(Pulso) La empresa dedicada a la venta de gas licuado de petróleo en cilindros, balones, galones y estanques Gasco interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago una reclamación contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y su decisión de multar a la empresa por incumplimiento de su deber de control permanente de la calidad del gas.
En febrero del 2014, la SEC impuso a Gasco GLP una multa de 11.000 UTM -cerca de $452 millones- por incumplimiento de su deber de control permanente de la calidad del gas que expende. Tras ello, Gasco GLP interpuso un recurso de reconsideración ante la SEC, el que fue rechazado. Por ello, la empresa ingresó un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando la absolución de todos los cargos o que se reduzca la multa.
La empresa gasífera acusa de “vicios” en la formulación de cargos, la aplicación de la sanción y en la calificación jurídica de la gravedad de la misma.
Específicamente, se argumenta que la resolución donde se sanciona a Gasco contiene “palmarias ilegalidades” por cuando se funda en supuestas insuficiencia en los registros de la empresa, pero deriva de un procedimiento administrativo donde la formulación de cargos solo imputada a Gasco de no contar con los registros que evidenciaran el cumplimiento. Por ello, estima que la empresa debería haber sido sancionada con un cargo distinto.
Además, asegura que es la primera vez que la empresa tiene una infracción y no es una conducta reiterada, como indica la SEC. Por ello, solicita que la resolución aplicada por parte del organismo regulador sea declarada nula.
“Finalmente, si S.S. ILtma. Considera que lo dicho no tiene la gravedad suficiente para declarar la nulidad, ciertamente corresponde rebajar la sanción impuesta, pues no pueden darse las causales legales por las cuales la SEC ha considerado grave la infracción. En efecto, Gasco nunca ha sido sancionada antes por hechos como estos, por lo cual no puede haber reiteración y, por otro lado, la SEC no ha utilizado los medios probatorios que establece la el -laboratorios, entidades, instaladores, etc.- para reafirmar que el recurso comercializado por nuestra representada representa un riesgo para la población, y tampoco se afirma tal cosa en los medios técnicos utilizados para abrir este procedimiento, a saber, los informes de fiscalización”, se indica.
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