marzo 5, 2019 | Sin categoría
Corría el año 2014, cuando la empresa Smart Cargo comenzó a traer a Chile los primeros triciclos eléctricos, pensando en posicionar un vehículo que destacaba por resultar una alternativa sustentable al creciente tráfico urbano.
Andrés Álamo, gerente general de la empresa, recuerda que en esa época “no se exigía ningún tipo de documento ni licencia. A fines de 2016 los regulan y piden estar homologados. Seis meses después homologamos el primer triciclo eléctrico del país (el que usa Correos de Chile). Actualmente, tenemos más de 15 modelos homologados”.
[VEA TAMBIÉN: «Motos eléctricas: ¿Son una solución real de movilidad para las ciudades?»]
El ejecutivo señala que “nos hemos especializado en el servicio técnico y nuestra meta es empoderarnos de la categoría de electromovilidad, danto un buen servicio de posventa, esto es principalmente lo que más valoran nuestros clientes empresa. A la fecha hemos vendido más de 600 unidades y nuestra área de servicio técnico crece cada día. Incluso con mantenciones preventivas a los clientes con flota”.
Contando entre sus clientes a empresas como Abastible, DHL y Cintac, entre otras, Álamo comenta que actualmente “se encuentra abriendo franquicias en Colombia y Panamá, y próximamente en Perú. Nuestras expectativas para 2019 son vender lo mismo que hemos vendido en tres años, 600 unidades más”.
En ese contexto, el gerente general de Smart Cargo considera que “lo que más ayudaría a masificar la electromovilidad, son los beneficios, tanto tributarios como económicos. En Colombia por ejemplo, solo pagan un 5% de impuesto al valor agregado (IVA), tanto el importador como el comprador. Hay otros países donde los vehículos eléctricos no pagan permisos de circulación ni patente. También tienen estacionamiento gratis”.
Junto con ello, resalta los menores costos que tienen los vehículos eléctricos, indicando que “yo soy usuario de un TriMovil y gasto menos de $1.000 a la semana para moverme en Santiago. Las mantenciones, servicio técnico y repuestos cuestan en torno a un 60% menos que para los autos a combustible.
El impulso chileno a la electromovilidad
Sumado a las acciones que están llevando a cabo en materia de comercialización y posventa, Smart Cargo también está incursionando en el ámbito de la investigación y la manufactura.
Es así como Andrés Álamo comenta que “estamos desarrollando un prototipo de baterías de litio hechas en Chile, lo que ayudaría a bajar los costos si logramos producir en serie. Esto podría aportar a la masificación de la electromovilidad en Chile, sobre todo porque nuestros vehículos se cargan directo a 220 V y no necesitan electrolinera. El hecho de poder producir nuestras baterías, sumado al armado de vehículos en Chile, nos permitiría poder exportar a países del Mercosur, que no tienen convenios con China como nosotros. Acá se abre una gran oportunidad para exportar a Argentina, que tiene los aranceles más altos de Sudamérica con China”.
marzo 5, 2019 | Electromov
Corría el año 2014, cuando la empresa Smart Cargo comenzó a traer a Chile los primeros triciclos eléctricos, pensando en posicionar un vehículo que destacaba por resultar una alternativa sustentable al creciente tráfico urbano.
Andrés Álamo, gerente general de la empresa, recuerda que en esa época “no se exigía ningún tipo de documento ni licencia. A fines de 2016 los regulan y piden estar homologados. Seis meses después homologamos el primer triciclo eléctrico del país (el que usa Correos de Chile). Actualmente, tenemos más de 15 modelos homologados”.
[VEA TAMBIÉN: «Motos eléctricas: ¿Son una solución real de movilidad para las ciudades?»]
El ejecutivo señala que “nos hemos especializado en el servicio técnico y nuestra meta es empoderarnos de la categoría de electromovilidad, danto un buen servicio de posventa, esto es principalmente lo que más valoran nuestros clientes empresa. A la fecha hemos vendido más de 600 unidades y nuestra área de servicio técnico crece cada día. Incluso con mantenciones preventivas a los clientes con flota”.
