abril 27, 2020
Entre las iniciativas para paliar los impactos económicos de la pandemia de Covid-19, el Gobierno llegó a un acuerdo voluntario con las distribuidoras eléctricas de manera de suspender los cortes por deuda y que «el 40% más vulnerable» del país pueda no pagar su cuenta durante tres meses (y pagarla en los 12 meses posteriores a la emergencia, sin intereses).
Existen además una serie de propuestas parlamentarias que apuntan a suspender el pago de cuentas en general, pero, a diferencia de las gubernamentales, sin focalización, sino abiertas a todas las personas.
Ambas iniciativas buscan un objetivo loable y se debe valorar la buena disposición de las empresas de distribución eléctrica para alcanzar un acuerdo rápido en el medio de esta crisis. Sin embargo, ambas tienen problemas importantes.
La iniciativa del Gobierno, al intentar focalizarse en un porcentaje específico de la población «vulnerable» no considera que en esta situación particular la vulnerabilidad puede variar muy significativamente, arriesgando dejar fuera del beneficio a un número significativo de personas que lo necesita. Por otra parte, la propuesta parlamentaria implicaría beneficiar a mucha gente que no lo necesita a un costo relevante, en este caso, no solamente para las grandes distribuidoras sino para todas las empresas en la cadena de pagos afectando en particular a las generadoras más pequeñas. Este impacto también ocurre, aunque en menor grado, en el acuerdo entre Gobierno y distribuidoras, con el agravante que se negoció directamente con un segmento afectando a otro sin que tuviera participación.
La solución más apropiada hubiera sido dar un apoyo directo a las empresas y personas de manera que estas pudieran pagar sus cuentas y complementar, para casos particulares en que el apoyo público no fuera suficiente, con mecanismos provistos por las empresas. Esto podría haberse negociado con todos los segmentos del sector, de modo de distribuir adecuadamente los costos y riesgos, sobre aquellos con más capacidad de hacerlo.
Ya no es tiempo de soluciones nuevas, sin embargo, por lo que sólo queda intentar mejorar lo que ya existe. Dos criterios deberían confluir: establecer medidas más actualizadas de selección de modo de asegurarse que se llegue efectivamente a aquellos que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad potencial en la situación actual (por ejemplo, adultos mayores o quienes han recibido otro apoyo contingente) y establecer formalmente una distribución diferenciada del costo según la capacidad de absorber los efectos de la menor recaudación.
Por una parte, en momentos de crisis es esencial no concentrarse demasiado en esfuerzos de focalización que a menudo resultan útiles en circunstancias normales. Lo esencial, es asegurar que todos puedan seguir adelante con sus vidas y logren rearmar sus proyectos.
Por otra parte, hay que evitar que estos beneficios para la población generen perjuicios al desarrollo de un sector que será vital para la recuperación económica de largo plazo. Resulta particularmente importante que no se afecte el desarrollo de las ERNC y sobre todo a las de menor tamaño, pues serán clave para un crecimiento bajo en carbono de largo plazo. Es esencial diseñar un mecanismo que cargue la mayor parte del costo hacia aquellos que, como las distribuidoras o las grandes generadoras, están mejor situadas para solventarlos.
Por ello, quizás el mayor aporte parlamentario en este momento, en lugar de buscar extender el beneficio, podría ser proponer mecanismos concretos para que se alcancen los objetivos mencionados al tiempo que reflexiona sobre los requerimientos regulatorios para que puedan darse masivas inversiones futuras en infraestructura baja en carbono.
mayo 10, 2019
La electromovilidad tiene el objetivo de reemplazar el uso del transporte con combustibles fósiles, por tecnologías más eficientes y limpias. Diversos países ya han tomado la decisión de sumarse a esta tendencia y Chile no está ajeno a aquello. Considerando que ya está resuelto el tema de por qué se requiere la electromovilidad, se deben estimar los impactos en la red eléctrica de distribución y en la matriz eléctrica nacional, además de ver su impacto en la economía, infraestructura, recaudación tributaria y aspectos tarifarios de las redes.
¿Quiénes serían los comercializadores, quiénes podrían desarrollar las estaciones de carga, existirían concesionarios y/o propietarios de las redes? Las respuestas deben adecuarse a los cambios tecnológicos que podrían surgir como definición de combustibles diferentes.
