marzo 5, 2019
En febrero pasado, el gobierno ingresó la esperada indicación sustitutiva de reforma al Código de Aguas. Recordemos que esta materia fue ampliamente discutida durante el gobierno pasado, avanzándose hasta entrado el segundo trámite constitucional en una reforma que fue ampliamente resistida por todos los sectores productivos, y cuyo control por parte del Ejecutivo pareció verse superado en la en las últimas comisiones del Senado.
El actual gobierno se ha tomado el tiempo necesario para reestudiar todo el proyecto, y ha presentado una indicación al proyecto cuyo objetivo principal es, posicionando el consumo humano como primera prioridad, otorgar a la vez las certezas jurídicas que requiere la regulación hídrica en todas sus dimensiones, incluyendo la productiva.
Reconociendo las innegables mejoras con que cuenta el proyecto del actual gobierno, como gremio nos preocupan ciertos aspectos, concretamente, el alza que se incluye en materia de patentes por no uso, lo que creemos podría afectar el necesario equilibrio que debe darse en esta materia para no afectar la materialización de los proyectos mini hidráulicos.
Nuestro diagnóstico en esta materia es que el sistema actual, concebido originalmente en el año 2005 para llegar a su tope de montos en 2017 está funcionando, y que la devolución masiva de derechos al Fisco por causa de este sistema es hoy una realidad innegable. Hoy, al décimo año desde la tenencia del derecho se llega a un tope cuadruplicado en el valor original de la patente por no uso, la cual se calcula por caudal involucrado y capacidad de generación de ese caudal.
Según datos de la propia Dirección General de Aguas, a mayo de 2016, es decir, aun antes de llegar a su tope, el 45% de los derechos estaban en vías de ser devueltos por falta de pago de la patente por no uso, cifra que se ha incrementado dado las actuales condiciones de mercado.
En esta materia, resulta necesario equilibrar la regulación para permitir al desarrollador que no ha podido concretar las obras asociadas al proyecto, por ejemplo, porque está a la espera del desarrollo de una línea de transmisión (caso muy común en la industria minihidro) o que está tramitando la resolución de calificación ambiental poder iniciar la construcción del proyecto.
Finalmente, pensamos que resulta imprescindible establecer la obligación de inscribir todos los derechos de aprovechamiento en el Conservador de Bienes Raíces, que es el mecanismo que permite que éstos entren al sistema de pago de patentes por no uso, evitando de esta forma la especulación.
marzo 5, 2019
Según el informe “Diagnóstico de los sistemas de respaldo eléctrico en los SAP no concesionados en la Región de Valparaíso” (2017), desarrollado por el GORE Valparaíso, la región cuenta con 217 Sistemas de Agua Potable Rural (APR), los cuales abastecen a más de 62.000 familias, lo que se traduce en una demanda eléctrica de 2,9 MW, principalmente por el consumo de equipos de bombeo de agua (en diferentes etapas) y sistemas de cloración.
A raíz de los graves efectos del cambio climático que han venido afectando nuestra Región de Valparaíso, se ha desarrollado una creciente inquietud en los dirigentes de comités y cooperativas, respecto a los altos costos energéticos asociados a la producción de los APR, los que impactan entre un 40% y un 60% en la producción del agua potable, los cuales finalmente se traspasan por medio de las tarifas a las familias socias de estos sistemas.
En este marco, la Secretaría Regional Ministerial de Energía desarrolla desde el año pasado el Programa de “Gestión Energética para los Sistemas de APR”. Este programa está orientado tanto para dirigentes como administrativos y operadores de los APR, y consta de cuatro talleres que se desarrollan en las dependencias de los comités o cooperativas y trata temáticas tales como: conceptos básicos de energía y potencia, tarifa eléctrica, sistemas solares fotovoltaicos, y eficiencia energética, entre otros.
