marzo 17, 2016 | Industria
(Diario Financiero) El gobierno está dando pasos para confirmar que la reactivación económica será el principal foco del segundo tiempo de la presidenta Michelle Bachelet. Liderados por el Ministerio de Economía, se lanzarán una serie de medidas enfocadas en incentivar la productividad y la inversión.
Una de ellas son los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente (PEEI), que buscan potenciar la competitividad y sofisticación de sectores específicos para mejorar la diversificación productiva.
A través de un trabajo de colaboración entre el sector público y el privado se identificaron los “cuellos de botella” y las oportunidades de desarrollo para cada área.
Los sectores elegidos para potenciar son minería, turismo sustentable, alimentos saludables, construcción sustentable, economía creativa, pesca y acuicultura sustentable y tecnología y servicios en salud.
Otro foco es el Programa de Manufactura Avanzada, que impacta en la minería, construcción e infraestructura y energía. El plan pretende generar una industria de manufactura avanzada a nivel nacional con capacidad de exportar y globalizarse y a la vez con mayores niveles de especialización y competitividad, con el fin de tener repercusiones significativas sobre el desarrollo del país en términos de productividad y empleo.
El gobierno también presentará nuevos instrumentos del Estado diseñados específicamente para atraer y estimular la inversión privada en los sectores definidos como estratégicos, similares a las Iniciativas de Fomento integradas (IFI) de Corfo, que a la fecha han apalancado más de US$ 730 millones en inversión privada. La expectativa de las autoridades es que a través de estas inversiones se generen aproximadamente unos tres mil puestos de trabajo.
Invitación a los privados
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, presentará mañana estas iniciativas en una reunión privada con el Consejo de la Manufactura, liderado por Asimet, oportunidad que la autoridad aprovechará, además, para hacer un llamado para continuar trabajando de manera colaborativa para acelerar la actividad e impulsar la productividad y la inversión.
La cita se realizará en la sede de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y hasta el momento ya está confirmada la asistencia de empresas como Bosch, Siemens, CAP y la minera Cerro Amarillo, entre otros, además de académicos y expertos en comercio. También participará el segundo vicepresidente de la Sofofa y ex titular de la Asimet, Gastón Lewin.
Los esfuerzos del gobierno se enmarcan en el año de la productividad, donde uno de los puntos fuertes de trabajo definidos por el gobierno es fortalecer las relaciones público-privadas, para diversificar la economía y aumentar la productividad del país.
Competitividad exportadora
El sector exportador también recibirá un impulso desde el Ministerio de Economía, ya que dentro de los próximos días se materializará el Consejo Público-Privado para la Competitividad Exportadora, medida anunciada a fines de 2014 y cuya conformación debía ser ratificada por la Contraloría General de la República, lo que ocurrió en diciembre del año pasado.
La fecha tentativa para el lanzamiento es el próximo 23 de marzo.
La instancia tendrá la responsabilidad de proponer y coordinar los esfuerzos de política pública destinados a elevar la competitividad exportadora del país.
marzo 14, 2016 | Industria
(AméricaEconomía.com) El control fiscal, el fomento de las empresas privadas, la demanda energética y el cambio de la matriz; una inflación estable, las conexiones financieras con el mundo y los estándares bancarios pasan en estado de observación en estos tiempos de incertidumbre. Por eso el llamado es a mantener políticas públicas apropiadas y no confiarse.
En torno a esas temáticas giró el simposio «Nicaragua: Perspectivas Económicas y Energéticas» que se llevó a cabo el pasado 8 de marzo en un hotel de Managua. Contó con la participación de Kevin Carr, encargado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para México y Centroamérica; Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas de Estados Unidos; José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua; Carlos Melo, representante en Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), Bayardo Arce, asesor en materia económica de la Presidencia, y otros invitados especiales.
Los esfuerzos de otros países para implementar reformas que los vuelva más competitivos es una razón valiosa para que Centroamérica trabaje de forma conjunta y resuelva los desafíos de la región mediante el aprovechamiento del Cafta y a base de economías de escala en materia logística, producción y comercio.
