(Pulso) Esta semana llegarán a las manos de los principales ejecutivos de las empresas Doña Inés de Collahuasi, E-CL, Endesa, Inkia y South Andes Capital, los sobres que los certifican como los adjudicatarios del último proceso de licitación de terrenos fiscales desarrollado en el gobierno de Sebastián Piñera, y que permitirán la construcción de centrales termoeléctricas.
Estos decretos fueron literalmente congelados por la administración Bachelet, ya que los equipos jurídicos del Ministerio de Bienes Nacionales, y luego Contraloría, desarrollaron una exhaustiva revisión legal. ¿La idea? Fuera de toda presunción, la actual administración quería descartar de plano una eventual afectación del interés fiscal en la licitación encabezada por el ex ministro de la administración Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna.
La revisión analizó las cláusulas de los contratos de las cinco compañías ganadoras, incluyendo además los dos contratos firmados el 10 de marzo por Endesa, que lo hacían adjudicatario de los terrenos de Tames II y Totoralillo Sur.
Uno de los elementos que fue revisado con mayor detenimiento fue la presencia de un certificado de Conadi en cada uno de los lotes licitados, el cual aseguraba que no existía afectación indígena. Este elemento fue el que generó mayores discusiones en los equipos jurídicos que chequearon la licitación.
De esta manera, a pesar de no estar de acuerdo con el timing de la licitación, el Ministerio de Bienes Nacionales dio finalmente el vamos al proceso, para ahora iniciar el proceso de notificación a las empresas que se adjudicaron los seis lotes en disputa.
Tanto fuentes de Inkia como de EC-L señalaron a PULSO que con la notificación en la mano, recién comenzarán a desarrollar los estudios avanzados para determinar el tipo de central a desarrollar en los terrenos, que por las bases de la licitación deben ser superiores a 350 MW.
De acuerdo a los índices de costos y criterios de localización de centrales publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la inversión de las seis compañías en su conjunto no debería ser menor a los US$5.250 millones.
En el caso del principal beneficiado, Endesa Chile, la compañía está estudiando construir un complejo de 400 MW en cada uno de los sitios asignados (Tames II, en la comuna de Mejillones, y Totoralillo Sur, en Caldera), que podrían ampliarse si es que las condiciones del lugar y del mercado lo hicieran factible.
No está definido si se instalará una unidad a gas o a carbón o una de cada tecnología. Esto dependerá de una serie de estudios a realizar, entre ellos de emisiones contaminantes, de disponibilidad de combustible y de línea de base, entre otros.
El factor EAE
Tras dar por cerrado el polémico proceso de licitación desarrollado por el gobierno anterior, en el Ministerio de Bienes Nacionales sostienen que por el momento sólo llevarán adelante nuevos concursos para la entrega de terrenos fiscales para el desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
En el caso de energías convencionales, como termoeléctricas, hidroeléctricas, entre otras, la secretaría de Estado esperará la promulgación del reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Medio Ambiente y que será visado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales: «Hubiéramos desarrollado la licitación de otra forma»
Previo a asumir la cartera de Bienes Nacionales, Víctor Osorio se encontró con una heredada licitación de terrenos para centrales termoeléctricas virtualmente finalizada. Frente a esa situación, el actual ministro revisó el procedimiento. ¿La idea? Determinar si no había visos de ilegalidad.
¿Por qué determinaron revisar el proceso?
Un proceso de licitación que involucra patrimonio fiscal y proyectos energéticos de determinadas características, si fue desarrollado en la administración anterior corresponde que examinemos su pertinencia jurídica. Lo que nosotros hicimos fue recabar información de la forma más rigurosa y acabada posible.
¿Cuál fue la conclusión?
Concluimos que ese proceso, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, estaba correcto. Por eso decidimos darle curso al término de la licitación y asignar los terrenos a las empresas que se adjudicaron los procesos.
¿Ya se les notificó a las empresas?
Eso está en curso ahora, las empresas están siendo informadas. No veo razón alguna por qué las empresas debieron haber estado preocupadas, ya que es natural que una nueva administración examine los actos jurídicos y administrativos ejecutados por la anterior administración, y que quedaron pendientes para el nuevo Gobierno.
¿Qué piensa de todo el proceso?
Nosotros hubiéramos desarrollado la licitación de otra forma, no con plazos tan acotados y sin contemplar temas ambientales y de participación ciudadana.
¿Cuándo se enteró de la licitación?
Nos parece que hubo demasiada premura en la licitación, lo que no fue lo más apropiado. A mí, el ministro Rodrigo Pérez Mackenna me informó de esta situación una semana antes de que abandone el gobierno. Además, dos de estos proyectos se firmaron el 10 de marzo, el día antes de que la administración anterior concluyera.
¿Qué le parece que se haya incluido un documento de Conadi, sin participación indígena?
Precisamente, ese es uno de los aspectos que revisamos y no pillamos transgresiones a la legalidad.