(El Mercurio) Habían anticipado que la investigación estaba «bastante avanzada» y que sabían cuáles eran los gases responsables. Que no podían revelar los «blancos» que estaban siguiendo, pero que pronto habría novedades. En ese marco, los fiscales Ana María Aldana y Mauricio Dünner, que investigan las masivas intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví, ayer ordenaron allanar instalaciones de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) en Concón (refinería), en Quintero (terminal marítimo) y en Santiago.
La diligencia fue realizada por la PDI a partir de las 7:30 horas, y en forma simultánea, y también incluyó a la empresa Nexxo, contratista de la estatal.
Los detectives también realizaron pesquisas en el terminal de Oxiquim en Quintero, en donde levantaron muestras que serán sometidas a análisis.
Desde las instalaciones de Enap en Concón retiraron notebooks y documentos y, según un comunicado de la fiscalía, en Santiago se incautaron servidores computacionales.
Mediante un comunicado, la Enap señaló que «entregamos toda la información y antecedentes requeridos, además de reiterar nuestra disposición a colaborar con las autoridades» y que «las operaciones tanto en la Refinería Aconcagua como en el Terminal de Quintero no se vieron afectadas y funcionan normalmente».
El operativo causó molestia entre los trabajadores, los que salieron en forma masiva, portando banderas chilenas, a hablar con la prensa. Nolberto Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, la calificó de «desproporcionada y abusiva. En 60 años, jamás las instalaciones de la Enap a lo largo del país habían sido allanadas».
Junto a otros dirigentes sindicales de la estatal, responsabilizó al Gobierno de impulsar una campaña para desacreditar a la empresa pública, y aseguró que el Colegio Médico y pericias privadas descartan que las emisiones causantes de la actual crisis ambiental provengan de la Enap.