noviembre 13, 2019 | Industria
Hasta el lunes 18 de noviembre habrá plazo para que el gobierno y los congresistas presenten mejoras al proyecto que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía. Esto luego que la norma en segundo trámite, fuera despachada por en general por la Sala del Senado.
Según informó el Senado, «la propuesta iniciada en mensaje y que refunde una moción de autoría de diputados, apunta a rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad (del 10% a un rango entre 6 y 8%)».
«En la práctica, las cuentas de luz bajarían unos $300, lo que ha sido calificado como algo marginal; pero en términos globales, significaría una pérdida para las distribuidoras de mil 200 millones de dólares en 4 años, monto que saldría directamente del bolsillo de los consumidores, con cargo a la cuenta mensual», se indicó desde el sitio web de la Corporación.
«Con este dato en mente y recogiendo el compromiso del Ejecutivo de presentar a más tardar en marzo del 2020 un proyecto de ley larga donde se regulen diversos aspectos del negocio de la distribución eléctrica, los legisladores apoyaron la iniciativa», se agregó.
Durante el debate también se hizo mención a la urgencia de despachar el texto considerando que su aprobación tiene que quedar lista antes de que se inicie el 2020. De lo contrario, las tarifas de distribución eléctrica que regirán por los próximos cuatro años, se calcularán con la actual tasa del 10% de rentabilidad asegurada y las empresas seguirán participando decisivamente en la definición de los precios.
Intervinieron en la discusión, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el senador Álvaro Elizalde, y su par Alejandro García Huidobro. También hizo lo propio el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
[VEA TAMBIÉN: Ley corta de distribución eléctrica es despachada de la Comisión de Energía reconociendo la necesidad de una ley larga]
Proyecto
De acuerdo con lo informado desde la Cámara Alta, en la cuenta de la luz, un 70% del valor a pagar corresponde a generación, un 10% a transmisión y un 20% a distribución. En ese último tramo se hace el cambio, en particular el uso de las redes de distribución que se denomina valor agregado de distribución. El costo se fija cada 4 años pensando en una empresa modelo que opera de manera costo eficiente.
Hoy se realiza un cálculo del valor agregado por área típica (se agrupan las compañías similares), haciéndose estudios de costos para cada una. Es decir, la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace un estudio pensando en la empresa modelo, mientras que las distribuidoras hacen lo propio. La tarifa propuesta por la CNE tiene una ponderación de dos tercios, y la de las empresas un tercio. Así se obtiene la tarifa final.
Este proyecto modifica esos parámetros. La tasa fija de un 10% se cambia por una de mercado con un piso de un 6% y un techo de un 8%. Asimismo, se define un único estudio de costos que debe hacer la CNE. Las empresas pueden hacer observaciones a las bases de licitación. Si hay discrepancias pueden ir al panel de expertos, el que debe aprobar la propuesta del CNE o la que defienda las empresas, no una intermedia.
noviembre 7, 2019 | Industria
En condiciones de ser visto por la Sala del Senado, quedó el proyecto que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía, más conocido como ley corta, que cursa su segundo trámite.
Esto luego que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía aprobaron las ideas matrices de la propuesta iniciada en mensaje. Los legisladores fueron enfáticos en señalar que muchos aspectos del sistema de distribución deben ser perfeccionados en una ley larga que debería ser presentada por el Ejecutivo a más tardar en marzo del 2020.
En sesiones anteriores, la Comisión recibió a diversos actores para analizar los efectos prácticos que tendría esta norma que apunta a rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad (del 10% a un rango entre 6 y 8%). En general, todos han coincidido en que en las cuentas de luz bajarían unos 300 pesos con este cambio legal, lo que ha sido calificado como algo marginal; pero en términos globales, reconocen que podría significar en una pérdida para las distribuidoras de mil 200 millones de dólares en 4 años.
Esta cifra que dejarían de percibir las compañías considerando que los consumidores pagarán menos en sus cuentas, aunque sea algo bajo mes a mes, permitió convencer a los senadores respecto a la necesidad de votar a favor de la norma en general.