Según el grado de penetración de la electromovilidad en el país, en el transporte público y privado, se deberá analizar si la infraestructura eléctrica actual es adecuada o se tendrán que tender redes de distribución adicionales paralelas en las ciudades, y ver cómo se financiarían. Hay que definir los conceptos y normalización de “estaciones de carga” tanto para transporte público (centralizado) y de servicio público (centralizado y distribuido) como para empresas y domicilios. La SEC ya está trabajando en ello.
Por otra parte el impacto en la red de distribución durante la carga de los vehículos, principalmente de noche, requerirá de la capacidad de redes y energía suficiente para operar con simultaneidad. Dependerá del grado de participación de la electromovilidad, su implementación en el tiempo y de la combinación que podría existir con la generación distribuida domiciliaria con almacenamiento, de su escala y de las micro redes aisladas. Además, los empalmes domiciliarios actuales podrían no permitir recargar los vehículos en tiempos adecuados y simultáneos.
Con todo, no se visualiza un efecto importante en el impacto en la Matriz Eléctrica Nacional, aunque dependerá del grado de masificación de los vehículos eléctricos y los tiempos de implementación. La incorporación será paulatina y el crecimiento de la generación dará cuenta del aumento de la demanda y podrá suplir esas necesidades. Por su parte, la generación distribuida a nivel ciudad con almacenamiento (conectada o aislada de la red) y su grado de implementación, reduciría los requerimientos de energía desde la red.
mayo 10, 2019
Chile será líder en el desarrollo de las energías solar y eólica, las que presentan características muy distintas a las energías convencionales. En efecto, son más variables e inciertas, lo que requerirá cambios significativos en la planificación y operación del sistema eléctrico para mantener la estabilidad y confiabilidad del suministro. El desafío es probablemente más complejo en Chile debido a sus abundantes recursos renovables que hacen posible generación renovable a gran escala, pero a largas distancias de los centros de consumo. A esto se agrega la poca dispersión de los recursos que hace que la oferta agregada tenga variaciones que necesitan más reservas operativas.
La solución será la existencia de recursos o reservas que aporten flexibilidad. En un sistema como el chileno, cada vez con más actores participando en el mercado, las soluciones serán diversas. Algunos ejemplos son: mejorar la predicción de los recursos renovables, redespachos más dinámicos del sistema, servicios complementarios, acuerdos de compra-venta de energía que incluyan exigencias de flexibilidad, interconexiones internacionales para compartir reservas, respuesta de la demanda y almacenamiento, entre otros.
La generación solar distribuida, por su parte, será un aporte para contribuir en la regulación de voltaje, la disminución de pérdidas e incluso para postergar inversiones en las redes de transmisión y distribución, entre otros beneficios, más aún si a través de políticas tarifarias se desplaza la demanda máxima a las horas de radiación solar.
Las autoridades del sector energía están conscientes del desafío de establecer políticas tendientes a establecer los mecanismos adecuados que resuelvan el dilema de la alta penetración de las energías renovables en los próximos años. Dichas políticas formarán parte de los cambios regulatorios previstos para este año en la llamada ley de flexibilidad pero también en la ley de distribución. Independiente de quien planifica, transitaremos desde una planificación tradicional de capacidades de generación, transmisión y distribución, a una planificación orientada a incrementar las flexibilidades a lo largo de toda la red.
Será fundamental que este proceso, mucho más complejo que el tradicional, dé confianza a los operadores y a quienes analicen invertir en Chile.
abril 8, 2019
Los nuevos medidores inteligentes traen beneficios, pero también acarrean desafíos normativos en el acceso, uso, confidencialidad y seguridad de los datos, principalmente en tres aspectos:
Protección de datos y privacidad: La Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada parte de la libertad para el tratamiento de datos cumpliendo ciertas reglas, pero no regula quién es el dueño de los datos, cuándo pueden cederse o transferirse, cómo debe ser el consentimiento y qué medidas de seguridad deben adoptarse. Tampoco consagra un órgano especializado. Estas certezas son relevantes para las distribuidoras dado que los medidores inteligentes entregan datos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (perfil de consumo e inyección) pero también otra información valiosa (cuándo una vivienda está desocupada, cuántas personas viven, a qué hora se levantan) que podría usarse para otros fines.