Así lo plantea Kevin Carr, representante del Departamento del Tesoro, al tiempo que resalta el avance de Nicaragua en asegurar que su crecimiento económico «ha sido compartido ampliamente» y ha derivado ganancias sociales.
«Con mejor coordinación en la región, los mercados locales -que son pequeños- podrán sumar a algo más grande que la mera suma de sus partes independientes», sostuvo.
El TPP y el diálogo. Bayardo Arce, asesor en Economía de la presidencia de Nicaragua, refirió que uno de los grandes desafíos para su país es ingresar al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económico (TPP por sus siglas en inglés).
Atribuyó los niveles de desempeño económico a una política clara de diversificación económica y comercial. En ese sentido, la diversificación versa en mejorar la calidad de las relaciones con los demás países, no solo en la búsqueda de más mercados.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, consideró que el desempeño del país se evidencia en un aumento de las exportaciones, inversión extranjera y diálogo. «Lo económico, lo educativo, lo social, lo político, necesitan de diálogo».
El empresario reconoció que Nicaragua todavía está lejos de llegar a donde se quiere, pero que ya se camina sobre esa ruta mediante la generación del empleo formal a mayor nivel promedio que el resto de la región.
«Es algo que solo se puede a través del esfuerzo que ha venido haciendo la atracción de inversión y la creación de empresa», señaló.
Nicaragua creció 4,6% en 2014, según el Banco Central de Nicaragua (BCN). Para 2015 se proyectó un crecimiento de 4,8% y en 2016 el país puede crecer entre 4,5% y 5,0%, indica la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (CMC).
Inversión y liderazgo en energía. José Adán Aguerri indicó que la demanda de energía incrementó en 10%, debido al crecimiento de Nicaragua en obediencia a dos factores principales: inversión en el sector y la electrificación.
marzo 10, 2016 | Industria
(Revista ELECTRICIDAD 192) Ya lleva más de un año de vigencia la Ley 20.571, de generación distribuida, también conocida como Net Billing, la cual ha permitido que unos 130 hogares se hayan acogido a este sistema, transformándose en generadores y consumidores de electricidad. A inicios de este año el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo que la normativa “no ha prendido tan rápido”, comentarios que llamaron la atención de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), desde donde proponen reformular la ley para que aumente el interés de los particulares por adoptar esta tecnología. Desde el Ministerio de Energía indican que es demasiado pronto para hablar de un cambio a la normativa.
Verónica Munita, gerente de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol)
“Se debe modificar la actual ley, ya que no está incentivando el desarrollo de la energía fotovoltaica para pequeñas instalaciones. El pago que entrega a los usuarios es muy bajo, lo que hace poco atractiva la inversión, haciendo que el retorno sea de unos 11 años”.
1) Cree que se deba modificar la actual ley de generación distribuida?, ¿por qué?
Se debe modificar la actual ley, ya que no está incentivando el desarrollo de la energía fotovoltaica para pequeñas instalaciones. El pago que entrega a los usuarios es muy bajo, lo que hace poco atractiva la inversión, haciendo que el retorno sea de unos 11 años. Si bien estamos de acuerdo que se deben contemplar los costos por uso de la red que contempla la actual ley, creemos que un 50% es absolutamente excesivo y no se justifica. Hay ejemplos claros en otros países (como Portugal) donde el costo por uso de la red es de 10% y el retorno es inferior a ocho años. La diferencia en el desarrollo con lo que ha pasado en Chile es abismante, mientras aquí terminamos el 2015 con 1,5 MW instalados, Portugal llegó a los 21 MW. Le hemos solicitado en varias oportunidades al Ministerio de Energía que encargue un estudio que defina si es necesario realizar este cambio, considerando los beneficios que tiene la generación distribuida en términos de menor necesidad de líneas de transmisión, medioambientales y de empleo.
2) ¿Se deben implementar nuevas medidas para incentivar el uso de la generación distribuida?
El cambio en la ley es prioritario, pero hay otras medidas a tomar, como mejorar el reglamento y la norma técnica, simplificando el proceso de inscripción de instalaciones. No es lo mismo tener un sistema de 10 kW, que uno de 100 kW, no se les puede exigir la misma tramitación. También se deben crear sistemas de financiamiento, que pueden ser créditos blandos, créditos verdes, inclusión del Sistema FV en el crédito hipotecario o posibilidad de deducir la inversión tributariamente. Para las viviendas sociales, se debe tener la obligatoriedad de instalar sistemas solares desde el inicio.