Desarrollarlo no solo nos ha facilitado acercarnos a este rubro, sino que también apoyarlos de una forma concreta a través de la transferencia de conocimientos y competencias básicas en temáticas de energías renovables y eficiencia energética, lo que les permite sin necesidad de inversión, reducir sus costos de operación en al menos un 10% al hacer un mejor uso de la energía y las tarifas asociadas a esta.
Adicionalmente, queremos que reduzcan sus costos operacionales y tengan mayor seguridad en el suministro, por lo que estamos trabajando para que los Sistemas de APR adscritos a nuestro programa de Gestión Energética sean capaces, con nuestro apoyo, de diseñar y ejecutar algún proyecto de energías renovables o eficiencia energética, acorde a las necesidades propias de cada uno, por medio de la inversión directa o de la obtención de recursos a través de fondos u otro instrumento de financiamiento que podamos gestionar como servicio público.
El costo e inestabilidad de la electricidad que tienen algunos Sistemas de APR pueden causar interrupciones al suministro permanente y seguro de agua potable, por lo que la implementación de un programa como este, va en directa relación con al menos tres de los ejes de la Ruta Energética: “Energía con sello social”, “Eficiencia energética” y Energía baja en emisiones”, lo que nos permitirá acercarnos a una sostenibilidad energética.
febrero 7, 2019
La reciente Ley N° 21.118, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales, efectúa diversos ajustes a los artículos 149 bis y 149 ter, los que previamente habían sido incorporados a su texto mediante la ley N° 20.571, que entró en vigencia una vez publicado su reglamento (Decreto 71/2014).
Teniendo presente que las referidas adecuaciones se encuentran supeditadas a la entrada en vigencia del reglamento que establecerá las disposiciones necesarias para su ejecución, el artículo tercero de sus disposiciones transitorias dispone: “Durante el tercer año desde la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Energía deberá evaluar la implementación y aplicación de este cuerpo normativo en relación al aumento o disminución de usuarios finales que dispongan para su propio consumo de equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales o de instalaciones de cogeneración eficiente”.
Es decir, dicho precepto obliga a evaluar e informar la efectividad de los nuevos incentivos incorporados en la ley, una vez que la propia Administración los complemente mediante la correspondiente normativa dictada al efecto.
Ahora bien, debemos recordar que el principal objetivo de la evaluación es obtener información sobre el desempeño de un programa o política pública, para apoyar la decisión de continuar, cambiar o terminar.
Asimismo, hay que considerar que las políticas deben tener objetivos claros y marcos de aplicación para asegurar que se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios netos, además de que las leyes y regulaciones deben revisarse periódicamente y en colaboración con el Ejecutivo y el Legislativo, teniendo en cuenta que la mayoría de la información sobre el aspecto de la implementación se encuentra en los órganos reguladores (Ocde, 2016).
En ese contexto, no parece baladí la citada disposición transitoria, puesto que si también se encuentra en trámite el proyecto de ley de eficiencia energética y además se esperan aquellos sobre perfeccionamientos de la transmisión y de reforma de la distribución, los incentivos que el legislador introduzca en el ordenamiento podrían resultar incompatibles entre sí, máxime si la energía se sigue valorizando al precio de nudo traspasado a los clientes regulados y se prevén nuevas licitaciones de suministro.
Así, habrá que seguir esperando para cuantificar con certeza cuáles son los beneficios económicos, sociales y ambientales que justifican los costos de la generación residencial.
febrero 7, 2019
La Región del Biobío se mantiene en el primer lugar en el ranking nacional de generación eléctrica, con más de 1.700 GWh, lo que representa un 27% del país, razón por la cual podemos asegurar que el Biobío “exporta energía” al resto del territorio.
Asimismo, la región cuenta con 4.715 MW de capacidad instalada, con una fuerte presencia de energías renovables, como la tecnología hidráulica, eólica y de biomasa principalmente, lo cual promete seguir en aumento con los diferentes proyectos de generación en diferentes etapas de avance, entre aprobados y con pre-factibilidad por 3.146 MW, lo que se traduce en una inversión en la región que supera los US$5.600 millones.