Un avance es el Anexo Técnico Sistemas de Medición, Monitoreo y Control, en elaboración, que obliga a las distribuidoras a implementar medidas de seguridad en el almacenamiento, acceso y comunicación de datos, a asegurar su confidencialidad y a permitir al cliente el acceso a su información, sin requerir su consentimiento para el uso y difusión de datos para las funciones de distribución, pero sí para otros fines.
Sin embargo, el límite entre lo permitido y no, y lo obligatorio y lo facultativo, no estará claro mientras no exista una legislación actualizada y coherente con los requerimientos técnicos del sector que resuelva las incertidumbres.
Ciberseguridad: Esta regulación es relevante para la distribución eléctrica tanto por la escala de un potencial ilícito dado que almacenan datos de millones de usuarios, como porque la perturbación a sus sistemas informáticos podría interrumpir un servicio público y el acceso a bienes y servicios que dependen de la electricidad.
El proyecto para modificar, la Ley 19.223 sobre delitos informáticos, si bien es un avance al actualizar y establecer nuevos delitos y al aumentar la pena en caso de afectación a servicios públicos, mantiene incoherencias y vacíos. Falta también establecer estándares de seguridad y planes de contingencia coordinados que aseguren la continuidad operativa de los servicios frente a estos delitos.
Libre competencia: El monopolio de la distribuidora en su zona de concesión le da acceso a información privilegiada de sus clientes que permite hacerles ofertas personalizadas sobre bienes y servicios en otros mercados como la generación distribuida. Levantado este riesgo, la Fiscalía Nacional Económica ha recomendado perfeccionar la normativa prohibiendo a las distribuidoras realizar ofertas personalizadas basándose en información que no esté disponible para sus competidores.
Una regulación adecuada debería cumplir los objetivos de otorgar certeza respecto a qué se puede hacer o no con los datos y velar porque la información obtenida en el mercado de la distribución eléctrica no restrinja la competencia en otros mercados.
abril 8, 2019
Un esquema robusto y gradualmente creciente de impuesto a las emisiones “es la palanca más efectiva para reducir las emisiones en la escala y velocidad necesarias”. Así lo señaló en una carta al New York Times, un conjunto de renombrados economistas.
La declaración anterior incluye dos conceptos que son fundamentales: escala y velocidad. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) señala que, al ritmo actual, se espera que entre 2030 y 2052 la temperatura media de la tierra aumente 1,5°C con respecto a la de la era pre-industrial. Los científicos están de acuerdo en que este aumento tendrá consecuencias catastróficas para los ecosistemas y para la humanidad en su conjunto. Literalmente, se nos acaba el tiempo, por lo que necesitamos escala (cantidad de emisiones reducidas) y velocidad (hacerlo en poco más de 10 años).
En el caso de Chile, el impuesto a las emisiones fue introducido en 2014 con la aprobación de la reforma tributaria de ese año, que incluyó una disposición que reduce de manera significativa la efectividad del impuesto. Se estableció que, bajo ciertas condiciones de operación del sistema eléctrico, parte del costo que asumen por concepto de impuesto las empresas generadoras que emiten CO2, “deberá ser pagado por todas las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía del sistema”. Argumento que incluye a empresas eléctricas cuyo portafolio de generación está compuesto 100% por centrales ERNC.
En efecto, en el ejercicio tributario 2018 se determinó que el monto total del impuesto a pagar por las generadoras termoeléctricas ascendía a $109.312 millones de pesos, de los cuales $5.200 millones aproximadamente fueron compensados por empresas que no generaron emisiones.
Cuando los economistas que escribieron la carta al New York Times pensaron en el impuesto como una palanca efectiva para movernos hacia una economía baja en emisiones, lo hicieron pensando en un esquema clásico que responde a una premisa básica: el que emite, paga. Lo más grave es que el esquema implementado en Chile no solo se aleja de esta premisa internacionalmente aceptada, sino que disminuye la efectividad del impuesto como incentivo al uso de tecnologías limpias.
Prontamente se espera el inicio de una nueva discusión de la ley tributaria en Chile. No perdamos la oportunidad de hacer las modificaciones necesarias con el propósito de ser, efectivamente, líderes en la lucha contra el cambio climático. Sobre todo ahora, que seremos los próximos anfitriones de la Conferencias de las Partes (COP25).