Proyecto
Cabe consignar que en la cuenta de la luz, un 70% del valor a pagar corresponde a generación, un 10% a transmisión y un 20% a distribución. En ese último tramo se hace el cambio, en particular el uso de las redes de distribución que se denomina valor agregado de distribución. El costo se fija cada 4 años pensando en una empresa modelo que opera de manera costo eficiente.
[VEA TAMBIÉN: Ministro Jobet confirma votación de ley corta y habla de «distribuir bien la carga»]
Hoy se realiza un cálculo del valor agregado por área típica (se agrupan las compañías similares), haciéndose estudios de costos para cada una. Es decir, la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace un estudio pensando en la empresa modelo, mientras que las distribuidoras hacen lo propio. La tarifa propuesta por la CNE tiene una ponderación de dos tercios, y la de las empresas un tercio. Así se obtiene la tarifa final.
Este proyecto modifica esos parámetros. La tasa fija de un 10% se cambia por una de mercado con un piso de un 6% y un techo de un 8%. Asimismo, se define un único estudio de costos que debe hacer la CNE. Las empresas pueden hacer observaciones a las bases de licitación. Si hay discrepancias pueden ir al panel de expertos, el que debe aprobar la propuesta del CNE o la que defienda las empresas, no una intermedia.
Polémica
En la sesión también se abordó la publicación de un reportaje del sitio de investigación periodística CIPER, donde se aseguró que la Comisión habría trabado la tramitación del proyecto en estudio que cuenta con discusión inmediata. En específico se responsabiliza de esta actitud a los senadores Yasna Provoste y Alejandro Guillier.
La legisladora aseguró que “esta nota se basa en supuestos que no son reales. Primero, se dice que se revisaron las actas de la Comisión sobre este proyecto y entendemos que no hay actas, solo informes que se emiten y publican cuando está concluida la votación en general o particular, según corresponda”.
En cuanto al fondo, continuó precisando que “nunca hemos tenido una actitud obstruccionista. Es cosa de ver las sesiones que han sido televisadas por lo demás, donde hemos manifestado nuestra intención de votar este proyecto y mejorarlo, de allí que surgió la idea de hacer una ley larga de distribución. Conadecus y una serie de actores que hemos invitado, nos han dicho que esta norma no es un aporte porque representa una baja en la boleta menor a mil pesos, pese a ello hemos seguido estudiándolo”.
El resto de los integrantes de la instancia (senadores Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro y Rafael Prohens) apoyaron la defensa de la senadora Provoste, por lo que insistieron en su voluntad de seguir legislando en pro de las necesidades de la comunidad.
El senador Elizalde, quien es presidente de la Comisión, aclaró que no se había podido poner en tabla este proyecto debido a que por el día y hora en que sesionan (miércoles antes del mediodía), suele coincidir con la realización de sesiones especiales. Asimismo, la semana anterior se debió debatir con urgencia el proyecto que congeló las tarifas eléctricas, dada la contingencia.
noviembre 4, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) El mundo eléctrico vivió una semana de alta tensión. La inédita rapidez con la que se tramitó en el Congreso el mecanismo que busca estabilizar la tarifa eléctrica hasta diciembre del año 2021, tuvo sus consecuencias. Fueron 15 días de intenso trabajo, con reuniones entre los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que lidera José Venegas, y los profesionales técnicos de las dos asociaciones que reúnen a las empresas generadoras.
En especial con Acera, gremio que agrupa a las empresas de energías renovables y que encabeza José Ignacio Escobar. Es que Acera no concordaba con la metodología que estaba impulsando el Ejecutivo para prorratear el saldo del fondo de estabilización, el que se cifró finalmente en US$ 1.350 millones, y que contemplaba que todas las generadoras contribuyeran de acuerdo a la porción de la energía que venden.
Esta fórmula, que fue la que finalmente quedó establecida en la normativa, perjudica a las empresas renovables debido a su alta exposición financiera y su alto nivel de apalancamiento, considerando que cerca del 80% de las inversiones que realizó este sector en los últimos años se concretó vía deuda. Hoy la gran mayoría de las compañías está en conversaciones con sus bancos, buscando alternativas para evitar que las inversiones futuras se vean afectadas.
