A través de una declaración pública conjunta, cuatro gremios de la industria eléctrica se refirieron este lunes al proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, a 4,7 millones de familias. La propuesta fue ingresada al Congreso por el gobierno el lunes 26 de agosto, iniciándose su discusión en Cámara Baja.
La Asociación de Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol A.G.) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM A.G.) afirmaron compartir la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables de nuestro país, a fin de enfrentar el alza de las tarifas eléctricas. “Pero creemos que estos deberían ser coherentes con otras políticas públicas de subsidio y con una visión estable y de largo plazo para el correcto desarrollo de la industria eléctrica”, añadieron las entidades gremiales.
En esa línea, las asociaciones recordaron que el congelamiento de precios de la energía “fue una decisión política del Estado, por las circunstancias extraordinarias originadas en 2019”, y a la raíz de lo cual entre 2019 y 2024 se dictaron tres leyes que estabilizaron únicamente las tarifas eléctricas, “las que no fueron solicitadas por la industria de generación ni consultadas a las personas”.
Particularmente con relación a la propuesta presentada con el fin de ampliar el subsidio eléctrico, los gremios aseguraron que esta “adolece de graves deficiencias” y perjudica sustancialmente al menos tres principios base “sobre los que se desarrolla todo sector productivo que aporta al crecimiento de la economía y la generación de empleos del país”.
En primer lugar, mencionaron la “predictibilidad jurídica”, “alterando de manera continua e intempestiva las condiciones regulatorias sobre las que la industria de generación ha desarrollado y colaborado con la política del Estado de Chile sobre transición energética y descarbonización”, argumentaron las asociaciones.
En segundo lugar, los gremios estiman que el proyecto daña la “confianza legítima en la autoridad política, definiendo nuevas cargas públicas sin fundamentar sus medidas ni explicar los efectos sobre las personas y las empresas: consumo, niveles de precios, inflación y condiciones de inversión”.
Por último, las asociaciones señalaron que el texto lega afecta el “Reparto proporcional de las cargas públicas”, estableciendo cargas tributarias de manera ad-hoc a sectores económicos determinados, sin considerar financiamiento alguno que provenga de un ejercicio de administración financiera eficiente y focalizada por parte del gobierno.
Aporte al país
Adicionalmente, las entidades gremiales resaltaron que la industria de generación eléctrica ha sido un aliado permanente de Chile en la transición energética y la descarbonización. Esto se ve reflejado, según argumentaron, en un aporte de más de USD30 mil millones en inversión directa en regiones; diversificación de la matriz energética; incremento del número de productores de energía eléctrica a más de 700; aumento de la penetración de energía renovable, con valores superiores al 65%; y una progresiva reducción en las emisiones de carbono del sector eléctrico.
«Confiamos en que la discusión permita encontrar respuestas necesarias, viables y expeditas para focalizar la entrega de un beneficio con cargo a fondos públicos y, a la vez, respetar las señales regulatorias para que todos los actores del sector energético podamos avanzar en los desafíos que son clave para el sector, como las condiciones de suministro, almacenamiento y transmisión eléctrica, que son determinantes para inyectar energía de precios competitivos en el sistema”, concluyeron Generadoras de Chile, Acera A.G. Acesol A.G. y GPM A.G.