Contando entre sus clientes a empresas como Abastible, DHL y Cintac, entre otras, Álamo comenta que actualmente “se encuentra abriendo franquicias en Colombia y Panamá, y próximamente en Perú. Nuestras expectativas para 2019 son vender lo mismo que hemos vendido en tres años, 600 unidades más”.
En ese contexto, el gerente general de Smart Cargo considera que “lo que más ayudaría a masificar la electromovilidad, son los beneficios, tanto tributarios como económicos. En Colombia por ejemplo, solo pagan un 5% de impuesto al valor agregado (IVA), tanto el importador como el comprador. Hay otros países donde los vehículos eléctricos no pagan permisos de circulación ni patente. También tienen estacionamiento gratis”.
Junto con ello, resalta los menores costos que tienen los vehículos eléctricos, indicando que “yo soy usuario de un TriMovil y gasto menos de $1.000 a la semana para moverme en Santiago. Las mantenciones, servicio técnico y repuestos cuestan en torno a un 60% menos que para los autos a combustible.
El impulso chileno a la electromovilidad
Sumado a las acciones que están llevando a cabo en materia de comercialización y posventa, Smart Cargo también está incursionando en el ámbito de la investigación y la manufactura.
Es así como Andrés Álamo comenta que “estamos desarrollando un prototipo de baterías de litio hechas en Chile, lo que ayudaría a bajar los costos si logramos producir en serie. Esto podría aportar a la masificación de la electromovilidad en Chile, sobre todo porque nuestros vehículos se cargan directo a 220 V y no necesitan electrolinera. El hecho de poder producir nuestras baterías, sumado al armado de vehículos en Chile, nos permitiría poder exportar a países del Mercosur, que no tienen convenios con China como nosotros. Acá se abre una gran oportunidad para exportar a Argentina, que tiene los aranceles más altos de Sudamérica con China”.
noviembre 15, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera) Llegó el turno de Gasmar. La compañía cuya propiedad la reparten Abastible y Gasco, presidida por Ricardo Cruzat, presentó formalmente su respuesta a la formulación de cargos que presentara en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) tras los episodios de contaminación en la bahía de Quintero, registrados a fines del pasado mes de agosto.
A igual que Enap, la primera en ser sindicada como la presunta responsable por autoridades de gobierno, Gasmar también optó por efectuar descargos, desestimando cualquier tipo de participación en los hechos denunciados y que significaron cientos de personas intoxicadas.
Gasmar sostuvo que la acusación en su contra se produjo en un “contexto de desconfianza generalizada”, advirtiendo que ha sufrido “injustos ataques” a partir de la formulación de cargos que realizara la Superintendencia de Medio Ambiente, los que han implicado un “grave impacto para la imagen de la compañía”.
“Los efectos negativos seguramente excederán cualquier sanción que pueda llegar a imponerse en el presente procedimiento, constituyendo un gravamen oneroso para la compañía”, sostuvo en su presentación que cuenta con 70 páginas.
[VEA TAMBIÉN: Enap responde a la SMA y culpa a Gasmar por emanaciones tóxicas]
Según consta en la resolución, Gasmar es acusada de incurrir en cuatro infracciones ambientales. Dos de ellas graves e igual número de leves. En suma la compañía arriesga hasta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental con que opera y el pago de una multa total de hasta 12.000 UTA.
En su acusación la SMA detectó deficiencias en el funcionamiento de antorcha en relación a un flujo de gas barrido y de gas piloto, inferiores a los comprometidos en el permiso ambiental que regula su actividad en la bahía de Quintero.
“Desde su construcción y puesta en funcionamiento hace más de 20 años atrás, la compañía no ha sido objeto jamás de ningún tipo de cuestionamiento a la forma en que ha ejecutado su proyecto evaluado ambientalmente”, concluyó Gasmar.
Por otro lado, aseguró desestimó que las infracciones que imputa la SMA pudieran haber afectado la salud de las personas. “Este riesgo no concurre, ya que la información relativa a los consumos horarios de gas del sistema antorcha, fueron debidamente acompañados en su oportunidad, descartándose con ello cualquier posibilidad de riesgo para la salud de las personas”, recalcó.
septiembre 12, 2018 | Industria
(Diario El Sur) Empresas Copec concretó una exitosa emisión de bonos por UF 1,3 millones (aproximadamente US$51 millones) en el mercado de capitales chilenos. Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar a su filial Abastible.
