(El Mercurio) A mediados de diciembre, el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Andrés Roccatagliata, informó en forma presencial y vía streaming a todos los trabajadores acerca de la frágil situación financiera de la compañía, con pérdidas por US$ 152 millones a septiembre y un nivel de deuda que antes de la capitalización por US$ 450 millones de agosto llegó al récord de US$ 5.100 millones. Cuando el ejecutivo explicó que para tratar de revertir esta situación se requería un tratamiento de shock , con importante recorte de gastos y búsqueda de eficiencias, uno de los asistentes le preguntó si estaban considerando despidos. La respuesta del gerente fue clara: «Si después de todo lo expuesto yo les dijera que no habrá despidos, ¿me creerían?».
Es que los números no le cierran al otrora máximo ejecutivo de Ripley. Todos los recortes de gastos superfluos y la revisión de inversiones, que para este año arrojó una reducción de US$ 85 millones y que el próximo se profundizaría -en el marco de la definición de un nuevo modelo de negocios que sea realmente rentable-, no son suficientes para proyectar números azules. Se requiere algo más, una intervención a nivel de la dotación de la compañía, para adaptar a la organización a la nueva dirección comercial que se busca y, al mismo tiempo, reducir el gasto asociado a la planilla y que anualmente supera los US$ 350 millones, de los cuales unos US$ 25 millones corresponden a beneficios pactados en los contratos colectivos, a razón de $4,5 millones en promedio por trabajador.
Este diseño estratégico prioriza las actividades que actualmente son más rentables, como todo lo relacionado con la logística, frente a las áreas de producción y refinación de hidrocarburos, las que quedarían restringidas más bien a un rol estratégico, ya que el suministro de combustibles no puede depender solo de la importación o del rol de los privados (ver recuadro).
Este es el contexto en el que está tomando forma el plan de retiro, que por estos días está en pleno diseño a cargo de la gerencia de Recursos Humanos de la estatal, que se lanzaría en las próximas semanas, presumiblemente durante enero, para disponer de tiempo para negociar con los sindicatos. La intención de la empresa, comentan conocedores de este tema, no es eternizar este proceso. El objetivo es la salida de unos 450 trabajadores, de acuerdo a lo que el propio Roccatagliata le presentó la semana pasada al directorio, instancia que aprobó el diseño de la propuesta. Esto equivalente al 12% de la dotación de 3.781 personas aprobada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para este año.
El cálculo de los sindicatos de la empresa es que el plan de retiro ahorraría unos US$ 30 millones en el gasto de personal, lo que está en proporción entre el costo laboral y el número de trabajadores a desvincular.
«Es importante destacar que estas decisiones se insertan dentro de un plan más amplio, cuyo foco es avanzar hacia un modelo que permita hacer viable Enap en el tiempo, siendo responsables con la empresa y sus trabajadores. Las cifras actuales de la empresa son una realidad de la que tenemos el deber de hacernos cargo para asegurar el futuro de Enap; la fuente de trabajo de miles de trabajadores depende de que nosotros tomemos ahora las medidas necesarias. Sabemos que son decisiones tremendamente dolorosas, por eso haremos el mayor esfuerzo por acotarla todo lo posible», explica Andrés Roccatagliata, quien precisa que aún no hay una cifra definitiva para el plan de retiro.
En solo seis años, la dotación se incrementó en 30% y está en su nivel más alto en la historia de Enap
Lo que se viene será complejo, pues el plan pone a Enap en una encrucijada. Esta será la segunda vez, en sus casi siete décadas de funcionamiento, que la petrolera ejecutará una iniciativa de este tipo y la experiencia inicial no fue todo lo exitosa que se esperaba. De ahí el reto que enfrenta esta primera administración de la estatal bajo el nuevo esquema de gobierno corporativo, en que las consideraciones y cálculos políticos, en teoría, dejaron de jugar un rol.
