La clasificadora de riesgo ICR Chile señaló que las empresas del segmento de distribución eléctrica cuentan con una fortaleza crediticia que les permitirían responder a los impactos del proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago y otorga otros beneficios a sectores más vulnerables, en el contexto de la crisis originada por el coronavirus.
En este escenario, según un reporte elaborada por la firma, el sector de distribución «posee más herramientas de mitigación financieras para responder adecuadamente al impacto que la suspensión del corte de suministro de servicios básicos tendría en sus niveles de recaudación, aun cuando actualmente estén expuestas a menores niveles de actividad económica y caídas en el consumo energético, principalmente de clientes no residenciales».
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«Nuestra opinión se respalda en la existencia de un marco regulatorio favorable, procesos de tarificación indexados, existencia de zonas de concesión otorgadas por el Estado (evitando la superposición de éstas) y niveles de rentabilidad objetivos para la industria, factores que consideramos, le permiten a estas empresas operar con mayor flexibilidad, dado que al tratarse de emisores que por lo general presentan un perfil crediticio por sobre el grado de inversión, cuentan con acceso al mercado financiero», se precisa.
Además, se sostiene que las empresas del sector «disponen de medidas adicionales que podrían contribuir a mantener en rangos satisfactorios los niveles de cobertura de sus obligaciones financieras, las que pueden ir modificándose en función de las implicancias de la contingencia actual, destacando la ralentización de planes de inversión y los planes de optimización de su estructura de costos, entre otras».