abril 17, 2023 | Industria
El Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) seleccionó la propuesta de la Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (ASDIT) –consorcio liderado por la Corporación Alta Ley e integrado por 11 universidades chilenas– para la implementación del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL).
Con esta adjudicación, el organismo resolvió en favor de la postulación que había resultado perdedora en la licitación dirimida en enero de 2021, cuando en un controvertido proceso se adjudicó el desarrollo del ITL a Associated Universities Inc. (AUI), entidad constituida principalmente por universidades extranjeras.
Sin embargo, la decisión posteriormente fue impugnada por integrantes de los otros consorcios participantes, representantes de universidades nacionales y del Congreso Nacional, quienes plantearon diversas críticas al proceso, acusando eventuales irregularidades, falta de objetividad y transparencia.
La controversia terminó con una resolución de la Corte Suprema que en julio de 2022 dejó sin efecto la adjudicación a AUI y derivó en la reevaluación de las propuestas.
La última definición se adoptó el 24 de marzo, durante la última sesión del Consejo, y se notificó a las partes el viernes 14 de abril. La instancia fue presidida por la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y en la que participaron también el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry; la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, y la vicepresidenta ejecutiva (s) de Corfo, Marcela Guerra.
El Instituto de Tecnologías Limpias se implementará en la región de Antofagasta, aprovechando las condiciones únicas del desierto de Atacama. Se trata de un proyecto impulsado por Corfo, que busca fomentar la energía solar, la minería sustentable y materiales avanzado de litio y otros minerales. Representa un aporte de recursos de más de US$100 millones en 10 años, convirtiéndose en la mayor inversión de I+D del país en esta materia.
abril 5, 2022 | Sin categoría
La Cámara de Diputados aprobó -por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones-, el informe redactado por la Comisión Investigadora (CEI 62) que buscaba indagar los actos de Corfo y otras autoridades respecto del proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Según información de la Cámara Baja, el documento cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL. Se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter política y no técnica.
Asimismo, el texto de la comisión refuta que, a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo “caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional”.
El documento de la comisión investigadora afirma que se cometió un error (no subsanado) al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto. Con ello, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$37 millones, cuando en realidad ascendía a US$84 millones.
Responsabilidades
Asimismo, en el informe se califica como sumamente graves las acusaciones de intervención del exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ello, considerando variadas inhabilidades que pesaban en su actuar por ser parte de los directorios de las entidades postulantes.
Además, según se consigna en Camara.cl, en el texto se remarca que sus actuaciones tendieron a “limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros”.
La propuesta ganadora
La propuesta ganadora (AUI) se adjudicó 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
Como se de talla en el informe de la comisión, la relevancia de esta situación radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar 50 millones de dólares del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana.
Además, en el documento se destaca que ya se contaba con la evaluación (julio 2020) de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.
La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y refutó la participación de Terrazas. El informe indica que “se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”.
En el texto se resalta lo indispensable que es que se modifiquen y estandaricen los diferentes procesos de licitación. De este modo, se espera no dar espacio a ambigüedades.
Igualmente, se sugiere dejar sin efecto la adjudicación y realizar un nuevo proceso licitatorio para la creación del ITL. Para ello, se insta a usar estándares y bases de licitación claros, sin modificaciones posteriores ocultas. Además, con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.
Por otra parte, -según consigna Camara.cl, se plantea que la Corfo realice las modificaciones necesarias en las Bases Administrativas Generales. La idea es incluir parámetros y procedimientos estándares para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
Finalmente, entre otras recomendaciones, se remiten los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. De este modo, se espera que se evalúen las eventuales responsabilidades administrativas y penales del caso.
En el debate intervinieron Luis Alberto Cuello (PC), Tomás Hirsch (IND) y Jaime Araya (IND). Los tres coincidieron en la importancia de esta investigación y relevaron el nivel de acuerdo en la redacción de las conclusiones y, según datos de la Cámara, lamentaron la constatación de irregularidades en el proceso de licitación.
En particular, se criticó el cambio de condiciones en las bases; la sospecha del uso de información privilegiada; y el actuar de Pablo Terrazas.
abril 5, 2022 | Electromov
La Cámara de Diputados aprobó -por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones-, el informe redactado por la Comisión Investigadora (CEI 62) que buscaba indagar los actos de Corfo y otras autoridades respecto del proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Según información de la Cámara Baja, el documento cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL. Se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter política y no técnica.
Asimismo, el texto de la comisión refuta que, a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo “caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional”.
El documento de la comisión investigadora afirma que se cometió un error (no subsanado) al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto. Con ello, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$37 millones, cuando en realidad ascendía a US$84 millones.
Responsabilidades
Asimismo, en el informe se califica como sumamente graves las acusaciones de intervención del exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ello, considerando variadas inhabilidades que pesaban en su actuar por ser parte de los directorios de las entidades postulantes.
