mayo 14, 2024 | Electromov, Institucionalidad
Si se hiciera una fila con todas las motos que se han retirado en las fiscalizaciones del Plan Calles Protegidas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, estaríamos frente a una línea de casi 11 kilómetros de largo. Desde 2022 hasta abril de 2024, se han sacado de circulación más de 5.400 de estos vehículos, por no contar con documentación o las condiciones técnicas para transitar por la calles.
El dato es parte del balance que realizó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con Carabineros, a propósito del plan de fiscalización de motocicletas. “Otra forma de imaginarlo es pensando que podríamos llenar con motos tres canchas y media de fútbol profesional. Solo el año pasado fiscalizamos cerca de 50 mil de estos vehículos, lo que significó un aumento de los controles, con relación a 2023, de más de un 36%. Ahora, si comparamos con 2022, previo al inicio del Plan Calles Protegidas, las fiscalizaciones aumentaron un 81%”, aseguró.
Desde 2022 a la fecha se han realizado más de 100 mil controles a motocicletas y se han cursado más de 27 mil citaciones al juzgado de policía local. Sin embargo, durante el primer trimestre de este año es posible observar una importante disminución entre quienes incumplen la ley.
“Si hace dos años los motociclistas con incumplimientos llegaban casi a un 41%, entre enero y abril, hoy alcanzan el 23% en los primeros cuatro meses de este año. Este dato nos habla de un cambio de comportamiento: las personas están respetando cada vez más la ley de Tránsito y están cumpliendo con los requisitos que exige la normativa para andar en moto”, agregó Muñoz.
Trabajo colaborativo
Por su parte, el secretario ejecutivo de Plan Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco, sostuvo que “uno de los factores de este cambio en el comportamiento de los conductores ha sido el realizar una labor planificada, sistemática y colaborativa. Con el Plan Calles Protegidas pudimos focalizar los controles a las motocicletas en nuestras fiscalizaciones; y realizar, por ejemplo, operativos conjuntos con Carabineros e inspectores municipales, que nos han permitido retirar más vehículos de circulación que estaban incumpliendo la norma”.
Finalmente, la Jefa de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, destacó que “el trabajo colaborativo ha sido bastante positivo. Específicamente Carabineros, en estos primeros cuatro meses, ha realizado más de un millón 700 controles vehiculares, y ha registrado 23 mil motocicletas infraccionadas, donde la principal causa de multas o retiro es la falta de documentación, el permiso de circulación vencido y la totalidad de la documentación vencida”.
abril 24, 2024 | Institucionalidad
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos a 47 grandes empresas por no cumplir con lo estipulado en la Ley de Eficiencia Energética, que rige para compañías de gran tamaño, por lo que se exponen a multas que pueden llegar hasta las 60 mil UTM, lo que equivale a $3.910.920.000 millones.
Cabe señalar que esta ley fue promulgada en 2021, con el objetivo de fomentar la eficiencia energética a nivel nacional, promoviendo la gestión de la energía en grandes consumidores, siendo un componente importante para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050.
La legislación establece dos obligaciones claras; la primera es que todas aquellas empresas, personas jurídicas comerciales o sociedades extranjeras, cuyos ingresos anuales por ventas y servicios sean mayores a 1.000.000 UF en el último año, y que tuvieran contratados a 200 trabajadores o más, y además, aquellas compañías que hayan tenido durante el año anterior un consumo de 50 o más tera-calorías, deben reportar sus consumos e intensidad energética a través del Sistema de Información del Balance Nacional de Energía, (Sibne); y, la segunda, es que todas aquellas empresas que sean denominadas, bajo resolución Ministerial, como Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, o CCGE, deben implementar uno o más Sistemas de Gestión de Energía, SGE.
A la fecha ya existen dos procesos de reportes de consumos a través del Sibne finalizados (2022 y 2023 respectivamente), y, un tercero, actualmente en desarrollo (2024). En el primer proceso de reporte energético (2022) se registró un total de 445 empresas inscritas, de las 1.266 que debían realizarlo, es decir, un 60% de las empresas (821) no cumplió con su obligación. En el segundo proceso (2023) esta brecha disminuyó significativamente siendo un 5,8% de empresas en falta (73 compañías).
Al respecto, el superintendente (s) de la SEC, Mariano Corral, sostuvo que “es relevante que las grandes empresas tomen conciencia de la importancia de gestionar la energía que utilizan. Más allá de las multas, que puedan derivar de los procesos administrativos, lo que nos interesa es que las compañías cumplan con esta legislación, la que tiene como objetivo ayudar al proceso de descarbonización, en el que todos nos hemos comprometido”.
Finalmente, desde el organismo fiscalizador llama a las empresas a revisar en https://energia.gob.cl/panel/grandes-empresas el listado de aquellos obligados a reportar, en el actual proceso, el cual se extiende hasta el 8 de mayo de este año.
Revisa el listado de las empresas que no cumplen con la ley en el siguiente enlace.
abril 10, 2024 | Industria, Institucionalidad
Hasta la comuna de Coyhaique llegó el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, para presentar el proyecto de ley que moderniza la Ley General de Servicios Eléctricos y los sistemas medianos, impulsada por el Ejecutivo.
Este proyecto de ley, que ya fue ingresado al Congreso y espera una pronta tramitación, se abordó con los parlamentarios de la zona, autoridades locales y representantes del sector privado.
