(La Tercera) Tras más de cinco años de tramitación en el Congreso, el proyecto de ley de lobby podría enfrentar durante los próximos días su recta final.
La semana pasada, la comisión mixta encargada de revisar la iniciativa que busca regular y transparentar la acción de lobbistas y grupos de presión ante autoridades logró la aprobación del proyecto en casi la totalidad de sus artículos.
Con este acuerdo en mano, durante la reunión de coordinación legislativa de la Nueva Mayoría, realizada ayer en el ex Congreso, los senadores opositores y el vicepresidente del Senado, José Antonio Gómez, acordaron respaldar la votación en sala del informe de la comisión mixta, lo que a su vez también será respaldado por el oficialismo.
La versión final del proyecto, sin embargo, no deja completamente satisfecha a la oposición. Esto, ya que no se ha logrado dar luz verde a la creación de un registro “ex ante habilitante”, es decir, un registro obligatorio para los denominados sujetos activos de lobby.
“No se entiende que no haya transparencia y no haya publicidad respecto de aquellas empresas que se dedican al lobby, materia que se debe legislar prontamente en el inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet”, aseguró ayer la senadora Ximena Rincón.
Así, la versión final del proyecto de ley incluirá dos tipos de registros. El primero, será una nómina de lobbistas, donde todas las personas que hayan ejercido esta actividad podrán inscribirse de manera voluntaria. Además, se sumarán todas aquellas personas que sean informadas por el segundo tipo de registro, denominado público, donde la autoridad estará obligada a dar cuenta de todas sus reuniones con lobbistas, gestores y grupos de interés.
De ser aprobado en la sala del Senado, el informe de la comisión mixta será analizado por la Cámara de Diputados, lo que se podría realizar a fines de esta semana.
Desde el oficialismo reconocen que existe premura respecto de la tramitación de la ley de lobby. Esto ya que el Ejecutivo espera que sea el gobierno del Presidente Sebastián Piñera el encargado de promulgar la ley, considerada como una de las iniciativas más importantes del paquete de reformas pro transparencia de su administración.
Sin embargo, tras su aprobación en ambas cámaras, el proyecto deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional, organismo que puede tardar hasta tres semanas en esa tarea y que durante febrero no sesionará.