La preocupación en Acera ya estaba en la mesa. Y por eso, la mañana del 25 de octubre, José Venegas fue convocado para explicar al directorio de la asociación renovable el detalle de la propuesta del gobierno. Luego, en la tarde, las empresas socias del gremio tuvieron una reunión en Guerrero y Olivos, la que tenía carácter de urgente, y donde se detallaría lo explicado por la CNE.
En la convocatoria, Acera indicaba que había “empatía” de parte de la asociación con la situación que está viviendo el país, “por lo que compartimos el propósito de reducir el impacto de las alzas de las cuentas de la luz”, pero también destacaba que las empresas renovables “no tienen responsabilidad alguna” en el incremento del 9,2% de la tarifa eléctrica, “todo lo contrario”, por ende, no debería recaer en ellas la responsabilidad de estabilizar el valor.
Toda esa jornada se resumió en un comunicado en el cual se indicó que habían podido efectuar un análisis mayor del mecanismo diseñado por el gobierno, “lo que nos permitió sugerir propuestas al Ministerio de Energía y la CNE que creemos- han ayudado a mejorar la redacción del documento que fue ingresado al Congreso”, según el texto enviado en esa oportunidad.
Añadió que como asociación, “aspiramos a seguir participando activamente en este proceso de manera de asegurar que el proyecto final sea implementable sin problemas y que no vaya a constituir algún inconveniente a posteriori”.
Es que el gremio quería cambiar el esquema y hacer que las empresas responsables del incremento de la tarifa eléctrica asumieran el costo del mecanismo de estabilización. Y fue con esa posición que el director ejecutivo, Carlos Finat, llegó el lunes a la comisión de Minería y Energía del Senado, donde indicó que si bien compartían la necesidad de viabilizar la iniciativa, esto había que hacerlo “minimizando los riesgos”.
Pese a los esfuerzos, la postura de Acera no fue acogida, aunque el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, reiteró en todas sus intervenciones en Valparaíso, que el gobierno estaba abierto a escuchar sugerencias.
Ejecutivos de generadoras renovables reconocieron que esta discusión evidenció la tensión que existe al interior de Acera. De hecho, trascendió que en los próximos días habría cambio de directorio, con el fin de posicionar a Marta Alonso, gerente general de South American GES, como presidenta de la entidad.
Uno de los factores que impulsarían este cambio es generar un equilibrio con la fuerte personalidad de Carlos Finat, quien ha tenido roces con varios actores eléctricos, incluido el ministro de Energía. De hecho, las fuentes cuentan de una reunión donde Jobet le habría respondido de una manera no muy grata a Finat.
Al ser consultada, la asociación de energía renovable niega que haya divisiones internas y también que el actuar del director ejecutivo esté cuestionado. “La relación entre Carlos Finat y el ministro Jobet se ha mantenido de forma muy respetuosa y con amplia disponibilidad al diálogo por ambas partes, lo que se vio abiertamente en la Comisión de Minería y Energía del Senado esta semana”, aseguran.
Impacto financiero
Pero en las grandes generadoras también se vivieron semanas intensas. La Asociación de Generadoras, liderada por Claudio Seebach, tuvo directorios extraordinarios y reuniones adicionales con el Ejecutivo en estos últimos días.
Una de ellas fue el mismo 24 de octubre, día que el Presidente Sebastián Piñera firmó en La Moneda el proyecto de ley que tuvo una inédita discusión parlamentaria.
El gerente legal del gremio, Jaime Espinola, explica que ese día fueron contactados por la autoridad para explicar la fórmula que habían diseñado como mecanismo de estabilización. “En esa instancia tuvimos la oportunidad de efectuar sugerencias para su perfeccionamiento”, dice.
“Hemos seguido de cerca el avance de esta discusión, tanto por el directorio como por los equipos técnicos de las compañías”, explica un ejecutivo eléctrico. Añade que el tema pese a considerarlo necesario dado el estallido social que ha vivido el país en los últimos días, también los golpea financieramente. Esto, a pesar de que en este sector las empresas están respaldadas por grandes grupos económicos, nacionales o internacionales, que les permiten enfrentar los siete años que se demoraría la devolución total de los saldos financieros establecidos en los contratos eléctricos.
