La Asociación Gremial de Generadores Independientes de Energía (GIE A.G.) presentó ante la Contraloría General de la República dos escritos en los que cuestiona la legalidad de las modificaciones contenidas en los DS N°32/2025 y DS N°1/2026, por sus efectos sobre el régimen aplicable a los PMG y PMGD.
Las presentaciones, elaboradas con el apoyo de MOMAG Abogados, equipo liderado por el ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, sostienen que las normas propuestas exceden la potestad reglamentaria, al introducir cambios que inciden en materias reservadas a la ley, alterando en los hechos el régimen económico y operativo bajo el cual estos proyectos fueron desarrollados.
En particular, GIE advierte que el DS N°32 modifica el esquema de operación de los PMG y PMGD, limitando su autodespacho y sometiéndolos a un modelo centralizado, mientras que el DS N°1 introduce ajustes que afectan la estabilidad del régimen de precios estabilizados. En conjunto, ambas normas desnaturalizan el régimen especial reconocido por la legislación, configurando un cuestionamiento de legalidad y coherencia normativa.
Certeza jurídica
Asimismo, los escritos plantean que la forma en que se introducen estos cambios —sin una regulación integral ni mecanismos transitorios adecuados— compromete la certeza jurídica y el principio de confianza legítima, al afectar condiciones bajo las cuales se adoptaron decisiones de inversión ya materializadas o en etapas avanzadas de desarrollo.
En este contexto, los cuestionamientos jurídicos de fondo se mantienen plenamente vigentes, especialmente en lo relativo al exceso de la potestad reglamentaria, la alteración de un régimen definido por ley y la falta de coherencia normativa en el proceso regulatorio.
Desde el gremio advierten que estas señales ya están teniendo efectos en la inversión, con decisiones de postergación y reevaluación de proyectos por parte de empresas nacionales e internacionales, en un segmento que ha movilizado miles de millones de dólares en el país.
Revisión
Frente a este escenario, GIE propone avanzar en una revisión que permita ajustar la regulación dentro del marco legal vigente, focalizando las medidas en los problemas reales del sistema —como restricciones de transmisión— y estableciendo mecanismos transitorios que eviten impactos abruptos sobre proyectos en operación o financiamiento.
Asimismo, desde el gremio hacen un llamado al Ministerio de Energía a abrir este proceso con mayor amplitud y con el tiempo necesario, de modo de avanzar hacia una regulación que recoja adecuadamente los antecedentes técnicos, jurídicos y económicos disponibles.
En ese contexto, expresaron que resulta aconsejable revisar estos instrumentos con mayor detención, incluso evaluando su retiro para un análisis más profundo. Además, desde GIE mencionaron que los tiempos observados entre el retiro y el reingreso, de solo semanas, no parecen suficientes para ponderar adecuadamente impactos que son clave para la inversión de los próximos años y para la estabilidad del marco regulatorio.
“El desafío no es si se ajusta la regulación, sino hacerlo dentro del marco legal y con el tiempo necesario para evaluar sus impactos. Hoy existe espacio para mejorar, pero resguardando la certeza jurídica y las condiciones bajo las cuales se invirtió”, dijo Mauricio Utreras, director ejecutivo de GIE A.G.