Además, según se consigna en Camara.cl, en el texto se remarca que sus actuaciones tendieron a “limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros”.
La propuesta ganadora
La propuesta ganadora (AUI) se adjudicó 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
Como se de talla en el informe de la comisión, la relevancia de esta situación radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar 50 millones de dólares del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana.
Además, en el documento se destaca que ya se contaba con la evaluación (julio 2020) de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.
La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y refutó la participación de Terrazas. El informe indica que “se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”.
En el texto se resalta lo indispensable que es que se modifiquen y estandaricen los diferentes procesos de licitación. De este modo, se espera no dar espacio a ambigüedades.
Igualmente, se sugiere dejar sin efecto la adjudicación y realizar un nuevo proceso licitatorio para la creación del ITL. Para ello, se insta a usar estándares y bases de licitación claros, sin modificaciones posteriores ocultas. Además, con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.
Por otra parte, -según consigna Camara.cl, se plantea que la Corfo realice las modificaciones necesarias en las Bases Administrativas Generales. La idea es incluir parámetros y procedimientos estándares para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
Finalmente, entre otras recomendaciones, se remiten los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. De este modo, se espera que se evalúen las eventuales responsabilidades administrativas y penales del caso.
En el debate intervinieron Luis Alberto Cuello (PC), Tomás Hirsch (IND) y Jaime Araya (IND). Los tres coincidieron en la importancia de esta investigación y relevaron el nivel de acuerdo en la redacción de las conclusiones y, según datos de la Cámara, lamentaron la constatación de irregularidades en el proceso de licitación.
En particular, se criticó el cambio de condiciones en las bases; la sospecha del uso de información privilegiada; y el actuar de Pablo Terrazas.
octubre 26, 2021 | Sin categoría
Realizar nuevamente el proceso licitatorio de la creación del Instituto de Tecnologías Limpias en la Región de Antofagasta, aplicando estándares y bases de licitación claros, para que el consorcio ganador sea el que «más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías limpias, es una de las principales solicitudes que contiene el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en esta materia.
Otro punto que propone la instancia es dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con (AUI), así como modificar las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares. Todo ello, para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
También se plantea realizar modificaciones «para abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas», además de «remitir informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada. En este sentido se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, Pablo Terrazas».
Otra conclusión del informe es «oficiar al contralor general de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión».
Análisis
El informe de la Comisión Investigadora plantea que los evaluadores sostuvieron que la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc (AUI).
Detalla que se hace caso omiso a dicha evaluación y se modifican los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la Corporación Alta Ley. Ello permitió que aumentan las obtenidas por (AUI).
Junto a lo anterior, se señala que Corfo comete un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto.
Además, califica como sumamente grave las acusaciones de intervención que pesan sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ellas apuntan a intervenciones que ha realizado en las sesiones del Consejo de Ministros de Corfo, teniendo una inhabilidad clara, que el mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley.
El grupo parlamentario aprobó, por unanimidad, las conclusiones y proposiciones. Con ello, el texto quedó en condiciones de pasar a la Sala.
La instancia recibió en los últimos cuatro meses a representantes de los organismos involucrados en la licitación investigada. También, se contó con la participación del director de Desarrollo para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias y académicos de universidades.
octubre 26, 2021 | Electromov
Realizar nuevamente el proceso licitatorio de la creación del Instituto de Tecnologías Limpias en la Región de Antofagasta, aplicando estándares y bases de licitación claros, para que el consorcio ganador sea el que «más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías limpias, es una de las principales solicitudes que contiene el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en esta materia.
Otro punto que propone la instancia es dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con (AUI), así como modificar las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares. Todo ello, para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
También se plantea realizar modificaciones «para abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas», además de «remitir informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada. En este sentido se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, Pablo Terrazas».
Otra conclusión del informe es «oficiar al contralor general de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión».
Análisis
El informe de la Comisión Investigadora plantea que los evaluadores sostuvieron que la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc (AUI).
Detalla que se hace caso omiso a dicha evaluación y se modifican los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la Corporación Alta Ley. Ello permitió que aumentan las obtenidas por (AUI).
Junto a lo anterior, se señala que Corfo comete un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto.
Además, califica como sumamente grave las acusaciones de intervención que pesan sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ellas apuntan a intervenciones que ha realizado en las sesiones del Consejo de Ministros de Corfo, teniendo una inhabilidad clara, que el mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley.
El grupo parlamentario aprobó, por unanimidad, las conclusiones y proposiciones. Con ello, el texto quedó en condiciones de pasar a la Sala.
La instancia recibió en los últimos cuatro meses a representantes de los organismos involucrados en la licitación investigada. También, se contó con la participación del director de Desarrollo para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias y académicos de universidades.
