(El Mercurio) «Si me pregunta así de directo, sí, es una mentira. Y lo digo abiertamente», aseveró ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, respecto a la postura que ha defendido el Gobierno al negar que la reforma al actual Código de Aguas altere la regulación actual.
El líder gremial participó en el seminario «Desafíos de las aguas en Chile: ¿hacia dónde vamos?», que organizó el centro de estudios Clapes UC. También expusieron el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el ex ministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín; el abogado, José Antonio Ramírez; y el economista, Jorge Quiroz.
Crespo analizó la situación de los derechos de aprovechamiento de aguas en el evento que sea aprobada la modificación legal tal como está. «Es como si al dueño de un departamento le informan que no tendrá más esa calidad y que pasará a ser arrendatario por 30 años», sostuvo.
Agregó que «no es lícito que le quiten agua a unos para que se la entreguen gratis a una empresa sanitaria y esta venda a $500 el m {+3} «, dijo. «Está muy bien dar agua potable a la ciudad, pero no es lícito dejar a un agricultor sin agua para beneficiar a otros, sobre todo a las empresas sanitarias que hacen un negocio y venden el agua» reiteró.
Valor de los predios
Otro de los aspectos más preocupantes para el líder de los agricultores es la posible caída del valor de los predios por la supuesta degradación de los derechos de agua, situación que ya manifestaron representantes de BancoEstado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Crespo aseguró que, de prosperar la iniciativa, «se producirá una pérdida patrimonial para los agricultores que hará caer en 40% el valor de las propiedades, con la consiguiente baja en la valoración de los activos para efectos de garantías».
Consumo humano
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pidió que el debate en materia de aguas se enfoque con altura de miras. Destacó que los principios del proyecto son tres: asegurar el consumo humano ante la escasez hídrica; garantizar los derechos de aprovechamiento de aguas que actualmente se utilizan; y establecer un régimen de extinción y caducidad de derechos de aprovechamiento de aguas que no se utilizan, para evitar el acaparamiento y la especulación. «Si alguien no está de acuerdo con estos principios, que lo diga derechamente y no se escude señalando cosas que no son ciertas», afirmó.
El ex ministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, manifestó que algunas de las modificaciones que contempla la iniciativa legal son inconstitucionales.
«La discusión debió partir en un perfeccionamiento institucional y un aumento presupuestario para la Dirección General de Aguas, y terminó en un paquete de soluciones que podrían agravar las falencias actuales», sostuvo.