(Pulso) Hay que matar el mito de la termoelectricidad. Con esas palabras, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se refirió la semana pasada a una de las principales inquietudes surgidas en el debate de la elaboración de la agenda energética nacional: qué planteará el Ejecutivo sobre la generación térmica, ya sea con gas o con carbón en el esperado documento.
El tema es sensible para el Gobierno, pues la oposición ciudadana a este tipo de proyectos es elevada. La mayor termoeléctrica proyectada en el país, Castilla, fue frenada por la Justicia a pesar de haber obtenido todos los permisos. La central Barrancones, de Suez, fue desechada por el ex presidente Piñera días después de haber sido aprobada por la autoridad ambiental.
Estos son sólo dos de varios casos de proyectos térmicos que se vieron frustrados en los últimos años. El factor común es uno sólo: la fuerte oposición ciudadana.
La frase del ministro Pacheco no fue la primera en la que el gobierno de la Presidenta Bachelet entrega su opinión al respecto. En una entrevista televisiva -al comienzo de la nueva administración- fue el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien señaló que había que “desmitificar” la termoelectricidad.
Detrás de esta postura está la idea de que es perfectamente posible construir centrales térmicas con los más altos estándares, minimizando el riesgo para el ambiente y la población. Para posicionar ese mensaje, se ha iniciado un proceso de lobby ante organizaciones sociales y el parlamento. Y por ahora la recepción ha sido positiva.
Las ventajas de estas tecnologías son su alto factor de planta, rapidez para construirlas y bajo costo de operación. El MWh generado con carbón cuesta US$80, mientras que con diésel se supera los US$200.
En su primera alocución frente a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, en marzo, el ministro Pacheco dijo que uno de los ejes de la agenda energética sería aprovechar “todos los adelantos tecnológicos disponibles” para poder mejorar y potenciar la matriz energética nacional, tanto en lo relacionado con aprovechar las bajas de costos de las energías renovables como para reducir las emisiones contaminantes mediante nuevos adelantos técnicos. Entre éstos últimos se cuentan los desulfurizadores y filtros de mangas, que permiten bajar ostensiblemente las emisiones de material particulado y NOx en cerca de 80%.
¿A qué se debe esta arremetida? La agenda energética tendrá uno de sus ejes -tal como lo explicó el ministro Pacheco en el Senado- en reducir los costos para las personas. Para él, Chile no corre riesgo de apagones en el mediano plazo, pero sí de un “pagón sin la a”, por las elevadas tarifas a las que se verán expuestos clientes libres y regulados.
Y en ese dilema la termoelectricidad juega un rol crucial para mantener los costos de operación del sistema a raya. Pero el desafío es más que complejo. Una de las principales críticas hechas durante la campaña a la Presidenta Bachelet fue que aprobó “40 termoeléctricas” durante su mandato.
En su última exposición ante el Senado, el titular de Energía explicó que el mayor riesgo que vislumbra es que en los próximos años comenzarán a vencerse los últimos contratos entre generadores y distribuidoras firmados con un precio asociado al gas argentino.
El promedio de los contratos actualmente vigentes entre distribuidoras y generadores está en torno a los US$80 por MWh, cifra inferior a lo que hoy pagan los clientes libres. Pero el último contrato firmado a fines del año pasado se cerró en US$129 por MWh, número muy superior y que es fiel reflejo del nuevo escenario.
Según un cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), si todos los nuevos contratos que irán venciendo en los próximos años se fijan en ese valor, a 2025 la cuenta de luz subirá en torno a 35%.
La cifra preocupa al Gobierno y el mandato presidencial es definir los mecanismos necesarios para evitar, a toda costa, que se llegue a eso. La agenda energética, cuyo contenido se develará esta semana, dará las claves de lo que se pretende hacer.