junio 16, 2020 | Industria
(La Tercera-Pulso) Bajo presión está trabajando el gobierno para ver qué hace con el proyecto de ley de servicios básicos, que se aprobó la semana pasada en el Congreso y que se busca postergar el pago de las cuentas de luz, agua y gas de red, además de entregar beneficios en telefonía para el 60% de la población más vulnerable.
Pocas horas después de su despacho para la promulgación, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), emitieron un comunicado en el que acusa que la iniciativa, eventualmente, podría contener infracciones a las normas constitucionales.
El asunto no era nuevo, pues en diversas instancias de la discusión de la iniciativa, el Ejecutivo planteó que podrían haber vicios constitucionales. Aún así, este siguió avanzando y se aprobó. Otro argumento que puso sobre la mesa el gobierno, era que las materias del proyecto ya se habían abordado en el acuerdo de fines de marzo entre el gobierno y empresas. Ese acuerdo se termina este miércoles, pues su vigencia inicial estaba ligada al Estado de Catástrofe, decreto que expira precisamente ese día.
Sin embargo, dado el conflicto que se generó por la posibilidad de que el gobierno lleve al Tribunal Constitucional (TC), decisión que se habría tomado esta tarde, desde el viernes se comenzó a trabajar en un nuevo acuerdo entre el gobierno y las empresas que, a diferencia del anterior, sería igual al proyecto de ley.
Diversas fuentes confirmaron que la mañana de este lunes cada ministro sectorial – Energía, Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones- se contactó con las respectivas empresas para presentarles la propuesta. Las mismas, agregaron que la mayor traba estaría en las eléctricas, quienes no estarían de acuerdo en el nuevo plan.
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En el sector eléctrico, las empresas de distribución han presionado porque la menor recaudación resultante de este plan sea asumido por todos los segmentos de la industria (transmisión, generación y distribución) y no solo en ellas, como quedó plasmado en el proyecto de ley aprobado. La propuesta de las privados –explicaron diversas fuentes- fue rechazada por Jobet, por lo que aún no se ha resuelto el asunto.
Esta jornada además, hubo una reunión de la Segpres con los ministerios sectoriales para zanjar si ir al TC o no. Fuentes conocedoras, aseguraron que ya se tomó la decisión de ir.
El análisis está siendo rigurosamente estudiado, pues saben el costo político que significa llevar el proyecto al Tribunal. Por eso, están trabajando contra reloj, para anunciar exactamente los mismos beneficios, pero de carácter voluntario.
Beneficios
La iniciativa que estaría impulsando el gobierno iría en la misma línea que el proyecto de ley aprobado. En concreto, a quienes se acojan al beneficio no se les puede cortar el agua, luz y gas por red, y cuando este se termine -90 días después- el cliente puede pagar el saldo en un máximo de 12 cuotas. En tanto, en telefonía, habría un plan solidario en el que se duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.
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junio 12, 2020 | Industria
La Federación de Cooperativas Eléctricas de Chile (Fenacopel), destacó la relevancia de la reciente aprobación tanto por la Cámara de Diputados como ayer por el Senado, de la denominada Ley de Servicios Básicos, entregando facilidades a las familias chilenas, en esta pandemia global.
El presidente de la organización, Eric Ebner, señaló que el sector valora la aprobación de la iniciativa, «es una buena noticia para las personas de los sectores más vulnerables del país, ya que la ley garantiza que los servicios indispensables para las familias no podrán ser cortados, y podrán prorratearse las deudas en 12 cuotas, lo cual les otorga a las familias certeza y probablemente algo de tranquilidad, ante esta pandemia».
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El dirigente también comentó que si bien el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y en el Senado, «ahora es importante que la promulgue y publique rápido el Gobierno para que los beneficios lleguen a las personas».
«Agradecemos también que las autoridades y el Congreso diferenciaran a las cooperativas eléctricas, en su calidad de organizaciones empresariales sin fines de lucro, que suministran energía en los sectores rurales donde es más costoso dar un suministro eléctrico de calidad», afirmó Ebner.
«En el caso de las cooperativas, se involucró a toda la cadena de suministro para asumir su parte en esta significativa medida, permitiéndole a las cooperativas poder estar en condiciones de otorgar los beneficios que establece la ley, sin con ello poner en riesgo la continuidad operacional”, puntualizó el presidente de Fenacopel.
junio 9, 2020 | Industria
(La Tercera-Pulso) Luego que en marzo el gobierno anunciara un acuerdo con las empresas eléctricas en ayuda de la población más vulnerable, postergando el pago de sus cuentas de luz, en el sector han surgido diversos conflictos relacionados con la cadena de pagos. Esto, pues diversas compañías han acusado de incumplimientos a las distribuidoras.
