(El Mercurio) «El gas argentino desapareció y ya no volverá», advertía en abril de 2005 el entonces gerente general de Endesa Chile, Héctor López, para justificar la decisión de la principal generadora eléctrica del país de comprar gas natural licuado (GNL) a través de la futura planta de Quintero.
Poco antes, el incumplimiento de Buenos Aires de seguir exportando gas natural a Chile había llegado a su nivel más crítico, dejando huérfano al 47% de la demanda energética chilena.
En un escenario en que levantar centrales hidroeléctricas enfrentaba crecientes reparos de de las comunidades y de ambientalistas, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar decidió recurrir a fuentes alternativas, como la planta de Quintero. Pero también comenzó una serie de aprobaciones de centrales termoeléctricas que la primera administración de Michelle Bachelet profundizó con 42 proyectos autorizados.
Si bien esa política resolvió la crisis energética, tuvo un costo ambiental que hoy, una década después, queda en evidencia.
Cambiar el carbón
Ayer, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) presentó la segunda evaluación del desempeño ambiental de Chile, que midió lo hecho entre 2005 y 2015 y fijó desafíos hacia 2025.
La evaluación critica el alza del carbón en la matriz energética, que casi se duplicó, llegando a 18% en 2015. Esta tendencia es contraria a la reducción del uso de esa fuente en países OCDE.
«En 2005 y 2006 hubo varios (proyectos de termoeléctricas a carbón) que se implementaron porque lo vieron como un combustible más seguro desde el punto de vista de su suministro», explica el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Ahora, la OCDE recomienda aplicar un impuesto que ayude a erradicar el carbón.
«Chile necesita que su precio del carbón sea lo suficientemente alto para que mantenga a los inversores buscando soluciones limpias que aparecen. Así también sus costos caen», afirma Simon Upton, director de Medio Ambiente de la OCDE. «Marcelo (Mena, subsecretario de Medio Ambiente) me dice que acá no hay más planes de construir plantas a carbón. Entonces, hay mucho potencial de energías renovables y hay que seguir en esa dirección», añade.
«Chile tiene un potencial hidroeléctrico tremendamente relevante al cual no puede renunciar», agrega Badenier.
El análisis también cuestiona la calidad del aire, definido como el mayor problema ambiental del país. Después de Corea del Sur, Chile es la nación con la mayor parte de su población (15%, o 2,5 millones de personas) expuesta a un aire peligroso para la salud. Ello ocurre sobre todo en ciudades del centro-sur, cuyas cuencas no facilitan la ventilación.
Aunque el informe reconoce como un avance la creación de una institucionalidad medioambiental, con un ministerio, superintendencia (para la que pide más atribuciones) y tribunales, también crítica otros aspectos, como el manejo de residuos.
El análisis determinó que cada chileno genera 1,1 kilos diarios de basura, 15% más que en 2000. A nivel país, entre 2000 y 2009, la generación de desperdicios creció 28%.
De la basura, el 95% termina en rellenos sanitarios, lo que significa que junto a Turquía (98%), Chile es el país de la OCDE que menos recicla o gestiona sus residuos.
Badenier confía en cambiar esta proporción en cinco años, pues la nueva Ley de Reciclaje busca aumentar ese tratamiento al 30% de la basura.