Es así como durante el año pasado la mayoría de este tipo de iniciativas que fueron aprobadas consideran tecnologías con fuentes renovables, lo que va en línea con los objetivos de la Ruta Energética 2018-2022 para aumentar la participación de esta generación en la matriz local. No por nada el 70% de estas tecnologías de generación están en la región.
Si comparamos las cifras 2018 con las del año anterior, podemos evidenciar que en nuestra región se generó un considerable crecimiento y esperamos en los años venideros continuar aumentando los porcentajes, para de esta forma potenciar de manera adecuada los recursos del territorio.
La pregunta es entonces, ¿cómo aprovechamos nuestro potencial de crecimiento en generación eléctrica para potenciar la región?, y ¿cómo hacemos de esto un desarrollo sostenible?
Es por que tal motivo que estamos trabajando para impulsar el desarrollo de proyectos significativos y/o relevantes para el sector, tanto en lo social, económico y ambiental, que presentan desafíos en los ámbitos de gestión pública, como son el relacionamiento participativo y asociativo con las comunidades del entorno, para que se constituyan en proyectos sostenibles.
Queremos que los proyectos para nuestra región generen valor compartido y trabajo, en conjunto con las comunidades donde se inserten, velando para que se desarrollen de manera transparente y con una mirada a largo plazo.
enero 14, 2019
En una sociedad moderna, cada vez más consciente de sus derechos y exigente de respuestas inmediatas, las redes sociales están jugando un rol decisivo. En muchos casos, la relación entre las empresas, sus clientes y la comunidad viene dada por cómo nos comunicamos a través de estos canales.
El punto es particularmente importante para las empresas de servicio público, como son las eléctricas, en especial en situaciones de contingencia cuando se exige información oportuna y veraz.
Esos fueron los tópicos centrales del seminario sobre nuevas tendencias en redes sociales que organizó CGE con el apoyo de Sofofa y la Universidad Católica.
Especialmente interesante fue la exposición de Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor político y consultor en estrategias digitales, quien afirmó que las empresas se juegan “su éxito, rentabilidad y sustentabilidad no solo por la posición que ocupan en el mercado, sino que también por la posición que ocupan en la sociedad”.
Agregó que ese hecho se refleja en que “los clientes están evolucionando hacia su posición de ciudadanos”, juzgando las posturas de la empresa desde esa dimensión. Así, las compañías son vistas en función de sus compromisos, sus valores, su moral y su ética, y no solo por el producto que venden o servicio que prestan.
Es por esto que las compañías enfrentamos el desafío de comprender correctamente este fenómeno y actuar en consecuencia, definiendo claramente nuestras estrategias para comunicarnos con nuestros “clientes y ciudadanos” en todo momento, más aún en contingencias. Lo anterior muchas veces es frustrante porque, por más que nos esforcemos, el resultado nunca es 100% satisfactorio.
Esas claves abordó también el académico de la Universidad Católica, Daniel Halpern, quien apuntó que las compañías no solo deben estar en las redes sociales, sino que prepararse para enfrentar críticas o acusaciones.
Para ello, explicó, se deben buscar indicadores para identificar problemas y vías para lograr apoyos, además de contar con estrategias que permitan comprender la dimensión ciudadana de los clientes y definir posturas claras ante temas que afectan a la comunidad.
En CGE hemos aprendido −y es un desafío permanente porque muchas veces nos agobia la inmediatez de estos medios− que no podemos quedarnos sentados a mirar este fenómeno, sino que es una obligación incorporar estas nuevas prácticas a nuestro trabajo, entendiendo lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo. Solo así seremos capaces de acercarnos a nuestros clientes y cumplir nuestro compromiso con ellos, con la comunidad y con el país.