De la mano de Credicorp Capital, Empresas Copec colocó su Serie K, por un monto de UF 1,3 millones y una estructura de plazo de 10 años bullet.
La tasa de colocación fue de 2,26%, lo que representa un spread de 68 bps (puntos base) respecto de la tasa base.
Esta es la emisión con la tasa más baja de la historia del mercado local en bonos corporativos de duración similar (excluyendo emisores estatales).
[VEA TAMBIÉN: Ganancia de chilena Empresas Copec se habría disparado 70% en segundo trimestre]
La demanda por el instrumento superó ampliamente el monto colocado, y provino de una diversificada base de inversionistas, entre los cuales se encuentran AFPs, Fondos Mutuos y compañías de seguros, entre otros.
La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate.
Guido Riquelme, gerente general de Credicorp Capital Corredores de Bolsa, señaló que «para nosotros es una gran satisfacción acompañar nuevamente a Empresas Copec en su salida al mercado de capitales, y estamos orgullosos de haber logrado una amplia participación por el lado de los inversionistas, lo que se tradujo en una exitosa colocación».
septiembre 3, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) El viernes terminó la rueda de declaraciones de los representantes legales de las empresas que están siendo investigadas en un proceso a cargo de la división de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que incluyó a Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas y Enap, entre otras firmas.
«La información que nos entregan estos representantes ayudan a formarnos una opinión y, en definitiva, una convicción respecto de qué ocurrió y quién o quiénes son los responsables, pero también ayudan las visitas que estamos haciendo a esas mismas empresas, las declaraciones que hemos tomado en terreno a los operarios, a los encargados de seguridad, y la información que hemos revisado de las bitácoras de novedades del día de cada empresa», detalla Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente. Agrega que esta semana van a continuar las fiscalizaciones.
-¿Cuánto peso tienen los dos informes de Enap en el marco de la investigación de la SMA?
«En primer lugar, yo no tengo confirmación hasta ahora (viernes) que hayan sido enviados por Enap a la SMA (…). Cuando me lleguen, los técnicos van a tener que mirarlos y formarse una opinión respecto de su contenido, y tomarlos en cuenta cuando lleguemos a una conclusión. Decir, ‘sí, esto aporta un antecedente que nos puede servir o no aporta nada’. O lo que resulte del análisis que ellos hagan. Cuando lleguen esos estudios los vamos a mirar, lo que no significa que vayamos a resolver solo en función a esos estudios. Los vamos a tener a la vista, pero tenemos nuestros informes, análisis y datos. Cómo vamos a resolver en base a lo que nos dice uno de los propios investigados, sería ridículo».
«Gozo de la más absoluta libertad para tomar nuestras decisiones»
-¿Se sintió presionado políticamente a hacer algo el 24 de agosto?
«Por ningún motivo».
-¿No lo llamó la ministra Carolina Schmidt o alguien del Gobierno?
«Jamás. He tenido la fortuna en estos cinco años que he ejercido el cargo de superintendente del Medio Ambiente de no haber recibido nunca una presión, de ninguna autoridad política de turno. Me siento autónomo. No tengo que andar consultando o recibiendo llamadas respecto de qué debo o no resolver en un determinado caso, y eso es una muy buena noticia para Chile y habla muy bien de la institucionalidad de este país. Gozo de la más absoluta libertad para tomar nuestras decisiones, obviamente, fundadas en criterios técnicos, de peso. Como SMA me doy cuenta de que hay mucha ansiedad en la gente y que necesita saber qué pasó. Pero también, que un escenario posible es que no lleguemos a determinar qué sucedió, por la dificultad intrínseca que tiene este caso, de que el incumplimiento ocurrió durante un período muy corto de tiempo, entonces no hay evidencia física hoy que nos permita ver la emanación. Tendríamos que haber estado ahí en ese mismo momento para comprobar el incumplimiento, y eso no es posible».