3) ¿Quién debe ser el responsable de incentivar el desarrollo de la generación distribuida en nuestro país?
A cada uno de los segmentos participantes les cabe su responsabilidad: ciudadanos, autoridades, distribuidoras y empresas solares, pero las autoridades deben tener la voluntad política para crear las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la tecnología, como son leyes favorables y sistemas de financiamiento.
4) ¿Piensa que el incentivo a la normativa recae en las empresas distribuidoras?
No, el incentivo a la normativa recae en las autoridades.
Cristián Santana, jefe de la División de Energía Renovable del Ministerio de Energía
“La Ley 20.571 lleva solo 15 meses de implementación efectiva. Dado este corto tiempo, parece apresurado sacar conclusiones respecto a la necesidad de modificarla, más aún cuando ya vemos avances concretos”.
1) ¿Cree que se deba modificar la actual ley de generación distribuida?, ¿por qué?
No, pues la Ley 20.571 lleva sólo 15 meses de implementación efectiva. Dado este corto tiempo, parece apresurado sacar conclusiones respecto a la necesidad de modificarla, más aún cuando ya vemos avances concretos. Además, se observa una tendencia creciente en los proyectos que se construyen, y los costos de las tecnologías para generación distribuida, en especial la fotovoltaica, siguen reduciéndose.
2) ¿Se deben implementar nuevas medidas para incentivar el uso de la generación distribuida?
Consideramos que hoy la principal barrera a superar es el desconocimiento, es decir, necesitamos generar y difundir información objetiva respecto de las oportunidades que trae la generación distribuida. Esto es algo nuevo y mayormente desconocido, persiste la impresión que son sistemas caros, existen dudas sobre el rendimiento que se puede alcanzar, la durabilidad de los sistemas, los instaladores y proveedores y sus garantías, etc. Por ejemplo, solo un cuarto del conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas, conocen lo que son los sistemas fotovoltaicos, y las que los conocen manifiestan las dudas que acabo de señalar y otras más.
3) ¿Quién debe ser el responsable de incentivar el desarrollo de la generación distribuida en nuestro país?
A diferencia de lo que ocurre con los proyectos de energías renovables más grandes que están pensados para vender energía al mercado eléctrico −donde los actores son comparativamente pocos y especializados en el negocio− los proyectos de generación distribuida para autoconsumo abarcan a múltiples y variados tipos de usuarios. Cualquier consumidor de energía eléctrica es un potencial generador distribuido. Entonces, el desafío de mostrar las oportunidades y aprovecharlas es mucho mayor. El Estado es el principal actor en esta materia, sin embargo, por lo diverso de los actores involucrados consideramos que es imprescindible el apoyo de otros sectores para superar las barreras de conocimiento. Por ejemplo los gremios y asociaciones comerciales, de industriales, de servicios, de la construcción, pueden ser muy buenos vehículos para transmitir las oportunidades y para generar confianza en estas tecnologías.
4) ¿Piensa que el incentivo a la normativa recae en las empresas distribuidoras?
Las empresas distribuidoras tienen un importante rol en esta materia. Por un lado, su proactividad en estas etapas iniciales de implementación del marco normativo y regulatorio resulta fundamental para un rápido proceso de aprendizaje, para mejorar lo que haya que mejorar, para facilitar los procesos de conexión de los sistemas y para generar confianza entre sus clientes para que implementen los proyectos. También esperamos que se conviertan en un apoyo a la difusión y orientación de las oportunidades que la generación distribuida ofrece a sus clientes.
marzo 10, 2016 | Mundo
(El Mercurio) De Dakota del Norte a Texas y más allá, las compañías de energía han frenado fuertemente las perforaciones y despedido a miles de trabajadores.
Sin embargo aquí, donde la industria de los hidrocarburos opera dentro de una burbuja subvencionada por el gobierno, los contribuyentes y los automovilistas gastan miles de millones de dólares al año para tratar de evitar que eso suceda. En Argentina, el barril de petróleo cuesta más del doble que en Estados Unidos, y el precio del gas natural es hasta casi cuatro veces más caro.
