noviembre 15, 2018 | Medio Ambiente
(La Tercera) Llegó el turno de Gasmar. La compañía cuya propiedad la reparten Abastible y Gasco, presidida por Ricardo Cruzat, presentó formalmente su respuesta a la formulación de cargos que presentara en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) tras los episodios de contaminación en la bahía de Quintero, registrados a fines del pasado mes de agosto.
A igual que Enap, la primera en ser sindicada como la presunta responsable por autoridades de gobierno, Gasmar también optó por efectuar descargos, desestimando cualquier tipo de participación en los hechos denunciados y que significaron cientos de personas intoxicadas.
Gasmar sostuvo que la acusación en su contra se produjo en un “contexto de desconfianza generalizada”, advirtiendo que ha sufrido “injustos ataques” a partir de la formulación de cargos que realizara la Superintendencia de Medio Ambiente, los que han implicado un “grave impacto para la imagen de la compañía”.
“Los efectos negativos seguramente excederán cualquier sanción que pueda llegar a imponerse en el presente procedimiento, constituyendo un gravamen oneroso para la compañía”, sostuvo en su presentación que cuenta con 70 páginas.
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Según consta en la resolución, Gasmar es acusada de incurrir en cuatro infracciones ambientales. Dos de ellas graves e igual número de leves. En suma la compañía arriesga hasta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental con que opera y el pago de una multa total de hasta 12.000 UTA.
En su acusación la SMA detectó deficiencias en el funcionamiento de antorcha en relación a un flujo de gas barrido y de gas piloto, inferiores a los comprometidos en el permiso ambiental que regula su actividad en la bahía de Quintero.
“Desde su construcción y puesta en funcionamiento hace más de 20 años atrás, la compañía no ha sido objeto jamás de ningún tipo de cuestionamiento a la forma en que ha ejecutado su proyecto evaluado ambientalmente”, concluyó Gasmar.
Por otro lado, aseguró desestimó que las infracciones que imputa la SMA pudieran haber afectado la salud de las personas. “Este riesgo no concurre, ya que la información relativa a los consumos horarios de gas del sistema antorcha, fueron debidamente acompañados en su oportunidad, descartándose con ello cualquier posibilidad de riesgo para la salud de las personas”, recalcó.
septiembre 12, 2018 | Industria
(Diario El Sur) Empresas Copec concretó una exitosa emisión de bonos por UF 1,3 millones (aproximadamente US$51 millones) en el mercado de capitales chilenos. Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar a su filial Abastible.
De la mano de Credicorp Capital, Empresas Copec colocó su Serie K, por un monto de UF 1,3 millones y una estructura de plazo de 10 años bullet.
La tasa de colocación fue de 2,26%, lo que representa un spread de 68 bps (puntos base) respecto de la tasa base.
Esta es la emisión con la tasa más baja de la historia del mercado local en bonos corporativos de duración similar (excluyendo emisores estatales).
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La demanda por el instrumento superó ampliamente el monto colocado, y provino de una diversificada base de inversionistas, entre los cuales se encuentran AFPs, Fondos Mutuos y compañías de seguros, entre otros.
La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate.
Guido Riquelme, gerente general de Credicorp Capital Corredores de Bolsa, señaló que «para nosotros es una gran satisfacción acompañar nuevamente a Empresas Copec en su salida al mercado de capitales, y estamos orgullosos de haber logrado una amplia participación por el lado de los inversionistas, lo que se tradujo en una exitosa colocación».
septiembre 3, 2018 | Medio Ambiente
(El Mercurio) El viernes terminó la rueda de declaraciones de los representantes legales de las empresas que están siendo investigadas en un proceso a cargo de la división de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que incluyó a Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas y Enap, entre otras firmas.
«La información que nos entregan estos representantes ayudan a formarnos una opinión y, en definitiva, una convicción respecto de qué ocurrió y quién o quiénes son los responsables, pero también ayudan las visitas que estamos haciendo a esas mismas empresas, las declaraciones que hemos tomado en terreno a los operarios, a los encargados de seguridad, y la información que hemos revisado de las bitácoras de novedades del día de cada empresa», detalla Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente. Agrega que esta semana van a continuar las fiscalizaciones.
-¿Cuánto peso tienen los dos informes de Enap en el marco de la investigación de la SMA?
«En primer lugar, yo no tengo confirmación hasta ahora (viernes) que hayan sido enviados por Enap a la SMA (…). Cuando me lleguen, los técnicos van a tener que mirarlos y formarse una opinión respecto de su contenido, y tomarlos en cuenta cuando lleguemos a una conclusión. Decir, ‘sí, esto aporta un antecedente que nos puede servir o no aporta nada’. O lo que resulte del análisis que ellos hagan. Cuando lleguen esos estudios los vamos a mirar, lo que no significa que vayamos a resolver solo en función a esos estudios. Los vamos a tener a la vista, pero tenemos nuestros informes, análisis y datos. Cómo vamos a resolver en base a lo que nos dice uno de los propios investigados, sería ridículo».