El subsecretario Ramos destacó el impacto que tiene esta iniciativa en la población de las regiones más australes del país, y expresó que “viene a proponer una mayor equidad tarifaria respecto al Sistema Eléctrico Nacional, estableciendo medidas de compensación para que el desajuste entre las tarifas de uno y otro sistema no sean tan altas, y también promover la penetración de las energías renovables y de almacenamiento en la planificación y expansión de los sistemas medianos”.
Asimismo, destacó que “queremos que la energía sea más accesible, que tenga mejores condiciones, con un régimen tarifario más justo y que se incorpore a los sistemas medianos a nuestra política de transición energética, para así lograr la meta de carbono neutralidad a 2050”.
Suministro sostenible
En la jornada participó también el senador David Sandoval, quien aseguró que “este proyecto puede ayudar a mejorar sustantivamente los servicios que se entregan, mejorar la oferta, ampliar la posibilidad de incorporar otros actores y enfatizar en las energías renovables no convencionales y, en definitiva, resolver uno de los déficit de la Región de Aysén, que es la falta de energía para procesos productivos”.
Por su parte, la seremi de Gobierno de la región, Tatiana Plá, afirmó que «el subsecretario Ramos ha destacado cómo será el trabajo legislativo con el cual esperamos que este año podamos tener aprobado este proyecto y el apoyo que ha tenido de nuestros senadores Sandoval y Órdenes. El senador Sandoval ha valorado cómo nuestro gobierno le ha dado importancia a este proyecto que fue presentado y esperamos que termine su tramitación en la Cámara, para estar luego de septiembre en el Senado, donde sabemos que tenemos el apoyo de nuestros senadores».
Desde la autoridad explicaron que la propuesta busca modernizar y ajustar la regulación de los sistemas medianos, para que puedan sumarse eficazmente a la transición energética y a la mayor promoción de las energías renovables no convencionales en el contexto actual, así como el fomento de los sistemas de almacenamiento.
marzo 27, 2024 | Comunidad, Industria, Industria
Hasta la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso, llegó el ministro de Energía, Diego Pardow, para reunirse con representantes de servicios sanitarios rurales y autoridades de la zona para entregar detalles de la reciente ley que disminuirá el cobro por recargo de la tarifa eléctrica en horario punta y límite de invierno a los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), también conocidas como APR.
En la cita, el jefe de la cartera expuso los beneficios de la iniciativa que fue aprobada en el Congreso y que implicará un alivio económico para este segmento de la población. “Esta es una ley que recoge lo que había sido una demanda histórica de los dirigentes de APR en cuanto a avanzar en justicia territorial y, de esta manera, eliminar un recargo que no tiene que ver con el tipo de servicio público que prestan las APR y, a su vez, permitir que sus condiciones financieras mejoren”, afirmó.
El ministro agregó que esta iniciativa permitirá “mirar con mejor perspectiva todas las inversiones que son necesarias para enfrentar el cambio climático que se está sintiendo especialmente en la zona central de nuestro país, especialmente en la zona rural”.
Alcances de la iniciativa
En la actividad también estuvo presente la senadora Isabel Allende, quien destacó la entrada en vigencia de la ley. “Los APR tienen una tremenda responsabilidad de dar continuidad y calidad en su servicio, pero los costos son cada vez más altos, porque obviamente hay mucha dificultad de acceso al agua, por lo tanto, disminuirle el costo a través de la reducción o la compensación de la hora punta que se aplica entre las 18 y las 22 horas es muy potente”, aseguró.
En tanto, la presidenta del APR Rinconada de Guzmanes, Sara Gómez, destacó la visita del ministro para explicar la implementación de la normativa. “Para cada servicio sanitario es mucho el costo en ese horario punta y el descuento será de verdad un ahorro para cada APR”, añadió.
La iniciativa reducirá los costos de la energía a los más de 2.300 SSR o APR registrados en el país, lo que se traducirá en un beneficio concreto a más de 2 millones de personas que viven en zonas rurales y aisladas de nuestro país. Particularmente, en la Región de Valparaíso existen 213 sistemas sanitarios rurales que agrupan a más de 212 mil personas.
febrero 27, 2024 | Industria
La ley que reduce las tarifas eléctricas para sistemas de agua potable rural (APR) se publicó esta semana en el Diario Oficial, marcando un hito importante para más de dos millones de personas residentes en áreas aisladas y rurales de todo el país, con un impacto especialmente relevante en la región del Biobío.
Esta medida tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las comunidades que dependen de la energía eléctrica para extraer agua y acceder a servicios básicos. En el caso del Biobío, donde 185 sistemas benefician a más de 139 mil personas, esta acción representa un avance significativo hacia el acceso equitativo a recursos fundamentales.
La seremi de Energía, Daniela Espinoza, resaltó la importancia de esta ley. “La reducción de tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales no solo alivia la carga económica de miles de familias, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades más vulnerables. En la región del Biobío, donde la dependencia de la energía eléctrica para acceder a servicios básicos es crucial, esta medida es especialmente significativa”, aseguró.
Por otro lado, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, subrayó el valor de la energía para estos sistemas. “Impacta muy profundamente a los comités de agua potable rural, que deben hacer esfuerzos muy importantes para poder mantener los equilibrios desde el punto de vista de lo que son sus gastos, por tanto, esto ayuda a la sostenibilidad en el tiempo de este servicio”, dijo.
Se espera que la reducción de tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales tenga un impacto significativo en la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las comunidades beneficiadas.