“El principal impacto es de tipo económico para las empresas, ya que serán las propias generadoras las que asumirán el costo de financiar el mecanismo de estabilización, lo que no deja de representar un riesgo relevante, especialmente en aquellas empresas que para desarrollar sus proyectos se encuentran más expuestas a deuda”, explica Espinola.
Al interior del gremio indican que la compañía más afectada es AES Gener, eléctrica que ya ha tenido que enfrentar una intensa negociación con los bancos para viabilizar la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo.
En la firma son cautos e indican que apoyan la iniciativa del gobierno “de crear un mecanismo transitorio para evitar el alza de las cuentas de luz y estabilizar el precio de la energía para los próximos años, adelantando el beneficio de los contratos de energía más económicos que entrarán en vigencia entre el 2021 y 2024”.
[VEA TAMBIÉN: Mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas se convierte en Ley]
Y añaden que “la situación país requiere de la contribución de todos. AES Gener contribuirá a la agenda social del gobierno por medio de este financiamiento”.
Dentro de los puntos que las generadoras pudieron poner en la mesa de discusión, estuvo que la medida tuviera un carácter transitorio. “Es decir, que el mecanismo operará hasta que ingresen los contratos que permiten una baja en el costo de la energía”, cuenta Espinola.
De hecho, la iniciativa contempla que si al año 2025 no se extinguen los saldos, se comenzará a devengar intereses. Además, las grandes generadoras lograron establecer un monto máximo del saldo (US$ 1.350 millones), “con lo que logra acotarse en parte el riesgo financiero que deberán asumir las empresas a su costo”, dice el asesor legal de la Asociación de Generadoras.
Larga discusión
Pero bajar la tarifa eléctrica no era algo nuevo para las empresas. Contener el incremento era una tarea que se estaba trabajando hace a lo menos unos dos meses, señalaron en la industria. En ese período, el ministerio que encabeza Juan Carlos Jobet realizó una ronda donde escuchó a todas las compañías, grandes y pequeñas, y ponderó las miradas.
“El gobierno comenzó a recoger varias visiones enfocadas a cómo se podía abordar el alza de la cuenta de la luz, luego del decreto que se firmó en mayo pasado y que contemplaba el incremento del 9,2% en la cuenta”, indicó un ejecutivo de una empresa generadora.
“Era una amenaza latente que (Juan Carlos) Jobet comenzó a trabajar desde que llegó al ministerio”, recalcó otro ejecutivo eléctrico. De hecho, inicialmente se había estado analizando aplicar el artículo 151 de la Ley Eléctrica, que subsidia la boleta si dentro de seis meses ocurre un incremento superior al 5% en las tarifas eléctricas. Pero se desechó por ser muy restrictivo en su aplicación -se enfoca en los clientes residenciales de escasos recursos- y además, porque no tuvo una buena evaluación cuando se aplicó el año 2008, lo que gatilló incluso la creación de una comisión investigadora.
octubre 30, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) El lunes comenzó la tramitación del proyecto de ley que busca estabilizar las tarifas eléctricas y congelar la reciente alza de 9,2% de las cuentas de luz, y que forma parte del plan de medidas sociales que propuso la semana pasada el Presidente Sebastián Piñera. Esto, en medio de la crisis social que vive el país.
En el Congreso, las jornadas de debate por este proyecto de ley han sido intensas, pues la iniciativa se comenzó a discutir en la Comisión de Minería y Energía del Senado -la que se terminó aprobando luego de más de 7 horas- y ayer se votó en la Sala de la Cámara Alta, donde también fue aprobada.
Dada la urgencia que tiene la iniciativa, de discusión inmediata, en la misma tarde de ayer el proyecto ingresó a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde también fue aprobada en una jornada más corta que en el Senado, por unanimidad.
De esta manera, el proyecto pasará hoy a la Sala de la Cámara de Diputados donde, de aprobarse nuevamente, quedará en condiciones de ser promulgado para que así, en la próxima boleta de luz, se refleje el descuento por el 9,2% que aumentó la tarifa a principios de octubre.
La iniciativa, que se ingresó el jueves pasado al Congreso, ha tenido pequeñas modificaciones en su curso por el Parlamento. Sin embargo, los conceptos generales se han mantenido (ver relacionados).