«Gozo de la más absoluta libertad para tomar nuestras decisiones»
-¿Se sintió presionado políticamente a hacer algo el 24 de agosto?
«Por ningún motivo».
-¿No lo llamó la ministra Carolina Schmidt o alguien del Gobierno?
«Jamás. He tenido la fortuna en estos cinco años que he ejercido el cargo de superintendente del Medio Ambiente de no haber recibido nunca una presión, de ninguna autoridad política de turno. Me siento autónomo. No tengo que andar consultando o recibiendo llamadas respecto de qué debo o no resolver en un determinado caso, y eso es una muy buena noticia para Chile y habla muy bien de la institucionalidad de este país. Gozo de la más absoluta libertad para tomar nuestras decisiones, obviamente, fundadas en criterios técnicos, de peso. Como SMA me doy cuenta de que hay mucha ansiedad en la gente y que necesita saber qué pasó. Pero también, que un escenario posible es que no lleguemos a determinar qué sucedió, por la dificultad intrínseca que tiene este caso, de que el incumplimiento ocurrió durante un período muy corto de tiempo, entonces no hay evidencia física hoy que nos permita ver la emanación. Tendríamos que haber estado ahí en ese mismo momento para comprobar el incumplimiento, y eso no es posible».
«Las mediciones que hemos hecho con posterioridad contribuyen a alimentar, en primer término, una presunción, y en base a eso, se tomó una medida. Las mediciones que tomamos después de la presunción, nos van a permitir determinar si hay o no un incumplimiento».
-Hay también la opción para un superintendente de no tomar ninguna medida si es que no encuentra evidencia suficiente. Sin embargo, usted tomó una medida que ha causado polémica.
«La medida está perfectamente respaldada. La medida es preventiva. La ley le entrega al superintendente del Medio Ambiente la facultad del principio precautorio, que significa frente a una circunstancia, asumir una posición conservadora (asumir el peor de los escenarios) y sobre la base de eso, dictar una medida para prevenirlo para que no ocurra. Eso fue lo que hice tomando los elementos que teníamos a la vista el día 24 de agosto de 2018, ni más ni menos. Y no implica culpabilidad, no hemos hecho una imputación (…). Es una cuestión técnica, nadie me obliga a dictar la medida».
-La semana pasada, la ministra Carolina Schmidt dijo: «Hemos detectado que en algunas faenas realizadas por Enap se ha producido emanación de gases tóxicos» ¿Por qué la diferencia con ella?
«No me voy a pronunciar respecto de las declaraciones de la ministra. Por lo demás, en las últimas entrevistas que le he escuchado estos últimos días ha sido súper clara, en el sentido de que la determinación de lo que ocurrió y la responsabilidad nos corresponden a nosotros, como SMA, y yo me quedo con eso. Estamos gozando de absoluta independencia, pero le estoy informando a la ministra lo que hacemos en terreno».
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-En el caso de Oxiquim (de ahí eran los trabajadores que se sintieron mal), trabaja con compuestos químicos. ¿No había evidencia para tomar la misma medida que se tomó con Enap?
«No había evidencia que nos indicara que el origen podía haber estado en Oxiquim».
-¿Cuál es su límite para seguir investigando? ¿Cuándo va a tirar la esponja?
«No, la esponja no la voy a tirar nunca. Este no es un trabajo para débiles; al revés, hay que ponerse duro para llegar a una conclusión y, en este caso, lo más pronto posible. Estamos cerrando el círculo, atando cabos y a partir de los análisis que hemos hecho, estamos empezando a construir una hipótesis y eso significa que estamos cerca de tomar una decisión».
Empresa se defiende: «No existe ninguna posibilidad de asociar la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente con una instalación como la de Gasmar»
Una de las empresas bajo la lupa de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es Gasmar. La compañía que tiene como accionistas a Gasco y Abastible saltó al tapete esta semana debido a dos hechos. Primero, porque en el documento llamado Acta de Notificación Personal de la SMA -fechado el 24 de agosto y firmado por el funcionario Pablo Tejada- se explicita que el 21 de agosto, cuando la SMA tomó conocimiento de la emergencia ambiental en Quintero, se estaba evacuando al personal que trabajaba en Gasmar «debido a la presencia de un fuerte olor dentro de sus instalaciones», aunque luego se precisa en el mismo documento que los trabajadores de Gasmar «señalaron que los olores provenían desde el sector sur de la instalación, que es el lugar colindante con la refinería de Enap», agrega el punto 11 del documento.
