abril 5, 2022 | Sin categoría
La Cámara de Diputados aprobó -por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones-, el informe redactado por la Comisión Investigadora (CEI 62) que buscaba indagar los actos de Corfo y otras autoridades respecto del proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Según información de la Cámara Baja, el documento cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL. Se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter política y no técnica.
Asimismo, el texto de la comisión refuta que, a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo “caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional”.
El documento de la comisión investigadora afirma que se cometió un error (no subsanado) al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto. Con ello, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$37 millones, cuando en realidad ascendía a US$84 millones.
Responsabilidades
Asimismo, en el informe se califica como sumamente graves las acusaciones de intervención del exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ello, considerando variadas inhabilidades que pesaban en su actuar por ser parte de los directorios de las entidades postulantes.
Además, según se consigna en Camara.cl, en el texto se remarca que sus actuaciones tendieron a “limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros”.
La propuesta ganadora
La propuesta ganadora (AUI) se adjudicó 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
Como se de talla en el informe de la comisión, la relevancia de esta situación radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar 50 millones de dólares del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana.
Además, en el documento se destaca que ya se contaba con la evaluación (julio 2020) de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.
La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y refutó la participación de Terrazas. El informe indica que “se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”.
En el texto se resalta lo indispensable que es que se modifiquen y estandaricen los diferentes procesos de licitación. De este modo, se espera no dar espacio a ambigüedades.
Igualmente, se sugiere dejar sin efecto la adjudicación y realizar un nuevo proceso licitatorio para la creación del ITL. Para ello, se insta a usar estándares y bases de licitación claros, sin modificaciones posteriores ocultas. Además, con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.
Por otra parte, -según consigna Camara.cl, se plantea que la Corfo realice las modificaciones necesarias en las Bases Administrativas Generales. La idea es incluir parámetros y procedimientos estándares para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
Finalmente, entre otras recomendaciones, se remiten los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. De este modo, se espera que se evalúen las eventuales responsabilidades administrativas y penales del caso.
En el debate intervinieron Luis Alberto Cuello (PC), Tomás Hirsch (IND) y Jaime Araya (IND). Los tres coincidieron en la importancia de esta investigación y relevaron el nivel de acuerdo en la redacción de las conclusiones y, según datos de la Cámara, lamentaron la constatación de irregularidades en el proceso de licitación.
En particular, se criticó el cambio de condiciones en las bases; la sospecha del uso de información privilegiada; y el actuar de Pablo Terrazas.
abril 5, 2022 | Electromov
La Cámara de Diputados aprobó -por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones-, el informe redactado por la Comisión Investigadora (CEI 62) que buscaba indagar los actos de Corfo y otras autoridades respecto del proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Según información de la Cámara Baja, el documento cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL. Se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter política y no técnica.
Asimismo, el texto de la comisión refuta que, a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo “caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional”.
El documento de la comisión investigadora afirma que se cometió un error (no subsanado) al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto. Con ello, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$37 millones, cuando en realidad ascendía a US$84 millones.
Responsabilidades
Asimismo, en el informe se califica como sumamente graves las acusaciones de intervención del exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ello, considerando variadas inhabilidades que pesaban en su actuar por ser parte de los directorios de las entidades postulantes.
Además, según se consigna en Camara.cl, en el texto se remarca que sus actuaciones tendieron a “limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros”.
La propuesta ganadora
La propuesta ganadora (AUI) se adjudicó 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecido en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
Como se de talla en el informe de la comisión, la relevancia de esta situación radica en que, en una reunión previa, Terrazas sugirió el cambio del monto a entregar. Así, planteó derivar 50 millones de dólares del dinero entregado por SQM a proyectos de investigación científica temprana.
Además, en el documento se destaca que ya se contaba con la evaluación (julio 2020) de los expertos internacionales y ya se había celebrado la sesión del 15 de octubre de 2020, en donde el comité evaluador nacional modificó los puntajes obtenidos, favoreciendo la opción de AUI.
La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad y refutó la participación de Terrazas. El informe indica que “se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”.
En el texto se resalta lo indispensable que es que se modifiquen y estandaricen los diferentes procesos de licitación. De este modo, se espera no dar espacio a ambigüedades.
Igualmente, se sugiere dejar sin efecto la adjudicación y realizar un nuevo proceso licitatorio para la creación del ITL. Para ello, se insta a usar estándares y bases de licitación claros, sin modificaciones posteriores ocultas. Además, con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.
Por otra parte, -según consigna Camara.cl, se plantea que la Corfo realice las modificaciones necesarias en las Bases Administrativas Generales. La idea es incluir parámetros y procedimientos estándares para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.
Finalmente, entre otras recomendaciones, se remiten los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. De este modo, se espera que se evalúen las eventuales responsabilidades administrativas y penales del caso.
En el debate intervinieron Luis Alberto Cuello (PC), Tomás Hirsch (IND) y Jaime Araya (IND). Los tres coincidieron en la importancia de esta investigación y relevaron el nivel de acuerdo en la redacción de las conclusiones y, según datos de la Cámara, lamentaron la constatación de irregularidades en el proceso de licitación.
