criticado por parlamentarios de la zona. El diputado Diego Ibáñez (FA) sostuvo que «la situación ya no resiste más».
«Esta semana (pasada) hubo dos eventos de irresponsabilidad por parte de las empresas: tenemos el derrame de aguas servidas de parte de Esval y ahora este derrame de hidrocarburos por parte de Enap. La gente no merece este tipo de negligencias, pareciera que estos eventos ya no son aislados, sino que son parte de una irresponsabilidad brutal de parte del Estado para poner orden a la situación», dijo el legislador.
Y agregó que «desde la Comisión de Medio Ambiente impulsaremos los oficios pertinentes y estamos sumados para buscar responsables en todos los hechos históricos que han ocurrido a propósito del plan de descontaminación fallido, por lo cual iniciamos una comisión investigadora que presentaremos a la vuelta de nuestra semana distrital».
En tanto, Andrés Longton (RN), sostuvo que «iniciaré las labores de fiscalización correspondientes para que se impongan las sanciones de acuerdo a lo que ocurrió. Oficiaré, tanto a la Dirección General de Aguas (DGA), a la Superintendencia de Medio Ambiente y a Salud para que se inicien las investigaciones. La negligencia de parte de esta empresa contratista no se puede dejar pasar porque son cosas mínimas que se les debe exigir y creo que esta empresa no reúne las condiciones de responsabilidad ni de profesionalismo para que pueda seguir operando en la zona», concluyó el parlamentario.