Pese a ello, la industria energética ha manifestado su preocupación por algunos puntos, como que los recursos que se acumularán en el fondo de estabilización no devengarán intereses y traspasa los riesgos financieros a la industria.
Devolución del alza de 9,2% se hará en la próxima boleta
El 10 de octubre se aplicó un alza en las boletas de luz de 9,2% que ahora, con el mecanismo de estabilización de tarifas que propuso el gobierno, se retrotrae.
Como este aumento ya estaba incluido en las cuentas, el Ministerio de Energía especificó en su proyecto de ley que ese porcentaje será devuelto el próximo mes, es decir, con la siguiente boleta.
Para que esto ocurra, el proyecto deberá promulgarse en los próximos días.
Así, lo cobrado que esté asociado al alza, será retroactivamente devuelto en la próxima boleta y en una cuota, para que los clientes no se vean perjudicados por este aumento que se atribuye principalmente al incremento del precio del dólar.
La estabilización de las tarifas regirá hasta fines de 2020
En el proyecto que se espera sea votado hoy en la Sala de la Cámara de Diputados, se establece que las tarifas de electricidad estarán congeladas hasta fines de 2020. Al año siguiente, como entrarán los nuevos contratos, que en su mayoría son renovables y más baratos, se espera un descenso en las tarifas, aunque esto dependerá también del dólar y otros factores.
En ese momento, como debiesen bajar las tarifas por la entrada de los nuevos contratos, en vez de que disminuya la cuenta de luz, esta se mantendrá. Así, tales recursos servirán para comenzar a pagarles a las empresas generadoras los montos no cobrados en el período anterior por el congelamiento de las tarifas.
[VEA TAMBIÉN: Senado aprobó proyecto que congela alza de tarifas eléctricas]
El costo financiero lo asumirán las generadoras
Uno de los principales aspectos del proyecto es que todo el costo del congelamiento de la tarifa será asumido por las empresas generadoras. Según estima el Ministerio de Energía, la cifra será de unos US$1.000 millones en total, monto que se irá devolviendo -se estima que a contar de 2021- a medida que el costo de la energía vaya disminuyendo, para así no afectar a los clientes finales.
Además, se especificó en la iniciativa que si hubieran saldos no recuperados hacia fines de 2025, al año siguiente -2026- las compañías comenzarán aplicando una tasa de interés.
Con todo, la fecha límite para que las empresas recuperen ese dinero es a fines de 2027.
Las tarifas se congelarán en dólares
Uno de los temas más cuestionados por la industria energética es que las tarifas se congelarán en dólares (moneda en la que están firmados estos contratos), mientras que, una vez que comience la devolución, se ajustará al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese momento.
En el Congreso se ha planteado la posibilidad de que el ajuste no sea por IPC, sino por el Consumer Price Index (CPI), lo que considera al dólar. Sin embargo, esto fue rechazado tanto en la Comisión de Minería y Energía del Senado como en la Sala.
La industria ve riesgos en este aspecto, ya que las generadoras pueden verse perjudicadas cuando se concrete la devolución.
La estabilización será solo para el ítem generación (PNP)
Dentro de la cuenta de luz hay tres componentes: generación, que representa el 70% del total; distribución, que al 18%, y transmisión, al 12%.
La estabilización de la tarifa solo considerará el ítem generación y el resto seguirá su curso normal. Sin embargo, en las discusiones que se han dado en el Congreso, se planteó la idea de que se congelara la tarifa para todos los componentes, medida que fue rechaza finalmente.
En el Ejecutivo sostuvieron que en el tiempo los otros componentes pueden tener alzas, pero que se trabajará para atenuarlas.
Las generadoras acumularán estos recursos en una cuenta de estabilización, de acuerdo con el volumen de los contratos asignados.
Techo de US$1.350 millones para fondo de estabilización
Uno de las indicaciones que no estaba incorporada en el proyecto original es el techo de US$1.350 millones para el fondo de estabilización. Actualmente, Energía calcula que el costo financiero para las generadoras será de US$1.000 millones, cifra que podría aumentar, por ejemplo, si se produce un alza sustantiva en el precio del dólar.