Pero además, ya antes, en diciembre de 2017, Gasmar había salido a la palestra por un informe técnico titulado «Monitoreo de gases atmosféricos para intentar establecer el origen de los eventos de malos olores en la zona industrial del valle de Puchuncaví», del profesor Francisco Cereceda, director del Cetam, publicado en el Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia) del Ministerio del Medio Ambiente.
Una de sus principales conclusiones es que «el análisis de vientos y concentraciones de VOCs (compuestos orgánicos volátiles) realizado en la planta de Gasmar permitió establecer como fuente importante de estos VOC aquellas emisiones asociadas a su planta de odorificación de gas».
En este contexto, Gasmar contestó preguntas a «El Mercurio» por escrito. Aseguran que a la fecha no han sido citados a declarar en el marco de la investigación del fiscal Mauricio Dünner, pero que sí lo hicieron ante la SMA, que además los fiscalizó: «Gasmar ha sido fiscalizada por dicha autoridad en seis oportunidades al viernes 31 de agosto, inspeccionando y recorriendo detalladamente el terminal en terreno, solicitando información relativa a los procesos, condiciones generales y productos químicos utilizados en planta».
-Como empresa, ¿están en condición de afirmar que no son responsables de la nube tóxica de Puchuncaví-Quintero? ¿Por qué ?
«Absolutamente. Gasmar es un terminal que solo almacena gas licuado -el mismo que consumen las familias chilenas en sus casas-, y no manipula sustancias tóxicas. Luego, no existe ninguna posibilidad de asociar la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente con una instalación como la de Gasmar».
-¿Gasmar no produce ni emana ninguno de los químicos que han sido sindicados como responsables de la nube tóxica por parte de la autoridad (tolueno y los isobutano, nitrobenceno, metilcloroformo e hidrocarburo)?
«Gasmar no produce, manipula, ni emana ningún químico tóxico».
-Respecto del informe del profesor Francisco Cereceda, ¿ustedes tenían conocimiento de él? ¿Tomaron medidas para solucionar los problemas que allí se plantean? ¿Cuáles?
«Primero, precisar que ese informe no está de ninguna manera vinculado con el proceso de investigación actual, pues data de diciembre de 2017, y es público desde hace varios meses. Aquel trabajo se enmarca en un estudio de olores, no de sustancias tóxicas. En relación al contenido del mismo, nosotros le planteamos al Ministerio del Medio Ambiente innumerables cuestionamientos respecto de la metodología y rigurosidad técnica que se empleó en dicho estudio, en virtud de una auditoría externa que Gasmar les encargó a expertos independientes. El resultado de esta auditoría está en manos de la autoridad para su análisis desde abril del presente año».
-¿Cómo explica que Gasmar sea, según estudio, el responsable de las concentraciones de VOCs en la zona?
«En primer lugar, hay que aclarar que los VOC están constituidos por una serie amplia de compuestos orgánicos. Hasta los gases que emanan de los tubos de escape de los vehículos son VOCs.
A pesar de las serias falencias del informe que los peritajes técnicos han identificado, Gasmar no se pronunciará respecto del detalle del mismo, pues no aporta nada al esclarecimiento de la actual crisis. Hoy Gasmar se encuentra concentrada en facilitar toda la información necesaria y requerida para los numerosos procesos de fiscalización en curso debido a la presencia de compuestos tóxicos en el aire, evento completamente independiente del que quiso analizar el informe de Cereceda».
-¿Por qué la contaminación registrada la semana pasada en la zona podría ser un evento distinto, atribuible a otra empresa y no a ustedes, si ya hay un informe que consigna este tipo de emanaciones de parte de Gasmar?
«Los compuestos tóxicos de este evento han sido identificados por la autoridad en sus labores de medición (tolueno, metilcloroformo y nitrobenceno). Ninguno de estos es manejado por Gasmar, y tampoco se almacenan hidrocarburos que pudiesen derivar en eventos como el vivido estos días en la zona».
-Si es que no son responsables de las emanaciones tóxicas, ¿por qué cree que Gasmar ha sido sindicado como eventual culpable? ¿Han tomado contacto con abogados para evaluar posibles acciones legales a seguir? ¿Con qué estudio de abogados están trabajando?
«Gasmar está enfocada en facilitar el proceso de investigación de la autoridad, a la espera de lo que dicho proceso resuelva. Nuestras energías están concentradas en disponer de la totalidad de los recursos técnicos y humanos de la compañía para colaborar a fin de aclarar las causas y prevenir la ocurrencia de un nuevo evento. En la misma línea, hemos puesto a disposición de la autoridad todos nuestros equipos de monitoreo de gases para que sean utilizados en el esclarecimiento del caso, pues nos preocupa enormemente la salud de nuestros vecinos y trabajadores».
mayo 23, 2018 | Industria
(Diario Financiero) Consolidados como el segundo actor más importante en el mercado nacional, la empresa distribuidora de gas licuado Lipigas, reveló su interés por expandir sus operaciones por el continente americano.