En particular, se criticó el cambio de condiciones en las bases; la sospecha del uso de información privilegiada; y el actuar de Pablo Terrazas.
marzo 17, 2022 | Industria
Yovana Ahumada es la nueva presidenta de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde actualmente se encuentran en tramitación proyectos de ley como la modificación en el Código de Minería para suspender transitoriamente los procesos de licitación de concesiones y contratos especiales de operación sobre el litio o la iniciativa que perfecciona el mercado del gas, entre otros.
La diputada es del Partido de la Gente y representa al distrito 3 (Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Taltal, Calama, Tocopilla, María Elena, Ollagüe, Mejillones).
Los otros 12 miembros de esta instancia legislativa son:
Álvaro Carter (UDI), del distrito 12 (La Pintana, Puente Alto, Pirque, La Florida, San José de Maipo).
Andrés Celis (RN), del distrito 7 (Viña del Mar, Santo Domingo, El Quisco, Casablanca, Valparaíso, Isla de Pascua, Concón, San Antonio, Algarrobo, Juan Fernández, Cartagena, El Tabo).
Gonzalo de la Carrera (PR), del distrito 11 (Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Las Condes).
Catalina del Real (RN), del distrito 11 (Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Las Condes).
Christian Matheson (Evopóli), del distrito 28 (Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine, Primavera, Natales, Punta Arenas, Porvenir, Antártica, Timaukel, San Gregorio, Cabo de Hornos).
Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde), del distrito 4 (Vallenar, Alto del Carmen, Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco).
Marcela Riquelme (Ind.), del distrito 15 (Mostazal, Graneros, Requínoa, Rancagua, Quinta de Tilcoco, Olivar, Codegua, Machalí, Doñihue, Rengo, Malloa, Coinco, Coltauco).
Patricio Rosas (Ind.), del distrito 24 (Panguipulli, Los Lagos, Lanco, Futrono, La Unión, Mariquina, Paillaco, Lago Ranco, Valdivia, Máfil, Corral, Río Bueno).
Marco Antonio Sulantay (UDI), del distrito 5 (Paiguano, Andacollo, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Salamanca, Combarbalá, Río Hurtado, Monte Patria, Canela, Vicuña, Los Vilos, La Serena, La Higuera, Punitaqui).
Cristián Tapia (Ind.), del distrito 4 (Vallenar, Alto del Carmen, Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco):
Nelson Venegas (PS), del distrito 6 (Papudo, Zapallar, Quillota, Hijuelas, Los Andes, Quintero, San Felipe, Panquehue, Villa Alemana, La Ligua, Puchuncaví, Santa María, Llay Llay, Petorca, Nogales, San Esteban, Putaendo, Cabildo, Calle Larga, Rinconada, Quilpué, Calera, La Cruz, Catemu, Olmué, Limache).
Sebastián Videla (Ind.), del distrito 3 (Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Taltal, Calama, Tocopilla, María Elena, Ollagüe, Mejillones).
diciembre 20, 2021 | Industria
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a sala el proyecto de ley, originado en una moción parlamentaria, que extiende la prohibición de corte de servicios básicos por no pago en pandemia.
El texto dispone de manera excepcional las medidas en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, estableciendo la prórroga de sus efectos.
En concreto, el texto legal plantea que se hace necesario buscar soluciones que mantengan, por un tiempo significativamente mayor, las ayudas sociales. Esto se refiere a los esquemas de protección social y contención de los gastos en servicios básicos de los hogares.
De esta manera, se busca extender el plazo en un año para impedir los cortes. Además, se amplía la cobertura de la población resguardada al 100% de vulnerabilidad.
En la oportunidad participó del debate el subsecretario de energía Francisco López. Este informó ante la instancia parlamentaria que actualmente 700 mil familias no están al día en sus cuentas, tienen diferencias o morosidad en las mismas.
El grupo legislativo acordó finalmente que el diputado PC Boris Barrera, sea quien informe el texto a la sala.
diciembre 17, 2021 | Electromov
Por unanimidad, la Comisión de Medioambiente aprobó en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que fija la Ley Marco de Cambio Climático.
El texto crea un marco jurídico que permite asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
De esa forma, se busca fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones en esta materia. Esto último, con una mirada de Estado, a largo plazo y que trascienda a los gobiernos de turno.
Sin perjuicio de la aprobación, el grupo legislativo acordó, además, oficiar a la Comisión de Agricultura. El objetivo es que dicha instancia acelere la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, complementario a la otra normativa.
Durante la sesión, expusieron el ministro de la cartera, Javier Naranjo; la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín; y el vocero de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático y la Fundación Terram, Rodrigo Herrera.
La Comisión de Medioambiente iniciará ahora el análisis del articulado de la propuesta. Para ello, se estableció como fecha para la presentación de indicaciones el próximo 4 de enero.
Alcances
El proyecto pretende transitar hacia un desarrollo inclusivo y sustentable, contemplando un equilibrio entre las dimensiones social, ambiental y económica. Por otra parte, traza objetivos claros para la adaptación al cambio climático, incorporando el concepto de seguridad hídrica.
Asimismo, se establece una meta de mitigación nacional para 2050. Esta busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con lo que la ciencia exige.
Así, se establecen instrumentos que permitirán lograr dicha meta y que responden a la necesidad de actuar con convicción y responsabilidad para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático.
