(Pulso) La acción judicial iniciada por la asociación de consumidores Bankus, para forzar a que el gobierno exhiba los estudios de rentabilidad en la industria del gas -que concluyeron que Metrogas excedió el límite de rentabilidad- aún no da frutos.
La compañía ha intentado bloquear por la misma vía judicial que estos documentos se hagan públicos, postura que hasta ahora ha contado con la venia del tribunal.
En un último escrito, presentado la semana pasada, la compañía planteó que el documento tiene información que es confidencial, lo que haría insostenible que se haga público. Esto, pues incluye información sobre los costos de Metrogas.
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“La futura demandante olvida que de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 de la Ley de Servicios del Gas (LSG), el flujo neto, que es uno de los elementos que se debe considerar para revisar la tarifa, es la diferencia entre los ingresos anuales de explotación y la suma de los costos anuales de explotación, de inversiones y los impuestos a las utilidades (…). En otras palabras, se está solicitando documentos que contienen información de costos de Metrogas, materia que es confidencial”, señala el escrito.
Según el documento, que está firmado por los abogados de Barros Errázuriz, Luis Eduardo Toro y Cristián Pérez Larraín, aún cuando la LSG no cuenta con los instrumentos necesarios para elaborar un examen de rentabilidad adecuado, Metrogas señala que no es efectivo que traspasándose el umbral de rentabilidad significa que la tarifa es ilícita.
“Dicha pretensión no tiene fuente legal, más cuanto el régimen de tarifas en nuestro sistema es de libertad tarifaria, y el único efecto previsto por la LSG por traspasar el umbral del artículo 31 es que se reúne un elemento habilitante para que el TDLC, considerando otros antecedentes, pueda decidir regular tarifas, lo que además no se puede aplicar retroactivamente”, se agrega en el texto.
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En noviembre pasado, y atendiendo a la presentación de una medida prejudicial por parte de Bankus, el 25° Juzgado Civil de Santiago dio cinco días para la divulgación del informe de rentabilidad hecho por Valgesta y Mercados Energéticos por encargo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esta medida prejudicial probatoria corre en paralelo al proceso abierto por la Municipalidad de Maipú ante el Tribunal de la Libre Competencia.
La empresa ha conseguido dilatar mediante recursos la concreción de la orden judicial. La intención de Bankus es presentar una demanda colectiva contra Metrogas, una vez que se cuente con estos antecedentes.