Esto está ayudando a los productores y sus trabajadores a desarrollar los vastos depósitos de petróleo y gas de esquisto enterrados en un sector desolado de la Patagonia llamado Vaca Muerta, protegido de los caprichos de los mercados mundiales.
Desde que asumió su cargo en diciembre, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha ido revirtiendo las políticas populistas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, desde los controles de capital hasta los impuestos a la exportación. Pero está expandiendo los costosos programas que Kirchner usó para desacoplar los precios de la energía local de los mercados internacionales.
«Esto es muy importante estratégicamente», dijo Miguel Galuccio, presidente ejecutivo de la petrolera estatal de Argentina, YPF. Gracias a una política pública que ha fijado el precio del barril de crudo ligero en US$ 67 y del millón de BTU (unidad térmica británica) de gas natural en US$ 7,50 (en EE.UU. es menos de US$ 2), Argentina es uno de los pocos países del mundo donde las compañías de energía buscan ampliar sus operaciones. Algunos analistas dicen que los altos costos de producción del país hacen que el sistema sea insostenible. Desde la asunción de Macri, Dow Chemical Co. y American Energy Partners (que era dirigida por Aubrey McClendon, el pionero del esquisto que murió a principios de este mes en un accidente automovilístico en EE.UU.) anunciaron inversiones por US$ 1.000 millones en asociación con YPF para desarrollar petróleo de esquisto y gas. YPF también ha indicado que planea formar pronto un proyecto conjunto con la rusa PAO Gazprom.
En este árido rincón de la Patagonia, YPF opera plataformas de perforación de hasta 350 toneladas que cavan hasta casi tres mil metros de profundidad en busca de gas. Muy por debajo del suelo desértico, atrapados en una capa de esquisto de más de 300 metros de espesor, hay 27 mil millones de barriles de petróleo y 802 billones de pies cúbicos de gas técnicamente recuperables, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.
En un sector de El Orejano, el proyecto insignia de gas de esquisto de YPF, hay tantas tuberías azules de fracturación hidráulica entrecruzándose sobre el terreno que los empleados de YPF y de Schlumberger Ltd., el gigante de servicios petroleros de Houston, tienen que tener cuidado de no tropezar con ellas.
Los tanques abastecen el agua que se mezcla con productos químicos y arena, lo que luego se inyecta a alta presión en las formaciones rocosas para fracturarlas y liberar el gas.
«Si pudiéramos aprovechar tan solo 7% de los recursos que tenemos en Vaca Muerta, podríamos duplicar la producción de gas de Argentina», dice Pablo Bizzotto, gerente regional de áreas no convencionales de YPF.
A nivel mundial, las compañías de petróleo y gas redujeron el año pasado su gasto de capital en un 20%. En EE.UU., el gasto cayó hasta 40%, de acuerdo con Moody’s Investors Service. YPF, en cambio, aumentó el gasto en cerca de 4%.
«Esto demuestra una fuerte voluntad del gobierno de impulsar la producción de petróleo y gas y mantener el empleo», dijo Matt Blomerth, analista de la consultora de energía Wood Mackenzie.
Los esfuerzos del país
Esto no quiere decir que Argentina sea inmune a la desaceleración mundial. En febrero, el número de plataformas en operaciones se había reducido 39% respecto del año anterior, según Baker Hughes Inc. Las empresas han realizado despidos o reducido salarios, e YPF planea recortar el gasto en hasta 25% este año. De todos modos, el cierre de plataformas activas no ha sido tan dramático como en EE.UU., donde su número cayó 59% respecto del año anterior.
El gobierno también trata de proteger a Argentina del tipo de despidos masivos que han afectado a la industria en el resto del mundo. Más de 319 mil puestos de trabajo han desaparecido a nivel mundial desde 2014, según la consultora de transacciones de energía Graves & Co.