«Las mediciones que hemos hecho con posterioridad contribuyen a alimentar, en primer término, una presunción, y en base a eso, se tomó una medida. Las mediciones que tomamos después de la presunción, nos van a permitir determinar si hay o no un incumplimiento».
-Hay también la opción para un superintendente de no tomar ninguna medida si es que no encuentra evidencia suficiente. Sin embargo, usted tomó una medida que ha causado polémica.
«La medida está perfectamente respaldada. La medida es preventiva. La ley le entrega al superintendente del Medio Ambiente la facultad del principio precautorio, que significa frente a una circunstancia, asumir una posición conservadora (asumir el peor de los escenarios) y sobre la base de eso, dictar una medida para prevenirlo para que no ocurra. Eso fue lo que hice tomando los elementos que teníamos a la vista el día 24 de agosto de 2018, ni más ni menos. Y no implica culpabilidad, no hemos hecho una imputación (…). Es una cuestión técnica, nadie me obliga a dictar la medida».
-La semana pasada, la ministra Carolina Schmidt dijo: «Hemos detectado que en algunas faenas realizadas por Enap se ha producido emanación de gases tóxicos» ¿Por qué la diferencia con ella?
«No me voy a pronunciar respecto de las declaraciones de la ministra. Por lo demás, en las últimas entrevistas que le he escuchado estos últimos días ha sido súper clara, en el sentido de que la determinación de lo que ocurrió y la responsabilidad nos corresponden a nosotros, como SMA, y yo me quedo con eso. Estamos gozando de absoluta independencia, pero le estoy informando a la ministra lo que hacemos en terreno».
[VEA TAMBIÉN: Superintendente de Medio Ambiente dice que no se está culpando a Enap por contaminación en Quintero]
-En el caso de Oxiquim (de ahí eran los trabajadores que se sintieron mal), trabaja con compuestos químicos. ¿No había evidencia para tomar la misma medida que se tomó con Enap?
«No había evidencia que nos indicara que el origen podía haber estado en Oxiquim».
-¿Cuál es su límite para seguir investigando? ¿Cuándo va a tirar la esponja?
«No, la esponja no la voy a tirar nunca. Este no es un trabajo para débiles; al revés, hay que ponerse duro para llegar a una conclusión y, en este caso, lo más pronto posible. Estamos cerrando el círculo, atando cabos y a partir de los análisis que hemos hecho, estamos empezando a construir una hipótesis y eso significa que estamos cerca de tomar una decisión».
Empresa se defiende: «No existe ninguna posibilidad de asociar la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente con una instalación como la de Gasmar»
Una de las empresas bajo la lupa de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es Gasmar. La compañía que tiene como accionistas a Gasco y Abastible saltó al tapete esta semana debido a dos hechos. Primero, porque en el documento llamado Acta de Notificación Personal de la SMA -fechado el 24 de agosto y firmado por el funcionario Pablo Tejada- se explicita que el 21 de agosto, cuando la SMA tomó conocimiento de la emergencia ambiental en Quintero, se estaba evacuando al personal que trabajaba en Gasmar «debido a la presencia de un fuerte olor dentro de sus instalaciones», aunque luego se precisa en el mismo documento que los trabajadores de Gasmar «señalaron que los olores provenían desde el sector sur de la instalación, que es el lugar colindante con la refinería de Enap», agrega el punto 11 del documento.
Pero además, ya antes, en diciembre de 2017, Gasmar había salido a la palestra por un informe técnico titulado «Monitoreo de gases atmosféricos para intentar establecer el origen de los eventos de malos olores en la zona industrial del valle de Puchuncaví», del profesor Francisco Cereceda, director del Cetam, publicado en el Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia) del Ministerio del Medio Ambiente.
Una de sus principales conclusiones es que «el análisis de vientos y concentraciones de VOCs (compuestos orgánicos volátiles) realizado en la planta de Gasmar permitió establecer como fuente importante de estos VOC aquellas emisiones asociadas a su planta de odorificación de gas».
