(El Mercurio) Con críticas a lo que denominó medidas de descontaminación «tardías» en el caso de la crisis de Quintero y Puchuncaví, la diputada Catalina Pérez (RD), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, consideró que el Estado debe trabajar por subsanar lo que cree son falencias en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La idea, aseguró, es resguardar a futuro a la población de efectos como los que se han visto en los episodios de contaminación esta zona.
La parlamentaria por la Región de Antofagasta reclamó un «inexistente consenso» parlamentario para avanzar en soluciones a los problemas medioambientales.
– Respecto de los últimos episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, ¿qué opina del plan de descontaminación y de las medidas que ha comenzado a aplicar el actual Gobierno?
– El plan de descontaminación es una obligación legal y es evidente que el plan vigente no da el ancho. Quintero y Puchuncaví no necesitan solo de un plan de descontaminación; Quintero, Puchuncaví, pero también Coronel, Mejillones o Huasco, necesitan que el Gobierno los deje de considerar zonas de sacrificio, moneda de cambio del programa económico de La Moneda. Si hay gente ya intoxicada es porque las medidas de descontaminación son tardías. Pero sin un cambio en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la Superintendencia del Medio Ambiente ni un compromiso claro de homologación de normas de calidad a estándar OMS o el cierre del foco contaminante, las medidas además serán ineficaces.
– A su juicio, ¿por qué tuvo que ocurrir la emergencia en Quintero y Puchuncaví para que el Estado recién comience a discutir lo que significan estas y otras «zonas de sacrificio» en el país?
– Porque ya no aceptamos que se normalice el funcionamiento de un sistema en estos términos. Aprendimos que el trabajo que prometía la instalación de industrias no era tal, y que cuando lo era, implicaba un precio muy alto, y no estamos dispuestos a pagarlo. Cuando la crisis medioambiental se expone tan crudamente en estos términos, el Estado no puede seguir siendo cómplice.
– ¿Cómo se explica que el plan de descontaminación desarrollado por el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet para esta zona no haya podido ni siquiera pasar por el filtro de la Contraloría?
– Demuestra la poca capacidad que de nuestra institucionalidad ambiental en general. En la práctica, el Estado es un cómplice pasivo de la existencia de zonas de sacrificio. El plan vigente existe desde 1994 y en julio del 2011 se inició su actualización, dada su obsolescencia. Recién en julio del 2017 el proyecto de plan fue enviado a Contraloría. En la toma de razón, la Contraloría determinó algo que parece irracional, pero efectivo: que las medidas propuestas no iban a disminuir los contaminantes y por lo mismo, no tenía sentido darle curso. La comisión investigadora podrá dar una respuesta más certera de las razones que explican este absurdo.
– ¿Existe consenso parlamentario para poder resolver los problemas medioambientales que afectan a estas y otras zonas del país?
– No, no existe, y creo que esta bien explicitarlo: no existe porque aún escuchamos en los pasillos del Congreso decir que las zonas de sacrificio son un invento de la prensa, un invento de los medioambientalistas o de la gente que busca que la compensen.
– ¿Cuál es el estándar de normativa ambiental que, según usted, debiera aplicarse hacia el futuro para los principales elementos contaminantes de esta zona?
– Un mínimo exigible es la homologación a estándares de la OMS en normas de calidad y es lo que estamos buscando levantar en conjunto con los parlamentarios del Frente Amplio. Sin embargo, creemos que es relevante repensar la forma en que nuestros instrumentos de gestión ambiental están diseñados, así como las instituciones encargadas de fiscalizar su cumplimiento y proteger el medioambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente no tiene un mandato amplio de protección, sino que debe limitarse a fiscalizar la normativa existente, que como vemos, es muy limitada, generando un círculo vicioso de difícil solución. Por ello, esperamos fortalecer la SMA y el llamado al Gobierno es a presentar iniciativas en esa línea, ya que de ellos depende por la iniciativa legislativa exclusiva.
La penalización del delito ambiental
Consultada por su disposición a adoptar medidas como el cierre de empresas y la pena de cárcel para delitos medioambientales, Pérez manifestó que «no hay solo que cerrar, hay que repensar hacia dónde queremos conducir los territorios que solo están viviendo de la extracción de materias primas o de industrias contaminantes». «Si para evitar que eso vuelva a ocurrir es necesario que las sanciones sean de cárcel efectiva, así tendrá que ser», agregó sobre este tipo de posibilidad.