En su último día de inversionistas, la compañía ligada a las familias Yaconi, Santa Cruz, Vinagre, Noguera y Ardizzoni, declaró que su objetivo está en adquirir nuevas empresas y crecer de manera inorgánica en la región, donde ya cuentan con presencia en los mercados de Perú y Colombia.
“Existen oportunidades en mercados poco consolidados”, explicaron en la presentación, donde si bien no dijeron a qué países están mirando, dieron a conocer una serie de locaciones en la que el uso del gas licuado es mucho mayor a la que se ve en Chile.
En esa línea, si en 2016 en nuestro país se distribuyeron 1,25 millones de toneladas de gas licuado, esa cifra está muy lejos de los mercados de punta, como México, Brasil y Venezuela, que en ese mismo orden, consumieron 8,7 millones, 7,4 millones y 4,5 millones de toneladas, respectivamente. En América Latina, dijeron desde la empresa, existen “rentabilidades acorde a objetivos de Lipigas”.
Con todo, los ingresos de la compañía siguen concentrándose fuertemente en Chile, de donde provino el 85% del Ebitda del último ejercicio. Muy atrás estuvieron Colombia con un 8% y Perú con el 7%.
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Presencia en el continente
En 2010, de la mano de la compra del 70% de la participación de la distribuidora de gas y energía Chilco (que tres años después se extendió al 100%), Lipigas comenzó su expansión internacional, aterrizando en Colombia.
A la fecha, según los reportes presentados por la compañía, cuentan con cerca de 14% de participación en ese mercado, donde compiten con firmas como Abastible y Gasco, que cuentan con 34,9% y 19,9%, respectivamente.
En ese país, la empresa ha declarado sus intenciones de seguir creciendo en la venta de gas licuado, donde actualmente hay 11 millones de clientes, pero que tiene un potencial de al menos otros cuatro millones más que utilizan la leña como combustible.
“La industria en su conjunto está realizando importantes esfuerzos por impulsar una mayor participación del GLP dentro de la canasta energética nacional, además de apoyar a las autoridades en su lucha para combatir la informalidad en la prestación del servicio de GLP. En particular, la apuesta de la compañía es crecer en el mercado del gas granel para grandes clientes, aprovechando su larga experiencia en la distribución de este producto en el sector industrial en Chile”, dijeron desde la firma en su última memoria.
En el caso de Perú, el aterrizaje se produjo de 2013, operando bajo la marca de Lima Gas, donde cuentan con ocho plantas de almacenamiento y envasado y dos centros de distribución. En ese país la participación es menor y representa el 8,4% del mercado, detrás de Solgas (Abastible), Llama Gas y Zeta Gas.
“La apuesta de Lipigas en el mercado peruano apunta principalmente al crecimiento del uso del GLP a granel, en reemplazo de combustibles como el diésel y fuel oil, entre otros, especialmente en grandes clientes industriales”, se puede leer en la memoria de la compañía.
febrero 20, 2018 | Industria
(Diario Financiero) Empresas Copec se sumó a Abastible y Empresas Gasco en contra de las obligaciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de que estas firmas deben vender la importadora y distribuidora de GLP Gasmar y otras medidas.
Concretamente la sociedad ligada al grupo Angelini pidió a la Corte Suprema que, además de dejar sin efecto la obligación de vender Gasmar, modifique la medida donde prohíbe que el directorio de Empresas Copec esté integrado por personas que sean directores o cumplan funciones ejecutivas en Abastible.
Esto a raíz que el TDLC configuró una integración horizontal en el negocio del gas dado que Copec mantiene un 99,2% de Abastible y también participa en Metrogas con 39,83%.
Según explicaron, la firma está a favor de mantener separados entre sí los negocios de Abastible y Metrogas, por lo cual se manifestó a favor de que el directorio de Empresas Copec no sea integrado por directores o ejecutivos de Metrogas.
Sin embargo, establecer esa restricción para los directores o ejecutivos de Abastible “resulta completamente improcedente e injustificado”.
“Es natural y perfectamente ajustado a derecho que Empresas Copec pueda participar en la actuación económica y financiera de Abastible conforme a los intereses de su grupo empresarial”, dice el escrito.
No fue la única empresa que reclamó. Empresas Gasco -como había sido adelantado por DF- fue contra la obligación de vender Gasmar en 18 meses.
La firma ligada a la familia Pérez Cruz apeló a que el derecho a desprenderse de bienes está asegurado y protegido constitucionalmente y que este derecho no se puede privar en un procedimiento no contencioso, como fue el que tramitó el TDLC.
Además, la empresa explicó que a su juicio la participación que junto a Abastible tienen en Gasmar no pone en riesgo la libre competencia, porque -a su juicio- no es efectivo que se genere una integración horizontal vía intercambio de información sensible.