En este contexto, Gasmar contestó preguntas a «El Mercurio» por escrito. Aseguran que a la fecha no han sido citados a declarar en el marco de la investigación del fiscal Mauricio Dünner, pero que sí lo hicieron ante la SMA, que además los fiscalizó: «Gasmar ha sido fiscalizada por dicha autoridad en seis oportunidades al viernes 31 de agosto, inspeccionando y recorriendo detalladamente el terminal en terreno, solicitando información relativa a los procesos, condiciones generales y productos químicos utilizados en planta».
-Como empresa, ¿están en condición de afirmar que no son responsables de la nube tóxica de Puchuncaví-Quintero? ¿Por qué ?
«Absolutamente. Gasmar es un terminal que solo almacena gas licuado -el mismo que consumen las familias chilenas en sus casas-, y no manipula sustancias tóxicas. Luego, no existe ninguna posibilidad de asociar la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente con una instalación como la de Gasmar».
-¿Gasmar no produce ni emana ninguno de los químicos que han sido sindicados como responsables de la nube tóxica por parte de la autoridad (tolueno y los isobutano, nitrobenceno, metilcloroformo e hidrocarburo)?
«Gasmar no produce, manipula, ni emana ningún químico tóxico».
-Respecto del informe del profesor Francisco Cereceda, ¿ustedes tenían conocimiento de él? ¿Tomaron medidas para solucionar los problemas que allí se plantean? ¿Cuáles?
«Primero, precisar que ese informe no está de ninguna manera vinculado con el proceso de investigación actual, pues data de diciembre de 2017, y es público desde hace varios meses. Aquel trabajo se enmarca en un estudio de olores, no de sustancias tóxicas. En relación al contenido del mismo, nosotros le planteamos al Ministerio del Medio Ambiente innumerables cuestionamientos respecto de la metodología y rigurosidad técnica que se empleó en dicho estudio, en virtud de una auditoría externa que Gasmar les encargó a expertos independientes. El resultado de esta auditoría está en manos de la autoridad para su análisis desde abril del presente año».
-¿Cómo explica que Gasmar sea, según estudio, el responsable de las concentraciones de VOCs en la zona?
«En primer lugar, hay que aclarar que los VOC están constituidos por una serie amplia de compuestos orgánicos. Hasta los gases que emanan de los tubos de escape de los vehículos son VOCs.
A pesar de las serias falencias del informe que los peritajes técnicos han identificado, Gasmar no se pronunciará respecto del detalle del mismo, pues no aporta nada al esclarecimiento de la actual crisis. Hoy Gasmar se encuentra concentrada en facilitar toda la información necesaria y requerida para los numerosos procesos de fiscalización en curso debido a la presencia de compuestos tóxicos en el aire, evento completamente independiente del que quiso analizar el informe de Cereceda».
-¿Por qué la contaminación registrada la semana pasada en la zona podría ser un evento distinto, atribuible a otra empresa y no a ustedes, si ya hay un informe que consigna este tipo de emanaciones de parte de Gasmar?
«Los compuestos tóxicos de este evento han sido identificados por la autoridad en sus labores de medición (tolueno, metilcloroformo y nitrobenceno). Ninguno de estos es manejado por Gasmar, y tampoco se almacenan hidrocarburos que pudiesen derivar en eventos como el vivido estos días en la zona».
-Si es que no son responsables de las emanaciones tóxicas, ¿por qué cree que Gasmar ha sido sindicado como eventual culpable? ¿Han tomado contacto con abogados para evaluar posibles acciones legales a seguir? ¿Con qué estudio de abogados están trabajando?
«Gasmar está enfocada en facilitar el proceso de investigación de la autoridad, a la espera de lo que dicho proceso resuelva. Nuestras energías están concentradas en disponer de la totalidad de los recursos técnicos y humanos de la compañía para colaborar a fin de aclarar las causas y prevenir la ocurrencia de un nuevo evento. En la misma línea, hemos puesto a disposición de la autoridad todos nuestros equipos de monitoreo de gases para que sean utilizados en el esclarecimiento del caso, pues nos preocupa enormemente la salud de nuestros vecinos y trabajadores».
