(El Mercurio de Valparaíso) Mientras la Cámara y el Senado interceden, después de dos años, en el conflicto que mantiene la comunidad agrícola La Dormida (Olmué) con la empresa Interchile -a raíz de la construcción de ocho torres de alta tensión del proyecto Cardones-Polpaico-, en sede judicial el enfrentamiento continúa su curso con la tramitación de las distintas acciones que han presentado ambas partes.
Una de ellas, el recurso de protección que ingresaron los comuneros denunciando la tala ilegal de árboles en el sector y el vuelo no autorizado de helicópteros sobre sus terrenos, cuya medida había sido anunciada por la compañía como una solución para transportar el material pesado y así evitar hacer nuevos caminos.
En ese contexto, esta semana la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió solicitarle a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que informe si durante el último tiempo han realizado algún tipo de fiscalización relacionada con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
Si bien el Tribunal de Alzada se limitó a que la SMA se pronuncie justamente sobre «el vuelo de helicópteros y la tala y corte de bosque nativo», en su resolución también pidió que se adjuntara la RCA, lo que a juicio de los comuneros marcará un precedente en la tramitación de la causa y les abriría la posibilidad de que el proyecto sea paralizado, tal como lo pidieron a través de una orden de no innovar que finalmente la Corte rechazó.
«Esto le permitirá al Tribunal tomar cabal conocimiento de las graves y presentes ofensas a las garantías constitucionales de los comuneros y ciudadanos que viven en la Cuesta de La Dormida», comentó a este Diario uno de los abogados de la comunidad, Juan Molina, quien agregó que «se ha ordenado traer a su vista la RCA, la que, tal como lo hemos denunciado, ha sido vulnerada gravemente por el propio titular durante el proceso de construcción que sufren los ciudadanos de la comuna de Olmué».
Consultados al respecto, desde Interchile reiteraron tener «la plena certeza de estar cumpliendo a cabalidad» con las autorizaciones que les entregaron, asegurando que la revisión de la Corte de Apelaciones a la RCA «en ningún caso afecta su vigencia» ni tampoco «incide en el normal avance de las obras de construcción».
Pero, además, la compañía precisó que los vuelos que han realizado «se deben a razones concretas que fueron analizadas en la etapa de evaluación ambiental», agregando que las empresas contratistas que prestan el servicio «están autorizadas por la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) para realizar estas operaciones». En tanto, sobre la tala y corte de bosque nativo, indicaron que «se ha realizado de acuerdo con los planes autorizados por la Conaf».