mayo 12, 2022 | Industria
El secretario ejecutivo de Acen, Eduardo Andrade, fue invitado a exponer a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados este 11 de mayo donde explicó por qué se debe bajar el límite de la potencia conectada de 500 kilowatts para ser cliente libre, medida establecida en 1982. En la actualidad, los clientes regulados, aquellos que están bajo ese límite de 500 kW, no pueden elegir ni a su suministrador ni su fuente de energía (solar, hídrica, eólica, etc.) ya que están sometidos al monopolio de la distribución.
“Si se bajara el límite de 500 kilowatts a solamente 400 kilowatts tendríamos beneficios para más de 32.000 pymes que podrían tener la oportunidad de elegir y optar a esta reducción en sus costos de energía. Hemos dicho con anterioridad que esto es lo mismo que un Fogape dirigido a las pymes pero que al Estado no le cuesta un peso”, señaló Andrade.
De acuerdo con el representante de la gremial, esta medida va en ayuda directa a la economía de las pequeñas y medianas empresas y destacó que el gobierno puede bajar el límite de la potencia sin ninguna modificación reglamentaria o legal. “El gobierno puede bajar el límite de potencia mediante el procedimiento establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos (artículo 147) que dice que el “Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia””, agregó.
Según el secretario ejecutivo, el TDLC se tiene que pronunciar sobre si hay o no competencia. “Y eso ya está demostrado. El ingreso de los comercializadores en el mercado del suministro ha causado una reducción de hasta un 30% en las cuentas de la electricidad para los clientes libres”, indicó.
¿Cuál es el universo al que puede llegar una medida de esta naturaleza? De acuerdo con Andrade, si se considera el universo total de pymes, “tenemos del orden de 180.000 empresas, negocios, etc., que podrían tener acceso a nuevos servicios, así como al beneficio de una reducción en su cuenta”, comentó.
Acen piensa que la ayuda que significa para las pymes optar a estas reducciones de costos y a esta mejora en los servicios que trae aparejada la baja de la potencia es de alto impacto. Incluso, cree que se puede empalmar perfectamente con una modificación a la Ley Eléctrica y llegar en el futuro hasta los usuarios residenciales que podrían optar a este tipo de tarifas más convenientes y a ser suministrados a través de un comercializador. “La propuesta de Acen para que no afecte demasiado a los contratos y tarifas existentes, es que esta rebaja se haga en forma gradual, vale decir, ir bajando la potencia conectada 100 kilowatts cada año”, dijo Andrade.
Finalmente, comentó que Acen ha hecho un estudio que describe que, en un escenario de movilidad alta, se espera que alrededor del 20% de las empresas que están entre 400 y 500 kilowatts se cambiaría el primer año, lo que significaría algo así como 6.000 usuarios. “Al cabo de 6 años, tendríamos cerca de 30.000 empresas pymes beneficiadas con esta medida”, concluyó.
mayo 12, 2022 | Industria
La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú. Ahora deberá ser revisado en el Senado.
Según señaló el organismo gubernamental, el texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.
En ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, además de incluir la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, según indican desde la Cámara Baja.
El Acuerdo de Escazú
En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa, como explicaron desde el organismo.
Asimismo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
Desde la Cámara señalaron que también presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Además, en el texto se indica que el acuerdo dispone que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Según la Cámara Baja, este pacto entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de 11 de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a 12 Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
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mayo 11, 2022 | Industria
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados respaldó, por unanimidad, la formación de una mesa de negociación entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), empresas contratistas y la Federación de Trabajadores Subcontratistas de Enap.
A través de una declaración pública la instancia valoró esta medida. Lo anterior “con la finalidad de dar término al conflicto y generar una instancia de diálogo permanente y una mejora en los derechos de trabajadores y trabajadoras, en equidad a las condiciones laborales de los trabajadores de planta de la empresa”.
El documento expresa las siguientes consideraciones:
– Que la modalidad de subcontratación a menudo en el país ha sido objeto de permanente cuestionamiento, debido a que ha derivado en precariedad, inequidad, sobreexplotación y conflictividad entre trabajadores y empresas.
– Que hace más de una semana los trabajadores subcontratados de Enap en la región del Biobío, específicamente en Hualpén, realizan una movilización en exigencia de mejores condiciones laborales y disminuir la desigualdad salarial respecto de los trabajadores de planta.
– Que Enap es una empresa pública y, como tal, debiera responder a las expectativas y voluntades de cambio del Chile que se está construyendo, en el que la consigna “igual trabajo, igual salario” se ha levantado con fuerza respecto a las diferenciaciones arbitrarias en la materia.
En virtud de lo anterior el grupo legislativo acordó remitir esta declaración pública, acordada por la unanimidad de sus miembros.
mayo 11, 2022 | Industria
La Comisión de Hacienda aprobó y despachó a la Sala el proyecto que inyecta 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP) y modera el aumento del precio de la parafina.
El texto, según explicó la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, permite aumentar el tamaño del FEPP. Esto, para mantener en mil pesos por litro el precio de la parafina.
“Hoy día el precio está a $1.200 por litro, aproximadamente. Si aplicamos los 40 millones de dólares en el Fondo, el kerosene bajaría a los $1.000 por litros y se incrementaría levemente recién en el mes de septiembre”, argumentó Sanhueza.
La subsecretaria señaló, también, que el contexto macroeconómico de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas, han implicado esta alza significativa del precio internacional de los combustibles y, en particular, del kerosene.
Sostuvo que el FEPP, actualmente, cuenta con activos por 4 millones de dólares, lo que le impide operar a toda su capacidad. Esto, dado que contempla un mecanismo para reducir el aporte cuando está en riesgo la sustentabilidad.
Agregó que el compromiso del Ejecutivo es que el subsidio pueda operar a toda su capacidad, por lo menos, hasta septiembre de este año, con el propósito de contener los precios durante los meses de invierno.
A la comisión también asistió el ministro de Energía, Claudio Huepe, quien reforzó lo planteado por la subsecretaria de Hacienda.
“Se busca una estabilización de precios de largo plazo, para que se refleje de la mejor manera posible un precio de referencia y no un objetivo de subsidio, porque este es un mecanismo de estabilización”, señaló Huepe.
mayo 9, 2022 | Industria
La situación inflacionaria de precios y carestía de la vida está agobiando a millones de chilenos en la actualidad. Bienes tan esenciales como los combustibles y alimentos, regularmente consumidos por la población, como el pan, presentan un importante proceso de aumento en su precio.
Es en este escenario que la Sala aprobó la resolución 28. Por medio de ella, se solicita al Ejecutivo el envío de una iniciativa que reduzca, transitoriamente, el impuesto al valor agregado con que se gravan el petróleo, los combustibles, la parafina, el pan y el gas.
Se recuerda en el texto que el petróleo, bencinas, pan y gas están afectos al Impuestos sobre Bienes y Servicios o IVA. Este grava con un 19% el valor final de estos bienes que se cobra a los consumidores.
Junto con disponer tal reducción transitoria, se plantea la creación de un mecanismo compensatorio del déficit en la recaudación fiscal que ello generaría.
Igualmente, se promueve la generación de un mecanismo que permita traspasar la reducción en el costo de manera efectiva al consumidor final.
La resolución explica que existen causas, tanto externas como internas, que explican los fenómenos inflacionarios. Así, se estima relevante analizar las reformas de aquellos factores internos que determinan el precio de estos bienes esenciales. De tal modo, procurar una disminución de su valor.