Roccatagliata no solo debe alcanzar un nivel de adherencia al plan que le permita cerrar los números que está proyectando, sino que también asegurar que el diseño evite que posteriormente el número de trabajadores vuelva a subir. La idea es no repetir el expediente de 2010, cuando luego que 484 personas -de un total inicialmente fijado en 530- salieron de la petrolera, al cabo de solo seis años, al cierre de 2017, la dotación se había incrementado en 865 personas, casi el doble de las que se acogieron a ese programa, que se extendió desde noviembre de ese año hasta el primer trimestre de 2011, y que tuvo un costo superior a los US$ 22 millones de esa época, según se informa en las memorias de la empresa.
El plan de retiro de 2010, que fue diseñado por Rodrigo Azócar, en ese momento gerente general de la compañía y hoy miembro de su directorio, buscaba -al igual que ahora- dar viabilidad y sustentabilidad a Enap en el largo plazo, según se declaró en la memoria de ese ejercicio. La reducción alcanzó al 16% de la dotación total, mientras que el alza que se produjo entre 2011 y 2017 implica un incremento de casi 30%. De esta forma, el recorte que ahora plantea Roccatagliata cubriría solo la mitad del aumento de la dotación en este período, de acuerdo con los números informados en las memorias de la empresa (ver infografía).
El actual gerente general de la petrolera dice que una de las lecciones del proceso anterior es que salió gente que tenía cualidades estratégicas para el desarrollo de la empresa. Por esto, añade, en esta oportunidad el plan no será voluntario y tendrá características que permitan que la empresa siga siendo atractiva para las personas que tienen las competencias adecuadas. «Estamos en una industria compleja, que requiere de alta capacidad técnica y experiencia concreta. Eso hay que cuidarlo y, en paralelo, resolver cualquier ineficiencia o gasto innecesario. En paralelo, haremos todos los esfuerzos, y tomaremos todas las medidas, para contar con un plan de apoyo a las personas que se desvincule», plantea Roccatagliata.
Uno de los focos del plan de retiro estará en el nivel de ejecutivos
Consultada Enap respecto del incremento en la dotación tras el plan de retiro de 2010, Andrés Roccatagliata asegura que al momento de asumir en la empresa, a principios de agosto, encontraron una estructura extremadamente vertical, con hasta diez niveles entre las capas de dirección y de ejecución; y con falta de accountability , «lo que es incompatible con una organización moderna», asegura.
En este sentido, uno de los focos del plan de retiro estará en el nivel de ejecutivos, ya que, según fuentes de la estatal, de las 237 personas que están en el denominado rol ejecutivo -uno de los dos que existen en la empresa-, no más de 50 están en la primera línea o le reportan a esta. De esta forma, en este nivel es donde se observa un espacio de optimización.
«En algunas áreas tenemos duplicidad de cargos y estructuras poco eficientes. En este marco, el desafío es dotar de racionalidad y eficiencia a la estructura de Enap. Se trata de asegurar su supervivencia y construir un mejor futuro a partir de eso», dice Roccatagliata, quien agrega que el plan apunta a agilizar la toma de decisiones por la vía de aplanar esta estructura.
El vicepresidente de la Federación de Trabajadores de Enap y director laboral, Marcos Varas, concuerda con esa visión, pues asegura que en el nivel ejecutivo hay muchas jefaturas con muy poco personal a cargo, o por sus labores algunos de ellos deberían ser recatalogados en el rol general, donde están los operarios.
Los sindicatos aseguran que queda mucho espacio para revisar la estructura de contratos de la estatal. Según sus cálculos, administrar mejor estos gastos podría rebajar a 300 el número de egresos.
Magallanes elevó su plantilla casi en 500 personas en este período, pese a que la intención era una reducción paulatina de la actividad en esa unidad de negocios
No hay una sola versión para explicar el aumento en la dotación de Enap en este período. Los sindicatos alegan que se está cargando en los trabajadores el peso de la baja rentabilidad de las abultadas inversiones ejecutadas entre 2014 y 2018, cuando el exministro de Energía Marcelo Tokman estuvo a cargo de la administración (renunció en mayo recién pasado). Y aseguran que buena parte del incremento de la plantilla tiene justificación por los nuevos proyectos que acometió la empresa.
