(El Mercurio de Valparaíso) A más de un año de ocurridos y luego de acumular 20 tomos de investigación, la Fiscalía Regional del Biobío pidió la formalización de seis ejecutivos de la empresa estatal Enap y un profesional que prestó servicios a dicha firma, como presuntos responsables de los errores que produjeron intoxicaciones masivas en las comunas de Quintero y Puchuncaví en agosto del año 2018 y previamente en algunas zonas de Talcahuano.
La Fiscalía ingresó ayer al Juzgado de Garantía de Talcahuano una solicitud para que se agende una audiencia de formalización de la investigación contra dichas personas.
Los imputados que cumplen funciones en la empresa estatal son Edmundo Piraino Suez, gerente de Enap Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Enap Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, Enap Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Enap Refinerías Biobío; Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero Enap Refinerías Aconcagua, y el capitán de marina mercante Joseph Darlington Flores, quien trabaja en una empresa prestadora de servicios de Enap.
En una declaración, la Fiscalía de Biobío expuso que «formalizará la investigación por los delitos contemplados en el artículo 291 del Código Penal, que establece que los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo».
Precisó, sin embargo, que las imputaciones específicas a cada una de las personas involucradas se detallarán en la respectiva audiencia de formalización, cuya fecha deberá definir el tribunal.
Convicción
La fiscal regional de la zona sur, Marcela Cartagena, explicó que el Ministerio Público decidió agrupar las causas separadas que había abierto el año pasado para investigar las intoxicaciones ocurridas en Talcahuano y la bahía de Quintero.
«Existían dos investigaciones en dos roles distintos. La que denominábamos ‘nube tóxica’ en Biobío y la que denominábamos ‘episodio de contaminación’ en Quintero. Las conclusiones de nuestra investigación nos llevan a la convicción de que se trata de una sola causa, las hemos agrupado administrativamente y, como corresponde, dicha agrupación ha sido informada al tribunal hoy mismo (ayer), a propósito de la solicitud de formalización».
Sobre la causa que provocó ambas intoxicaciones masivas, laFiscalía expuso ayer que «el elemento que dio origen a los episodios de contaminación ingresó al país en Talcahuano y luego una parte del producto se envió a Quintero».
De acuerdo a investigaciones periodísticas, el compuesto se trataría del crudo iraní- «Iranian Heavy» -, combustible que tiene altas concentraciones de ácido sulfhídrico (H2S), un elemento que bajo ciertas condiciones atmosféricas o de manejo puede provocar mareos, nauseas y vómitos.
Precisamente esos síntomas, con distintos grados de gravedad, sintieron cientos de personas -escolares, vecinos, trabajadores- que se situaban cerca de la bahía de Quintero en agosto del año pasado. Anclado en dichas aguas se encontraba la nave «Cabo Victoria», que descargaba el crudo iraní para su procesamiento por Enap.
De acuerdo a lo que expuso ayer el Ministerio Público, existe gran cantidad de evidencias que permitirían respaldar este relato. «Los resultados de las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional del Biobío y el personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones, están contenidos en 20 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas», expuso.
Agregó que «hasta el momento se han tomado 140 declaraciones a personas, tanto en calidad de testigos como de imputados. Se ejecutaron dos órdenes de entrada, registro e incautación en dependencias con interés criminalístico, debidamente autorizadas por los tribunales». A ello se deben sumar una treintena de órdenes de investigar, peritajes e instrucciones particulares a la policía, como también requerimientos de información a entidades específicas.
Potente señal
Informado sobre la decisión del Ministerio Público, el senador Francisco Chahuán, uno de los querellantes en las diferentes causas abiertas por este tema, dijo qe «desde el primer minuto dijimos que el responsable debía ser Enap y por eso aplaudimos la decisión de la Fiscalía del Bíobío»
Junto con al Gobierno que otorgue urgencia al proyecto que califica el delito de atentado contra el Medio Ambiente, Chahuán dijo que la formalización «debe ser una señal clara y categórica a todas las empresas el cordón Quintero – Puchuncaví – Concón: nadie está por sobre la ley».