A mediados de mayo, la generadora Engie acudió a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) señalando que mediante distintas comunicaciones, la distribuidora CGE -ligada al grupo español Naturgy- les comunicó su decisión de no dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
La francesa Engie indicó que “nos parece importante poner al señor superintendente al tanto de los hechos antes descritos. En el improbable caso que lo pretendido por CGE llegue a materializarse, se pondría en riesgo la continuidad de la cadena de pagos del Sistema Eléctrico Nacional”. Además, solicitaron oficiar al Coordinador Eléctrico Nacional para que éste adopte, en el más breve plazo posible, las medidas correspondientes para garantizar la cadena de pagos.
Pero el requerimiento no tuvo efecto, pues el 4 de junio Engie envió otro escrito a la SEC, donde señaló que CGE había rechazado el contenido de las facturas emitidas por Engie.
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Cuestionamiento
“Para fundamentar su rechazo, CGE señaló que el monto facturado no era consistente con la suma previamente informada a Engie la cual “incluye la aplicación de descuentos proporcionales provenientes de la menor recaudación ocasionada por la pandemia COVID-19, considerando que dicha menor recaudación afecta toda la cadena de pagos del Servicio Público Eléctrico, conforme a lo instituido en los artículos 157° y 158° de la Ley General de Servicios Eléctricos”, se agregó en la carta firmada por la generadora europea.
Ante dicho rechazo, Engie facturó el monto no disputado imputable al referido suministro eléctrico, con expresa reserva de derechos y acciones. Recientemente, CGE pagó el monto señalado no disputado. “En efecto, CGE aplicó descuentos sin amparo alguno en la normativa eléctrica, ni sustento en los contratos de suministro vigentes; y, adicionalmente, lo hizo con total independencia del suministro eléctrico requerido por aquélla para distribución a clientes finales”.
Por último, Engie acusó que considera que dicha situación es hecho grave “que impacta directamente a la operación, coordinación y seguridad de suministro en el Sistema Eléctrico Nacional, y que, asimismo, justifica su investigación por esta superintendencia”, subrayó la generadora.
junio 4, 2020 | Industria
(La Tercera-Pulso) Inquietud es lo que se está generando en los últimos meses en el sector eléctrico. La pandemia amenaza al rubro que desde octubre ha estado enfrentando diversos cambios legales y administrativos, al punto que hoy, aseguran, peligra la cadena de pagos.
En los últimos días de marzo, el Ejecutivo anunció que los clientes de distribución eléctrica más vulnerables pueden postergar el pago de sus cuentas de luz para alivianar la carga. El debate que se ha generado es sobre cómo y en qué proporción cada segmento -generación, transmisión y distribución- deberá asumir la menor recaudación resultante de eso. Por ello, se instruyó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que fiscalizara la medida y para que las eléctricas presentaran sus planes de acción.
En mayo, dos gremios de generadores acudieron a la autoridad para mostrar su preocupación por la cadena de pagos. En concreto, los máximos ejecutivos de Acera se reunieron con el Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila para tratar la materia: “riesgo en la cadena de pagos del sector eléctrico”, según se publicó en la página web de Ley Lobby. Por otra parte, de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-AG), acudieron donde el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas.
Según se desprende del mismo portal, GPM-AG pidió reunirse para plantear sus inquietudes respecto de proyectos de ley y comportamiento de algunas distribuidoras que, a juicio de ellos, “podría poner en riesgo la cadena de pagos”.
Al ser consultados, el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, señaló que el cumplimiento de la cadena de pagos de todos los actores del sector eléctrico es fundamental para garantizar el suministro a los clientes. “Debido a la actual contingencia sanitaria, ese es un riesgo que hemos planteado desde que se anunciaron las medidas de no corte de la luz y el diferimiento de pagos”, dijo Finat.
En esa misma línea, agregó que dada la gravedad de la situación sanitaria, agudizada aún más por la crisis social de octubre, todos los actores del sector deben liderar la búsqueda de una solución que aliviane a los consumidores y que permita mantener la cadena de pagos. “En el caso de las empresas distribuidoras, uno de sus roles más importantes es el de la recaudación, para lo cual tiene diversas herramientas para mitigar dicho riesgo. Y finalmente, los generadores cumplen el rol de garantizar que la energía siga fluyendo a todos los consumidores”, aseguró el máximo ejecutivo de Acera.