Sin embargo, Marcos Varas, vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech) y director laboral de Enap -quien está inhabilitado para decidir respecto del actual plan de retiro-, afirma que ellos advierten que hay algunos aspectos de este incremento que habría que revisar. «La administración anterior, que fue conformada con criterios políticos, no hizo bien las inversiones, y lo que reclamamos los sindicatos es que de nuevo serán los trabajadores los que pagarán ese costo, sin que se reconozca que muchas veces a esta empresa se la utiliza con fines políticos, como sucedió en 2008 para evitar el colapso energético, lo que dejó pérdidas por US$ 1.000 millones y la deuda superó los US$ 4.100 millones. Lo mismo podemos decir ahora, que vamos a pagar el costo de esas malas decisiones», asegura.
Revisando las memorias se advierte que entre 2010 y 2013, la inversión anual promedio de Enap fue de US$ 263 millones, mientras que el monto promedio se eleva a US$ 638 millones entre 2014 y 2018 (este último dato, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Dipres). En una de sus intervenciones ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre eventuales irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales de la petrolera, cuyo informe final sería votado el 7 de enero, Andrés Roccatagliata señaló que de los casi US$ 3.200 millones ejecutados en ese lapso, hay US$ 1.300 millones cuya rentabilidad es discutible.
Exdirectores de la estatal, en cambio, aseguran que el hecho de que el aumento en la dotación esté concentrado en la operación de Magallanes, donde se incorporó casi a 500 personas después de la salida de 318 personas entre 2010 y 2011, llegando al cierre de 2017 a un total de 1.243 personas -a las que hay que sumar aquellas que prestan servicio como subcontratados, en una relación que se estima de tres por cada operario de planta-, no se condice con la nueva actividad relacionada con la producción de gas natural no convencional, que comenzó en 2012 para asegurar el abastecimiento residencial de Punta Arenas y de Methanex, firma que en ese entonces amenazaba con ejecutar millonarias multas por incumplimiento previstas en su contrato con la petrolera.
«Tokman compró la paz a un precio muy alto», afirma un exdirector de Enap, que asegura que el incremento de la dotación se debió a acuerdos con la dirigencia del sindicato de Magallanes, el más numeroso de la estatal.
Cercanos a la firma, plantean una tercera explicación. Manifiestan que el alza de trabajadores en esa zona obedeció a la internalización, a partir de 2014, de operarios que desde 2010 estaban con contratos a plazo fijo, como una forma de subsanar una situación que no se apegaba a la ley, aunque en las memorias anuales de ese período no hay ninguna mención al respecto. Integrantes del directorio de esa época aseguran que un volumen de contratación de esa magnitud es una materia que debió ser analizada por la mesa, algo que tampoco sucedió.
Consultado Marcelo Tokman, declinó realizar comentarios.
Pese a nuevos recortes de costos, presupuesto de la estatal proyecta pérdidas en torno a US$ 80 millones para 2019
Tras la llegada a la gerencia general de Andrés Roccatagliata en agosto, Enap logró ahorros por US$ 85 millones para este año, US$ 30 millones de ellos asociados a gasto y US$ 55 millones a inversiones. Durante 2019, en tanto, tienen previsto sumar casi US$ 300 millones adicionales de reducción en ambos ítems.
En la empresa detallan que en materia de costos y gastos, a los US$ 30 millones que ya rebajaron este año, en el presupuesto para el próximo ejercicio incluyeron otros US$ 32 millones. En paralelo, Roccatagliata agrega que la inversión se reducirá en US$ 236 millones, pasando de US$ 849 millones estimados inicialmente, a US$ 613 millones.
En la petrolera precisan que respecto de este último punto, lo que es seguro son todas aquellas inversiones relacionadas con medio ambiente y continuidad operacional de las instalaciones, pero lo que está en proceso de revisión es la ejecución de algunos proyectos incrementales contenidos en importantes inversiones que estaban previstas para las refinerías, como el paquete de iniciativas por US$ 1.000 millones proyectado para Biobío.
«Estamos construyendo un modelo productivo que sea eficaz para las necesidades actuales y futuras, manteniendo las fortalezas que Enap posee en ámbitos como el suministro de combustibles, la exploración de hidrocarburos y la logística, con una estructura que permita una toma de decisiones menos burocrática», apunta Roccatagliata.
