(El Diario de Bolivia) El Ministerio Público formalizó la acusación penal y pedirá la detención carcelaria de cinco funcionarios suspendidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por denuncias de irregularidades en la contratación de Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.
Cuatro de los acusados fueron aprehendidos ayer en Santa Cruz y trasladados hasta La Paz, donde prestaron declaraciones. Julio C. N., perteneciente al Área de la Unidad Jurídica, es el quinto aprehendido en la sede de Gobierno.
“Al presente, el Ministerio Público ha emitido la orden de aprehensión solicitando la medida extrema de la detención preventiva para esos cinco ciudadanos por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, explicó el fiscal Departamental, Edwin Blanco.
El vicepresidente Administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck S. P.; el Gerente de Perforación Corporativa, David P. A., además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix B. M. y Gizel S. R., todos miembros del Comité de Licitación, fueron aprehendidos.
El lunes, la comisión de fiscales se constituyó en Santa Cruz y secuestró computadoras de las oficinas de YPFB y tomó declaraciones a las cuatro personas, hoy aprehendidas e imputadas.
Blanco explicó que entre los indicios encontrados están las “contradicciones en las declaraciones” y «serie de irregularidades» en la documentación de licitación para la compra de los taladros.
“Tenemos el informe emitido por la Unidad de Transparencia de YPFB en el que se hace referencia a una serie de aspectos que han sido investigados y ahora tenemos indicios de una probabilidad de autoría”, señaló y remarcó que existe riesgo de fuga y obstaculización en la investigación.
En las próximas horas tendrá lugar la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si los aprehendidos se defenderán en libertad o desde la cárcel. Hasta el momento, siete personas declararon ante la comisión de fiscales, además de las cinco aprehendidas.
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos fue la que detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en el proceso de contratación de compra de los tres taladros por aproximadamente $us 147 millones. 16 funcionarios de YPFB están vinculados con el proceso y fueron suspendidos.
Blanco confirmó que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, se puso a disposición del Ministerio Público para colaborar en la investigación.