(Diario Financiero) El Gobierno recogió la inquietud del sector privado y está evaluando liderar el trámite ambiental de algunas concesiones viales que se avizoran complejas, como el es caso de la segunda fase de Américo Vespucio Oriente (AVO) y la suspendida Ruta de la Fruta.
De esta forma, la autoridad, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) replicaría lo que anteriormente hizo con la ampliación del aeropuerto de Santiago, cuya adjudicación se realizará tras haber obtenido esta autorización específica.
La intención del gobierno es reducir el riesgo de sobrecosto de los proyectos, derivado de obras adicionales o mitigaciones, que pueden surgir durante la evaluación de las iniciativas y que no estarían cubiertas en el contrato original.
“Preferiría despejar ese riesgo antes y que corra por parte del Estado y no del privado, porque el eventual mayor costo que eso pueda traer, genera que el modelo de negocios pueda alterarse, y además, terminamos perdiendo dos años y la obra quedaría a medias”, explicó ayer el coordinador de Concesiones del MOP, Eric Martin.
Conocedores del tema dijeron que la autoridad habría optado por analizar esta alternativa, preocupada por la experiencia de la primera fase de AVO donde esta situación de encarecimiento por obras adicionales a las adjudicadas es latente.
Está previsto que hacia fines de año, la adjudicataria OHL, termine la ingeniería del proyecto, para luego abocarse a los trámites ambientales.
Más evidente fue el caso de la Ruta 66, más conocida como “carretera de la fruta”, proyecto que fue abandonado por la sociedad concesionaria, integrada por Besalco, Icafal y Belfi, porque este tipo de modificaciones la hicieron inviable.
La idea que baraja el MOP es asumir la tramitación ambiental en algunos casos, dijo el titular de concesiones, mientras que en el sector comentan que ello dependerá de la complejidad social que estos planteen.
El objetivo, dicen estas fuentes sería aprovechar la mejor posición negociadora que tendría la autoridad y que, estiman, permitiría poner un techo a las exigencias sociales y reducir el riesgo de judicialización. En el caso de la segunda fase de AVO, que aún no se licita, el MOP ya inició el dialogo con los municipios y organizaciones comunitarias por donde pasa la autopista, mientras que la decisión de liderar el trámite ambiental se tomaría dentro de seis meses a un año, adelantó Martin.
En el caso de la ruta de la fruta, la autoridad también está desplegando esfuerzos para dialogar. De hecho, el titular de Obras Públicas, Alberto Undurraga, anunció ayer que la próxima semana visitará a los alcaldes de las comunas por las que cruza la vía, de manera de “poder destrabar algunas cosas que impidieron que esa inversión se realizara”, dijo el ministro.