«Si cae el precio hasta un cierto punto, no es que se pierdan una o dos plataformas, sino que se genera un cierre bastante masivo y se pierde una gran cantidad de puestos de trabajo», dijo Chris Boswell, director ejecutivo de EcoStim Energy Solutions Inc., una compañía de servicios petroleros de Houston que trabaja para YPF.
El Ministerio de Trabajo de Argentina acordó en enero con los sindicatos petroleros y el gobierno de Chubut, otra provincia productora de petróleo, elevar artificialmente el precio del barril de crudo pesado exportable en US$ 10, para llevarlo a alrededor de US$ 34. El ajuste de precios permite que las empresas que perforan el suelo para obtener este crudo alquitranado no pierdan más dinero. El contrato de seis meses podría ahorrar entre tres mil y cinco mil empleos, según las autoridades.
El año pasado, según una estimación oficial, Argentina gastó US$ 11 mil millones para sostener los precios del petróleo y del gas. Gran parte de ese costo es solventado por los automovilistas argentinos, que pagan por un galón de combustible casi el doble que sus pares estadounidenses. El gobierno debe casi US$ 1.700 millones en pagos atrasados a los productores de gas natural.
[Reservas de gas en Magallanes equivalen a todo el consumo de los últimos setenta años]
marzo 9, 2016 | Laboral
(Pulso) La Reforma Laboral está viviendo su última etapa en el Congreso, y en medio de tensas discusiones y acuerdos para lograr una nueva ley que regule el mercado del trabajo, un fallo de la Corte Suprema viene a complejizar la discusión.
Esto, porque la Cuarta Sala del máximo tribunal declaró inadmisible, por unanimidad, un recurso presentado por la empresa de call center Actionaline Chile S.A en contra de un fallo que rechazó el desafuero de los dirigentes Claudio Yutronic y Rodrigo Carmona.
Esta decisión ratifica la resolución que había presentado la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el desafuero de los dirigentes de la empresa.
La razón detrás de la decisión de la Suprema es que “la Constitución Política declara que la negociación colectiva con la empresa en que laboren, es un derecho de los trabajadores, salvo en los casos en que la ley expresamente no permita negociar”. Y agrega: “Actualmente la doctrina sostiene con unanimidad que la huelga se trata de un derecho fundamental, cuyo fundamento se sustenta en tratados internacionales de derechos humanos (…) Por tanto, si ella es el contenido de un derecho fundamental, ha sido superada la tesis que sustentaba que la huelga era una “etapa indeseable” de la negociación colectiva, por lo mismo, tampoco puede sostenerse que cualquier huelga que se realice fuera de la negociación colectiva sea ilícita o contraria al derecho”.
Por lo mismo la sentencia estipula que el hecho de que el legislador regule la huelga para un caso, no puede llevar a sostener que fuera de ella se encuentre prohibida.
Reemplazo en huelga
Ante el debate sobre el reemplazo en huelga, la Corte Suprema también se refirió en este fallo: “Si la huelga es un derecho fundamental, entonces, las medidas empresariales que lo limitan, como el reemplazo en sus dos versiones -contratando foráneos o moviendo internos- deben ser miradas como afectaciones que deberían eliminarse, porque en ambos casos sucede exactamente lo mismo: se deja a la huelga vacía de contenido -la empresa sigue operando normalmente- y la presión de los trabajadores queda convertida en una caricatura – tocar pitos y bombos-”.
Frente a ello, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, manifestó que “la Corte reconoce los derechos colectivos como fundamentales, que la huelga es sin reemplazo y que se amparan estos derechos en los convenios de la OIT, que nosotros hemos ratificado. Eso no quiere decir que no exista o que no deba existir una reglamentación de la negociación colectiva y el derecho a huelga, que es lo que estamos debatiendo”.
Por otra parte, Cristián Aguayo, abogado laboral de AEM, señaló a raíz de este fallo, que “si los tribunales dan lugar a este tipo de interpretaciones, se pierde todo el sentido de un análisis tan concienzudo y negociado en el marco de la Reforma Laboral con la finalidad de regular detalladamente la negociación colectiva, en especial el derecho a huelga, si finalmente los tribunales superiores analizan de esta forma”.
[Reforma laboral: gremios y economistas rechazan negociación interempresas y pronostican impacto en empleo]
