(El Mercurio) En una semana marcada por el debate en torno al creciente flujo de inversión china State Grid International Development (SGID) -la empresa que desató esta discusión al acordar la compra del negocio eléctrico- decidió sacar la voz.
Durante las conversaciones previas a concretar esta entrevista, los ejecutivos de aquel brazo de inversión internacional de State Grid Corporation- que es la eléctrica más grande del mundo y la tercera empresa del ranking Forbes 500- dijeron estar interesados en brindar una visión objetiva y clara de esta transacción, lo que finalmente aceptaron hacer por escrito, contestando un cuestionario a nombre de la compañía.
Comienzan señalando que los atributos que los llevaron a priorizar a nuestro país como destino de sus inversiones fueron la seguridad para la inversión extranjera y la solidez del sistema político y económico, así como la estabilidad del marco legal chileno, con un régimen regulador transparente para la industria de la energía. «A pesar de enfrentar los desafíos de la pandemia y los hechos sociales, creemos que Chile todavía es uno de los países de destino de inversión más atractivos», señalan. Y añaden que otro factor que los inclinó para considerar Chile como uno de los mercado fundamentales en su estrategia de expansión es el carácter perpetuo de las concesiones de este sector, en la medida en que estas sean bien operadas. «Esto está muy en línea con la filosofía de inversión de SGID como inversionista industrial a largo plazo», aseguran.
Luego, la compañía, entra de lleno en la discusión suscitada tras conocerse el acuerdo para comprar CGE, cuyas tratativas -reconocen ahora- se remontan a 2018, cuando comenzó la colaboración entre la asiática y Naturgy. Explican que más que por razones políticas, las empresas estatales chinas tienen la responsabilidad de enfocarse en el desarrollo de sus negocios principales y en la preservación e incremento del valor de los activos estatales.
«Las empresas estatales tienen plena autonomía en sus operaciones y administración, y la ley de la República Popular China estipula claramente que estas no deben estar sujetas a la interferencia de SASAC», puntualizan, aludiendo a la agencia de su país, la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado, que supervisa a las firmas estatales chinas.
Agregan que la normativa interna también impide expresamente los vínculos entre estas compañías de control estatal, y para ello todas las firmas tienen consejos y alta gerencia totalmente separados. «Las empresas estatales tienen sus propios poderes de toma de decisión independientes y no se coordinan entre ellas sus decisiones y actividades comerciales», plantean. Y recalcan que SGID hace negocios de acuerdo al acatamiento de las normas del mercado y los principios comerciales.
Consultados por las aprensiones surgidas a raíz de que una empresa del Estado, que es el principal socio comercial de Chile, pudiera valerse con fines políticos de su posición dominante en un servicio poco sensible para la población como el suministro eléctrico, SGID dice no ver ninguno de esos riesgos geopolíticos o comerciales, puesto que las compañías de distribución chilenas son reguladas en forma rigurosa por las autoridades competentes, las que fijan las tarifas y permiten que las compañías proporcionen servicios estrictamente dentro de sus propias áreas de concesión. «Como inversionistas, solo propondremos nombrar un equipo pequeño de gerente y miembros del consejo y tener principalmente empleados locales, para que manejen la compañía», adelantan.
En específico, sobre el impacto que tendría para la competencia en el sector eléctrico tener firmas estatales chinas presentes en los tres segmentos que lo componen y, a su vez, el control de CGE y Chilquinta -y por tanto, más del 50% del negocio en Chile-, la asiática es tajante: «Una parte importante de nuestra debida diligencia antes de participar en el acuerdo para la adquisición de CGE fue asegurarnos de cumplir plenamente con las leyes y reglamentos aplicables».
Dicen tener fe en que la revisión del caso por parte de las autoridades chilenas de la competencia será de acuerdo con la ley local. «La Fiscalía Nacional Económica revisará el caso desde la perspectiva de la competencia», apuntan. Y manifiestan que en vista de la naturaleza de los mercados en los cuales operan estas compañías -a las que se regula intensamente, con fijación de tarifas, y tratándolas como monopolios naturales en las respectivas áreas-, «no creemos que la transacción que se ha propuesto cree riesgos de competencia que se tengan que abordar a través de desinversiones u otro tipo de soluciones».
SGID adelanta, asimismo, que en sus planes en Chileno figura la generación de electricidad, pues no está en el core de su actividad. La compañía también defiende los US$3.000 millones que acordaron pagar por CGE, y los US$2.263 millones que antes desembolsaron por el 100% de Chilquinta, cifras que a ojos de analistas son precios muy altos. «Para las transacciones de CGE y Chilquinta realizamos un cuidadoso due diligence comercial. Creemos que nuestros precios son razonables, y con esos precios obtenemos retornos razonables», plantean.
Añaden que su experiencia tecnológica, conocimientos prácticos de administración, costos de operación más bajos y capacidad para crear valor agregado les asegurarán los retornos que esperan.