En materia de logística, añade, el objetivo será mejorar la capacidad portuaria y los puntos de entrada para la recepción de hidrocarburos; mejorar la red de oleoductos y gasoductos con países vecinos, y fortalecer la logística de distribución interna. Tal como lo está haciendo toda la industria, otro de los ejes de este reenfoque de Enap es fortalecer la capacidad de almacenamiento de combustible, ya que ahora solo es posible cubrir el consumo de 30 días, muy lejos de los 90 días del promedio de los países de la OCDE.
La producción de hidrocarburos (gas)en Magallanes es otra de las áreas de negocio cuya continuidad no está en discusión, ya que la empresa tiene el deber de cubrir el abastecimiento de esa zona extrema. Sin embargo, Roccatagliata plantea que si bien en general esta línea ha logrado buenos retornos, que han compensado el deterioro en las condiciones del segmento de refinación y comercialización, «parte de la revisión del modelo de negocios tiene que ver con revisar esas capacidades y ver de qué manera se agrega mayor valor», dice.
Venta de activos y pagos sin justificación
La venta de activos, como ya sucedió en Magallanes, con la enajenación de una barcaza que tenía poco uso y altos costos de mantención, y próximamente con la venta del edificio bioclimático en Punta Arenas -arrendado hace varios años a algunas reparticiones públicas-, es otra de las alternativas para generar recursos que ayuden a repuntar el momento crítico de la empresa. Al respecto, el ejecutivo señala que están analizando todos los activos con una mirada de largo plazo, y aquellos que tengan calce estratégico y agreguen valor se mantendrán, sometiendo a la decisión del directorio la potencial venta.
Fuentes de la empresa comentan que parte de este proceso habría sido encargado a mediados de año al exasesor del directorio y exejecutivo de la estatal David Jana, a través de su consultora Moonvalley Capital. Se trataría de diez activos en los que la estatal tiene participaciones minoritarias y otros tres en los que tiene el 100% de la propiedad y respecto de los cuales se le pidió detectar ventajas y desventajas de una potencial desinversión.
Consultado sobre la justificación de que la compañía siga vinculada al negocio eléctrico, Roccatagliata explica que ese es un tema que se está debatiendo en el directorio. «Enap no cuenta con claras ventajas competitivas para desarrollar su negocio eléctrico. Podríamos impulsar nuevas energías sustentables, donde los privados no quieran o les cueste entrar, pero posteriormente permitir que los privados continúen», asegura.
Con todos estos esfuerzos y reenfoques de mediano plazo, en Enap reconocen que el presupuesto 2019 en proceso de aprobación ante la Dipres proyectaría una pérdida antes de impuesto de US$ 80 millones, lo que estaría por debajo de lo esperado para este año que termina.
Ahí surge el plan de retiro. Al respecto, Roccatagliata dice que están levantando todos los ahorros y aumentos de productividad que permitan que el ajuste sea por debajo de las cifras que se han señalado. «Vamos a hacer todos los esfuerzos en productividad para que los egresos sean los menos posibles», puntualiza.
Al respecto, los sindicatos plantean que aún existen muchos espacios para optimizar costos, lo que según ellos podría reducir a 300 el número de desvinculaciones.
Marcos Varas, vicepresidente de la Fenatrapech y director laboral de la empresa, dice que una mejor administración de los contratos permitiría importantes ahorros adicionales, un aspecto que esperan poner sobre la mesa una vez que la empresa presente el plan de retiro y abra el espacio de negociación, dado que la oferta de salida no será voluntaria, sino que estará dirigida.
Otras fuentes sindicales plantean que hay pagos millonarios que en el contexto actual no tienen explicación, como las 100 UF mensuales (más de $2,7 millones) que cuesta el tener el logo de la estatal en el edificio donde está la casa matriz u otros pagos que se destinan a membresías como Pacto Global, Generación Empresarial o Arpel, un gremio petrolero de alcance regional.
A ello suman estudios y contrataciones sin concurso público que no tendrían justificación y que fueron efectuadas por distintas gerencias, como las de Innovación y Tecnología o Asuntos Corporativos. Según datos que ellos manejan y que dicen pondrán a disposición del directorio a través de una carta, este tipo de operaciones superan los US$ 2 millones. Esos dineros, acusan, habrían sido destinados al pago de favores políticos.