Desde GPM-AG, su director ejecutivo, Danilo Zurita, señaló que la decisión unilateral de una empresa de no cumplir dichas obligaciones implica un detrimento de dicha confianza. “Es temprano para dimensionar si esto puede afectar significativamente el resto de los mercados del sector y sus transacciones, pero lo que es incuestionable es que este tipo de comportamientos no pueden suceder”, manifestó Zurita.
Agregó que se han estado comunicando con las autoridades, donde saben de que es un tema que les preocupa y que están monitoreando constantemente. “Es necesario que dichas acciones se mantengan para que este problema no crezca. De todas maneras, el tema no es que tan grande es el incumplimiento, sino que solo el hecho de que éste ocurra no es aceptable”, indicó el director ejecutivo del gremio.
En mayo se dio a conocer el primer conflicto entre compañías, que tuvo como protagonistas a dos grandes: Colbún (generadora y CGE (distribuidora), donde la primera acudió a la SEC para exponer sus discrepancias contra la distribuidora respecto a cómo va a operar la postergación de los pagos, advirtiendo que CGE ya avisó que descontará de la factura de energía aquellos pagos equivalentes a los consumidores que no pagaron sus cuentas.
junio 3, 2020 | Industria
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entregó un balance acerca de la cantidad de Inspecciones Periódicas de Instalaciones de Gas, procedimiento que permite obtener el Sello Verde, realizadas, desde marzo a la fecha, cifra que se ha visto fuertemente disminuida producto de la situación sanitaria que vive el país.
Esta medida se enmarca en la crisis generada por la propagación de Covid-19, provocando «importantes efectos al interior de las empresas dedicadas a la revisión de las Instalaciones de Gas, pues producto de las cuarentenas voluntarias y obligatorias, muchas familias optaron por postergar este proceso, para evitar que ingresen personas extrañas a sus domicilios».
De acuerdo a información entregada por los propios Organismos de Certificación, que son las empresas autorizadas por la SEC para realizar este tipo de Inspecciones, cerca de un 50% de ellos han debido acogerse a la Ley de Protección de Empleo, para evitar perder a sus trabajadores dado el alto nivel de especialización que poseen.
Esto se tradujo en una fuerte caída en la cantidad de Inspecciones Periódicas que permiten obtener el Sello Verde, desde marzo de este año, donde la caída fue de un 21%, para continuar en abril, donde la baja alcanzó el 48%; para finalmente, en mayo, llegar al 57% de contracción, pues sólo se realizaron 9.159 Inspecciones, versus las 21.078 del mismo mes del año pasado.
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Seguridad
El superintendente de la SEC, Luis Ávila Bravo, sostuvo que este tema preocupa a la institución, pues no se tiene certeza acerca de las condiciones de seguridad de estas viviendas.
«Al no tener certeza del estado de sus instalaciones de gas, evidentemente, podemos señalar que podrían estar en una situación de riesgo. Por lo mismo, se hace aún más necesario reforzar las medidas de autocuidado en el uso del gas, sobre todo, ahora que las temperaturas han bajado bruscamente en parte importante del país. Esto, mientras dure la pandemia, ya que a medida que se retome la normalidad, la idea es que las personas vuelvan a realizar las inspecciones de sus instalaciones de gas», señaló.
Dentro de las recomendaciones realizadas desde la SEC figuran el mantener una correcta ventilación de espacios donde operen artefactos a gas, si es que se está usando estufas en base a este energético; ducharse con la ventana del baño abierto si es que el calefón está dentro de dicho recinto, y no recostar los cilindros de gas licuado cuando les queda poco contenido. Esto es fundamental para minimizar eventuales situaciones de riesgo vinculados al monóxido de carbono, gas que se produce al interior del hogar durante la combustión y que puede generar múltiples malestares físicos e incluso la muerte ya que el monóxido de carbono es incoloro e inodoro.
A ello se suma, por ejemplo, no utilizar cuchillos o tijeras para retirar la etiqueta de seguridad de los cilindros de gas y no utilizar mangueras de jardín para conectar un cilindro de gas a artefactos. Para esto, se deben utilizar reguladores y flexibles en buen estado y que cuenten con su respectivo Sello SEC, distintivo que acredita que cumplen con las normas vigentes para un uso seguro. Si al entrar en una habitación se percibe olor a gas, se debe ventilar el espacio y no utilizar elementos que puedan provocar chispas.