La propuesta es que si la cifra llega al techo, habría que volver a sentarse en la mesa y buscar una solución, porque de lo contrario habría que empezar a subir las tarifas a los clientes para que la bolsa no se acumule hasta un nivel muy grande, explicó el lunes en el Congreso el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
octubre 24, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) La creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, que permitirá anular la reciente alza de 9,2% en las cuentas, podría acumular un saldo a favor de las empresas (por cobrar) generadoras por unos US$900 millones.
Esto corresponde a lo que dejarían de percibir las compañías hasta 2021, según cálculos entregados por distintas fuentes de la industria y que también el gobierno manejaría. La fórmula escogida por el Ejecutivo contempla que, al congelar las tarifas, las empresas acumulen un “saldo por cobrar” que se les devolverá una vez que entren en vigencia los contratos más baratos, lo que ocurrirá a contar de 2021. Allí, las cuentas, en vez de bajar, se mantendrán, para devolver lo adeudado a las empresas.
Según datos que manejan algunos actores de la industria, el primer ajuste (la anulación del alza de 9,2% que entró en vigencia el 10 de octubre) implicaría que el sector dejaría de recibir unos US$200 millones. El segundo gran ajuste sería en enero, y se materializaría con el Precio Nudo Promedio (PNP) del primer semestre. En esta fecha, el monto que dejarían de percibir las empresas alcanzaría los US$400 millones. Esto, por el cobro retroactivo que no se ha materializado y que corresponde al atraso de los PNP de este año. El resto correspondería al PNP del segundo semestre de 2020, llegando a los US$900 millones.
Ayer el ministro de la Secretaría General de la República, Gonzalo Blumel, informó que hoy ingresarán al Congreso – luego de que el Presidente Piñera lo firme-, el proyecto que busca estabilizar las tarifas eléctricas y que permitirá anular el reciente alza de 9,2% en las cuentas de luz.
Reacciones
Cuando se dio a conocer el alza de 9,2% de las tarifas a fines de septiembre, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, señaló que se estaba trabajando en una fórmula para amortiguar ese efecto. Esto además, porque en mayo ya se había producido un alza de 10% en las cuentas de luz, por lo que el descontento de los clientes se había acrecentado.
Sin embargo, el avance para concretar el nuevo mecanismo se tuvo que adelantar por la crisis social que se vive en el país. Así, el ministerio estuvo enfocado en los últimos días en el tema, y recién unas pocas horas antes del anuncio del Presidente Piñera, algunas generadoras fueron notificadas.
Según Jobet, el recibimiento de la medida ha sido positiva. “Cuando hemos hablado con las empresas genera doras hemos tenido una respuesta positiva. Han comprendido que se requiere un esfuerzo de todos. La elaboración de este mecanismo de estabilización ha requerido un trabajo técnico profundo y serio que se ha abordado tomando en consideración que este es un sector de inversiones de largo plazo que necesita señales claras”, dijo.
Desde el sector se valoró la medida y se empatizó debido al contexto que se está viviendo en Chile. Sin embargo, los actores sostuvieron que quedan muchas dudas y preguntas por responder, ya que la fórmula podría complicar a diversas empresas, sobre todo las más pequeñas, que tienen menos flujo de capital.
“Lamentablemente, por el momento no manejamos mayores antecedentes, pero nuestra preocupación recae en el cómo llevar a cabo el proceso, con especial énfasis en posibles modificaciones en los contratos pactados en las licitaciones de suministro, que podría implicar problemas de financiamiento en las empresas generadoras más pequeñas”, indicó el Director Ejecutivo de Acera, Carlos Finat.
En tanto, el Presidente Ejecutivo de Generadoras, Claudio Seebach, aseguró que “comprendemos que la propuesta obedece a los requerimientos que variados sectores le han planteado al Presidente, por lo que estudiaremos la propuesta y esperamos poder contribuir en una solución junto a los otros segmentos del sistema”.
Por último, la socia fundadora de EnerConnex Consultores, Ana Lía Rojas, dijo que esto afectará la tasa de riesgo del país, pero las inversiones con planificación de corto plazo serán materializas de igual forma.
