Las tecnologías de almacenamiento de energía están tomando fuerza entre las iniciativas privadas y públicas, especialmente luego del anuncio que realizó el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, respecto al proyecto que busca licitar la construcción de un proyecto a gran escala, ubicado en el Desierto de Atacama, por US$2.000 millones, y que se espera inicie sus operaciones en 2026.
De hecho, según la gerente general de Statkraft Chile y presidenta del directorio de Generadoras de Chile, María Teresa González, en el país existen iniciativas relacionadas con estas tecnologías por cerca de 1.600 MW la capacidad de generación, las que “ya están en curso, y eso da evidencia de que hay un interés del sector privado por hacer las inversiones”.
Sin embargo, desde octubre de 2020 la industria y el Ministerio de Energía venían desarrollando un trabajo participativo, que contó con la colaboración del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), para la elaboración de un nuevo reglamento de potencia, el cual buscaba dar una definición clara al concepto de suficiencia de potencia para tecnologías de almacenamiento, considerando la mayor penetración de las energías renovables variables, como la solar y eólica, donde los períodos de mayor exigencia para el sistema se ven desafiados ante los cambios en la matriz energética.
Pese a la relevancia de la definición normativa, los consensos en este aspecto regulatorio no se habían alcanzado. Ante este escenario, el Ministerio de Energía comunicó que decidió no perseverar en el cambio de reglamento de transferencias de potencia, y simplemente se hará una serie de modificaciones al reglamento contenido en el actual decreto supremo 62 del año 2006, manteniendo ciertas innovaciones necesarias, entre otras cosas, en materia de almacenamiento.
El jefe de la cartera, Diego Pardow, explicó que el desechado reglamento “llevaba mucho tiempo en elaboración y que tenía partes donde se había logrado consenso con la industria y en otras no. Entre las que hay un amplio consenso, sobre todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, era importante dar certezas respecto de su remuneración para que los proyectos puedan cerrar su financiamiento y empezar a trabajar en los permisos y materializarse lo antes posible”.
En el marco de la actividad, el gerente de Inversiones y Financiamiento de Corfo, Francisco Meneses, dio a conocer las fuentes de financiamiento verde para este tipo de proyectos. Posteriormente, el director subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Juan Cristóbal Moscoso, abordó los criterios técnicos que serán considerados para los procesos de evaluación ambiental, de manera de entregar mayores certezas a los desarrolladores de este tipo de proyectos.
Reacciones al anuncio del Gobierno
La abogada experta en regulación energética y socia directora del estudio Domo Legal, Daniela González, valoró la determinación, “pues ya se había prorrogado dos veces el plazo para responder las observaciones formuladas en la última consulta pública”.
Agregó que “definitivamente no había consenso respecto del nuevo reglamento, pese a los esfuerzos del ministerio y habían algunas objeciones jurídicas”.
“Por otro lado, es necesario dar prontas señales al mercado sobre la remuneración de la potencia de los sistemas de almacenamiento y la modificación que se anuncia, entre otros temas, aborda este tema muy solicitado por el sector”, planteó.