Juan Ignacio Gómez, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), abordó en conversación con Revista ELECTRICIDAD los desafíos normativos, tecnológicos y de política pública que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), junto con los efectos de las decisiones adoptadas en los últimos años en materias como transmisión, penetración renovable, almacenamiento y seguridad operacional.
- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el Sistema Eléctrico Nacional?
Creo que hay tres desafíos principales: el primero, regulatorio; el segundo, tecnológico y el tercero, de política pública.
El desafío regulatorio consiste en reconstruir la regulación: volver sobre ella, evaluar y decidir qué cosas se han hecho bien para potenciarlas y aquellas que se han hecho mal para reformularlas o terminarlas. La situación de los PMGD o de la transmisión son centrales como desafíos regulatorios para la asociación.
El desafío tecnológico es la transición energética y su desafío operacional. Salvo España, son pocos los países con el nivel de penetración de energías renovables variables que posee Chile.
Finalmente, hay un desafío de política pública: volver a introducir el largo plazo y la eficiencia como eje de la regulación. Lo que nos enseñan los últimos siete años de regulación, es que la conversación de política pública está atrapada en cómo hacer que los precios sean los más bajos posibles. Creemos que a esa conversación debe incorporarse la relación precio/calidad, porque guste o no, mayor calidad exige mayores inversiones y, a fin de cuenta, mayores precios.
- ¿Qué condiciones se requieren para avanzar hacia un suministro competitivo y sostenible para los consumidores?
Eso se responde, precisamente, con la transición energética: como proceso de transformación tecnológica, requiere condiciones que incentiven a los desarrolladores a identificar espacios de innovación, inversión y nuevos modelos de negocio.
Primera condición: competencia y, en esta materia, ello implica neutralidad tecnológica, es decir, adoptar las mejores soluciones disponibles en el momento, sin comprometerse regulatoriamente con una determinada tecnología. Y segunda condición: limitar las intervenciones de la regulación a las indispensables, especialmente en los precios de la energía.
- ¿En qué aspectos se debe avanzar para contar con un sistema eléctrico más eficiente y sostenible?
Probablemente, son muchas variables, pero de todas ellas, creo que es fundamental implementar un sistema de evaluaciones de las medidas regulatorias. Especialmente cuando una medida regulatoria implica un costo para cualquier agente, resulta fundamental que ese mayor costo esté justificado económicamente, es decir, que las soluciones alternativas sean más gravosas que la que finalmente se proponen. Un sistema eléctrico eficiente es uno que asigna adecuadamente los costos. Desde Acenor hemos planteado que esos costos deben ser asumidos por quienes los causan y ahí, nuevamente, la evaluación es central.
- Acenor presentó recientemente un estudio sobre transmisión eléctrica. ¿Cuáles fueron sus principales conclusiones?
Este estudio tiene la virtud de analizar tanto las causas como las consecuencias de la Ley de Transmisión de 2016; pero también, avanza en propuestas. A partir de esa mirada integral, creo que vale la pena destacar dos conclusiones que son centrales: la primera, es que producto de la nueva forma de remunerar la transmisión, la señal de localización se perdió y, por tanto, los generadores sólo ven la mejor localización para maximizar la generación. De este modo, al no pagar la transmisión, el generador captura todo el beneficio de la maximización, y la demanda, que paga esa decisión no ve, necesariamente, un beneficio. Es decir, no hay un… Para leer la entrevista completa, ingrese al siguiente ENLACE.